Abuso y maltrato de adultos mayores

Fecha: 14/06/2013
Autor: INMAYORES
Existe una expresión de la violencia en el mundo actual que toma por víctimas a las personas viejas, quienes muchas veces hallan dificultades a la hora de hacer valer sus derechos. Nuestro país no es, por cierto, una excepción a esas situaciones. Por este motivo el Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez 2013-2015, dispuso crear mecanismos de respuesta y analizar el acceso a la justicia de las víctimas de abuso y maltrato, entre otras acciones dirigidas a la protección de la vejez más vulnerable. 

Dicha decisión tiene diversos antecedentes, entre ellos se destaca la preocupación presentada por Uruguay en distintas declaraciones intergubernamentales. Asimismo han existido planteos de organizaciones de personas mayores demandando la pronta toma de medidas por parte del Estado. De hecho la participación social de los mayores, a través de la Red Nacional de Adultos Mayores (REDAM), está contribuyendo a la creación de soluciones públicas ante las diversas formas que adopta el abuso y el maltrato entre las personas de edad avanzada. 

Si bien en este momento nuestro país se encuentra desarrollando servicios públicos, los problemas en este tema son de larga data. Hace décadas que técnicos, profesionales y defensores de los derechos humanos dan apoyo a mayores que se encuentran viviendo situaciones violentas. 

¿Cómo abordan el fenómeno las personas que trabajan en la recepción de víctimas? ¿Cómo se han manejado con los escasos instrumentos de protección? Para divulgar la experiencia de atención desarrollada por parte de la sociedad civil, INMAYORES dialogó con personas que desde hace años vuelcan esfuerzos a la resolución de estas situaciones. 

Ofelia Falcone tiene 82 años y trabaja voluntariamente en el consultorio jurídico, psicológico y social del Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto Mayor (CICAM), institución que se desempeña en la defensa de los derechos de las personas mayores. Es de profesión visitadora sanitarista y está jubilada. Trabajó desde los 18 años para el Ministerio de Salud Pública en la implementación de policlínicas comunitarias. Y piensa que la educación, también en estos temas, puede contribuir a la prevención de formas de interacción que perjudiquen a las personas y sus vínculos. 

Hacia 1950 en el espacio de las casas de familia que abordaba profesionalmente fue donde se encontró por primera vez con situaciones de abuso y maltrato a las personas viejas. Durante esas visitas fue encontrando “el desplazamiento al adulto mayor, o sea cuando la pareja joven se le apropia al mayor de su vivienda”. Es que, explica, “ejerce violencia el que tiene más poder”, frecuentemente “el adulto joven se apropia y lo manda al adulto mayor a vivir en el fondo de la casa o en el patio”. Y este riesgo se incrementa con la fragilidad y la dependencia. 

En general no es el propio abusado quien se presenta al consultorio; lo hacen allegados, amigos o familiares que no conviven con el agredido, pero que están al tanto de la situación y buscan ayudar. Quienes sí han asistido personalmente son los mayores víctimas de abuso económico, que viven muchas veces situaciones de manipulación afectiva o amenazas para quitarle su dinero o comprometerlo en préstamos. 

Entre las dificultades que ha encontrado para contribuir con estas personas, destaca la falta de articulación institucional y lo inaccesibles que son algunos trámites para las personas muy mayores. Asimismo reconoce que hay personas que quedan expuestas al abuso y el maltrato al no tener respaldo por parte del Estado en temas como vivienda y que urge responder a ello en tanto es un derecho constitucional. 

Graciela San Martín, también de 82 años y una vida dedicada a la protección de los derechos humanos, se desempeña actualmente como activista del Centro de Atención al Adulto Mayor (CAAM), del que fuera fundadora hace dos décadas. En particular desde 2009 participa en un doble abordaje que tiende a un mismo fin: atendiendo directamente a personas violentadas e impartiendo talleres sobre violencia y promoción de derechos humanos. 

En estos últimos años se les han presentado situaciones de despojo de bienes. Precisamente casos de personas que delegan el cobro de su jubilación a un apoderado que se las roba. Para el caso particular, reflexiona, se debe encontrar el castigo por vía judicial. Así como en un sentido más amplio considera que los apoderados deberían rendir cuentas periódicas sobre el destino del dinero de la persona jubilada o pensionista. 

Naturalmente los violentados, “vienen con el autoestima muy baja, con vergüenza de tener que denunciar a un hijo o una hija y con miedo a la represalia que pueda adoptar su familia”. No faltan las situaciones, señala, “en que los hijos piden para vivir transitoriamente en la casa, y el resultado al poco tiempo es que los viejos son recluidos en un altillo”. Comenta que una de las últimos situaciones en cuyo abordaje participó, refería a una señora con demencia a quien sus familiares la tenían encerrada en una casa ruinosa, donde le dejaban comida al pasar por ahí, una vez por semana. 

En cuanto a soluciones ante el abuso y relacionándolo con el derecho a la información, observa que “los derechos económicos de los mayores debieran comunicarse en el recibo de cobro jubilatorio”. De esa forma, al cobrar, la persona podría reflexionar sobre el tema. 

Otra situación que la preocupa en tal sentido es cuando “les venden las propiedades y lo llevan a una casa de salud, lo que es violencia porque ni siquiera se lo consultan al mayor”. Nuevamente la situación es muestra del abuso económico. Y comenta que cuando una persona vaya a ser cuidada a una institución de larga estadía, debe dialogarse en profundidad sobre el tema hasta alcanzar un acuerdo con la persona, como todo ser humano merece. 

Graciela está preocupada también por la discriminación a los mayores, “que es notoria en el transporte y en las sociedades médicas”. “Yo le digo a la gente que no mire para el costado y que denuncie”, plantea refiriéndose a todas las formas del abuso y el maltrato. 

Para los fines de prevención y atención, destaca la importancia del trabajo en red, articulando tareas entre organizaciones civiles y estatales de forma de proteger cada vez de manera más efectiva a las personas adultas mayores más vulnerables.

Tomado de: 
http://inmayores.mides.gub.uy/innovaportal/v/23003/4/innova.front/abuso_y_maltrato