Hay fechas que imponen análisis de situación, afirmaciones y rectificaciones. El 10 de diciembre es una de ellas. Su significación es mundial porque nos recuerda a todos la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquella respuesta y luz de esperanza nacida desde lo hondo de una humanidad aún perpleja y diezmada por los horrores de la primera mitad del siglo XX, pero que había comprendido que el camino para restañar heridas, preservar la vida humana, garantizar la libertad y la paz entre las personas y los pueblos es el respeto a los derechos y los deberes que ella consagra.
Es bueno que en cada país se haga un balance teniéndola como referencia para no perder el rumbo en cuestiones esenciales.
2013 cierra con un saldo negativo tanto en nuestra América (Haití, Honduras, México, Colombia –a pesar de las conversaciones para la paz-, etc.) como en otras regiones del mundo (Medio Oriente, Asia Central, Sudeste Asiático, Norte de África y Sahel, etc.).
El espionaje a gran escala, el uso de armas químicas y aviones no tripulados con las secuelas de “daños colaterales”, la existencia de prisiones clandestinas –cuyo paradigma es la base de Guantánamo-, las “guerras preventivas”, la desigualdad tremenda de la distribución de la riqueza que cada vez se concentra en menos manos y la existencia de pueblos en la mayor de las miserias, dan la impresión de que el mundo está en manos de matones que no respetan leyes, fronteras ni personas, cuando van tras la única e inconfesable meta de la máxima ganancia. Las potencias hegemónicas, heridas por sus crisis, se lanzan sobre el resto del mundo desenfrenadamente. Pésima noticia y peor ejemplo para los millones de habitantes de un mundo a cuya naturaleza tampoco dejan de degradar.
En nuestro país, ha habido avances tanto en el área económica y social como en la llamada “agenda de derechos”. Sin embargo las denuncias de malos tratos, torturas, ejecuciones extrajudiciales en las cárceles como el asesinato de personas desarmadas por parte de la Policía, ponen en tela de juicio no sólo el accionar de esta institución sino la mentalidad y la formación de esta fuerza cuya principal misión es garantizar los derechos y las libertades de todos los habitantes del país. Plantea también la ineludible cuestión de las responsabilidades políticas de quienes son sus jerarcas y responsables en el ámbito gubernamental.
Si estos hechos son preocupantes y dolorosos, no lo son menos las reacciones y las soluciones propuestas por importantes sectores políticos.
Todos sabemos que nuestra sociedad está fragmentada, que hay problemas de exclusión, de violencia y delincuencia. Todos ellos multifactoriales, de difícil y larga resolución.
También sabemos que no hay un solo tipo de delincuencia sino varios: la derivada de la violencia doméstica (causante del mayor número de asesinatos); la de las estafas, evasiones y blanqueo de capitales; la del tráfico de drogas, armas y personas y la común, la de los hurtos, rapiñas y asaltos a personas y pequeños comercios. Ésta es la que nos agrede directamente en nuestra vida cotidiana y la que, naturalmente, nos despierta miedo y aversión. Es ésta la que, al generar una alta “sensación térmica” en la población, ha sido elegida como joya preciada de la campaña electoral. En aras de su combate se levantan “soluciones” salvadoras: implicar a los militares en la seguridad interna, militarizar la policía, reforzar a los cuerpos de choque (Republicana), bajar la edad de imputabilidad, aumentar las penas. Todas de tipo represivo, todas enfocando un aspecto y desenfocando el problema. Todas como soluciones mágicas. Todas en contra de lo aconsejado en la materia por los que, nacional e intencionalmente, se dedican al tema; todas poniendo a la sociedad como víctima pasiva, con una sola forma de ser activa: armarse y repeler la agresión.
La llamada “mano dura” se ha convertido en una consigna electoral con la que se responde al visceral clamor de una sociedad a la que se visualiza más como una hinchada que como la realidad compleja que es. Realidad que en su complejidad generó las causas profundas de la misma delincuencia que ahora la agrede, pero que también es el único ámbito desde donde nacerán las soluciones que permitirán su progresiva erradicación. Es necesario resignificar distintos procesos como la educación, la rehabilitación, la convivencia y el papel de instituciones y personas para cohesionar la sociedad.
La “mano dura” cuyo fundamento parece ser el de eliminar lo que me molesta no sólo es irresponsable, también es peligrosa. Ella nos puede llevar a una espiral de odio, violencia y venganzas como ya se ha visto en otros países de la región. Nosotros no somos expertos en el tema, pero sí sabemos a dónde se puede llegar con la lógica de la represión. Lo conocimos en nuestro país en el pasado, lo vemos en México con la inútil guerra desatada contra el narcotráfico, que no sólo no lo eliminó sino que lo incrementó, dejando el saldo de decena de miles de muertos y de secuestrados entre los “no-combatientes”, es decir dentro de la población ajena al conflicto que siempre termina siendo la víctima inerme.
Lo vemos en Colombia y en Centro América con los “grupos de autodefensa” que se han convertido en la principal fuente del accionar violento y delictivo. Primitivamente alentados para el combate irregular de “terroristas”, luego de narcotraficantes son ahora poderes fácticos que han sustituido en varias regiones al Estado (que los patrocinó), imponiendo su “ley”, es decir su arbitrio, secuestrando, torturando y matando a todo aquel que consideran su enemigo, desde el delincuente de poca monta que no “trabaja” para ellos hasta los activistas sociales y de los derechos humanos que los denuncian y enfrentan intereses de sus “aliados”.
Así, sucesivamente, hay muchas realidades que nos advierten sobre las formas predominantemente represivas y violentas para combatir el delito.
Desearíamos que los políticos de nuestro país fueran conscientes de los riesgos; que promovieran el análisis profundo del problema, incluyendo la educación en el respeto a los otros, el combate a la violencia intrafamiliar, sobre las mujeres, los niños, los desvalidos. El cómo generar una verdadera cultura de paz y convivencia, cómo disminuir los abismos sociales, cómo depurar la corrupción policial.
Invitamos a todos a reflexionar sobre estos temas, a contribuir cada cual con lo que esté a su alcance para mejorar a nuestra sociedad, a generar un clima de paz, de verdad, de comprensión y de justicia.
Estamos seguros que nuestra sociedad alberga en su seno las fortalezas para hacer de nuestro país un lugar donde valga la pena, sea grato y seguro vivir.
Es función de la política concebir y efectivizar los programas para encontrarlas, potenciarlas y organizarlas. Esa es parte de la pedagogía inherente a las organizaciones políticas y sociales. Esa es la seriedad que se exige, tan opuesta al arreo facilongo y bravucón que propugnan y del que hacen propaganda algunos senadores de la República. Tan opuesta también a la superficialidad campechana de decir que se “pasaron de la raya”. No señor, no son errores ni excesos, son muestras del uso indiscriminado del poder, son delitos para los que no cabe otra cosa que la rigurosa aplicación de la ley y la revisión crítica de en qué manos estamos poniendo las instituciones coercitivas del Estado.
Nos duele que en nuestro país, después de todo lo vivido y construido, fuerzas del orden torturen y asesinen personas indefensas. Nos duele y nos indigna. No cejaremos en la denuncia de estos atropellos ni en los intentos destinados a que nuestro pueblo reflexione sobre sus problemas y los resuelva con lo mejor que los seres humanos tenemos: la capacidad de informarnos, de pensar, de comprender, de crear, de ser fraternales.
Recordemos la Declaración:
Art. 1 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.”
Art. 5 “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”
Invitamos a todos a homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado el martes 10 de diciembre en el Memorial de los detenidos desaparecidos del Parque Vaz Ferreira a las 19 hs. y convocamos a la marcha impulsada por el Colectivo de Vecinos de Santa Catalina el miércoles 11 de diciembre, a las 19 hs., desde el Obelisco hasta la Universidad.
Tomado de: http://familiaresdedesaparecidos.blogspot.com
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