PLAN CÓNDOR
El Grupo de trabajo por Verdad y Justicia de Presidencia de la República remitió a la fiscalía de Roma nueve legajos de militares uruguayos, en el marco del proceso que pretende esclarecer el asesinato de 23 ciudadanos italianos víctimas del Plan Cóndor de coordinación represiva del Cono Sur entre las décadas de 1970 y 1980. Los imputados son 32 antiguos miembros de las juntas militares de Uruguay (16), Chile (11), Perú (4) y Bolivia
Los imputados son 32 antiguos miembros de las juntas militares de Uruguay (16), Chile (11), Perú (4) y Bolivia (1).
El Poder Ejecutivo creó a mediados de mayo, a través de un decreto, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia el cual tiene como finalidad investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado o quienes sin serlo, hubiesen contado con autorización, apoyo o aquiescencia de éste, dentro o fuera de fronteras, en el marco de la actuación ilegitima del Estado, durante los períodos comprendidos entre el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973 y del 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985.
El grupo de trabajo está integrado por Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota. La Dirección de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente la ocupará Isabel Wschevor.
En ese marco, en las últimas horas se conoció que dicho grupo remitió a la fiscalía de Roma nueve legajos de militares uruguayos en el marco del proceso que pretende esclarecer el asesinato de 23 ciudadanos italianos víctimas del Plan Cóndor de coordinación represiva del Cono Sur.
Los imputados son 32 antiguos miembros de las juntas militares de Uruguay (16), Chile (11), Perú (4) y Bolivia (1).
En la lista de los acusados uruguayos se encuentra el dictador Gregorio “Goyo” Álvarez, encarcelado desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985) y que fuera presidente de facto de 1981 a 1985.
Además de: Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vasquez Bisio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José “Nino” Gavazzo, José Rica Arab, Juan Carlos Larcebeau, y Ernesto Soca.
También se encuentran: el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez; el general Iván Paulós, Pedro Antonio Mato Narbondo y Jorge Néstor Troccoli.
Además de los fallecidos Juan Carlos Blanco y Juan María Bodaberry.
Clasificación de archivos
Cayota dijo a El Espectador que el grupo “está ordenando y clasificando archivos junto con personas especializadas”, y tienen la aspiración de “digitalizarlos todos de forma impostergable para poder comenzar a cruzar datos”.
Asimismo, el grupo “pretende conseguir archivos de Inteligencia, de Policía e historias clínicas de personas desaparecidas”. Agregó que con el cruzamiento de datos “se puede conseguir información que es elemental y que sigue faltando”.
Cayota indicó que además, el grupo definió otras cuatro áreas de trabajo: “registro de testimonios de víctimas y familiares de víctimas; seguimiento del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado uruguayo tanto a nivel nacional como internacional y seguimiento del trabajo del Poder Judicial en la actualidad; toma de medidas vinculadas a los operadores en los ámbitos del Poder Judicial y Ministerio Público, para sensibilizar respecto a los derechos humanos, ajuste y reformulación de leyes reparatorias”.
Otro de los objetivos se refiere a saldar la deuda que quedó pendiente, que es el interior del país, donde “hubo mucha tortura”, aseguró Cayota.
FUENTE LA RED 21
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