Era investigado por su participación en la desaparición de Óscar Tassino, no se presentó a declarar y la Justicia libró una orden de captura nacional e internacional en contra.
A fines de noviembre de 2016, efectivos de policías llegaron a una finca de Pinares (Maldonado) y preguntaron por el coronel (r) Eduardo Ferro. Los efectivos pretendían entregarle una citación judicial. La jueza Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, pretendía interrogarlo por el secuestro y desaparición del militante comunista Óscar Tassino, en 1977. Ferro era citado como indagado, por lo que debía comparecer con su abogado.
Los recibió su esposa, quien les dijo que su marido no estaba en el país. Les explicó que había viajado a Europa para participar en un evento internacional de karate, en su calidad de juez, y que volvería a fin de año, para pasar las fiestas con su familia. Los efectivos se retiraron e informaron a la jueza de la situación. La magistrada fijó una nueva audiencia para principios de marzo.
La esposa de Ferro concurrió al Centro Militar y solicitó la asesoría letrada que la institución brinda a los militares investigados por crímenes de la dictadura. Carlos Bustamente, el abogado que lo había patrocinado en otras causas, estaba fuera del país, por lo que los abogados del Centro Militar asumieron su defensa en la causa Tassino. Cuando en febrero llegó la nueva citación, los abogados intentaron comunicarse con él sin éxito. Cómo era de prever, Ferro no se presentó a la audiencia y los abogados del Centro Militar presentaron renuncia a su patrocinio.
En este marco, los abogados del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) -representantes de la familia Tassino en el proceso- solicitaron a la Sede la adopción de medidas cautelares para evitar su sustracción a la Justicia. La jueza Sánchez, en línea con la fiscal Mariela Luzzi, dispuso una orden de cierre de fronteras y la conducción del militar ante la Sede, para el 13 de marzo. Sin embargo, Ferro no fue encontrado en sus lugares habituales y volvió a no presentarse a la audiencia.
Por este motivo, la jueza Sánchez libró una orden de captura nacional e internacional en su contra para ubicar su paradero. En este sentido, la Dirección Nacional de Migraciones constató que Ferro salió de Uruguay el 15 de octubre de 2016 y nunca regresó, según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a Caras y Caretas Portal. La única versión de la Policía es que habría viajado a Europa, pero en los hechos su paradero es desconocido. Es intensamente buscado por los servicios de Interpol.
¿Quien es Eduardo Ferro?
Eduardo Augusto Ferro Bizzozero ingresó al Ejército en 1964. Lo hizo como cadete en el arma de Ingenieros. Tres años después egresó como alférez y en 1970 ascendió a teniente segundo. Por esos años, Ferro realizó un curso en la Escuela de las Américas (School of Americas), en Panamá, institución en la que cientos de militares sudamericanos se formaron en el doctrina de la Seguridad Nacional.
Según una crónica del periodista Roger Rodríguez, en 1975, ya en dictadura, Ferro comenzó a desempeñar tareas en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA) y en el centro clandestino de detención y torturas “300 Carlos”, ubicado en los fondos del Batallón Nº 13. Lo hacía bajo los alias de Oscar y Guillermo. Se trató de uno de los hombres más relevantes dentro del organigrama militar de la dictadura, con una fuerte influencia entre sus pares.
Entre 1988 y 1991, tras el retorno de la democracia, Ferro fue designado jefe del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa (DGID). Un artículo del semanario Brecha, vinculó a Ferro con el espionaje militar a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que quedó al descubierto con la aparición del archivo en poder del coronel (r) Elmar Castiglioni (hoy fallecido) y que dio mérito a la formación de una Comisión Investigadora en el Parlamento.
Al igual que varios de sus camaradas, tras su retiro se radicó en Maldonado, en la zona de Pinares. En 2004, comenzó a trabajar del Hotel Las Dunas de Manantiales como jefe de Vigilancia, aunque posteriormente asumió un cargo gerencial. Sin embargo, mantuvo una estrecha relación con sus camaradas y una activa participación en el Centro Militar.
El triunfo electoral del Frente Amplio implicó un cambio en la política en materia de investigación de los crímenes de la dictadura y varios militares fueron investigados, juzgados y condenados por violaciones a los derechos humanos. Ferro estuvo al frente de la “resistencia” ejercida por los efectivos castrenses, con una visión crítica de esas investigaciones; fue uno de los promotores del “Foro Libertad y Concordia”.
En ese rol concedió algunas entrevistas en las que señaló la necesidad de “dar vuelta la página”: “Algunas heridas están muy sanadas y en otras hay alguien a quien le interesa abrirlas de nuevo por distintos motivos. […] Seguimos arrastrando una mochila de gente interesada en que no avancemos. Llega un momento en que hay que dar la vuelta la página, ni vencidos ni vencedores y seguir adelante. La historia es muy profusa en ese sentido, tanto en Uruguay como en el mundo”, declaró.
Ferro tenía un interés directo en que las investigaciones se cerraran. Decenas de ex presos políticos lo sindicaban como uno de los militares más activos en la represión contra los grupos “sediciosos” en dictadura. Según esas denuncias, Ferro era uno de los cabecillas del “300 Carlos” y tuvo una activa participación en la casona de Punta Gorda.
Además, se lo señaló como partícipe en diversos operativos en la República Argentina y en la detención y secuestro en Brasil de los militares del PVP, Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, en el marco de la participación de los servicios uruguayos en el Plan Cóndor. Y también en el secuestro y desaparición de Tassino. Fue esta indagatoria judicial la que complicó su situación procesal. Y la que derivó en su fuga.
La historia de Tassino
Óscar Tassino era empleado de UTE, integraba el sindicato de la empresa (AUTE) y militaba en el Partido Comunista. En 1974 fue detenido y al ser liberado pasó a la clandestinidad. Volvió a ser detenido en julio de 1977, durante un operativo en una casa particular ubicada en Máximo Tajes 6632; Tassino vivía allí.
Según la ficha elaborada por el equipo de historiadores de la Secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente (SDH), “tres hombres de particular entraron corriendo a la finca, armados y a cara descubierta”. “Somos las Fuerzas Conjuntas, quédense quietos o los quemamos”, gritaron los hombres. Redujeron a sus ocupantes y montaron una “ratonera”. Tassino llegó una hora después. Fue dominado, tirado al piso y llevado a una pieza del fondo donde es castigado.
“Luego lo ingresan violentamente a la casa y al cabo de media hora se retiran con él en un auto Peugeot de color blanco”, señala la SDH. Tassino fue trasladado a dependencias militares. Fue recluido en el centro de detención “La Tablada”, dónde también operaba el OCOA. Hoy permanece desparecido. Los testimonios de la época apuntaron a la participación en ese operativo del ex militante comunista Ariel Ricci. También se señaló a los militares Ferro, Ernesto Ramas y Jorge “Pajarito” Silveira como participes del operativo.
En junio de 1985, tras el retorno de la democracia, la familia de Tassino presentó una denuncia penal por su secuestro y desaparición. La misma fue archivada en mayo de 1987, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Sin embargo, en setiembre de 2006, la familia de Tassino -representada por Ielsur- solicitó la reapertura de la indagatoria, amparados en “derecho a la verdad”. El juez Rolando Vomero (hoy jubilado) aceptó el planteo y dispuso el reinicio de las actuaciones.
Posteriormente, el caso fue removido del amparo de la Ley de Caducidad, por lo cual la Justicia apuntó a determinar la responsabilidad de militares en el secuestro y desaparición de Tassino. En este contexto, la Justicia dispuso la citación de varios militares, entre ellos, Ferro y Silveira. La indagatoria se paralizó ante los recursos de inconstitucionalidad y prescripción presentados por las respectivas defensas. Ninguno de estos recursos tuvo andamiento, por lo cual se reiteró la citación de los militares. Silveira fue conducido al Juzgado y declaró que no tenía conocimiento de los hechos. Ferro nunca se presentó.
FUENTES DE CARAS Y CARETAS
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