Unos 850 documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos revelan nuevos detalles sobre la coordinación represiva del Plan Cóndor. Los documentos liberados están vinculados con la dictadura argentina, pero muchos de ellos refieren a Uruguay o fueron elaborados en la oficina de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.
“Lectores deben recordar que todo aquello que en este reporte difiera de la comunicación oficial del GOU (gobierno uruguayo) proviene de fuentes muy sensibles y debe ser tratado de esa forma”. Con estas palabras, el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Ernest V. Siracusa, solicitaba al resto de la diplomacia norteamericana reserva sobre la información enviada. Por ese motivo, el informe –fechado en noviembre de 1976– fue catalogado como “secreto”.
El asunto era un tópico habitual en la diplomacia de la época: “Arresto de subversivos uruguayos”. En efecto, el informe refiere a la detención en Argentina y posterior traslado a Uruguay de 22 integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), en el denominado “Primer vuelo” de Automotores Orletti. En base al testimonio de un informante de los cuerpos de seguridad de Uruguay, Siracusa detalla a sus pares en el Departamento de Estado y en la Embajada de Estados Unidos en Argentina los pormenores de la detención y traslado de este grupo de insurgentes.
En este reftel (reference telegram), Siracusa afirma –según las fuentes de la embajada– que estos insurgentes planeaban asesinatos y otros actos terroristas y que fueron retornados a Uruguay para salvarles la vida. Se dice que todos ellos estaban sentenciados a muerte en Argentina, pero que finalmente fueron entregados a las autoridades uruguayas para su repatriación. Ante esto, las autoridades montaron una escena para hacer creer a la población que estos insurgentes fueron detenidos en Uruguay, al tiempo que los siete “menos involucrados” con los planes terroristas fueron liberados y otros ocho serían retenidos en forma indefinida.
Sin embargo, Siracusa asegura que el comunicado del GOU entremezcla situaciones verdaderas y ficticias. En este marco, el diplomático afirma que la situación de los integrantes del PVP detenidos en Argentina es distinta de la de aquellos efectivamente detenidos en Uruguay (unos 40), pero que el GOU debió presentarlo como una única operación.
“Se puede argumentar que estos 22, incluidos los siete que serán liberados, están mejor desde el punto de vista humanitario a pesar de su repatriación. Al menos están vivos. Una bienvenida diferencia con los temores anteriores y los reportes que habían sido asesinados en forma sumaria, como sucedió con otros, poco después de reportarse su desaparición en Argentina”. “Sin embargo, que estén bajo custodia uruguaya […] constituye una evidencia clara de la cooperación entre las autoridades de GOA (Gobierno de Argentina) y GOU en esta materia”. Eso también implicó un acuerdo para crear la historia sobre la aparición de estas personas en Uruguay luego de que el GOA negara tener conocimiento sobre la desaparición de estos en Argentina.
Este reftel forma parte de los documentos desclasificados entregados por el gobierno de Estados Unidos a su par argentino durante el reciente encuentro bilateral entre los presidentes Mauricio Macri y Donald Trump. Se trata de documentos referidos a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura Argentina y por el Plan Cóndor (u Operación Cóndor), la concertación represiva de las dictaduras del Cono Sur en los años 1970 y 1980. Entre todos ellos, se pueden encontrar 65 documentos referidos a Uruguay, incluidos varios elaborados en las oficinas de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo.
La desclasificación
En el año 2000, la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, ordenó iniciar un proceso de desclasificación de documentos que permitieran esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Argentina durante la última dictadura. Dos años después, el Departamento de Estado procedió a la desclasificación de 4.700 documentos (muchos de los cuales tenían tachaduras con información comprometedora), pero la misma no incluyó aquello referidos a decisiones políticas del gobierno de Estados Unidas ni de ninguna de sus agencias de inteligencia. Sin embargo, esos documentos fueron utilizados en varias causas
En 2016, el entonces presidente Barack Obama ordenó la desclasificación de los documentos de las agencias de inteligencia, entre otros. Así comenzaron a aparecer diversos documentos elaborados en los años del Plan Cóndor. Por ejemplo, en agosto fueron desclasificados 500 documentos referidos a la política exterior de Estados Unidos en materia de derechos humanos durante las presidencias de Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan. En diciembre, la desclasificación incluyó unos 200 documentos de la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense con información de inteligencia.
Ahora la desclasificación incluyó los 857 documentos del Departamento de Estado que fueron revelados con tachaduras en 2002 y otros 120 documentos “de alto nivel” que demuestran las políticas de Estados Unidos en materia de derechos humanos en la región, en particular en Argentina. Asimismo “para antes de fin de año se espera la desclasificación más importante y relevante que incluirá miles de documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono (DIA)”, afirmó el investigador Carlos Osorio, integrante de la National Security Archive (NSA) a Caras y Caretas.
Osorio aseguró que estos documentos agregan nuevos matices para el esclarecimiento de diversos casos, entre ellos, la detención en Uruguay y posterior traslado clandestino y desaparición en la República Argentina de Ruben De Gregorio (integrante de Montoneros) en 1978, datos sobre la coordinación represiva entre los servicios de inteligencia de Uruguay y Argentina en el Primer vuelo –en el marco del Plan Cóndor– y la confirmación definitiva de un acuerdo de cooperación entre Argentina, Chile y Uruguay para la eliminación de opositores políticos en países por fuera de las fronteras del Cóndor, incluidos Estados Unidos y Europa. También hay datos que consignan que el Plan Cóndor tenía como “blancos” a miembros de Amnistía internacional (AI) y, en particular, a Wilson Ferrerira Aldunate, uno de los más activos denunciantes de las violaciones a los derechos humanos cometidas en Uruguay.
Más allá de esto, Osorio afirmó que entre los documentos “hay poco que compete a Uruguay”. “Pero en general y por lo poco que ha salido a luz, los diplomáticos de Estados Unidos pasan de ser comprensivos con el régimen militar y sus operaciones en Uruguay durante el período Ford a ser diplomáticos críticos y ejerciendo presión por mejoras en los derechos humanos durante la administración Carter”, expresó Osorio.
Un cambio de política
La administración de Jimmy Carter tuvo un abordaje distinto a su predecesora en materia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras del Cono Sur. No sólo se aprobaron normas para restringir el apoyo económico, sino que los diplomáticos estadounidenses tuvieron un rol más activo en cuanto a plantear su rechazo a determinadas prácticas o preguntar sobre personas desaparecidas. Un ejemplo de ello fue el caso del maestro Julio Castro. En octubre de 1977, la Embajada de Estados Unidos en Montevideo envió un cable al Departamento de Estado en el que refería a este asunto. El reftel –divulgado en 2002 por el diario La República– está firmado por el embajador Lawrence Pezzullo. Allí Pezzullo explica que información de prensa publicada esos días refería a que Castro había abandonado Uruguay y detalla las conversaciones que tuvieron varios oficiales de la Embajada estadounidense con el coronel Hugo Camps sobre la situación de Castro. La respuesta de Camps no generó buenas expectativas: “La respuesta es No. Nosotros no lo tenemos, pero lo estamos buscando”. Esto llevó a que Pezzullo no fuera optimista en relación a la situación de Castro: “Lo arriba desarrollado deja entrever que Julio Castro Pérez está envuelto en un misterio que probablemente nunca desenmarañemos. [La información recopilada] nos lleva a creer que Castro no está detenido por las autoridades uruguayas. Tanto si la explicación fuera que murió durante su detención, que desapareció como parte de un plan para avergonzar al GOU o cualquier otra, es poco claro. En cualquier caso, no tenemos otra forma de explorar este caso”, dice Pezzullo.
FUENTES DE CARAS Y CARETAS
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