El Observatorio Luz Ibarburu llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de las amenazas del Comando Barneix. En entrevista con Caras y Caretas, el coordinador del equipo jurídico de esa institución, Pablo Chargoñia, explicó cuál es el estado y el alcance actual de las investigaciones.
Por Manuel González Ayestarán
¿Qué puntos desarrollarán en su exposición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Solicitamos una audiencia para plantear las dificultades que existen en Uruguay en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos, poniendo el foco, en particular, en las amenazas del presunto Comando Barneix, que tienen por objeto amedrentar y perturbar el trabajo que algunos actores sociales e institucionales desarrollan en torno a los crímenes de lesa humanidad. También vamos a tratar de aprovechar la oportunidad, en el escaso tiempo que tendremos, para plantear las omisiones y demoras que verificamos en el Estado uruguayo con relación a las investigaciones de los crímenes de la dictadura y a la persecución de sus responsables. Nosotros como observatorio vemos que no hay colaboración eficaz del Poder Ejecutivo, que es el que tiene que auxiliar a la Justicia a la hora de investigar crímenes complejos ocurridos hace mucho tiempo. Tampoco vemos que el sistema judicial adopte medidas tendientes a que esa investigación se desempeñe en los tiempos que las causas requieren. Estos tiempos son acotados porque tanto las víctimas como los victimarios se mueren, y porque es muy difícil desarrollar una investigación si no hay una actitud eficaz de los poderes de Estado.
¿En qué estado se encuentra la investigación referente al Comando Barneix?
Nos preocupa que no haya avances. Contrariamente a una información errónea que circuló días atrás, se manejan unos servidores que estarían en dos países fuera de Uruguay, pero no se localizaron exactamente las computadoras desde las que se emitieron los mensajes amenazadores, por tanto no sabemos si se hizo desde Uruguay o desde el exterior. En la medida en que el tiempo pasa y no se avanza en esta investigación, la preocupación aumenta, porque se requiere esclarecer los hechos para trabajar en un ambiente de tranquilidad sin que el amedrentamiento cause un efecto disuasivo. Relacionamos este hecho con el caso de la invasión y atentado al local del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay [GIAF], donde trabajaba el grupo interdisciplinario, bajo amenazas implícitas de las que tampoco se sabe nada. Inevitablemente, uno también tiene que vincular todo esto con los hechos ya verificados sobre la existencia de espionaje militar en democracia, información que surgió a partir del descubrimiento de los archivos de Elmar Castiglioni. Esto dio lugar a la intervención de una comisión parlamentaria de investigación en la que también creemos que es necesario hacer avances, porque queremos saber quiénes, cómo y por orden de quién operan ilícitamente en contra de los impulsores de causas de derechos humanos.
¿Cómo se estructuran actualmente la defensa y la acusación respecto de los crímenes de la dictadura en Uruguay?
Desde el punto de vista jurídico, la defensa de los represores consiste en invocar una norma relativa a la prescripción de la acción penal, existente en el Código Penal uruguayo. Del otro lado, los denunciantes sostenemos que, en el caso de los crímenes de lesa humanidad o de las graves violaciones de los derechos humanos, esa acción penal no prescribe, sea cual sea el tiempo que transcurra desde la comisión de estos hechos. Durante mucho tiempo la defensa jurídica de los torturadores fue la ley de caducidad. Sin embargo, desde 2011 ya no es esa la defensa jurídica, sino que tratan de intentar guarecerse en el transcurso del tiempo para escapar a la persecución penal. Son los mismos argumentos que usaron los nazis en Alemania durante la década de 1960. El debate interno actual en el sistema judicial uruguayo es acerca de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Hay algunas señales, escasas pero favorables, en el sentido de considerar que se trata de crímenes de lesa humanidad, Hay otras posiciones judiciales que consideran que durante la vigencia de la ley que consagra la impunidad no se computa plazo, por tanto, la acción penal puede ejercerse hoy. También hay otras posiciones judiciales, que deberían ser mucho más abundantes, que hacen mención a la sentencia internacional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en referencia al caso Gelman. La corte ordena a la Justicia uruguaya no adoptar normas de prescripción ni ninguna otra exención de responsabilidad. Eso los jueces uruguayos y los tribunales lo tienen que tomar y obedecer, porque Uruguay reconoció la competencia y la jurisdicción de la Corte Interamericana.
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las investigaciones?
Lo que yo veo es que no hay voluntad política de adoptar ninguna medida eficaz. Hay omisiones, hay descoordinación, hay falta de presupuesto, hay falta de personal, hay falta de calificación; todo esto parte de un problema sustancial, que es que los jerarcas políticos no tienen mucho interés en estas causas y, por tanto, las víctimas se encuentran con una nueva frustración: un sistema muchas veces inoperante, que hace recaer de nuevo en las víctimas actividades como la recolección de pruebas. El impulso de las causas es una actividad que no debería desarrollar solamente la víctima, sino que debería fundamentalmente hacer de oficio el propio Estado. Veo falta de interés del sistema político en avanzar en estas causas. Esto es muy grave, porque supone una afirmación del sistema general de los derechos humanos sin persecución a los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Eso nos pone en riesgo como sociedad en cualquier ámbito. En el Frente Amplio hay sectores a los que no les interesan demasiado estas causas, y se dan situaciones paradójicas, en las que víctimas del terrorismo de Estado han expresado que hay que dar vuelta la página y dedicarse a otra cosa. Seguramente son las influencias de sectores conservadores, la presión de la derecha y de la interna militar, a la que no se termina de enfrentar. Nosotros denunciamos en su momento la postura del que fue ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, quien ostensiblemente no colaboraba, desde un ámbito muy sensible como es el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, con el aporte de información oportuna y completa para estas causas. Pero esto trasciende las figuras políticas concretas: es un tema de voluntad política general que afecta al conjunto del Estado. También hemos encontrado dificultades en el sistema judicial. Como Observatorio Luz Ibarburu planteamos que los juzgados se organicen para investigar adecuadamente estos crímenes. En este sentido, hemos solicitado la descongestión de los juzgados que tienen más causas vinculadas a la dictadura, es decir, que se los libere de la investigación de delitos comunes ordinarios, para que con los escasos recursos personales con los que cuentan puedan dedicarse a esta tarea tan compleja. Sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta favorable.
¿Hay algún país que pueda servir de modelo a imitar por Uruguay en este ámbito?
Nosotros seguimos muy de cerca a Argentina, aunque la sustitución del kirchnerismo por el macrismo implicó algunos retrocesos en esta materia. Pero siempre tomamos nota de las respuestas eficaces que implementó el Estado en el marco del impulso de las causas. En Argentina hemos visto una eficaz colaboración del Ministerio de Defensa con los juzgados, veíamos algunos casos de jueces acompañados por personal especializado en investigar crímenes cometidos en la dictadura. Estas circunstancias las cotejábamos con Uruguay, y veíamos la enorme distancia a la que estábamos de ellos. Por otro lado, allí habilitaron fiscalías especializadas en crímenes de lesa humanidad, que aquí no tenemos, con personal adecuado en cantidad y en calidad (es decir, especialistas), dotadas de presupuesto suficiente. Por eso Argentina implica un modelo de avance inexorable de las causas vinculadas a los delitos de lesa humanidad, con algunos aspectos que ya no eran debatibles y que en Uruguay todavía se siguen discutiendo. Su sistema, naturalmente, no está exento de dificultades, el modelo argentino tampoco es perfecto, pero es una referencia que nos permitía sostener que Uruguay está muy lejos de ese estándar.
FUENTE CARAS Y CARETAS
Foto: Sandro Pereyra (archivo, marzo de 2013)
Referente del Observatorio Luz Ibarburu sostiene que el Grupo por Verdad y Justicia ha sido “inoperante”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) recibirá el 25 de mayo al Observatorio Luz Ibarburu de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos en Uruguay. Raúl Olivera, junto al abogado Pablo Chargoñia, representarán al Observatorio en esa instancia. Olivera explicó a la diaria que señalarán al sistema interamericano el “empantanamiento” de las causas judiciales vinculadas al pasado reciente en Uruguay y la “falta de interés del Estado” en que esto cambie.
¿Qué planteos van a realizar a la CIDH?
Serán en función de un tema que veníamos analizando desde hace mucho tiempo, que es el cumplimiento de la sentencia del caso Gelman. Habíamos realizado un pedido de información a Presidencia de la República para que nos comunicaran cuáles eran las respuestas que el Estado uruguayo había dado a la Corte Interamericana, para saber qué es lo que opina el Estado sobre su propio accionar. Hicimos una solicitud (ante la CIDH) que también incluye las amenazas del “Comando Barneix”. Lo que se trata es de analizar la independencia de los operadores del sistema judicial acá en Uruguay. Cierta jurisprudencia que existe en la Corte dice que cuando hay amenazas y presiones sobre distintos operadores del sistema judicial y de derechos humanos, de alguna manera se está afectando la vida democrática. Como la amenaza al “Comando Barneix” implicaba no solamente al responsable del equipo jurídico del Observatorio, el doctor Pablo Chargoñia, sino a un conjunto de abogados, todos ellos vinculados al Observatorio, eso motivó que el 1º de marzo mandáramos la solicitud. Por un lado, vamos a historiar las distintas amenazas, veladas o no tanto: el robo del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay, y otras situaciones que buscaron menoscabar la independencia, ya sea de los fiscales, en el caso de Mirtha Guianze, por ejemplo, o de los jueces. Vamos a hacer un petitorio específico sobre los reclamos que buscamos que la Corte haga al Estado uruguayo.
¿Cuáles son esos reclamos?
La sentencia de la Corte Interamericana (en el caso Gelman) dice que no debe haber ninguna traba para el proceso de justicia. El gobierno tomó algunas medidas: desactivó las decisiones administrativas que habían comprendido los antiguos casos en la ley de caducidad, porque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la declaró inconstitucional. Lo que sigue en el debate es la prescripción, y el uso abusivo, permitido por el sistema judicial, de los recursos que presentan los defensores de los militares. A nosotros nos parece que son pertinentes. Está bien que los presenten, pero no puede ser que esos recursos paren las investigaciones, y que sean en el marco de una estrategia de dilación. Hay una estrategia de dilación de los abogados de los militares tratando de estirar esto para que pase el tiempo, se mueran los acusados y termine la causa penal. Frente a eso, el Estado no actúa en consecuencia para que esa dilación sea la menor posible, en función de que hubo 40 años en los que no pudo actuar la Justicia por propia decisión de los organismos estatales.
Hay un mecanismo que se repite, independientemente de los juzgados.
Se repite, y en cascada: primero es la inconstitucionalidad de la ley, que implica que los expedientes se paralicen, vayan a la SCJ, pasen alrededor de nueve meses, y si hay cinco imputados, lo presentan de a uno y no todos juntos. Después van a apelaciones pidiendo la prescripción. Y la sentencia Gelman planteó que Uruguay debía legislar para penalizar determinado tipo de delitos, y salvo estos últimos meses, que hubo procesamientos por tortura, acá en Uruguay no existía ninguno. A las desapariciones se les aplica el homicidio y no la desaparición, y no ha habido ninguna condena por apropiación de menores, cuando se sabe que acá en Uruguay hubo por lo menos una docena.
¿Hay expedientes de esos casos?
Está el caso de [los hermanos] Julien, el caso de Simón [Riquelo]. Lo que nosotros evaluamos es que hay un empantanamiento y una falta de interés del Estado en que eso termine. Cuando hablamos del Estado, no partimos las responsabilidades: hablamos del Poder Judicial, del Parlamento y del Poder Ejecutivo. El Parlamento de alguna manera tiene que estar vigilante en el cumplimiento de las leyes; no creemos que hoy tenga una visión de vigilancia sobre eso. En el Ejecutivo se han creado algunos instrumentos, como el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, la unidad especial del Ministerio del Interior, la secretaría de seguimiento de la Comisión para la Paz, un montón de organismos que para nosotros son inoperantes, no han sido eficaces. Si no, no se explica por qué se avanza tan poco.
¿En qué situación están las excavaciones?
Sobre eso también hay cierto marco de silencio, no hay una democratización de la información de qué pasa con eso. Hay dos expedientes en los que están radicadas búsquedas de restos en unidades militares; uno es la Montañesa, una causa que tiene siete u ocho años, y el Batallón 13, creemos que vinculado al caso Gelman. Después, no conocemos otros casos.
¿Qué podría implicar la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal para las causas?
Nada. Tiene efectos sobre las futuras causas, pero sobre las actuales no. También tenemos dudas, porque ahora hay un proyecto de ley en el Parlamento para crear la fiscalía especializada en derechos humanos. Nosotros pensamos que está bien que haya una unidad que se ocupe de esos temas, porque al condensar la información de todas las causas, puede tener una visión global de la actuación del Estado terrorista. Ahora, si a esa unidad no se le da suficiente personal y recursos, se crea un organismo que no va a poder abarcar el universo de causas. Hay alrededor de 300 expedientes radicados en todo el país. Si no tiene personal, puede ser un organismo ineficaz.
Otra circunstancia que ha afectado los procesos han sido los cambios y rotaciones de jueces.
Eso ha sucedido últimamente. Desde el traslado de Mariana Mota, ha sucedido reiteradas veces. El cambio de juez y de fiscal, si bien se puede decir que es una medida administrativa y que está dentro del funcionamiento normal, creo que debe ser tenido en cuenta, porque son expedientes complejos de cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Lo que percibimos es que hoy en el Poder Judicial no tenemos una situación como antes, que cuando íbamos a presentar una causa estábamos mirando en qué juzgado la radicábamos y qué fiscal nos tocaba para que por lo menos fuera alguien que tuviera un pensamiento más afín con el derecho internacional. Hoy, en general, no encontramos esa dificultad, ni en los fiscales ni en los jueces, pero sí encontramos distinto empeño en el cumplimiento de su función. Tenemos fiscales que estudian los expedientes y otros que no, que hace que a veces se suspendan audiencias. Y entre los jueces, hay quienes son más eficaces y más inteligentes para manejar los interrogatorios de los militares, y otros que no. Y después, está la preocupación de fundamentar. Hay sentencias muy interesantes y muy bien fundamentadas, como la del juez [José] Gómez y la del juez Fernando Cardinal, que tienen efectos en el resto de las sentencias, incluso para cambiar las posiciones que tenían originariamente algunos ministros de la SCJ.
¿Hay algún pedido de procesamiento pendiente?
Aproximadamente 30.
De la sociedad civil, todo
El Observatorio Luz Ibarburu apoyará a todos los candidatos a integrar el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que sean propuestos por la sociedad civil, aseguró Olivera, y rechazó que los nombres sean tratados como “un paquete” objeto de negociación entre los partidos políticos. “Hay que ver qué es lo que hacen los partidos. Si hay negociación, por lo menos que sea transparente, y no entre bambalinas, porque eso viola los acuerdos internacionales en materia de defensoría del pueblo”, sostuvo Olivera. La INDDHH debe renovar próximamente al menos tres integrantes de su directorio. Hasta ahora, se han manejado los nombres de la jueza Mariana Mota, de la ex directora de Televisión Nacional Virginia Martínez, de la abogada Marina Morelli, de Mujer Ahora, y de Ivonne Klinger, integrante de la asociación de ex presos políticos Crysol, entre otros.
Luis Rómboli
FUENTES DE LA DIARIA
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