El Observatorio Luz Ibarburu le solicitó a Defensa información acerca del apartamento robado por parte del ejército, y todavía en posesión de ellos, de la maestra desaparecida Elena Quinteros.
por Sebastián Artigas
foto: Manuela Aldabe
El pasado 26 de diciembre el OLI presentó ante el Ministerio de Defensa el pedido de información sobre el apartamento 103 ubicado en Ramón Massini 3044 esquina Libertad. En el mismo vivió la maestra y militante del PVP Elena Quinteros, hasta su desaparición en 1976.
En el fundamento el OLI sostiene que en base a la ley de información 18.381, el Ministerio debe entregar la información requerida a partir del conocimiento que se tiene de que dicha institución posee este bien robado desde la época de la dictadura, en aquella ocasión amparados por el decreto-ley 14373, derogado posteriormente en democracia. También se sostiene que es a efectos de recabar pruebas para la causa IUE 87-139/2015 que el mismo OLI patrocina en el Juzgado Penal de 22º Turno, por la desaparición forzada de Elena Quinteros en 1976.
El fallo Gelman y el derecho a la verdad
Como sostiene OLI en su pedido el estado uruguayo está mandatado a otorgar la documentación requerida en los casos de violación de DDHH, obligación impuesta por el fallo Gelman: “el acceso a toda la documentación relativa a violaciones a los DDHH es una obligación impuesta por el Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Gelman vs. Uruguay del 24 de febrero de 2011, cuyo cumplimiento es obligatorio para el Estado uruguayo. Allí se dispuso que “El Estado deberá adoptar las medidas pertinentes y adecuadas para garantizar el acceso técnico y sistematizado a esa información, medidas que deberá apoyar con las asignaciones presupuestarias adecuadas” (párr 282)”. Además OLI afirma en su declaración pública que: “la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado en sus fallos la importancia de dar a conocer la verdad con fundamento en el derecho de acceso a la justicia y de acceso a la información. También se afirmó que se debe romper con la cultura propia de los regímenes autoritarios donde prima el secreto sobre la gestión pública, para ofrecer verdaderas garantías de no repetición a una sociedad con un pasado de graves violaciones a los DDHH”
Secuestrada en la embajada
Elena Quinteros fue secuestrada al intentar refugiarse en la embajada de Venezuela en 1976, era maestra y militante del Partido por la Victoria del Pueblo. Su madre, la Tota Quinteros, fue fundadora de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y destacada militante de DDHH hasta su muerte sin saber sobre el paradero de su hija.
Se tiene conocimiento de la responsabilidad del personal diplomático uruguayo en la desaparición final de Elena, además del cuerpo de tareas ejecutor, la OCOA al mando del genocida “Nino” Gavazzo”, que en esos momentos tenía base en el centro clandestino conocido como “300 Carlos”. También hay una versión de que Elena también fue torturada por el FUSNA en base a la declaración de un capitán de navío retirado. Como lo asegura la nota periodística del semanario Brecha de hace más de un año, el apartamento de Elena ha sido usado como botín de guerra por parte del ejército uruguayo.
fuentes de a la izquierda diario
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