“Si en Uruguay gana la peor derecha, hay muchas cosas que van a retroceder”

Tres días después de la presentación de los lineamientos de una ronda salarial que se anuncia como la más grande de la historia del país, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, conversó con la diaria sobre la política salarial, la seguridad social y un escenario sin el Frente Amplio en el poder. El ministro les recordó a los productores de Un Solo Uruguay y a las gremiales agropecuarias que Uruguay gasta 390 millones de dólares al año en seguridad social y políticas de salud en el sector rural, y anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto alternativo para crear un fondo de garantía en casos de insolvencia patronal.

En la definición de los lineamientos de esta ronda salarial hubo mayor sintonía entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que en la ronda anterior. ¿Por qué?

Creo que en esta etapa hay una diferencia, y es que cuando arrancamos en 2015 recibimos cuestionamientos más duros, tanto del PIT-CNT como de las cámaras empresariales, y eso también es parte de las circunstancias. Creo que ahora están apareciendo reacciones más cautas de todas las partes, y esto es parte de lo que vamos aprendiendo y corrigiendo todos. Por ejemplo, en estos lineamientos estamos planteando ajustes semestrales, pero si las partes se ponen de acuerdo, pueden ser anuales. Estamos planteando que los convenios deben ser de por lo menos a 24 meses para saltear el período electoral, y pueden ser a más. Estamos planteando correctivos a los 18 meses, pero si las partes están de acuerdo pueden ser a los 12 meses. En la ronda anterior habíamos planteado ese correctivo si la inflación era de 12%, ahora planteamos 8,5%. Además, esto parte de la evaluación que hicimos de estos 13 años de negociación colectiva, que ubica a Uruguay primero en América Latina. No somos vecinos de Suecia y de Noruega; América Latina lleva tres años de deterioro en el empleo. Uruguay también, pero menos que América Latina, y mucho menos que Brasil. Es la primera vez en toda la historia del país que nos desacoplamos, porque tenemos, tanto en economía como en empleo, una situación diferente. Este gobierno del Frente Amplio [FA] quiere crecimiento de la economía con justicia social.

¿Hubo más flexibilidad por parte del MEF en esta ronda?

La vida es un continuo aprendizaje. Por ejemplo, un error que cometimos en 2015 fue anunciar los lineamientos por conferencia de prensa antes de anunciarlos en el consejo superior tripartito. Es un tema formal, pero incide, y en este caso lo corregimos. En esta instancia hicimos otra cosa que nunca habíamos hecho antes: pedirle a las cámaras empresariales y al PIT-CNT, 40 días antes de proponer los lineamientos, que nos dieran su opinión. Lo hicimos por escrito. Seis cámaras empresariales nos hicieron llegar propuestas y el PIT-CNT también, y las tuvimos en cuenta. Tuvimos una reunión en la que les pedimos que explicaran sus propuestas, y otra en la que el Poder Ejecutivo presentó las suyas. Uruguay es el primer país de América Latina con negociación colectiva privada y pública. Hay países latinoamericanos donde está prohibida la negociación colectiva pública. Nosotros no queremos eso.

¿Y cuán sólidos te parece que son los avances en materia laboral logrados por los gobiernos del FA ante un eventual cambio de gobierno?

Si en Uruguay gana la peor derecha, hay muchas cosas que van a retroceder. Esta película ya la vimos. En la década del 90, prácticamente se anuló la negociación colectiva; sólo quedaron 20% con acceso a ella. Estuvimos prácticamente hasta 2005 sin negociación colectiva. Y ahí se perjudicaron los trabajadores y los jubilados en su fuente de ingresos. Además, el principal factor del crecimiento de la economía es el consumo, y el consumo se nutre fundamentalmente de lo que pasa con el salario y las jubilaciones. Por eso creo que no es correcto hacer una asociación estricta entre salario y empleo, como algunos hacen, porque la mejora del salario puede generar empleo en las pequeñas empresas por el aumento del consumo. Uruguay está teniendo un aumento del consumo y ese es un factor fundamental en el crecimiento de su economía.

Sin embargo, algunos productores en Durazno mencionaron el consumo como un factor negativo, como sinónimo de despilfarro y endeudamiento.

¿En ese consumo no entran las 4X4 que algunos de los dirigentes de los autoconvocados tienen? Ahí hay que diferenciar lo que son los verdaderos problemas del sector rural, de trabajadores y productores de pata en el barro y bota de goma, de los que quieren usar a esta buena gente para otros fines políticos. A mí me llama la atención que no planteen nada del precio de la tierra, que es un factor del alto costo del que se apropia gente que tiene muy poco que ver con el productor de pata en el barro y bota de goma. El otro factor es que deberían defender el sistema de seguridad social y salud rural. Por cada peso que entra al Banco de Previsión Social [BPS], salen 3,40. Por cada peso que entra al Fondo Nacional de Salud, salen dos en el sector rural. Esto le cuesta a la sociedad uruguaya 390 millones de dólares por año. Y yo no estoy planteando recortarlo, al contrario.

¿Cuando hablás de “la peor derecha” te referís a Luis Lacalle Pou?

Si acá, como están dadas las cosas, no gana el FA y ganan candidatos de derecha y centroderecha y se alían con la peor derecha, que crece en el mundo y crece en Uruguay, les va a ir muy mal a los trabajadores, a los jubilados, a los pequeños y medianos empresarios.

Lacalle Pou, entonces, no sería “la peor derecha”.

No sé todavía dónde ubicarlo, pero anda por ahí. Puede haber cosas que se presenten a veces diplomáticamente antes de las elecciones, el tema es qué se va a hacer después de ellas.

¿Hay algún planteo concreto de dirigentes del Partido Nacional (PN) vinculado a política laboral que te genere preocupación?

Por ejemplo, se está hablando –lo acaba de decir uno de sus principales asesores en lo laboral, que ocupó ya cargos en gobiernos del PN y del Partido Colorado [se refiere a Mario Arizti]– de que hay que disminuir las negociaciones por rama o sector de actividad y priorizar la negociación por empresa. Nosotros estamos radicalmente en contra de eso. Nosotros creemos que una fortaleza del sistema de negociación colectiva uruguayo es la negociación por rama de actividad. Y después se puede negociar por empresas. Pero la negociación por empresa debe ser algo que se puede hacer siempre que la negociación por rama sea lo principal.

Después, hay otro ejemplo de estas horas. Una de las principales asesoras de Lacalle Pou [se refiere a Azucena Arbeleche] planteó la semana pasada que había que revisar la ley de flexibilización del acceso a las jubilaciones de 2009, que permitió que se jubilara gente que nunca se había jubilado en Uruguay, entre ellas 30.000 mujeres, que si no hubiera sido por esa ley no se hubieran podido jubilar. ¿Qué significa querer “revisar”? Debemos ser cuidadosos, porque Uruguay tiene que seguir desarrollándose con justicia social y con derechos sociales y laborales, como lo hemos venido haciendo en estos 13 años.

En materia salarial, el PIT-CNT está pidiendo un salario mínimo de media canasta.

Nosotros hemos hecho una propuesta importante desde el gobierno. Estamos hablando de un salario mínimo nacional de 15.000 pesos al 1º de enero. Eso va a significar un aumento de casi 12% sobre el monto del salario mínimo nacional actual. Si se cumple lo que estamos previendo, que la inflación de 2018 sea de 7%, vamos a estar hablando de un salario mínimo nacional 4 o 5 puntos por encima de la inflación, lo que es muy importante. Y además de eso, queremos volver a un régimen que teníamos en 2008, bajo el cual los aumentos de salarios mínimos sean semestrales. Creo que, más allá de la diferencia con lo que reclama la central sindical, estamos avanzando positivamente.

Las autoridades de la empresa finlandesa UPM dijeron la semana pasada que apuestan a generar un acuerdo laboral que sea de toda la cadena productiva. Les preocupa, en particular, el tema de prevención de conflictos. ¿Cómo ve el gobierno estos planteos?

Creo que esto es un desafío para todo el sistema de negociación colectiva. Inicialmente somos partidarios de avanzar en ese camino. Creo que en esta ronda todavía no vamos a poder hacerlo, pero que hay que pensar en ese camino, porque cada vez más tenemos lo que se llaman cadenas productivas. Tenemos que empezar a pensar en sistemas de negociación colectiva en este sentido. Y en prevención de conflictos. En esta negociación colectiva está dicho expresamente que el ministerio va a estar presentando, especialmente en aquellos Consejos de Salarios donde no existen –que son muy pocos– protocolos de prevención de conflictos. Hay sectores que tienen mecanismos de prevención de conflictos ejemplares: la construcción, la bebida, los metalúrgicos, el papel. Por ese lado estamos rumbeando. Nosotros lamentamos que la propuesta que hicimos en marzo de 2017, a raíz de la queja ante la OIT [Organización Internacional del Trabajo], no fuera aceptada por la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio. Ahora nos hemos vuelto a reunir en enero y febrero y hemos vuelto a plantear la propuesta. Ese fue un gran error de las cámaras empresariales, que deben hacerse responsables. Hubo un error político y perdimos un año. Nosotros somos firmes partidarios del mecanismo de prevención de conflictos. Es muy probable que tengamos que ir por la queja a la OIT este año. Vamos con absoluta tranquilidad. Creo que es un mal que se le hace a Uruguay, que está muy bien considerado por la OIT.

¿Qué factores explican la baja del empleo? ¿Es posible revertirla?

Hay análisis de gente que ha estudiado mucho estos temas; cada revolución industrial inicialmente genera pérdida de empleo y luego genera más empleo que antes. Creo que ahora estamos en esa etapa, en la que inicialmente hay una pérdida de empleo en el mundo, en la región, y a Uruguay dentro de eso le está yendo más bien o menos mal, como quieran decirlo. Ahora, a mí me llama la atención el silencio que hay por parte de gente de la derecha y del mundo empresarial sobre lo que está pasando en Brasil. El gobierno de Michel Temer hizo lo que quiso en derechos laborales y cerró 2017 con 13% de desempleo. Esas son las cosas que en Uruguay no queremos que pasen.

¿Está pronto el decreto reglamentario de la ley de cincuentones?

Está casi pronto, va a estar pronto en tiempo y forma. Estamos ajustando los últimos detalles. Es muy buena la respuesta de la gente: a esta altura hay más de 40.000 consultas en el BPS. Acá hubo también un muy buen indicador, que fue poner por primera vez un tope de ganancia. En 2017 las AFAP tuvieron una ganancia de 58 millones de dólares, muy desigual según la cantidad de afiliados. República AFAP, que tiene la mayoría de los afiliados, tiene una ganancia de 17 millones de dólares, y luego vienen dos AFAP que tienen mucho menos afiliados y 15 millones de ganancia. Vivimos en una sociedad capitalista, las empresas deben tener sus ganancias; ahora, una cosa es la ganancia y otra es el disparate.

¿Qué aprendizaje debería sacar el FA sobre el sistema mixto de seguridad social a raíz de lo que sucedió con los cincuentones?

Hay estudios –incluso en los próximos días se va a presentar uno– que muestran que el sistema no tiene los rendimientos que dijeron que iba a tener los que lo impulsaron. Acá se dijo, en 1995 y 1996, que la gente iba a tener dos jubilaciones. Acá se dijo que la jubilación iba a ser 125% del salario. Eso no es cierto, y 20 años después se sabe que no es cierto. Los sistemas de seguridad social deben ser objeto de reformas periódicas, como hemos estado haciendo. Además, hemos decidido aumentar la jubilación mínima, que anda en los 11.000 pesos. ¿Por qué está en 11.000 pesos? Por los Consejos de Salarios, por el aumento del salario mínimo y por los aumentos especiales que damos en junio; si no, estaría en 4.000 o 5.000 pesos. Y las primeras que tendrían que agradecer acá son las AFAP, porque de otra forma tendrían muchas más quejas que las que tienen. Porque hay gente que, estando afiliada a una AFAP, cobra 11.000 pesos gracias a san BPS y el aumento de la jubilación mínima, porque cobra chirolas por las AFAP.

¿El FA debería plantearse una reforma de la seguridad social de cara al próximo programa? ¿Qué pensás de subir la edad jubilatoria?

Las reformas de la seguridad social deben ser políticas de Estado, producto de un diálogo social. El tema con la edad es que a veces se dicen cosas pero no se dice todo. Cuando se habla de algunos países que tienen edad jubilatoria de 65 o 67 años, países desarrollados, no se dice dos cosas: que junto a eso tienen normas que permiten jubilarse antes, y en segundo lugar, no se dice cuánto cobran por jubilarse a los 65 o 67. En la mayoría de esos países, se cobra 100% del salario. Hay que estudiar todo. Hay un estudio de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] que muestra que entre 1970 y 2010, la mayoría de los países de la OCDE aumentaron la edad legal de jubilación, pero en la práctica, la edad real a la que se jubiló la gente la bajaron. Esto hay que verlo en conjunto con otras cosas. Hay que discutir la compatibilidad entre trabajo y jubilación. Tenemos que mejorar la posibilidad de jubilación parcial. Tenemos leyes para las dos cosas pero tienen demasiados condicionamientos. Son discusiones que se van a tener que dar. No ahora, pero se van a tener que dar.

Iniciativa del Ejecutivo por discapacidad y fondo de garantía
El gobierno resolvió presentar proyectos alternativos a los que discute el Parlamento sobre empleo para personas con discapacidad y sobre un fondo de garantía en casos de insolvencia patronal. En el primer caso, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó al PIT-CNT y a las cámaras empresariales una iniciativa que tiene el respaldo de todo el gabinete; prevé una mayor gradualidad en el ingreso de personas con discapacidad a los puestos laborales y contempla el concepto de “idoneidad de la persona con discapacidad” que no estaba incluido en el proyecto inicial. La idea del Ejecutivo es presentar el nuevo proyecto al Parlamento después de Semana de Turismo. Además, el gobierno remitirá al Parlamento en abril o mayo un proyecto alternativo para constituir un fondo de garantía en casos de insolvencia patronal, que no se financiará con aportes de los empresarios como estaba previsto en la iniciativa original, anunció Murro. “Queremos cumplir con algo a lo que el gobierno se había comprometido: que no haya aumento de impuestos. Estamos viendo fuentes alternativas de financiamiento”, reveló el ministro.
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 fuente   la diaria: