MINISTERIO PÚBLICO RECIBIÓ TESTIMONIOS DE TESTIGOS Y DE LÓPEZ MAZZ Fiscal de DDHH define pedir ingreso al 14 con el georradar

El Fiscal Nacional Especializado en DDHH doctor Ricardo Perciballe se dispone a solicitar a la justicia el ingreso al predio del Batallón de Infantería de Paracaidista Nº 14 para investigar si existieron movimientos de tierra anómalos bajo la Enfermería y un galpón, construidos entre finales de los años 70 y principios de los 80, y ubicados muy próximos entre sí.
La decisión se adopta tras analizar la denuncia presentada por el periodista del diario LA REPÚBLICA Marcelo Falca y patrocinada por el abogado Oscar López Goldaracena, en base a testimonios recogidos de fuentes militares extraoficiales y de familiares de detenidos desaparecidos. Todos los testigos ofrecidos ya declararon en los últimos días. También se le tomó declaración al denunciante y al Dr. López Mazz, quien tendrá a cargo la coordinación de la labor técnica de exploración, tal como fuera pedido en la denuncia.
Los testimonios apuntan a que debajo de dichas construcciones pudieron ocultarse cuerpos durante la época de la dictadura.
“Lo que hemos propuesto es un trabajo técnico en dos etapas. Primero, un relevamiento con geo radar para determinar el perfil geofísico del subsuelo de los sitios indicados. Luego, en función del análisis de su resultado, si se detectan anomalías, el trabajo de excavación propiamente dicho, todo con la coordinación del Dr. López Mazz”, relató a LA REPÚBLICA el doctor Óscar López Goldaracena.
El equipamiento necesario ya se encuentra disponible en el país y a partir de la eventual orden de la Justicia se podrá realizar en un tiempo breve.
José López Mazz aclaró al programa Fuga de Noticias de El Espectador que la oportunidad de hacer una pericia con un georradar tiene origen en la denuncia presentada por el periodista. Agregó que junto al colega Octavio Nadal “lo que hemos apoyado ha sido en primer lugar corroborar la información recogida a través del estudio de fotografías aéreas de la evolución de ese lugar en el tiempo que se señala que es una Enfermería.
Y en la etapa siguiente que sería justamente si la justicia lo dispone, la posibilidad de pasar un georradar que es una herramienta de trabajo no únicamente en arqueología y que es capaz de reconocer anomalías que en este caso podrían estar en línea con el testimonio de enterramientos”. El cotejo de las fotografías aéreas de 1981 y de 1986 obtenidas por dichos profesionales, permitió corroborar con exactitud el lugar donde está emplazada dicha Enfermería, que la construcción “no existía en 1981”, y que se habría edificado “antes de 1986”.
López Mazz reafirmó que el equipamiento está disponible en Uruguay y que es una técnica bastante conocida en Arqueología. “No es magia, muchas veces se habla de este equipamiento como capaz de resolver todos los problemas, pero los problemas tienen una complejidad mayor que lo que puede hacer este equipo. Este equipo aplicado a ciertas condiciones es capaz de detectar anomalías que luego una investigación posterior podría confirmar si se trata de las denuncias originales sobre enterramientos clandestinos”.
El estudio es bastante rápido y no tendría costos para el Estado. Por su parte, el abogado López Goldaracena, patrocinante de la denuncia dijo que la ” única manera de despejar dudas es excavando y quién debe investigar es el sistema judicial” y recordó que “comete el delito de desaparición forzada de personas quien tiene información y no la proporciona y la oculta, aunque no hubiera participado en los hechos y aunque dicha información la hubiera recibido mucho después”. “Entiendo que hoy el fiscal ya está en condiciones de solicitar la autorización judicial para efectuar un relevamiento de los lugares donde se pasaría el geo radar”, afirmó.
Respecto a las excavaciones, el abogado agregó que “mi postura ha sido, siempre, por demás clara: toda la información tiene que ir a la justicia y debe ser ésta la que ordene las medidas pertinentes para aclarar los crímenes cometidos y determinar las responsabilidades penales de sus autores. Porque de esto se trata: aclarar crímenes, crímenes de desaparición forzada de personas. Un delito permanente que se sigue cometiendo hasta tanto no se conozca que ocurrió y cuál es el paradero de los restos de los desaparecidos”.
“Es más, también comete el delito de desaparición forzada de personas quien tiene información y no la proporciona y la oculta, aunque no hubiera participado en los hechos y aunque dicha información la hubiera recibido mucho después. Lo establece la Ley 18.026. Es por eso que sostengo que toda la información sobre posibles sitios de enterramientos debe aportarse a la justicia. Nadie puede retenerla, en ningún ámbito, de ningún tipo”.
“Confío plenamente en el rol que está asumiendo la Fiscalía Especializada en Crímenes de lesa humanidad a cargo del Dr. Ricardo Perciballe y su equipo. Espero que los jueces apliquen correctamente el derecho y que aquellos conservadores que siguen negando los crímenes de lesa humanidad comprendan que de nada sirve seguir construyendo murallas jurídicas, porque la evolución del derecho las terminará derrumbando, como ya ha ocurrido”.
“El sistema judicial es la garantía de los derechos de todas las personas. Tanto los fiscales como los jueces deben adoptar todas las medidas adecuadas para que se amparen las demandas de justicia respecto de crímenes de lesa humanidad. Aquí toda la sociedad fue víctima y, teniendo esto presente, cada denuncia y cada pedido de búsqueda de los desaparecidos, son demandas por los derechos de todos, por el bien común de toda la sociedad”.

FUENTE   LA REPÚBLICA