La derecha, administrada ya no por el personal político, sino directamente por empresarios que son sus propios dueños, como Michel Temer, Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Horacio Cartes y Donald Trump, no reconoce otra ley que sus intereses personales y corporativos.
Ante esos intereses mezquinos, está cayendo incluso lo que todavía algunos llamamos la legalidad burguesa, para proyectarnos a un modelo regional híbrido, mezcla de capitalismo salvaje con énfasis en la apropiación total de la plusvalía y la primarización agropecuaria, que al ver la turbulencia social que esto necesariamente va a provocar, busca el reaseguro de asentarse sobre las Fuerzas Armadas (FFAA).
Como podemos imaginar, esto no es una idea original de los operadores de las oligarquías vernáculas, por el contrario, los vientos vienen de Estados Unidos (EEUU) y particularmente de sus FFAA, que pretenden recuperar su influencia en el subcontinente y eventualmente acrecentarla, limitando los esfuerzos y propósitos independentistas que han alumbrado los gobiernos progresistas en América del Sur y Centroamérica.
Pero veamos cómo se fueron dando los acontecimientos.
Primera etapa: los consejos vienen del norte
Las FFAA de EEUU y todos los gobiernos, demócratas y republicanos, en los últimos 50 años, y aun más, han procurado influenciar, controlar y dominar lo que consideró su “patio trasero”, América Latina.
En rigor, esta política injerencista e imperialista, que Monroe sintetizó en la afirmación de que América era para los americanos, no fue privativa de nuestro continente, sino que se extendió a todos los rincones del mundo en donde sentían que sus intereses eran amenazados.
Basta recorrer cualquier archivo de Google para encontrar cientos de menciones, declaraciones, documentos y publicaciones oficiales y periodísticas en los que organismos, legisladores, diplomáticos y militares -de o en EEUU- sugieren, influyen, indican y a veces ordenan, para militarizar la seguridad interior en los países de América del Sur.
Las excusas son “las nuevas amenazas estratégicas”, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el contrabando, pero detrás de eso se esconde siempre el propósito de la represión interna y la llamada “seguridad nacional, la lucha contra el “comunismo” y contra todos los procesos democráticos, indigenistas, nacionalistas, progresistas, revolucionarios o de liberación nacional.
La presencia de las FFAA de EEUU en América Latina se manifiesta por distintas expresiones, desde bases militares, como en Honduras, Cuba, Guatemala, Colombia, Paraguay, Puerto Rico y Panamá, hasta “operaciones especiales”, asesores, oficinas de seguridad, agregados militares en las embajadas y programas de apoyo a proyectos puntuales que existen en casi todos los países de Latinoamérica, incluyendo los más grandes (México, Argentina y Brasil).
Y a esto hay que agregar a la CIA, el Comando Sur, el FBI, la DEA, la Usaid y otros organismos que prestan asesoramiento técnico y apoyo económico, incluyendo a grupos opositores, como en Nicaragua, Cuba, Ecuador, Bolivia y Venezuela.
La forma más brutal de intromisión de las FFAA de EEUU en América Latina fue la intervención militar directa, que ocurrió en reiteradas ocasiones en Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Granada, México, Panamá, Puerto Rico, Haití y República Dominicana. Un procedimiento más clandestino es a través del apoyo a golpes de Estado o gobiernos dictatoriales, como en Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador y Paraguay.
Tal vez la forma más sutil de intervención militar es la de incidir en las FFAA locales: la misma se hace comúnmente en los cursos de instrucción, las contribuciones económicas, las donaciones de armamento militar, las maniobras navales, la entrega de manuales, las becas, la Escuela de las Américas y los programas de intercambio y entrenamiento.
Pero aun más oculta es la intromisión basada en que los propios gobiernos introduzcan a sus propios militares en la seguridad interna, ocupando el espacio que hasta el momento ocupan las Policía y el Poder Judicial.
EEUU promueve eso en los otros países que considera parte de su imperio, pero no lo hace en su propio país, en donde las áreas institucionales de las FFAA, la Policía y la Justicia están perfectamente delimitadas y los militares no pueden interferir en otras jurisdicciones.
Se va la segunda: Temer introduce militares en las favelas
En Brasil, a mediados de febrero, el presidente Michel Temer dispuso la intervención federal en el estado de Río de Janeiro y, concomitantemente, que las FFAA pasaran a liderar “la lucha contra el crimen organizado”.
Temer afirmó que “el crimen organizado casi tomó el control de Río de Janeiro y se ha convertido en una metástasis que se propaga por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo”.
El decreto presidencial dispone que las FFAA asuman control total de las operaciones de seguridad y comanden a los distintos cuerpos policiales y el sistema carcelario.
El empresario dictador, que ostenta 2% de popularidad, es el personaje del que circulan y se viralizan grabaciones en audio y video que lo implican directamente en coimas y su gobierno, probablemente efímero, congeló salarios por 20 años, dispuso y está ejecutando un gigantesco programa de privatizaciones y se dispone a implementar la reforma de las jubilaciones afectando terriblemente las prestaciones de la seguridad social.
Tanto el presidente como la mayoría de sus ministros se encuentran en la mira por investigaciones por corrupción o presos por haberles encontrado culpables.
Lula, preso, lidera ampliamente todas las encuestas y el descontento de la gente y la simpatía que expresa el pueblo brasileño por el expresidente hacen esperar un incremento del disgusto y la movilización popular.
La presencia militar en las calles de Río y las disposiciones gubernamentales que permiten la injerencia militar en la seguridad interior permiten imaginar una creciente participación de las FFAA en la vida política de Brasil, que recientemente se hizo sentir en la presión que ejerció sobre la Justicia el más alto jerarca del Ejército para que Lula fuera preso y para que su detención se prolongue pese a la demanda de libertad.
Macri también incorpora los militares
Tras haber violado todas sus promesas de abatir la corrupción, detener la inflación, eliminar la pobreza, estabilizar la cotización de la moneda y prescindir para siempre del FMI, Mauricio Macri celebró con discreto éxito la cumbre de ministros de Economía y presidentes del Banco Central del G20 en Buenos Aires. Christine Lagarde, quien hace muy pocos meses había declarado que la economía argentina iba por buen camino, debió asistirla con un gigantesco préstamo de 50.000 millones de dólares cuando ya era imposible detener la fuga de capitales y ponerle un techo a la cotización del dólar.
Pese a las reiteradas declaraciones optimistas de Macri, Argentina está en la lona. Se podrá decir que está en bancarrota, en insolvencia o en las vísperas de una intensa y prolongada recesión, pero es inocultable que la actividad económica cayó por segundo mes consecutivo, que los intereses son de más de 40%, que los pobres llegan a 30%, que la fuga de capitales en este semestre fue de 16.000 millones de dólares, que se perdieron 80.000 puestos de trabajo, que la inflación minorista es de 29% y el dólar cotiza en pizarra a 28 pesos, 30% más que el año pasado.
En medio de semejante catástrofe económica y política en la que arrecian las denuncias de corrupción en el gobierno, Mauricio Macri sorprendió a los argentinos trayendo nuevamente al centro de la escena a las FFAA, condenadas por la opinión pública luego de la terrible dictadura que dejó un saldo de 30.000 “detenidos desaparecidos”.
No hace falta ser muy sagaz para darse cuenta de que pronto va a necesitarlos en tareas de represión interna al constatar la forma en que la miseria y la indigencia avanzan en Argentina.
El discurso-envoltorio para traer a los militares de regreso a la escena es expuesto por el ministro de Defensa, Óscar Aguad.
¿Cuáles son las nuevas hipótesis de conflicto? El combate al terrorismo internacional, al narcotráfico, los ciberataques y su participación en misiones de paz en lo externo y en el interior. Esto les daría el soporte legal suficiente para intervenir dentro de fronteras cuando la situación social así lo requiera.
Desde Campo de Mayo, Macri informó, orgulloso como siempre, que “en Argentina los militares asumirán tareas de seguridad interior” y anunció “un proceso de modernización integral que incluirá el reequipamiento de las FFAA, que cuentan con 50.000 efectivos, y la modificación de planes de formación para hacer más eficaz su participación en la custodia y protección de objetivos estratégicos”.
Señaló, además, que “en el corto plazo se creará una fuerza de acción inmediata con equipamiento ligero conformada por unos 10.000 hombres y que se enviarán militares a la frontera norte para colaborar en el combate al narcotráfico”.
Los alcances de la reforma están contenidos en dos decretos que modifican la reglamentación de la Ley de Defensa de 1988 que limita el accionar militar a “enfrentar las agresiones de origen externo”. Posteriormente un decreto firmado en 2006 por el entonces presidente Néstor Kirchner excluyó a las FFAA de la custodia de la seguridad interior. La presencia de militares en la custodia de la sociedad civil es un tema sensible para los argentinos.
La reforma modifica el decreto 727 de 2006 que reglamentó la Ley de Defensa, contemplando la intervención de las FFAA ante “agresiones de origen externo” y no restringirla sólo a “amenazas estatales” externas. Para que sea legal se requiere modificar las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia.
Se ha señalado que el decreto que establece la reforma viola tres normas legales y la propia Constitución de la República, por lo que su legalidad será muy cuestionada. Tales normas legales fueron aprobadas en los gobiernos de Alfonsín, De La Rúa, Menem y Néstor Kirchner y contaron con el apoyo de todas las fuerzas políticas en resoluciones que fueron aprobadas unánimemente por tres parlamentos y una asamblea constitucional.
Lo que queda claro a quien quiera verla es la evolución paralela y consistente que padecen hoy las principales potencias regionales, Argentina y Brasil, castigadas por gobiernos oligárquicos, que están incorporando en su apoyo a las FFAA, en un evidente reaseguro por si tienen que usarlas para reprimir las resistencias sociales que sus medidas ya están produciendo.
¿Y por casa cómo andamos?
En nuestro país vemos todos los días manifestaciones de esa derecha voraz que prometió en un recordado editorial de Búsqueda “una guerra sin prisioneros” al Frente Amplio (FA).
Sabemos también que esa derecha tiene importantes dirigentes que repiten que “a última hora siempre ha sido un pelotón de soldados el que ha salvado a la civilización”.
Ni hablar de los “bolsones” golpistas que se incuban en los clubes militares.
Pero yendo a los “operadores”, y sin contar a los numerosos partidarios de la mano dura que conocemos, como los senadores Pedro Bordaberry, Javier García y Gustavo Penadés, o el flamante aspirante a legislador y exfiscal Gustavo Zubía -que, dicho sea de paso, lo notamos un poquito pirado-, tenemos dos candidatos firmes a la primera magistratura que han hecho de la represión el centro de su discurso.
El primero es el empresario Edgardo Novick, jefe de Zubía, uno de cuyos actuales diputados, el expachequista Guillermo Facello declaró que “el Estado debe aplicar medidas prontas de seguridad” y que una de las propuestas del Partido de la Gente es asignar a las FFAA el control de las cárceles y no sólo el control perimetral.
Pero, sorpresivamente, la mayor acción a favor de formas nuevas de represión ha corrido por parte del senador y precandidato blanco Jorge Larrañaga, quien lanzó una campaña de firmas para la aprobación de una reforma constitucional. Para ello debe reunir las firmas de 10% de los ciudadanos habilitados, de forma de que la propuesta se vote junto con las elecciones nacionales de octubre de 2019.
Hace unos días entregó ostentosamente 10.000 firmas, menos de 5% de las 250.000 requeridas para plebiscitar su proyecto.
El proyecto de Larrañaga (que fue rechazado explícitamente por Luis Alberto Pompita Lacalle Pou y sólo provocó silencio en el Partido Colorado), contiene cuatro reformas sobre seguridad a ser incluidas en la Constitución: imponer el cumplimiento total de las penas, para que en casos de delitos graves, a los delincuentes no se les permita salir antes de la prisión; imponer “la reclusión permanente revisable a los 30 años en delitos gravísimos como homicidios múltiples o violación y homicidio a menores”; permitir allanamientos nocturnos en aquellos lugares donde se sospecha que se están cometiendo delitos; y crear una Guardia Nacional con efectivos militares destinada a “colaborar en tareas policiales”. El capítulo que refiere a la Guardia Nacional crea un segundo cuerpo destinado a funciones de seguridad pública con efectivos militares y prevé que los efectivos sigan dependiendo del Ministerio de Defensa.
Como vemos, el proyecto de militarización de la sociedad es exteriorizado por los eslabones más débiles de la cadena política de la oposición: aquellos líderes, como Novick o Larrañaga, que necesitan afianzarse o recuperar opinión pública y eligieron la “vía fácil” de atacar la inseguridad, vista como la principal preocupación de los uruguayos.
Es presumible que los líderes más asentados, como Pompita o Sanguinetti, piensen lo mismo, pero no lo manifiestan por diversos motivos electorales.
En cualquier caso cabe la pregunta: ¿estos intentos de introducir otra vez a las FFAA en la vida cotidiana son inocentes? ¿Quiénes son los asesores de Larrañaga en materia de seguridad? ¿No consultaron a nadie? Yo creo que no. Y que todo el programa de la derecha es fácilmente previsible. Incluyendo la incorporación de los militares a la represión y la seguridad interior.
MACRI MILITARIZA ARGENTINA
Modelo Temer: el neoliberalismo prepara la represión
Por Alberto Grille.
caras y caretas
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