La sociedad no puede dejarse seducir por el planteo de algunos políticos –como es el caso del senador Jorge Larrañaga- de sacar a los militares a las calles. “Este tipo de ideas son una amnesia de lo que estamos viviendo. Los militares no pueden volver a cumplir ningún papel represivo en las sociedades. No deben, están formados para otra cosa. No se le debe dar esa injerencia porque su poder está en las armas y con mucha rapidez lo aplican autoritariamente”.
Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desparecidos, declaró en República Radio que la sociedad no puede dejarse seducir por el planteo de algunos políticos –como es el caso del senador Jorge Larrañaga- de sacar a los militares a las calles. “Este tipo de ideas son una amnesia de lo que estamos viviendo. Los militares no pueden volver a cumplir ningún papel represivo en las sociedades. No deben, están formados para otra cosa. No se le debe dar esa injerencia porque su poder está en las armas y con mucha rapidez lo aplican autoritariamente”.
Sostuvo, además, que es un “disparate” lo que está sucediendo en Brasil así como también las medidas que se plantean en Argentina. “Por suerte han tenido una inmensa oposición y esperemos que si acá hubiera una seducción de algunos políticos por la represión, recuerden lo que vivió este país.
Esto debe preocupar inmensamente a los uruguayos. Lo que nosotros tratamos es que este dolor se integre socialmente y sea un aprendizaje para que no recorramos los mismos caminos”.
Cabe recordar que en la oportunidad Zaffaroni también habló sobre el caso del coronel retirado Eduardo Ferro y opinó sobre el trabajo de la fiscalía especializada en tratar las causas referidas a la dictadura.
“Lo de Ferro es una afrenta a la Justicia uruguaya”
La situación del coronel retirado del Ejército Eduardo Ferro tiene en vilo a la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y al gobierno uruguayo. A principios de mayo de este año, el Consejo de Ministros de España aprobó el pedido de extradición. El coronel Eduardo Ferro se había ido a España, presumiblemente a través de Brasil y con identidad falsa, cuando fue citado a declarar en calidad de indagado en el marco de la investigación sobre el secuestro y desaparición del dirigente comunista Óscar Tassino y por las torturas contra Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez.
Una vez detenido para su extradición, Ferro presentó en noviembre del año pasado, un recurso ante la Fiscalía española y le dieron la liberación. En setiembre de 2017 fue detenido en España a raíz de la liberación, por parte de la Justicia uruguaya, de una orden de detención nacional e internacional. Sin embargo, cuando la Justicia española quiso hacer efectiva esa extradición se encontró con que Ferro estaba libre.
Las autoridades españolas de Interpol se comunicaron con sus colegas uruguayos sobre la imposibilidad de ser ubicado y se declaró una alerta roja para su búsqueda y captura. La “desaparición” de Ferro fue informada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), organismo que le exigió a la Cancillería uruguaya que reclame una investigación a raíz de lo sucedido.
Con respecto a esta situación, Zaffaroni dijo que “esto demuestra que Ferro es parte de un núcleo muy duro de la represión uruguaya, que estuvo en contacto con lo que es el Plan Cóndor y que seguramente tiene amigos muy poderosos.
Todavía no hemos logrado visualizar a esta organización totalmente y que se investigue a fondo cómo era el Plan Cóndor, pero lo que se conoce ya es contundente: es una coordinación que se mantiene entre muchos países de América Latina. A juzgar por lo que pasó en España, todo hace pensar que algún lazo aún sigue existiendo. Nosotros creemos que el papel del Estado uruguayo ha sido muy omiso, no ha estado atento, persiguiendo y manteniendo total vigilancia de cómo fue ese procedimiento.
Todavía no hemos conseguido una entrevista con el canciller, creemos que esto lo tienen que tratar con un altísimo nivel. Es algo gravísimo, porque es una afrenta a la justicia uruguaya y a quienes luchan por sostener viva la causa”. Quien opinó también sobre este tema fue el presidente del Frente Amplio Javier Miranda quien dijo a LA REPÚBLICA que se trata de un”grave error de la justicia española”.
“Fiscalía está trabajando muy fuertemente”
Con respecto a cómo viene siendo el trabajo de la fiscalía especializada en tratar las causas referidas a la dictadura, dijo que tienen un “contacto permanente” y que consideran que “está trabajando muy fuerte y de forma muy comprometida”. Sin embargo, señaló que esta fiscalía no tiene potestades sobre las causas que no les llegan: solo reciben el 25%, por tanto, hay otras que están archivadas y perdidas. “Las causas que les llegan las están diligenciando con mucha rapidez”.
“Los denunciados tal vez se fuguen, pero es importante que las sentencias existan, que las fronteras se le cierren y que los persigan. No sé si los encontrarán, porque se nota que tienen muchos amigos con mucho poder.
Pero lo importante es que esto salga a la luz. La inquietud de Familiares – que ya tenemos tantos años de perseverancia- es que la sociedad entienda e incorpore este tema fuertemente. Nosotros en algún momento ya no vamos a estar, ya estamos grandes, y es por esta razón que lo esencial es que se entienda que este tema no es individual sino que es social: refiere a la calidad democrática que tenemos, a lucha para que exista una Justicia vigorosa y real y un Estado que nos brinde garantías”, reflexionó.
Fiscal pidió el procesamiento de ocho militares por torturas
Según “La Diaria”, Ricardo Perciballe, quien está a cargo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, pidió el procesamiento y el cierre de fronteras de ocho oficiales retirados por delitos de tortura a cerca de una treintena de detenidos por la dictadura. Dichos detenidos fueron recluidos en el centro clandestino conocido como “300 Carlos”, que funcionó entre 1975 y 1977 y estaba ubicado dentro del cuartel del entonces Batallón de Infantería Blindado Nº 13, ubicado en la Avenida de las Instrucciones y Camino Casavalle.
Cabe mencionar que el procesamiento fue referido a Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Franchelle, Mario Manuel Cola, Homero González, José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Ernesto Ramas. Perciballe dijo que si bien los hechos denunciados son torturas, la tipificación es privación de libertad y abuso de autoridad, ya que eran las figuras delictivas que existían en ese momento.
LA REPÚBLICA
No hay comentarios:
Publicar un comentario