Los escuadrones de la muerte en Uruguay, también conocidos como Comandos Caza Tupamaros o Defensa Armada Nacionalista (DAN), fueron grupos parapoliciales de extrema derecha que operaron en Uruguay en las décadas de los años 1960 y 1970.

LA DETENCIÓN DE MIGUEL SOFIA
Los lazos del Escuadrón de la Muerte

La reciente captura del Dr. Miguel Antonio Sofía Abeleira, acusado de integrar el Escuadrón de la Muerte, de desapariciones forzadas y homicidios cometidos durante la dictadura militar, sacudió el polvo de un expediente de un metro y medio de altura.

En la Alemania nazi estaban los Einsatzgruppen, escuadrones de ejecución itinerantes especiales formados por miembros de las SS, SD y otros miembros de la policía secreta de Hitler. En El Salvador, los escuadrones de la muerte eran un movimiento armado de extrema derecha. En Guatemala, era un movimiento radical de extrema derecha que deliberadamente persiguió a la nación indígena, durante la guerra civil, con la limpieza social. En Honduras existió el Batallón 3-16, escuadrón de inteligencia anticomunista de las Fuerzas Armadas de ese país que actuó entre 1982 y 1997. En Colombia, se llamaban Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar de extrema derecha que está oficialmente desmovilizado y que contó en su momento con el apoyo tácito del Ejército, la Policía y el Estado. En Argentina, era la Triple A, grupo parapolicial argentino de extrema derecha.

La guatemalización

Allá por los años 60, Eduardo Galeano escribió ‘Informe especial sobre operaciones parapoliciales y paramilitares. Escuadrón de la muerte: de Guatemala al Uruguay’. Contaba sobre la NOA (Nueva Organización Anticomunista), la cual escribió en un comunicado a la prensa, a principios de 1967, que operaba “junto al glorioso ejército de Guatemala”. Había prometido arrancar la lengua y cortar la mano izquierda a todos los revolucionarios. También relataba sobre la MANO (Movimiento Anticomunista Nacionalista Organizado), que funcionaba en la órbita de la policía.

Tanto la NOA como la MANO difundían con frecuencia datos confidenciales que sólo estaban en poder del ejército o de la policía política.

Era lo que se llamó, más tarde, la guatemalización del Uruguay.

En los años 1966 y 1967, Guatemala sirvió de campo de experimentación para la puesta en práctica de la guerra sucia contra la revolución en ascenso, contaba Galeano, y desde acá se veía ese proceso como muy lejano. Guatemala se había convertido en un laboratorio gigante.

Soledad Barrett

Mucho antes que Galeano, Manuel Martínez Carril denunciaba, en la prensa local, los ataques fascistas contra mujeres.

El 6 de julio de 1962, cuando tenía 17 años, la paraguaya Soledad Barrett, que vivía exiliada en nuestro país, fue secuestrada en un automóvil por un comando nazi uruguayo, cuyos integrantes le marcaron en los muslos una cruz esvástica, con hojas de afeitar o una navaja, por negarse a repetir la consigna “¡Viva Hitler! ¡Abajo Fidel!”. Esto porque dichos grupos asociaban el antisemitismo con el antisocialismo y Barrett tenía ascendencia judía por parte de su madre.

Lo mismo sucedió con otras personas a las que se sometió a distintos castigos tras lo cual se les tatuaba una cruz esvástica. Una noche de 1962, el entonces jefe de Policía de Montevideo, coronel Mario O. Aguerrondo, entró en el diario El País.

El jerarca se reunió con el cronista policial y responsables del diario, al día siguiente, el matutino mostraba una fotografía obtenida en una manifestación meses atrás y en la que se había identificado -entre otras personas- a la joven militante. Así la Policía -en aquel momento muy activa en la organización de golpes como el asalto a la Universidad que durante años tuvo separado de su cargo al comisario Orestes Braida Arbulo- trataba de desviar la atención sobre las bandas fascistas que ella misma armaba.

Por aquellas fechas, un asesino protegido por la oscuridad de la noche arrojó una bomba incendiaria contra un local comunista. El fuego causó la muerte de una criatura de meses, hija de los cuidadores del lugar. Esa vez el escándalo había sido muy grande y la Policía no tuvo más remedio que “aclarar” el caso y detener al homicida que, casualmente, resultó ser un habitual informante y delator ubicado en el medio estudiantil. Esa era la democracia de aquellos años.

En materia de bandas fascistas hay, como se ve, una larga y, muchas veces, dolorosa experiencia.

Desde la embajada estadounidense, a través de sus agentes, se financió a grupos como la Confederación Sindical del Uruguay (CSU), intentando quebrar el movimiento obrero aún dividido, o el Movimiento Estudiantil de Defensa de la Libertad (MEDL), que ya en 1962 y, por medio de una conferencia de prensa, trataba de desvincularse de otros grupos igualmente totalitarios (como el Fedan, Moensu, Alerta, Gallo, etc.), acusando a la Lista 15 de ser “tontos útiles”, mientras Benito Nardone los tildaba de “comunistas chapa 15” a través de Radio Rural.

La calavera y las tibias cruzadas

En Brasil, la policía había organizado equipos de asesinos a sueldo, reclutados en sus propias filas, para limpiar el país de delincuentes. Sérgio Paranhos Fleury se convirtió en el jefe del “escuadrón”, y fue quien disparó uno de los cuatro tiros que mataron al líder comunista Carlos Marighella en 1969. También fue responsable del ataque contra miembros del Partido Comunista de Brasil en 1976, a quienes el régimen militar había calificado de terroristas. Estuvo directamente involucrado en la tortura de Tito de Alencar Lima, conocido como Padre Tito, un fraile católico que luchó contra el régimen militar en Brasil.

Fleury fue investigado y denunciado por los fiscales Hélio Bicudo y Dirceu de Mello por los asesinatos cometidos por el Escuadrón de la Muerte. El senador estadounidense William Proxmire denunció que se estaba utilizando la ayuda de Estados Unidos para financiar las operaciones del “escuadrón de la muerte” y el régimen decidió lavarse las manos. Sérgio Fleury, organizador del “escuadrón” en Brasil, vino contratado dos meses a nuestro país. Hubo policías que no quisieron creer cuando sus propios compañeros los metieron presos como miembros del “escuadrón”.

Algunos se “fugaron” misteriosamente y nunca más se supo. El jefe, Fleury, se curó en salud. Cuando lo amenazaron con 150 años de cárcel o pena de muerte, se limitó a decir: “Todo lo que hice fue por orden del general Ernani Airosa Da Silva, jefe del Estado Mayor del Segundo Ejército”. No se animaron a meterlo preso. Murió el 1º de mayo de 1979, a los 45 años. Según su esposa, se ahogó mientras estaba en su bote.

El escuadrón uruguayo

Los escuadrones de la muerte en Uruguay, también conocidos como Comandos Caza Tupamaros o Defensa Armada Nacionalista (DAN), fueron grupos parapoliciales de extrema derecha que operaron en Uruguay en las décadas de los años 1960 y 1970. Integraron un movimiento de contrainsurgencia conformado por civiles, militares y policías cuyo accionar tenía por objeto la represión de integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) por medio de atentados, secuestros, torturas y homicidios. Aunque no limitaron su accionar violento a guerrilleros, también realizaron atentados a abogados defensores de presos políticos y familiares de aquellos.

El vínculo de Miguel Sofía con la ultraderechista Juventud Uruguaya de Pie (JUP) y el Comando Caza Tupamaros quedó al descubierto a partir del testimonio de Nelson Bardesio, obtenido durante su secuestro por parte del MLN-T y su reclusión en la Cárcel del Pueblo. En su declaración -confirmada ante varios legisladores la noche en que fue liberado-, Bardesio identificó a Sofía como un joven de confianza del subsecretario del Interior de la época, Armando Acosta y Lara, que tenía acceso directo a las dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo y a las oficinas del personal estadounidense que colaboraba con esta en Uruguay, según publicó Brecha el 29 de agosto de 2008.

La JUP fue un movimiento estudiantil uruguayo, fundado en 1970, que nucleaba a jóvenes de diversas tendencias políticas y se disolvió en 1974.

En 2009, la Justicia uruguaya procesó al exfotógrafo policial Nelson Bardesio y al exagente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia Pedro Freitas por homicidio muy especialmente agravado. El entonces fiscal letrado en lo Penal de 1er Turno, Ricardo Perciballe, solicitó también el procesamiento y prisión de Miguel Antonio Sofía Abeleira por el delito de asociación para delinquir en calidad de autor en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de desaparición forzada y dos delitos de homicidio muy especialmente agravados en calidad de coautor.

El 24 de febrero de 1972, los tupamaros secuestraron a Nelson Bardesio, quien habría confesado en la Cárcel del Pueblo la existencia de una organización terrorista integrada por civiles, militares y policías responsable del secuestro y muerte de Abel Ayala, Manuel Ramos Filippini, Héctor Castagnetto e Íbero Gutiérrez. Bardesio habría sostenido que había recibido entrenamiento en Buenos Aires, mientras que otros miembros lo habían recibido en Brasil y que autoridades de ambos países habían provisto a los escuadrones de armas y explosivos. Habría confirmado que los escuadrones habían atentado con explosivos contra el domicilio de varios abogados defensores de presos políticos y realizado un secuestro extorsivo contra el abogado de una empresa textil. El testimonio más impactante de Bardesio habría sido su participación directa junto a otros integrantes de los escuadrones en el secuestro de Castagnetto y la revelación de que su cadáver había sido arrojado a la bahía de Montevideo.

El 14 de abril de 1972 los tupamaros asesinaron a Armando Acosta y Lara, al subcomisario Óscar Delega, al agente Carlos Leites y al capitán de corbeta Ernesto Motto, todos acusados de pertenecer a los escuadrones de la muerte. Acosta y Lara estaba acusado de ser uno de los ideólogos.

Un documento desclasificado por el National Security Archive de Estados Unidos confirmó que en 1972 la embajada de ese país en Uruguay creía en la existencia de los escuadrones de la muerte. Para la diplomacia estadounidense de la época, los homicidios de los jóvenes Abel Ayala, Héctor Castagnetto, Manuel Ramos Filippini e Íbero Gutiérrez fueron obra de los escuadrones de la muerte.



Charles Adair

Documentos desclasificados de Estados Unidos permitieron conocer un informe confidencial del embajador estadounidense en Uruguay, Charles Adair, enviado al Departamento de Estado en febrero de 1972. En él se adjudica al expresidente Jorge Batlle la idea de crear un grupo pequeño, secreto e ilegal, que combatiera a los tupamaros “en sus propios términos”. El documento, obtenido por el investigador Carlos Osorio en el Archivo Nacional de Estados Unidos, es una síntesis del embajador Adair de una serie de conversaciones que funcionarios de la embajada tuvieron con Batlle, el senador Eduardo Paz Aguirre, el administrador del diario Acción, Enrique Piqué, y el politólogo Ulyses Graceras. Luego señalaba las características del presidente electo, Juan María Bordaberry, quien asumiría semanas después, el 1º de marzo de 1972.

El informe de Adair analizó las consecuencias del reciente resultado electoral antes de referirse al “terrorismo”. “Tal como en previas conversaciones con nosotros, Batlle repitió que está a favor de atacar el problema terrorista con un grupo nuevo, pequeño y secreto que lucharía contra los tupamaros en sus propios términos. Dijo que un grupo tal tendría que ser formado fuera de las autoridades constituidas legalmente”, concluyó el embajador en su informe. Sin embargo, al Escuadrón de la Muerte se le atribuyen, al menos, la desaparición de Abel Ayala, el 17 de julio de 1971, el asesinato de Manuel Ramos Filippini, secuestrado el 31 de julio de 1971, el asesinato de Héctor Castagnetto Da Rosa, el 18 de agosto de 1971 y el asesinato de Íbero Gutiérrez, el 28 de febrero de 1972.

fuente de  caras y caretas