La ausencia del Estado uruguayo en la audiencia ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) dedicada a tratar los obstáculos para que avancen los procesos por crímenes de lesa humanidad el pasado jueves, sorprendió e indignó a todos.
El coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera dijo a Sputnik que “el Estado dijo que no podía concurrir y entregó un documento, la CIDH nos dio una copia, en el que dice que acepta la convocatoria a dialogar pero no viene; como uruguayo siento vergüenza ajena de que no haya venido”.
Por su parte el coordinador del Grupo de Verdad y Justicia, creado por el Gobierno de Tabaré Vázquez para investigar casos de lesa humanidad, Felipe Michelini dijo que los miembros del Grupo de Verdad y Justicia suelen asesorar al Gobierno “pero en este caso no fueron consultados si había que concurrir o no a la audiencia con la CIDH”.
Desde la CIDH lamentaron la ausencia del Estado uruguayo y la catalogaron de penosa. En el cierre de las audiencias en Buenos Aires, celebrada este sábado los representantes de la CIDH manifestaron su “desazón” ante la ausencia del Estado uruguayo.
El comisionado Francisco Eguiguren, presidente de la comisión, lamentó la falta, pero aseguró que “el gran objetivo de la audiencia”, que es escuchar lo que ocurre en un país, “se cumplió”. En conversación con Página12 Eguiguren dijo que “es la primera vez que el país (Uruguay) se ausenta, esperamos que en transcurso de los días nos llegue una explicación más precisa de lo que ocurrió. Quizá fue un contratiempo, no lo sabemos, necesitamos más detalles”.
“Lamentamos que no haya concurrido el Estado uruguayo porque no hubo diálogo pero se remitirá toda información recibida”, manifestó el comisionado José de Jesús Orozco, quien advirtió que lo expuesto por la sociedad civil uruguaya era “grave”.
“La afrenta a los derechos humanos es grave, compartimos la preocupación ya que las amenazas atentan contra la eficacia de obtener justicia en Uruguay”, afirmó.
Orozco en ese sentido consideró que la ausencia del estado uruguayo el jueves no hace más que dificultar de manera severa con el cumplimiento del mandato de velar y proteger los Derechos Humanos.
La audiencia y las amenazas
Olivera detalló que ante la ausencia del Estado uruguayo los comisionados de la CIDH solicitaron al Observatorio mantener un diálogo abierto para seguir tratando los temas de derechos humanos en Uruguay, en ese sentido detalló: “tuvimos una reunión con los expertos de medidas cautelares por el tema de las amenazas, nos plantearon los protocolos que tienen, quedamos en analizarlos como para aplicarlos también en Uruguay”.
Mientras que el Observatorio por su parte presentó “un diagnóstico sobre las amenazas y (expuso) que las causas judiciales no avanzan; sobre esos temas teníamos que dialogar, pero con un documento donde nos hacen un relato de las cosas que supuestamente han hecho o que están haciendo, no se solucionan”.
En la audiencia, a la que faltó el Estado uruguayo, se expusieron las amenazas proferidas por un supuesto “comando Barneix” en febrero pasado a un grupo de 13 personas, entre las que estaban el ministro de Defensa, el fiscal de Corte, jueces, fiscales y representantes de organizaciones de derechos humanos, entre ellos representantes del Observatorio.
El general retirado Pedro Barneix fue director de Inteligencia Militar durante la Presidencia de Jorge Batlle (2000-2005), y en el primer Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) integró una comisión para investigar desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura. Barneix se suicidó en septiembre de 2015 cuando se enteró de que había sido procesado por la justicia penal por la muerte en torturas del militante comunista Aldo Perrini en 1974.
La amenaza del “comando Barneix” no fue la única sobre investigadores de crímenes de lesa humanidad en Uruguay. En 2016 hubo un robo al laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF), que investiga sobre detenidos-desaparecidos en el marco del convenio entre la Universidad de la República y la Presidencia de la República”, en el que además de llevarse un disco duro con información los asaltantes marcaron en un mapa los domicilios de los antropólogos forenses que llevan adelante el trabajo, lo que fue tomado como una clara señal de amenaza.
Para Olivera ese tipo de situaciones entorpecen las investigaciones en casos de lesa humanidad y puso como ejemplo el caso que a una de las colaboradoras del Observatorio, “la doctora Francesca Lessa, que la Universidad de Oxford para la que trabaja no la autoriza a quedarse en Uruguay por la amenaza”.
Lessa es una doctora en ciencia política italiana que llegó a Uruguay como consultora académica del Observatorio en un proyecto patrocinado por la Universidad de Oxford y la Comisión Europea sobre la Operación Cóndor, el plan de coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80.
La doctora italiana contó Sputnik que por las amenazas del comando Barneix recibió la recomendación de no volver a Uruguay, primero de la embajada de Italia en Uruguay y luego de la Universidad de Oxford. La Universidad tomó como propia la recomendación de la embajada “después de consultar a la representación diplomática y a asesores de seguridad que ellos tienen”, explicó Lessa.
Michelini por su parte manifestó sobre el supuesto comando Barneix que: “a nosotros no nos ha entorpecido en nada, eso fue a un conjunto de ciudadanos, pero no pasó más que de un correo electrónico, qué nivel de importancia se le da es un tema subjetivo”.
Mientras que sobre las amenazas a los antropólogos aseguró que “se tomaron todos los recaudos para que no se obstaculizaran los trabajos y logramos mantener los servicios”.
Agregó que “se les puso en un lugar adecuado con seguridad permanente, también se hizo una investigación judicial y administrativa” que, sin embargo, no arrojó ningún resultado. “No hay forma, se interrogó a todas las personas, pero no hay cámaras, no hay huellas”, justificó.
FUENTES DE LA RED 21
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