En una columna de esta semana, el periodista de El Observador Gabriel Pereyra acusó a la fiscal Stella Llorente de actuar con desgano cuando se trata de investigar las denuncias hechas en el libro de María Urruzola contra los tupamaros, y con ensañamiento cuando se trata de perseguir al hombre que los tupamaros consideran el principal traidor de esa organización, Héctor Amodio Pérez. El señalamiento de Pereyra contra Llorente es gratuito porque no tiene un solo elemento para abonar la denuncia ni leyó los expedientes ni conoce el trabajo de la fiscal, pero cumple con el propósito de poner en duda la independencia del Ministerio Público, al menos cuando resuelve en contra de su interés u opinión. Otros periodistas, dentro de ese grupo de abanderados en la lucha contra el Movimiento de Liberación Nacional, tanto de izquierda –presunta– como de derecha, habían hecho comentarios en igual sentido. Gerardo Sotelo, por ejemplo, publicó un tuit en su cuenta cuando el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió el libro a Llorente más o menos en el mismo tono que Pereyra, pero con el agravante del apriorismo.
En este caso, la batalla de estos periodistas por mantener en el tapete la escandalosa denuncia de una tupabanda que se habría robado 25 millones de dólares para financiar al MLN y el MPP, ha concluido. El libro de Urruzola contra Huidobro podrá haberle reportado algún beneficio económico a costa de un gran desprestigio humano, pero no tendrá ninguna consecuencia política y, mucho menos, judicial. Sin embargo, no debe ignorarse que en el propósito de destruir la potencia electoral de la figura José Mujica, terminar con la mística de los exguerrilleros y contribuir a la derrota de la izquierda, los conjurados no tienen ningún problema en horadar la confianza en la Justicia acusando a sus actores de actuar en connivencia.
No creo que haya intocables. Me parece razonable que cualquiera pueda opinar sobre el desempeño de cualquier poder del Estado y sus integrantes. Pero, dicho esto, no se me escapa que si las principales plumas de los diarios más grandes se enfocan en dañar el prestigio de una fiscal porque no se pronuncia de acuerdo a lo que esos medios quieren, a la vez de sembrar dudas sobre una persona que no tiene ningún poder especial ni político que no emane de una función técnica para la que seguramente concursó, puede provocar en otros fiscales y actores del Poder Judicial preocupación, cuando no directamente temor.
Como los tiempos que vienen indican que la oposición –carente de un proyecto político confesable y, además, dividida, salvo en su objetivo de desplazar al Frente Amplio– va a insistir por el camino de la denuncia y la judicialización de lucha política, resulta muy importante que los operadores judiciales, sean fiscales o jueces, puedan desarrollar su trabajo sin miedo a la represalia que excede la crítica técnica o filosófica y se sitúa en la acusación de parcialidad, falta de independencia o connivencia.
¿Qué sugieren Sotelo y Pereyra? ¿Que la fiscal Llorente está protegiendo indebidamente a los líderes tupamaros? ¿Que es cómplice de esos supuestos delitos? ¿Que prevaricó en el caso Amodio? ¿Que se puso de acuerdo con Mujica? ¿Que va en un porcentaje del presunto botín? ¿Que es una infiltrada del MLN en el Ministerio Público? ¿Tienen Sotelo y Pereyra pruebas y argumentos para sostener esto o participan de una operación enchastre nomás? Sin pruebas y ¿gratuita?
Por ejemplo, estoy convencido de que el libro de María Urruzola fue un encargo. No es nada extraordinario. Cada tanto salen cosas así. Periodismo por encargo. Funciona igual que el sicariato. No hay nada personal, aunque mejor aun si el sicario le tiene ganas al blanco. Como aquel trabajo hecho por Leonardo Haberkorn y Luciano Álvarez sobre Víctor Hugo Morales, justo cuando Víctor Hugo era la voz periodística más importante en Argentina contra el grupo Clarín. Un encargo. Pero, además, mucha envidia. El asunto de Amodio fue otro encargo. Pero salió mal. Amodio les debería pedir compensación. Porque lo embarcaron en una resurrección heroica y terminó tan execrado como antes, pero, además, preso. Las entrevistas que le hicieron, su retorno, el libro: un encargo.
Esta nueva opereta también salió mal. Sin embargo, no será la última. Quizá por eso, desde los medios del poder económico comienzan a operar sobre los integrantes del sistema judicial. Señalan fiscales. Señalan jueces. Preparan el terreno para nuevas operaciones. El objetivo, no hay que olvidarlo, es derrotar a la izquierda. Y ya de paso, si lo consiguen, meter preso a algunos de sus dirigentes. Cada uno a su tiempo, no se salvará nadie de este tipo de operaciones, salvo que se cambien de bando y obtengan la bendición del poder y les lluevan las notas en la tele o en El País, como a Gonzalo Mujica o a los que hablen contra Venezuela.
Por Leandro Grille.
FUENTES DE CARAS Y CARETAS
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