La Facultad de Humanidades dio a conocer las conclusiones sobre la investigación al robo de los archivos del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF), sobre los desaparecidos en dictadura, accionar que tuvo como objetivo dar una señal no solo hacia el equipo de investigadores, sino también hacia quienes en ese momento aportaban información para intentar esclarecer los hechos ocurridos en la década del 70.
El Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación culminó con la investigación sobre el robo de material de archivo, relacionado con la búsqueda de detenidos – desaparecidos en dictadura, hecho que ocurrió el 28 de marzo pasado.
Entre las conclusiones, se consideran “agotados los esfuerzos y diligencias probatorias por la vía administrativa a nivel de la Facultad de Humanidades, en tanto que la “exhaustiva investigación administrativa realizada no permitió identificar la autoría del hurto”.
En otra parte de la resolución, se indica que “el acto delictivo perpetrado contra la institución y las amenazas personales a los antropólogos, pone en evidencia el compromiso y la importancia del esfuerzo desplegado durante más de una década por la Universidad de la República y sus equipos técnicos, en la búsqueda de la verdad y la justicia sobre los ciudadanos detenidos-desaparecidos y asesinados políticos durante la dictadura cívico-militar”.
El procedimiento
Con base al informe final, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, doctor Álvaro Rico, se refirió este martes a las conclusiones, en entrevista con “La tarde en casa”, de canal 10.
El decano de Humanidades expresó que “es altamente probable la participación de más de una persona en el robo, el cual contó con una adecuada planificación y conocimiento del espacio físico y de la seguridad interna del inmueble, de la disposición de los sensores de las alarmas y de las puertas rejas de acceso al laboratorio”.
Agregó que existía un “conocimiento de los horarios”, además su ejecución en plena Semana de Turismo “agrega la ausencia de personas en el laboratorio”.
Por lo cual, Rico aseguró que “no fue un hecho al azar o realizado por principiantes”.
“Esta es una de las conclusiones que quizás todos manejábamos, pero que el informe establece con propiedad”, remarcó.
En el informe se hace mención a la motivación del robo, el cual estuvo centrado en la tarea de “amedrentar” a los integrantes del equipo de Antropología Forense, ya sea por la vía de la “amenaza directa”, cuando dejaron en la oficina un mapa de la ciudad de Montevideo con la ubicación de las direcciones de los domicilios de los investigadores, lo que generó conmoción en los integrantes del equipo.
Por otro lado, también tenía como propósito “la obtención de información”. Aunque en el estudio se concluye que las pérdidas se “minimizaron” por cuanto se comprobó el respaldo de la información robada.
Rico expresó que quienes realizaron el hurto “no sabían qué tipo de información se encontraba en esos discos duros, la cual se refería a mapas, hipótesis de trabajo, informes y testimonios anónimos para alumbrar el trabajo y, por consiguiente, ello era un objetivo importante de quienes ingresaron al lugar”.
En el informe se establece que el hecho tuvo lugar en un momento propicio, porque se trabajaba en recabar información tanto por la vía de familiares que realizaron una campaña pública para que se acercara información de personas que tuvieran datos sobre la dictadura, así como también de parte de la Iglesia.
Por lo tanto, “el objetivo político, entre quienes hurtaron la información del GIAF, era dar una señal no solo hacia el equipo de investigadores, sino también hacia quienes aportaban información, es decir familiares, la Iglesias y el grupo Verdad y Justicia”.
Rico relató que el equipo de antropólogos no siempre realizó las pericias forenses en un local universitario, las que eran derivadas a otras dependencias del Estado.
De todos modos, en un determinado momento y por decisión judicial, “algunas pericias realizadas sobre los restos de detenidos desaparecidos y sobre cuerpos exhumados de ciudadanos uruguayos asesinados por razones políticas y responsabilidad del Estado, fueron derivadas al equipo de antropólogos forenses”.
Ante tales circunstancias, la Facultad “realizó un esfuerzo importante por dotar al grupo de un espacio, equipamiento de laboratorio y también de seguridad”.
El decano explicó que la alarma que se instaló en el lugar constaba de “seis sensores por infrarrojo, para detectar calor y desplazamientos”.
No obstante ello, reconoció que a raíz de una pericia que realizó la abogada instructora de la investigación, con “colchonetas de gomas y mamelucos de espuma plast”, demostró que “no se necesitaban elementos sofisticados para neutralizar las alarmas”.
“Fue una acción delictiva y amenazadora con efectos controlados por los propios autores. No fueron más allá del efecto que buscaban a través del amedrentamiento. Pudieron haber hecho más daño”, remarcó Rico.
También dijo que la acción insumió un tiempo de planificación y en el lugar mismo porque se tomaron el trabajo de ingresar mediante modalidades de “colgamiento desde la azotea a través de una ventana, neutralizando las alarmas y con llaves apropiadas para burlar al menos una de las puertas rejas”.
Con posterioridad, “trabajaron sobre las máquinas al punto tal que retiraron los discos duros y las dejaron armadas para que no se detectará de inmediato el hurto de la información”.
Todo ello pudo haberse llevado a cabo con el “apoyo, vinculación o conexión de una persona que tuviera un contacto previo con el espacio”.
Todas las comprobaciones o hipótesis que la abogada instructora planteó establecen que “la persona que ingresó, habría contado con información obtenida ya sea por la visita al lugar, porque el equipo recibía en el laboratorio a personas que quisieran brindar información y pudo haber recibido a un supuesto testigo calificado quien pudo “observar” el lugar. “Pero también por información aportada por quienes trabajamos en el edificio”.
La investigación no fue más allá, porque no pudo “individualizar en caso de que esta hipótesis se comprobara, quién o quiénes pudieron haber brindado esa información en forma intencional o ingenua, para que quienes operaron lo hicieran con conocimiento del espacio tiempo y la debida información.
FUENTES DE LA RED21
La dictadura en democracia
Quizá soy demasiado joven o demasiado ingenuo, pero la confirmación de la existencia de un aparato militar clandestino dedicado a espiar a políticos, sindicatos y militantes me resulta asombrosa y en extremo preocupante. No logro entender cómo un hecho de esta envergadura no fue un escándalo nacional.
La confirmación de la existencia de este aparato vino gracias a la investigación de un archivo incautado por la Justicia en la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni, vocero del Foro Libertad y Concordia, organización de militares retirados en defensa de los militares presos por los crímenes de la dictadura.
Pasando en limpio la información divulgada por la prensa (en especial por Brecha), por lo menos hasta 2009, militares partidarios de la dictadura espiaron a diferentes actores del sistema político, continuando con las prácticas de espionaje dictatoriales hasta muy bien entrada la democracia. Cuando los que somos críticos de la democracia uruguaya hablamos de las secuelas del autoritarismo no solemos pensar en cosas tan literales.
Este hecho es preocupante por muchas razones. En primer lugar, da escalofríos pensar para qué estos militares tenían montado este aparato. ¿Qué extorsiones, qué amenazas, qué tráficos de información habrán llevado a cabo? ¿Qué cambios en la trayectoria de discusiones y decisiones políticas habrán logrado estas operaciones? ¿Qué tanto las Fuerzas Armadas (FFAA) participaban (o participan) en estas actividades?
Las revelaciones del archivo Castiglioni nos dan una oportunidad de ver al “estado profundo” (deep state, en inglés), es decir, a las redes de tráfico de información, violencia y recursos que se dan en los bordes de lo estatal, y la medida en la que esas redes se interesan en (y operan sobre) los asuntos políticos civiles. Las consecuencias de la existencia de este tipo de redes para un régimen que se llama democrático no son nada menores, especialmente teniendo en cuenta que en Uruguay tenemos unas FFAA que nunca terminaron de romper con el legado de la dictadura. Cotidianamente los militares participan como grupo de interés en las discusiones políticas, como lo demuestran las disputas en torno a la reforma de la eternamente deficitaria Caja Militar. De hecho, el propio Estado legitima a los militares a erigirse como actores políticos, como lo demuestra su participación en el Diálogo Social y en otras instancias de este tipo.
El poder de los militares es un asunto que debería ser extremadamente sensible, especialmente en un país en el que la única “guerra” que pelearon sus FFAA en el último siglo fue contra su propia población, “guerra” cuya función fue ayudar a detener el avance de la izquierda en una América Latina convulsionada, en coordinación con los planes imperiales de Estados Unidos.
Conviene pensar, entonces, cuál es la función de las FFAA, aparte de reprimir a la población, apoyar imperialismos extranjeros y conspirar contra la democracia. Cuesta pensar que su participación en el Sistema Nacional de Emergencias no pudiera ser sustituida por un aparato civil, o que su colaboración con la Intendencia de Montevideo durante los paros de los recolectores de basura los haga realmente fundamentales, o que su función de “seguro de desempleo” en localidades remotas no pudiera ser suplido por una mejor seguridad social. ¿Es necesario tener una institución jerárquica, armada, aislada y conspiradora para cumplir estas funciones? ¿Es necesario que esa institución tenga su propio sistema de salud, educación y jubilaciones?
No se trata de difamar a los soldados, que viven una vida sacrificada y llena de privaciones. Mejor sería que como nación no pidiéramos ese sacrificio y esas privaciones a nadie, menos aun en tiempos de paz, y resulta irónico que quienes imponen este sacrificio a sus subalternos luego lo usen para legitimar otras facetas de la institución militar.
Ya se han comprobado en estos años casos escandalosos de corrupción en las FFAA, pero, si se comprobara que existe involucramiento militar en el aparato de espionaje revelado por los investigadores que trabajan con el archivo Castiglioni, estaríamos ante algo mucho más grave, que entra en el terreno de los crímenes contra el Estado y de la insubordinación militar hacia el poder civil.
Hay en la izquierda quienes están convencidos de que es necesario hacer política con los militares, pero me pregunto qué tipo de política es capaz de dialogar con este tipo de aparatos. Hay también quienes creen que la defensa nacional es un área importante de las políticas públicas, pero cuesta imaginarse a quién defenderían instituciones con la historia y las características de las FFAA uruguayas en caso de crisis. Si quisiéramos plantear algo así, sería necesaria una reforma militar mucho más profunda que la que actualmente se está intentando llevar a cabo y unas señales políticas mucho más fuertes que las medias tintas que escuchamos desde el gobierno ante noticias como estas.
Pienso, mientras escribo estas líneas, si como civil politizado tendría que tener miedo por escribirlas. Este pensamiento resume mejor que cualquier texto lo preocupante que es este tema.
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