Convulsionado internamente por el incremento de la violencia y debilitado internacionalmente por la crisis que desató contra México, Ecuador convoca a las urnas el próximo 21 de abril.
Más de 13 millones de electores deberán posicionarse el tercer domingo de abril sobre once puntos, seis de los cuales corresponden a una consulta popular y cinco a un referéndum. Estos últimos pueden provocar cambios o enmiendas en la constitución de ese país sudamericano.
Los temas a decidir se refieren, esencialmente, a cuestiones de seguridad, como la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de Policía Nacional; nueva legislación con respecto a las armas; duración de las condenas (especialmente ligadas a procesos jurídicos por terrorismo o narcotráfico) y expropiación por parte del Estado de bienes de origen ilícito, entre otras. Un punto propone la flexibilización del Código de Trabajo, introduciendo el valor contractual del “trabajo por horas”. Y otro, entremezclado en esa maraña de postulados diversos, pero de particular importancia, se refiere al sistema para dirimir los conflictos con empresas extranjeras: “¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?”. Pregunta nada banal en una nación en la mira de las multinacionales, principalmente las petroleras y las de recursos naturales.
