Dos meses de aborto legal
S贸lo el 30 por ciento de los ginec贸logos se declar贸 objetor de conciencia. En el primer mes, se hicieron m谩s de 200 interrupciones de embarazos. Las autoridades sanitarias apuntan a reducir el n煤mero de abortos.
Por Mariana Carbajal
Con un fuerte compromiso de las autoridades sanitarias y la resistencia de una minor铆a de m茅dicos, se aplica en Uruguay desde hace casi dos meses la ley que despenaliz贸 la interrupci贸n voluntaria del embarazo (IVE) en las primeras 12 semanas de gestaci贸n, con el requisito de seguir un procedimiento de consultas. Durante el primer mes, se realizaron m谩s de doscientos abortos. En ese lapso se registr贸 s贸lo una denuncia de mala praxis. Y s贸lo un 30 por ciento de los obstetras se declararon objetores de conciencia. Las autoridades sanitarias apuntan a “reducir la morbi-mortalidad materna pero, adem谩s, a que baje el n煤mero de abortos en base a que disminuya la necesidad de las mujeres de recurrir a la IVE”, dijo a P谩gina/12 el viceministro de Salud, Leonel Briozzo. “Est谩 demostrado que la despenalizaci贸n junto a las pol铆ticas educativas y las de anticoncepci贸n disminuyen el n煤mero de abortos”, destac贸 el funcionario.
“Como era de esperar, va a llevar tiempo que la burocracia de la salud se adapte a la aplicaci贸n de una ley tan compleja”, evalu贸 en di谩logo con este diario la ex diputada del Frente Amplio Margarita Percovich, reconocida por su activismo a favor de los derechos de las mujeres. Por un lado, explic贸, est谩n las resistencias de los t茅cnicos y m茅dicos que se autodenominan “pro-vida” que “se han escudado en la objeci贸n de conciencia”, y por otro lado, hay “muchos que est谩n molestos porque quer铆an cobrar la atenci贸n como acto m茅dico”. Alrededor de un 30 por ciento de los ginec贸logos invocaron la objeci贸n de conciencia para no cumplir con la ley, que entr贸 en vigencia el 3 de diciembre. Es decir, la amplia mayor铆a, 7 de cada 10 ginec贸logos asumieron el compromiso de aplicarla, de acuerdo con estimaciones oficiales.
El problema es que en algunos distritos, como Salto, han sido la totalidad de los ginec贸logos los que apelaron a esa figura para dar la espalda a las mujeres que necesitan un aborto. El tema preocupa al Ministerio de Salud P煤blica, que decidi贸 organizar en marzo un taller para informar y debatir sobre los alcances de la objeci贸n de conciencia. Tambi茅n se definir谩 si se resuelve que los m茅dicos objetores deban fundamentar por escrito esa posici贸n. “La discusi贸n actual se basa en el concepto de objeci贸n de conciencia ya que hay gran confusi贸n al respecto con otras conductas como la seudo objeci贸n, la objeci贸n m谩s por conveniencia que por conciencia y la desobediencia civil. El Ministerio de Salud P煤blica ha convocado a un taller de alto nivel con el Colegio M茅dico y la Universidad para generar insumos al respecto”, se帽al贸 a P谩gina/12 Leonel Briozzo, subsecretario de Salud P煤blica –segundo en la jerarqu铆a de la cartera sanitaria– y profesor titular de Cl铆nica Ginecotocol贸gica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Rep煤blica.
La ley fue aprobada por el Parlamento uruguayo en octubre, impulsada mayoritariamente por el Frente Amplio, que debi贸 aceptar que sea m谩s restrictiva de lo que pretend铆a el oficialismo para lograr los votos necesarios para su sanci贸n. La flamante norma despenaliz贸 el aborto en las primeras 12 semanas de gestaci贸n, siempre que la mujer siga con un laber铆ntico proceso de consulta, y hasta las 14 semanas si se trata de un embarazo producto de una violaci贸n. En las propias filas del FA hubo resistencias a apoyar la iniciativa. Apenas aprobada, desde sectores conservadores lanzaron una campa帽a de recolecci贸n de firmas para llamar a un refer茅ndum, con el objetivo de lograr su derogaci贸n. En ese contexto, entr贸 en vigor la ley el 3 de diciembre, luego de que el Ejecutivo la reglamentara y el Ministerio de Salud P煤blica elaborara un manual de procedimiento para las instituciones y los profesionales de la salud y una gu铆a t茅cnica para la atenci贸n de los abortos legales. Cuando est茅 en grave riesgo la vida de la mujer o el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, no habr谩 l铆mites para acceder a la interrupci贸n del embarazo. De esta forma, Uruguay se convirti贸 en el primer pa铆s de Sudam茅rica que despenaliza el aborto si la mujer cumple con un procedimiento establecido, que incluye la consulta a un equipo interdisciplinario que le ofrecer谩 alternativas al aborto, como la adopci贸n, y reflexionar su decisi贸n durante cinco d铆as que corren desde el momento que hace la primera consulta.
A pesar del auspicioso comienzo en su implementaci贸n, el Ministerio de Salud P煤blica enfrentar谩 una denuncia penal por un aborto que no pudo concretarse por presuntas fallas en la medicaci贸n suministrada. Una mujer que concurri贸 al hospital p煤blico de Las Piedras, en el departamento de Canelones, denunci贸 que solo le dieron una de las dos drogas indicadas, y que luego de que no le provocara la interrupci贸n del embarazo, no se le quiso practicar un legrado porque ya la gestaci贸n llevaba 13 semanas y el plazo que fija la ley para realizar el aborto es de 12. Por esa raz贸n, la mujer, identificada como Laura Galv谩n, anunci贸 que se presentar谩 en la Justicia para demandar a las autoridades sanitarias por presunta mala praxis. “A m铆 no me dan soluci贸n y por eso voy a hacer la denuncia penal. Lo que hicieron conmigo fue una mala praxis. Si me hubieran informado que si fracasaba se iban a lavar las manos, no tomo la medicaci贸n”, dijo Galv谩n al diario uruguayo El Observador. Consultado sobre este caso por P谩gina/12, el subsecretario de Salud dijo que “se est谩 investigando”, para deslindar responsabilidades y saber exactamente qu茅 pas贸. Las autoridades sanitarias solicitaron a la Administraci贸n de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) un sumario administrativo, para saber si la medicaci贸n fue dada correctamente, si se le indicaron los comprimidos en el momento adecuado, y de qui茅n es la responsabilidad, explic贸 la responsable del 谩rea de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud P煤blica, Leticia Rieppi.
Por otra parte, la Direcci贸n General de la Salud (Digesa) comenz贸 hace algunas semanas a hacer una “farmacovigilancia” sobre las drogas que se est谩n utilizando para interrumpir los embarazos. Rieppi explic贸 que se analiza la efectividad para la poblaci贸n, las posibles fallas que se puedan detectar y los efectos secundarios de la medicaci贸n. En dos meses estar谩n los primeros resultados.
Resistencias
Adem谩s de los ginec贸logos que alegan objeci贸n de conciencia por razones verdaderas y otros por cuestiones monetarias, hay un tercer factor que incide en la resistencia de algunos m茅dicos a aplicar la ley, seg煤n explic贸 la ex diputada Percovich. “Hay algunos, que pesan en las c谩tedras universitarias, que dicen que como la ley va en contra de la privacidad de la usuaria del servicio por tener que registrarse y tener que comparecer ante otros profesionales que no son ginec贸logos, tambi茅n se acogen a la objeci贸n de conciencia, aunque siempre estuvieron de acuerdo con despenalizar el aborto. El problema con estos m茅dicos es que no quieren que les digan ‘aborteros’ porque les pesa en el gremio m茅dico. Me dir谩 que es medieval, pero as铆 es nuestra atea Facultad de Medicina”, cont贸 a P谩gina/12 la dirigente del FA.
El proceso para acceder a la IVE, de acuerdo con la reglamentaci贸n, se inicia con la consulta al ginec贸logo en la que la mujer expresa su decisi贸n de interrumpir su embarazo. En un plazo no mayor a 24 horas, el centro de salud –p煤blico o privado– debe convocar al equipo multidisciplinario, establecido por la ley, para acompa帽ar a la mujer. La usuaria tiene que salir de la primera consulta con el d铆a, hora y lugar donde se realizar谩 la segunda. En la segunda consulta debe estar el ginec贸logo, un profesional del 谩rea de la salud mental y otro del 谩rea social. El segundo asesorar谩 en cuanto al mejor acompa帽amiento del proceso y el tercero respecto de las posibilidades de adopci贸n y planes sociales y de apoyo a las embarazadas, entre otros puntos. Estos profesionales nunca podr谩n emitir juicios de valor en busca de influir sobre la decisi贸n de la mujer. El plazo de cinco d铆as de reflexi贸n dispuesto por la ley corre desde la primera consulta. Cumplido ese per铆odo, la mujer vuelve a su ginec贸logo y ratifica o rectifica su decisi贸n. Si contin煤a con la voluntad de abortar, se firmar谩 el consentimiento informado y se proceder谩 a la realizaci贸n del aborto a trav茅s de los medicamentos indicados y de forma ambulatoria, con la excepci贸n de que la historia cl铆nica de la paciente requiera internaci贸n.
Percovich cont贸 que usuarias de los servicios de IVE han manifestado algunas maniobras en la atenci贸n para influir en su decisi贸n. “En muchos casos, cuando pasan por la ecograf铆a para confirmar el embarazo, las invitan a ‘o铆r los latidos’. Y les ponen caras cuando anuncian su decisi贸n de abortar. En un caso, el ginec贸logo le larg贸 una carcajada a una mujer. Otro problema es que el misoprostol no es eficiente en todos los casos. Falla para mi gusto en un porcentaje no menor. Y entonces tienen que hacerle raspaje. Y si la mujer se encuentra con un m茅dico reticente, se le complica. La otra es que se pase el plazo de 12 semanas”, describi贸 Percovich. Esta 煤ltima situaci贸n es la que denunci贸 la mujer que se atendi贸 en el hospital de Las Piedras, en Canelones.
La ex diputada destac贸 el trabajo llevado a cabo a帽os atr谩s por el doctor Briozzo, para montar equipos para la atenci贸n pre y post aborto en casi todos los departamentos (provincias) del pa铆s. “Ahora la situaci贸n se complica porque entran a jugar m谩s actores en el paso de la usuaria por el sistema de salud”, observ贸. No obstante, su evaluaci贸n en t茅rminos generales es positiva: “Que se hayan atendido unos doscientos abortos en el primer mes nos pareci贸 un buen comienzo. Esto va a ser una batalla permanente contra el poder m茅dico y con todos los conservadores de este pa铆s, que son muchos. Es interesante que el ministerio quiera definir en qu茅 consiste la objeci贸n de conciencia para que no la usen para evitar trabajar m谩s por el sueldo que ya cobran. Por supuesto, han armado un esc谩ndalo con eso algunos m茅dicos”, indic贸 Percovich.
Sobre la objeci贸n de conciencia y la intenci贸n del Ministerio de Salud P煤blica de clarificar su alcance, se pronunciaron algunos m茅dicos. Seg煤n public贸 el diario uruguayo El Pa铆s, un catedr谩tico, Justo Alonso, cuestion贸 que se deba fundamentar la objeci贸n y advirti贸 que sus colegas se sienten “presionados” para cumplir con la ley que despenaliza la interrupci贸n del embarazo. Y otro ex profesor universitario, Enrique Pons, fue en la misma l铆nea: dijo que “pedir explicaciones de la objeci贸n de conciencia a alguien es como preguntarle ¿por qu茅 cree usted en determinados lineamientos 茅ticos o en determinada religi贸n?”.
Finalmente, para Briozzo, m谩s all谩 de ciertas resistencias m茅dicas y de las caracter铆sticas propias de la ley, su implementaci贸n significa “un avance indudable en la concreci贸n de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres uruguayas y por tanto de toda la sociedad”. “Es una ley compleja, fruto de una negociaci贸n pol铆tica y es perfectible –como todas las leyes. Sin embargo, no ver las ventajas que esta nueva situaci贸n tiene para las mujeres, sobre todo las m谩s vulnerables, es un error estrat茅gico grave. El objetivo del gobierno es que se den las condiciones para las decisiones conscientes de las mujeres, de manera libre, responsable e informada. Desde la despenalizaci贸n hasta el programa Uruguay Crece Contigo –de apoyo a la maternidad y primera infancia en sectores vulnerables–, la matriz es la misma. Buscamos reducir la morbi-mortalidad materna pero adem谩s disminuir el n煤mero de abortos en base a que disminuya la necesidad de las mujeres de recurrir a la IVE. Est谩 demostrado que la despenalizaci贸n junto a las pol铆ticas educativas y las de anticoncepci贸n disminuyen el n煤mero de abortos”, concluy贸 el funcionario.
Fuente:http: //www.pagina12.com.ar/diario
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