Esta consigna es la que mejor se adapta a los tiempos que corren. En plena consolidación de una hegemonía conservadora en el campo de la seguridad y de un populismo penal “desde arriba”, el “no a la baja” constituye una negación afirmativa, un acto de resistencia y un enorme desafío ante fuerzas mucho más poderosas. Obliga a desarrollar argumentos y a encarar una acción política común orientada por objetivos pedagógicos. Como bien saben los psicólogos, un no a tiempo se agradece en el futuro. Como bien sabemos por la historia política y social, la ciudadanía y la libertad también se han forjado a través de la resistencia creadora. El plebiscito del 80 -y su inolvidable No- es el ejemplo más aleccionador. El avance punitivo y la “ilusión represiva” no tienen dos días en nuestra sociedad. El proceso ha sido estudiado con profundidad, aquí y en toda América Latina.
Desde hace casi treinta años hemos encarado las políticas de seguridad con el expediente de la ley penal, y en el último tiempo con el empoderamiento de la policía. El acceso de la izquierda en muchos países de la región inicialmente ha contenido estas tendencias (en nuestro país, entre 2005 y 2009 no hubo aumento de la punitividad más allá de las claras demandas), aunque luego ha sido arrastrada por las mismas. El repertorio universal se integra con nuevos delitos, aumento de penas, reducción de la edad de imputabilidad, sacralización de la víctima, incrementos presupuestales para la policía, fascinación por la incorporación de tecnología y construcción de nuevas cárceles. La realidad uruguaya tiene sus particularidades, y es muy probable que este populismo penal “desde arriba” haya tenido una expresión menos salvaje que en otros países de la región. Sin embargo, no parece ser el caso de la imputabilidad penal de los adolescentes, asunto que lleva más de un siglo de discusión. Los argumentos se han repetido no importa el contexto. Las resistencias también han sido importantes, aunque a veces se han tenido que pagar algunos costos.
En este presente de crecimiento y desarrollo, aunque con importantes niveles de deuda social y con nuevas y viejas desigualdades, los discursos y las sensibilidades en torno a la seguridad han sufrido transformaciones de entidad. Cada vez son más evidentes las claudicaciones, y mientras aumentan las probabilidades de ser derrotados por este proyecto de la derecha, hemos sucumbido a la insólita estrategia de retrocesos por izquierda.
El “no a la baja” es una consigna que no se negocia. Hace pocas semanas atrás, la Universidad de la República publicó un documento sintético y revelador. Vale la pena hacer foco en sus principales argumentos.[1]
1. Las acciones llevadas a cabo durante la adolescencia suponen procesos psicosociales muy diferentes a los que se producen en el sujeto adulto, y en ese sentido carece de todo fundamento señalar que los adolescentes de hoy en día “maduran” más tempranamente: “una acción temeraria o lesiva de un adolescente no debe confundirse con una maduración precoz” (página 5).
2. Los cambios sociales y económicos de las últimas décadas han generado fragmentación y desigualdades. En ese contexto, los niños, niñas y adolescentes han sufrido la peor parte: “mientras nuestros adolescentes y jóvenes se han transformado desde hace tiempo en el blanco privilegiado de los procesos de judicialización y criminalización, no debería perderse de vista que ellos constituyen el segmento etario más desfavorecido del país” (página 7).
3. Desde siempre, la infracción adolescente ha sido sobredimensionada, en particular por discursos institucionales específicos (mediáticos, políticos, policiales, judiciales) y a partir de un uso arbitrario de la información oficial sin ningún sustento técnico: “a pesar de las informaciones que han circulado en el debate público, no hay forma de saber con exactitud el peso real de los adolescentes en el total de delitos que ocurren en el país. Esto es muy evidente para el caso de las denuncias de hurtos y rapiñas, cuyos niveles de ambigüedad e imprecisión hacen imposible acercarse a un dato cierto” (página 9).
4. No es verdad que los menores de 18 años sean impunes, ya que existe un Código de la Niñez y la Adolescencia que impone medidas (incluyendo la privación de libertad) con una fuerte orientación socioeducativa. En ese sentido, “el punto neurálgico que debemos definir es si ofrecemos a través de esa sanción un abordaje educativo de la misma o renunciamos a ello, relegándolos prematuramente a una adultez para la cual no les hemos proporcionado los cuidados ni el tiempo necesarios que se requiere para su adquisición” (página 10).
Sin embargo, todos estos argumentos tienen que ser interpretados en el contexto actual de las políticas de seguridad y de los sentimientos colectivos de inseguridad. La consigna de “no a la baja” debe insertarse en un proceso mayor de resistencia a las tendencias punitivas.
Mal que nos pese, tenemos que hacer referencia a las recientes declaraciones del Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al semanario Brecha, celebradas con bombos y platillos por la derecha. El Ministro señala su preocupación por el 40% de votantes del Frente Amplio que están a favor de bajar la edad de imputabilidad penal (“ese sector no está teniendo una respuesta clara”). Compartimos la misma preocupación. Y alguna otra también: por ejemplo, el rechazo y la disconformidad de miles y miles de frenteamplistas con los discursos y las prácticas de la actual política de seguridad. ¿Cuánto están incidiendo los resultados de esta política en el actual estancamiento electoral del Frente Amplio?
El Ministro insiste con el aumento de la proporción de la participación de menores en delitos, en especial en hurtos y rapiñas. La afirmación, una vez más, se realiza sin ningún sustento probatorio. Se sabe, aquí y en todas partes, que el delito contra la propiedad es un delito adolescente y juvenil. La curva de edad (se llega a un máximo entre los 17 y los 18 años y luego comienza un declive pronunciado) es una de las pocas evidencias aceptadas en la criminología, al punto de cuestionar severamente la generalización sobre las “carreras criminales”.
Pero hay otras afirmaciones inquietantes: según el Ministro, no hay necesidad de decirle no a la baja, “porque ya estamos por debajo de la baja”. Que me auxilien los abogados penalistas, pero hasta donde yo sé la propuesta que se va a plebiscitar es radicalmente diferente al actual sistema de responsabilidad ante las infracciones cometidas, más allá que el sistema funcione con pretensión de castigo antes que con propósitos socioeducativos. Que me auxilien los compañeros del Frente Amplio, pero el argumento de la responsabilidad actual desde los 13 años se ha manejado -y se maneja- hasta el cansancio.
Por fin, según el Ministro, para tranquilizar a ese 40% atormentado por la delincuencia juvenil la mejor estrategia es aumentar las penas dentro del ordenamiento actual y apelar a la “rehabilitación”. Ignoro si finalmente ese 40% entenderá lo que se quiere hacer. Lo que no tengo dudas es que esta opción es tan nefasta como la que propone la derecha.
Estas declaraciones son un golpe artero a la campaña. Con la excusa de los “errores de comunicación” se pretende una reapropiación de las cuestiones sustantivas, una vez más abonando la lógica de un populismo penal “desde arriba”. En el momento en que todo el Frente Amplio había acordado una estrategia común, que las encuestas mostraban un importante descenso en el apoyo al plebiscito, que el arzobispo de Montevideo salió al ruedo con posiciones valientes, que la experiencia “rehabilitadora” del SIRPA recibió graves cuestionamientos, que la única evidencia cierta (la del peso de los adolescentes en los homicidios) atemperaba la demagogia circundante y que aparecían nuevas voces y alianzas, la postura del Ministro del Interior constituye un obstáculo deliberado y debería desatar un enérgico rechazo.
El “no a la baja” supone compromisos exigentes. Hay que seguir batallando con la misma convicción para que el plebiscito de octubre no prospere. De la misma forma, hay que promover nuevas alianzas políticas, sociales y académicas que consoliden una plataforma de acción que vaya en dirección contraria al manido recurso de la solución penal y alienten versiones renovadas en materia de convivencia y seguridad. No sabemos qué pasará en octubre. El escenario es muy complejo. Tal vez podamos salir airosos del trance. Lo que no nos podemos permitir es ser derrotados por nosotros mismos.
[1] “La Universidad de la República y el debate público sobre la imputabilidad penal para los adolescentes”, Montevideo, abril de 2014.
Tomado de: RFU
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