Habrá que esperar hasta el 9 de agosto para conocer los fundamentos de la sentencia que el viernes 27 condenó al ex militar uruguayo Manuel Cordero a 25 años de prisión. La decisión la tomó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de la capital argentina, integrado por los jueces Oscar Amirante, Adrián Grünberg, Pablo Laufer y el juez sustituto Ricardo Basílico. El ex militar estaba requerido por la Justicia uruguaya por “privación de libertad y asociación para delinquir” por el secuestro y desaparición de Adalberto Soba y otros 27 uruguayos en 1976, y por la de Argentina por la causa Plan Cóndor. Estuvo prófugo en Santa Ana do Livramento, en la frontera con Brasil, hasta que en febrero de 2007 fue detenido por la Policía Federal de ese país. Sin embargo, la extradición a la vecina orilla se concretó recién en 2010.
El viernes, el punto 32 del veredicto condenó a Cordero “por considerarlo partícipe necesario penalmente responsable del delito de privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público en abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, reiterado en 11 oportunidades en perjuicio” de Washington Cram, Alberto Mechoso, León Duarte, Ruben Prieto, Ary Cabrera, Adalberto Soba, José Méndez, Francisco Candia, María Emilia Islas Gatti, Jorge Zaffaroni y María Claudia García de Gelman, “a la pena de 25 años de prisión”. El tribunal también condenó a otros 14 acusados argentinos a penas de entre ocho y 25 años. El último punto de la sentencia indicó informar a la embajada uruguaya sobre la nueva situación judicial de Cordero. Según pudo saber la diaria, será recluido en un pabellón especial para condenados por delitos de lesa humanidad, en el Penal de Carlos Paz.
Es la primera vez que la Justicia reconoce que la Operación Cóndor fue una asociación ilícita de coordinación represiva de seis países. Y es la primera vez, también, que un juicio de estas características trasciende las fronteras. “Todo el proceso puede ser pensado en términos de justicia universal”, dijo a la diaria la abogada querellante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Luz Palmás Zaldúa.
De las 105 personas cuyas desapariciones fueron investigadas en la causa, la mayoría (45) son uruguayas. El resto eran chilenos (22), paraguayos (13) bolivianos (11) y argentinos (14).
La periodista Ivonne Trías escuchó el fallo junto al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani. Trías había declarado en 2013 por la desa- parición de su hermana Cecilia, su cuñado Washington Cram y su esposo, Carlos Rodríguez Mercader. “Vine como testigo de la causa y como familiar. Además, yo a Cordero lo conozco desde 1972, cuando estuve presa en el cuartel donde él estaba. Lo vi actuar en una cantidad de casos en Uruguay y después en 1975 con uruguayos que viajaban a Argentina. En esta causa se trabajó exhaustivamente y de forma internacional. La prueba de los documentos fue contundente. Va a sentar un precedente”, dijo Trías.
Otro que estuvo presente fue el chileno Anatole Julien, quien, junto a su hermana Victoria, fueron los primeros nietos localizados por Abuelas de Plaza de Mayo. “Tenía muchas expectativas, y esto es un triunfo. Pero no en términos de un bando, sino que lo veo como un hito histórico, porque va a quedar asentado sí o sí, y es algo que yo le alabo al pueblo argentino, porque es en el único país donde se está haciendo justicia de forma sistemática. Es un megajuicio, un trabajo impresionante. Un tribunal acaba de asentar la complicidad de las dictaduras del sur para sustraer infantes como botín de guerra, para torturar, asesinar y además sustraer bienes materiales de las víctimas”, dijo a la diaria.
Por si no alcanzan 25
El abogado Pablo Chargoñia opinó que el fallo dado a conocer el viernes “es trascendente” porque “ratifica lo que las organizaciones de derechos humanos han denunciado desde hace años acerca de la coordinación represiva internacional conocida como Plan Cóndor”. “Es importante, además, porque puede significar un ejemplo a seguir en otros sistemas judiciales, como el uruguayo, respecto de la noción de acciones penales imprescriptibles de la naturaleza del crimen de lesa humanidad, y colabora con información que puede nutrir a las causas que se están siguiendo en el Uruguay”, añadió. Chargoñia explicó que “todo avance que se da en la Justicia argentina contribuye a aportar información en los juicios en Uruguay”, ya que los abogados suelen pedir a los jueces que oficien en la Justicia de aquel país “esclarecer la participación de agentes del Estado uruguayo en territorio argentino”.
El abogado precisó que en 2006, cuando el juez Luis Charles procesó por primera vez a militares y policías uruguayos por delitos de lesa humanidad, “lo hizo también suponiendo la existencia de una coordinación internacional represiva: agentes del Estado uruguayo actuaban en Argentina, con una participación necesaria de agentes del Estado argentino”.
La hija de María Claudia García de Gelman, la diputada del Frente Amplio Macarena Gelman, que estuvo presente en la lectura de la sentencia, dijo a Página 12 que las condenas fueron “satisfactorias” y que “tienen, además, la particularidad de que incluyen al primer uruguayo condenado por el caso” de su madre, lo cual la hace “pensar en Uruguay”. “Sentir que se cierra un capítulo es difícil de decir o sentir, por la fragmentación de las causas, pero había una expectativa muy concreta, que era la sentencia a Cordero”, concluyó.
Por su parte, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, Raúl Olivera, expresó que aún falta algo “sustancial”, que es conocer “los fundamentos” del veredicto. En referencia a las condenas, dijo que se trata de un resultado “alentador”, porque es “una causa que llevaba muchos años”. “Se cumplió un ciclo importante, y aspiramos a que el fallo y la manera en que se investigó sean un ejemplo para otros sistemas judiciales que en América tienen dificultades, en particular el caso de Uruguay”, agregó.
Olivera recordó que Cordero fue condenado sólo por 11 casos, y “no se le pudieron imputar” otros en los que también está vinculado. Opinó que Uruguay debería pedir la extradición del ex militar “por aquellos delitos que no asumió la Justicia argentina”, y recordó que además de tener un proceso por la causa Automotores Orletti, es acusado también en la causa iniciada en 2011 por 28 mujeres que denunciaron ser víctimas de tortura y violencia sexual en centros de detención de la dictadura.
Ana Fornaro y Luis Rómboli
FUENTES DE LA DIARIA
Sería un macanazo inconmensurable. Que quede en cana donde está, en Argentina y cárcel común. Acá, en Uruguay, el P.J., caracterizado por su "liviandad" en el castigo, sería capaz de declararlo inocente y entre tanto, permitirle como a Gavazzo visitas a familiares. No cometer tonterías, que ya fueron muchas.
ResponderEliminar