-- Entrevista a Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos- Desaparecidos
Liberarce: ¿Qué respuestas viene teniendo la campaña lanzada a la sociedad por Madres y Familiares para aportar datos acerca del destino de los compañeros?
Elena Zaffaroni: Para la búsqueda de los restos de nuestros familiares, nos está faltando información. Información concreta, que proviene de un lado, que es de militares, de soldados, de familiares de esos soldados, de amigos que hayan escuchado, o tenido de alguna manera, una información directa o indirecta. Aunque sabemos que tiene que venir de ahí, aunque pedimos que el estado exija a los funcionarios información, nosotros siempre nos apoyamos en la sociedad, en la gente, que así nos han aportado la información que tenemos sobre los desaparecidos. Ha sido en realidad, de sus propios compañeros de detención, de secuestro. En todos estos años, las causas judiciales se siguieron apoyando en la información de nosotros y de la ciudadanía. El estado sigue en falta, y sigue debiéndonos a todos el aporte de una información de calidad. En todos estos años, ni que hablar que se avanzó, se mejoró en muchos aspectos, se abrieron muchas cosas, pero la fuente siempre de esos datos proviene de las víctimas. No ha habido cambios sustanciales en eso.
L: ¿En dónde se vienen recibiendo los datos?
E.Z.: La campaña la recibimos por el 0800 9942. O acá, en la sede nuestra. O, que la acerquen a cualquier organización de derechos humanos. Esa campaña también la apoyaron las distintas iglesias. Se reciben muchas llamadas. Eso lo trabajan compañeros nuestros, y se aportan todos esos datos al GIAF, y se van chequeando. No es que sea mucha información de calidad, pero se sigue con información coincidente. Así, es que se retomaron las excavaciones en La Montañesa, Canelones, la Base Anti – área. Se decidió a fin de año retomar ese lugar. Es el equipo de antropólogos el que decide si hay mérito realmente para empezar una excavación. Nosotros aportamos todo lo que tenemos, y ellos van determinando. Comenzaron eso, que todavía están en obras, porque las lluvias atrasaron. Es una zona que no es muy grande la que delimitan estos testimonios.
L: ¿Cómo viene funcionando el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia?
E.Z.: Este diseño, lo armó el Presidente Tabaré Vázquez, con una diferencia con lo anterior, con la Secretaría para el pasado reciente anterior. Este grupo de trabajo es honorario, que fueron asignados en relación profunda con el tema, como Macarena Gelman, como Felipe Michelini, como el Pastor Ademar Olivera que está por Serpaj, un representante por Familiares, entre otros. Es independiente del Poder Ejecutivo, de su conducción, hay libertad de armar. Es de las mejores propuestas que ha habido de trabajo, en el sentido de independizar un grupo de gente. Tiene autonomía, está funcionando con autonomía, sin autonomía económica. La parte económica la maneja presidencia. Se ha plantado como un grupo de trabajo. Por esa misma conformación dispar, va lento. Ha sido lento concretar el plan de trabajo, esa es la parte difícil. Es un grupo que está abierto a propuestas. Nosotros hemos hecho propuestas, otras organizaciones de derechos humanos también. Nosotros tenemos los mismos ejes, acceder a mejor información, a nuevos archivos, más específicos. Se hacen convenios de trabajo con el Ministerio de Defensa, con la Universidad de la República. Cualquier persona va y pide información, y se la dan. Se están organizando los archivos mejor que como estaban los archivos que se desclasificaron, de las fichas de los desaparecidos, del archivo que se consigue con Azucena Berruti cuando era ministra. Este archivo se digitalizó, y con mucha de esta información Álvaro Ricco armó los tomos de la información histórica. Esa información se está utilizando en los juicios, en el juicio de Jorge Troccoli en Italia. El acceso tiene que ser libre para todas las causas judiciales. Esto permite que la gente vaya, que se seleccione la información. Pero, la lentitud no tiene tanto que ver con el grupo de trabajo, sino con la voluntad política.
L: Con respecto a los hechos recientes en el Grupo de Investigación en Antropología Forense dependiente de la Facultad de Humanidades, en donde fueron robados materiales acerca de la búsqueda de detenidos – desaparecidos, y se dejaron amenazas a todo el equipo universitario que está trabajando en el tema ¿Cómo lo ven? ¿En qué está el tema a nivel judicial?
E.Z.: Está el tema en la justicia. Desde el principio, nosotros manifestamos la enorme preocupación por los hechos. Lo vemos totalmente vinculado a la interferencia que los grupos históricos militares que están atrás, y que fueron ejecutores de esta política de persecución, de terrorismo de estado que padeció el Uruguay, que siguen enquistados en nuestra sociedad. Está la mano de esa gente, de esa filosofía, operando en esto, y en muchas otras cosas que sucedieron. De amenazas, que van un poco más allá, de robos, de robos de computadoras. De interceptar abogados. O cuando sacaron los restos del Maestro Julio Castro, motos que interceptaron al auto oficial que llevaba los restos, amenazas. Eso, ha sido una constante, de la que no teníamos total claridad de que eran tantos hechos. Hubo gente que denunció en su momento, como la fiscal Mirtha Guianze. Muchos otros no hicieron las denuncias.
L: ¿En qué afectó el robo específicamente la investigación?
E.Z.: Totalmente. No afectó en cuanto al material, en el sentido que el material tiene respaldo, no se perdió material. Pero sí afectó la amenaza al equipo, que le hacen haciendo redondeles alrededor de las caras de todos. Donde estaba marcado donde vivían. Con la jueza, que sigue citando al mismo equipo, siguen siendo citados como indagados. A pesar, que nosotros nos reunimos con el Ministro del Interior y el jefe de investigaciones, y nos dijeron que era lógico que comiencen citándolos, pero que no tenían ningún tipo de sospecha. Que esto era externo, que tenían la misma preocupación que nosotros, que pensaban que venía de estos mismos “nostálgicos”. El juicio sigue, están en investigaciones, hay secreto de sumario, pero no vemos avance, y vemos que a los que siguen investigando son al mismo equipo. El local no se pudo usar más. Era un local universitario, tuvieron que sacar todo. Ellos hacen un trabajo de laboratorio, de pericias. Siguen trabajando en campo, pero estos meses salpicados por todo esto. Lo peor que puede pasar es que se archive esto, y que no se encuentre a los verdaderos responsables. Lo único que lo soluciona es la investigación real y profunda. El local no tenía cámaras. Tenía alarma en la puerta, y las rejas. La cerradura fue forzada, pero la alarma no sonó. La exigencia es que esto se tiene que aclarar. Y, el respaldo nuestro al equipo, que vienen trabajando con nosotros hace muchos años, y con el Poder Ejecutivo. Nosotros tratamos de tener con los equipos universitarios un vínculo mayor.
21 Marcha del Silencio. 20 de mayo de 2016.
L: ¿Cómo ven la reciente condena en Argentina de Manuel Cordero?
E.Z.: Fue un fallo histórico. Una causa que en la Argentina no se detuvo, hace años que son causas muy firmes. Ha pasado también que muchos de estos represores han muerto. El fallo fue totalmente concluyente, de lo que fue el Plan Cóndor, lo que fue esa asociación. Este es el primer caso dedicado a demostrar que esa asociación entre los países existió, con toda la documentación. Hay más involucrados que Cordero, pero fue a Cordero al que se lo pudo llevar a ese estrado. Cordero huyó de Uruguay, fue detenido en Brasil, estuvo preso en Brasil con prisión domiciliaria. Se lo extraditó a Argentina. En Argentina, tenía prisión domiciliaria, pero como la violó, ya no tiene. Los juicios orales y públicos son juicios fuertes, están todos los testigos, el que quiera ir, los inculpados, los abogados, y el juez. Nosotros no tenemos esos juicios, y sería importante tenerlos.
L: ¿Qué opinión les merece la prisión domiciliaria de Gavazzo y de Rama?
E.Z.: Es tremendo. Los delitos de lesa humanidad, no se pueden favorecer con libertad condicional. ¿Qué pasó? Que a ellos no los procesan por delitos de lesa humanidad. Ellos los cometen desde el estado, en su rol de funcionarios públicos, son delitos en reiteración. Son delitos que se cometen a lo largo del tiempo. Está todo. Pero los jueces no aplican esa ley, aplican el homicidio, la violación, el robo, la sustitución de identidad de los menores. Entonces a un Gavazzo, que tiene las denuncias de todas las categorías, tiene denuncias desde robo de niños, sustitución de identidad, violación de adolescentes, violación en la tortura, tortura en reiteración, homicidio, secuestro, de traslado de países, tiene todo. No le “cabe” el delito de lesa humanidad, pasa como un delito común. Por lo tanto, acá hay una ley que los abogados pueden pedir la prisión domiciliaria. También se vieron beneficiados con la prisión en el hospital, por problemas de salud. Pero, se iban a las fiestas, al día del padre. Sin una junta médica que esté asesorando, que todo eso son mentiras sostenidas en el tiempo. Luego, violan la prisión domiciliaria, nos llegan llamadas de vecinos. A Rama, el que está en Piriápolis, no le pueden poner tobillera electrónica, porque allá no tienen como controlar la tobillera. Es no entender el problema de los delitos de lesa humanidad, la dimensión de esos delitos, que tienen que ser castigos, que eduquen a la población. No se ve a estas personas como los peores delincuentes que hemos tenido en nuestro país. Con delitos directos y delitos indirectos. Tiraron abajo las instituciones. En eso la justicia tiene una gran responsabilidad.
Nota: Artículo publicado en Liberarce impreso edición mayo-junio 2016.
PERIÓDICO LIBERARCE·MARTES, 19 DE JULIO DE 2016
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