El lunes pasado la justicia paraguaya dictó sentencia en torno a lo que se conoce como la Masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012. Ese día, unos 300 efectivos de la policía paraguaya se presentaron en una finca en las cercanías de la localidad de Curuguaty para desalojar a unos 70 campesinos que la habían ocupado hacía unas semanas. Las tierras estaban en el medio de un litigio por la propiedad, reclamada por el ex dirigente del Partido Colorado, Blas Riquelme, pero oficialmente aún en manos del Estado a través de la Armada. Durante el operativo se desató una balacera que resultaría crucial para la historia del Paraguay: 6 policías y 11 campesinos murieron, y un nuevo hecho de sangre abría camino hacia la desestabilización del país.
Luego de la masacre, el entonces presidente, Fernando Lugo, fue acusado de “traer la lucha de clases al Paraguay”, y tras un juicio político que duró menos de 24 horas, destituido de su cargo y remplazado por su vicepresidente, el liberal Federico Franco. Mientras en todo el continente, y en el mundo, se levantaban voces de protesta por lo que a todas luces parecía una nueva modalidad de golpe de estado, las nuevas autoridades empezaron la reconstrucción de la institucionalidad del Estado, barriendo con las pocas iniciativas logradas por el débil gobierno Lugo. Entre ellas, la necesidad de redistribuir las famosas tierras malhabidas, fincas entregadas ilegalmente a los amigos del poder bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. Una de ellas, la la Masacre de Curuguaty. También se encargaron de empezar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante el desalojo. Nombraron a un fiscal inexperto, Jalil Rachid, y perteneciente a una familia ligada política y personalmente a la de los Riquelme, quienes reclamaban la propiedad de los campos. Rachid se apuró en prometer una búsqueda precisa e imparcial, que arrancó por desestimar la posibilidad de investigar la muerte de los 11 campesinos y sólo se concentró sobre la de los seis policías. Luego de tres años sin resultados concretos, pero con una reconstrucción creíble para gobierno y justicia, el presidente Cartes lo premió con un cargo de vicesecretario de Seguridad Nacional, y nombró a un grupo de nuevos fiscales que endurecieron la acusación contra los 11 campesinos imputados. La sentencia mantuvo la misma tónica que el resto de la investigación. Según la justicia paraguaya, unos 70 campesinos, incluidos niños y ancianos, se organizaron en una asociación criminal en junio de 2012 con el objetivo de emboscar, con dos escopetas para matar pájaros y algunos machetes, a unos 320 efectivos de la policía paraguaya armados hasta los dientes. Por eso el lunes los 11 imputados recibieron de 4 a 35 años de cárcel efectiva, en una sesión que debió realizarse con la policía antimotín adentro del tribunal custodiando a los jueces, y que terminó con la toma del edificio por parte de familiares y compañeros de los acusados.
De Curuguaty hacia el mundo
Los campesinos presos por la Masacre de Curuguaty, se convirtieron en la variable necesaria para cerrar definitivamente el caso del golpe de 2012 y mostrar un país estable hacia el resto del mundo. De manera torpe e indudablemente injusta, el Paraguay quiso saldar sus cuentas con un “episodio” de lo más embarazoso en su participación regional. La destitución de Lugo provocó que una fuerza política distinta a la que había ganado lícitamente las elecciones tomase el control del poder ejecutivo sin pasar por las urnas -hechos de increíble actualidad en la América Latina de 2016- y por lo tanto el gobierno de Franco no podía ser legítimo. El Mercosur decidió entonces aplicar lo establecido en su Protocolo de Ushuaia, y suspender al Paraguay como país miembro; lo mismo hizo la Unasur, que recurrió al protocolo adoptado tras la Declaración de Georgetown de 2010 para desafectar a Asunción del grupo. El derrotero internacional que sufrió el Paraguay tras el golpe a Lugo continuó con las declaraciones de condena de los líderes europeos, el ninguneo sufrido por Franco en la Apertura del 67 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, y la obtusa insistencia por parte del presidente de facto en atacar en toda ocasión que le fuera posible al gobierno venezolano. Solamente las multinacionales de la agro-industria, y la compañía canadiense aluminera Río Tinto reactivaron de inmediato los contactos con las nuevas autoridades de Asunción. Las primeras lograron la liberación de una serie de semillas de algodón y maíz, genéticamente modificadas, que habían sido bloqueadas por los funcionarios de Lugo. Los segundos, la reactivación de las negociaciones por la instalación de la empresa en el país que de todos modos se suspendieron nuevamente al año siguiente.
La victoria del colorado Horacio Cartes en las elecciones presidenciales de 2013, le dio la posibilidad al país de retomar sus relaciones a nivel regional, y comenzar a superar una crisis que , una vez más, terminaron pagando los campesinos. El resultado de aquellos meses de inestabilidad social y política fueron la implementación de un modelo agro-exportador basado en la renta del latifundio, hoy con semillas transgénicas y agrotóxicos; la vuelta a la concentración de la propiedad de la tierra en todo el país, y el retablecimiento de la relación entre productores y gobierno; el debilitamiento de la economía campesina, sus semillas y sus comunidades; la advertencia, por vía de sentencias judiciales, contra todo aquél que cuestione este sistema, que puede terminar preso, aún sin pruebas. En la práctica, el proyecto histórico del coloradismo, de un Paraguay de mensúes y capataces, pero en búsqueda del más alto nivel tecnológico internacional.
La vuelta al orden internacional
La restitución del orden establecido no sería completo, sin embargo, sin su faceta internacional. Lograr un clima favorable para el desarrollo tradicional para el Paraguay implica establecer un entorno confortable y sin demasiado conflicto, que además de integrar marque un rumbo favorable a sus intereses y su visión. Es allí adonde la tan odiada Venezuela socialista genera ruidos.
Para Venezuela el Mercosur ha sido siempre una suerte de escudo protector de las amenazas, concretas y declamadas, sufridas desde el norte, un lugar desde donde el hermano mayor, Brasil, puede dar cierto respiro internacional. Pero desde el punto de vista económico, su ingreso pleno representa más un perjuicio que una ayuda para su industria. De hecho, lo que hoy Paraguay le reclama es la falta de cumplimiento de los acuerdos tomados en 2012 -cuando Asunción seguía suspendido del bloque- para la adopción del Arancel Externo Común.
Efectivamente, aquellos acuerdos tomados en Brasilia concedieron grandes flexibilidades para el ingreso pleno de Venezuela -primer país en la historia del bloque en sumarse- que aún no cumplió. Por un lado por la presión interna lógica de una industria que se podría ver afectada por la llegada de los productos de sus socios, y por el otro por cierta superposición de obligaciones que Caracas mantiene con otros bloques, como la Comunidad Andina de Naciones, que abandonó tras la propuesta colombiana de suscribir un TLC con Estados Unidos.
El gobierno paraguayo se encuentra hoy en una situación tan deseada como inesperada. Los gigantes del Mercosur cambiaron su posición estratégica en la región, avalando por acción u omisión sus pretensiones de “ordenar” el bloque y subordinar a Caracas, que a su vez se encuentra evidentemente debilitada. El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, de quien volvió a surgir un antiguo documento que prueba su filiación a la Liga Anticomunista de Paraguay bajo la dictadura de Stroessner, pide hoy que se apliquen a Venezuela las mismas sanciones que se le aplicaron a su país en 2012, y pone en duda el traspaso de la presidencia pro-témpore del bloque.
Una estrategia que, a la luz de lo expuesto, tiene un carácter eminentemente político y hasta podría perjudicar al mismo país. Paraguay y Uruguay, deberían quizás levantar primero la voz contra sus socios más grandes, que han pasado los últimos diez años promoviendo asociaciones más profundas con capitales chinos que con quienes deberían ser sus socios prioritarios. Argentina y Brasil terminaron de sellar la subordinación de Asunción y Montevideo al bloque en su inserción en el comercio internacional, y al mismo tiempo que perdieron prioridad en sus mercados.
El nuevo y viejo modelo paraguayo se encuentra entonces en un momento de demostración de su crecimiento tras el impasse que significó la “paréntesis Lugo”. El alma conservadora impuesta a sangre y fuego tras la aniquilación del proyecto del Paraguay Independiente a fines del siglo XIX, y que tuvo su continuidad bajo la dictadura de Stroessner, se mantiene hoy en un modelo rearmado a partir de las concesiones al capital transnacional y regional del periodo Franco-Cartes.
La apertura a la agro-industria, las Asociaciones Público Privadas, la militarización del territorio campesino y forestal, encuentran una reafirmación en la búsqueda de cierre de etapa que representan la sentencia por la Masacre de Curuguaty y la embestida diplomática contra Venezuela en el Mercosur. Un proyecto que tiene bases sociales y políticas sólidas para plantearse continuidad a largo plazo. Y con el cual el resto de los países de la región deberán lidiar.
*Periodista y docente, conductor de L’Ombelico del Mondo, en Radionauta FM de La Plata y periodista internacional de Miradas al Sur y Notas, y medios internacionales.
FUENTES DE NODAL
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