FOTO DEL El Observador Nota: Artículo publicado en Liberarce impreso edición febrero-abril de 2017.
Con la firma del dictador Juan María Bordaberry, el 19 de febrero de 1974 (a casi 8 meses de dar el golpe de Estado) se decreta la Ley Orgánica Militar que establecía un esquema de privilegios para los altos mandos militares, creando principalmente el cálculo del “haber básico de retiro”. Ley que hoy continúa vigente y a la que se le han sumado otras leyes y decretos aumentando los beneficios y ampliando la brecha de desigualdad distributiva. Protegidos por la acción corporativa, las presiones y amenazas que ejercen sus beneficiarios, miembros del Centro Militar, esta suma de privilegios le ha significado al Estado 1.523 millones de dólares de déficit fiscal entre el 2011 y el 2015, a los que se suman 400 millones de dólares durante el 2016. Son más de 50.000 los jubilados y pensionistas que integran la Caja Militar, pero sólo 1.573 los altos mandos que cobran casi 100 de los 400 millones de dólares. En el otro extremo, las jubilaciones que promedian los 23 mil pesos, las pensiones de 15 mil y el 60% del personal subalterno en actividad, cuyos ingresos rondan los 20 mil pesos al mes.
Dentro de los grandes desafíos que tiene el gobierno del Frente Amplio por delante se encuentra la necesaria reforma de la Caja Militar. Un tema que nuevamente ha tomado el Poder Ejecutivo, enviando para estudio del Parlamento un anteproyecto de ley de reforma de esta caja, en los últimos meses del año pasado.
Las resistencias “previsibles y no tanto”, no se hicieron esperar. Tanto sectores de la oposición, como el diputado de la Unidad Popular y el ex diputado frenteamplista Gonzalo Mujica, manifestaron que no acompañaban (léase votaban) la propuesta de reforma, tras el argumento de inconstitucionalidad dada la doble tributación que más adelante explicaremos.
Ante las posiciones negativas del Parlamento, el presidente decidió la conformación de un nuevo grupo de trabajo que estudie un nuevo proyecto de reforma.
Pero este no fue el primer intento de modificar este sistema jubilatorio. Ya durante la primera presidencia del Frente Amplio, en el año 2008, buscando equiparar los distintos sistemas de previsión social, el Poder Ejecutivo envió al Legislativo proyectos de reforma de las Cajas Policial, Bancaria y Militar. De los que fueron aprobadas las leyes correspondientes a las reformas de la Caja Policial y la Caja Bancaria, quedando postergada la Militar.
Casi una década después se replantea el tema y aunque la base de discusión ha sido la económica por el enorme gasto fiscal que representa, no dejan de ponerse sobre la mesa inocultables razones sociales, políticas e ideológicas que hacen al avance en justicia social. Así como es insostenible que el Estado vuelque el 1% del PBI (equivalente al 11% del presupuesto nacional) para solventar la buena vida del personal superior de las fuerzas armadas; es impostergable el avance hacia una más justa redistribución del ingreso y de la riqueza.
Beneficios del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
- La jubilación equivale al 100% del salario que tenían como activos.
- Se cuentan como años de trabajo los que están en los centros de formación (escuela militar)
- Se computa doble cada año en el exterior.
- Reciben aguinaldo.
- Al fallecer buena parte de lo que cobran lo hereda la familia.
- Al jubilarse pueden hacerlo con un grado más que el tenían.
- Retiro voluntario: con el régimen actual, el personal superior puede jubilarse con 20 años de servicio y menos de 50 años de edad.
- Retiro obligatorio según el rango:
*Generales: 60 años de edad
*Coroneles: 55 años de edad
*Tenientes Coroneles: 52 años de edad.
*Mayores: 48 años.
*Suboficiales Mayores: 55 años.
*Sargentos primero: 52 años.
*Sargentos: 50 años.
*Cabos de primera: 48 años.
*Cabos de segunda: 46 años.
*Soldados: 45 años.
*Soldados de segunda: 40 años.
Los números del déficit
Las pérdidas se duplicaron en la última década.
Los montos destinados al pago de jubilaciones de la Caja Militar fueron:
2011: 312,6 millones de dólares
2012: 236,5 millones de dólares
2013: 285 millones de dólares
2014: 343,2 millones de dólares
2015: 345,7 millones de dólares
2016: 400 millones de dólares.
El déficit de la Caja Militar y el del BPS es de alrededor de 400 millones de dólares cada uno, con la diferencia de que, los 400 millones de dólares que salen de Rentas Generales al Banco de Previsión Social se usan para complementar el pago de 600.000 pasivos; mientras que los 400 millones de dólares destinados a la Caja Militar son para el pago de 50.000 jubilaciones.
La pérdida millonaria de la Caja Militar tiene varias causas:
1) La relación activo-pasivo: cada 2 jubilados hay uno en actividad, por lo que los ingresos que tiene la Caja sólo cubren un 13% de los gastos. El 87% restante proviene de Rentas Generales. Esta transferencia, porcentualmente es mucho mayor que la que se destina a Educación, Salud y Vivienda.
2) La edad promedio de retiro, que en el 2015 fue de 49 años.
3) No hay un tope a las jubilaciones.
4) Cobran más como pasivos que como activos porque se los asciende un grado cuando se jubilan.
Mientras que por año, el Estado uruguayo aporta U$S700 por cada jubilado de la Caja Bancaria, U$S1.600 por cada jubilado del BPS y U$S3.500 por cada jubilado de la Caja Policial; el aporte por cada jubilado de la Caja Militar asciende a U$S8.100.
Hoy, todos los uruguayos pagamos más de 1 millón de dólares por día para bancar los privilegios de los altos mandos militares. Porque esos 8.100 dólares no los cobra un soldado ni un cabo, los cobran los mandos superiores.
Son el 20% de las jubilaciones las que generan el 70% del déficit. Es decir que, casi 10.000 oficiales cobran 280 de los 400 millones de dólares.
Y si se especifica más a los privilegiados, resulta que, el 3% de los pasivos militares cobran el 20% de los 400 millones de dólares. Este 3% corresponde a 1.573 altos oficiales retirados que cobran cada uno, entre 133.000 y 345.000 pesos al mes, sumando casi 100 millones de dólares al año.
El actual sistema jubilatorio militar representa un verdadero esquema de privilegios, en primer lugar a la interna de las propias fuerzas armadas, entre los casi 54.000 pasivos y los 27.000 militares activos. Donde la jubilación promedio es de $23.000, la pensión de $15.000 y los salarios de los soldados de las categorías más bajas, de $14.000.
Esta suma de injustas desigualdades se ha mantenido por más de 40 años, generando enormes diferencias también con respecto al resto de la población, tanto en las condiciones para acceder a la jubilación como en el valor de la misma.
En busca de la igualdad
Los principales cambios propuestos por el Poder Ejecutivo en el anteproyecto de ley de reforma de la Caja Militar
Equiparar la cantidad de años de edad y de servicio con las condiciones del resto de los regímenes jubilatorios: 60 años de edad y 30 de servicio.
No contar como años de servicio los de la educación militar.
Quitar el beneficio del ficto “casa-habitación”.
Derogar la devolución de montepíos.
Cambiar las condiciones para acceder a retiros por incapacidad.
Cambiar los cálculos para fijar las pasividades.
La creación de un impuesto que toma como base las franjas del IRPF, con lo que a cifras del 2016 las pasividades militares que no superaran los $50.100 quedaban exentas del pago; las que superaran los $50.100 y hasta los $53.440 pagarían un 2%; con una tasa progresiva hasta la última franja que tributaría un 20% y corresponde a las jubilaciones y pensiones superiores a los $133.600. Este sistema impositivo es similar al de la Caja Bancaria.
Con este impuesto, que afectaba sólo al 20% de las jubilaciones más altas, el Ministerio de Economía buscaba generar un ingreso de 40 millones de dólares, o dicho de otra forma, bajar en un 10% el déficit de la Caja Militar.
Aquí se plantea uno de los principales argumentos en contra, el de la inconstitucionalidad de la reforma porque tendrían un doble pago de impuestos, el IASS y este nuevo.
Públicamente conocidas y reproducidas han sido las respuestas por parte de los altos mandos, organizados en el Centro Militar y el Círculo Militar, entre otros. Desde la calificación de la propuesta de reforma como “discriminatoria”, “estigmatizante”, e “inaceptable”, escudándose en las bajas remuneraciones de la tropa, a las reuniones que tuvieron con algunos legisladores y la propia Suprema Corte de Justicia, para que entendieran lo “injusto” del planteo.
A las voces de la resistencia se sumó la editorial del diario El País, que en noviembre del año pasado planteaba:
“El gobierno recorre un camino equivocado”, “mantiene viva la llama del resentimiento amparado en mayorías que desprecian a una Institución que es la columna vertebral de un nuevo concepto de la seguridad nacional”, “porque para el Frente Amplio siguen existiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, a pesar de lo que diga la Constitución”.
Dos meses después, a comienzos del 2017 y tras la muerte del dictador Gregorio Álvarez, salieron a la luz los indignantes montos jubilatorios que aún hoy cobran los militares que han sido procesados y permanecen en prisión por los delitos que cometieron en la dictadura.
El que cobraba más era Gregorio Álvarez, que tuvo hasta su muerte una jubilación de $172.647, a él le siguen las jubilaciones de Jorge Silveira: $128.744, José Araújo Umpiérrez: $118.278 y Juan Carlos Gómez: $112.744. José Gavazzo cobra $68.348 y Ernesto Soca $24.245.
Muchos se preguntarán, como lo hice yo en su momento, ¿por qué se mantiene esta aberrante situación perpetuadora de impunidad? Y la respuesta es la falta de establecimiento del Tribunal de Honor que tienen como institución, que es quien debe tomar la decisión de impedir el cobro. Los motivos de la no reunión del Tribunal de Honor para tratar este tema, los desconocemos, aunque no son muy difíciles de imaginar.
Mucho camino queda por recorrer.
Está claro que ellos, hoy como ayer, defienden sus intereses y exponen su naturaleza de clase recordándonos que hay cosas que no cambiaron, simplemente están ahí.
De este lado, nosotros, impulsores de los gobiernos del FA, militantes por un nuevo Uruguay que debe construirse necesariamente con los cimientos de la igualdad, la solidaridad y la justicia social.
Nota: Artículo publicado en Liberarce impreso edición febrero-abril de 2017.
FUENTES DE PERIÓDICO LIBERARCE
Muy buena información! TODOS DEBERÍAN DE CONOCERLA.
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