Una extensa investigación del periodista Roger Rodríguez, con la recopilación de varios artículos de su autoría y de nuevos documentos, permiten desentrañar los inicios de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.
En 1974, los servicios represivos de Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia acordaron las bases de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Ese plan -génesis del Plan Cóndor- tuvo entre sus cometidos el secuestro y traslado clandestinos de exiliados políticos, que luego serían presos, ejecutados o desaparecidos. Así lo afirma un extenso informe elaborado por el periodista Roger Rodríguez -publicado en su cuenta en la red social Facebook-, que refiere a la investigación realizada a lo largo de varios años y para diferentes medios, sobre los crímenes cometidos en 1974 y su vínculo con esa coordinación represiva.
La investigación incluye, sin embargo, algunos elementos novedosos, entre ellos, el hallazgo de una edición certificada del censurado periódico argentino “El Auténtico”, el que en 1975 reveló las actas de una reunión de coordinación represiva regional realizada en Buenos Aires en enero de 1974, veintidós meses antes del encuentro de Chile donde nació el Plan Cóndor, detalla Rodríguez.
“A partir de ese documento, se puede reconstruir lo ocurrido en el Cono Sur desde principios de los años 70, cuando los dictadores Hugo Banzer de Bolivia, Augusto Pinochet de Chile y Juan María Bordaberry de Uruguay, pactaron con la ‘Triple A’ el exterminio de todo lo que consideraran ‘subversivo’ bajo la lupa de una ‘Doctrina de la Seguridad Nacional, que ya se había instalado en Argentina antes de que Juan Domingo Perón volviera y asumiera la Presidencia a fines de 1973”, destaca el periodista.
Rodríguez afirma que las actas de esa reunión fueron publicadas el 10 de diciembre de 1975 por el periódico “El Auténtico” cuyas ocho únicas ediciones “son una denuncia contra la represión política y sindical del momento, e incluyen tres artículos sobre las operaciones de la ‘Triple A’ y sobre quiénes eran sus integrantes”. “La versión taquigráfica de la reunión de coordinación contra los exiliados entre representantes de Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay, se publicó en la séptima edición del quincenario”, dice Rodríguez.
El director de ese periódico, Domingo Zabala Rodríguez, fue ejecutado el 22 de setiembre de 1976 frente a su familia, en la puerta de su domicilio en Buenos Aires (Argentina), y su esposa, Olga Irma Cañueto, fue secuestrada ese día y aún permanece desaparecida. Esa publicación desapareció de toda hemeroteca, ya que ni la propia familia de Zabala (su hija Yamila es militante por los derechos humanos en Argentina) pudo conservar una colección del periódico.
Sin embargo, la investigación periodística permitió localizar una colección de aquella impresión perdida en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (Cedinci) en Argentina. El director del Cendici, Horacio Tarcus, certificó la autenticidad de la publicación. Facsímiles de sos ejemplares fueron presentados ante la Justicia de Italia, en el marco del juicio por el Plan Cóndor.
La coordinación revelada
Las actas revelan la coordinación represiva, en base a los testimonios de los representantes de los cuatro países, entre ellos, el director de inteligencia policial, inspector Victor Castiglione. El plan fue presentado por un general de Carabineros, en representación de la dictadura de Pinochet: “La Delegación de Chile somete a consideración de ustedes las siguientes ponencias: Primera Ponencia, acreditar en cada embajada un Agregado de Seguridad, que pueda ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía (…) cuyas funciones básicas serían la coordinación con la Policía o el encargado de Seguridad de cada país o los varios organismos locales”.
Y continuaba con su exposición: “Segunda Ponencia, en forma similar a lo que tienen Interpol en París, tener también nosotros una Central de Informaciones, donde podamos requiero datos de individuos que son marxistas… Tercera Ponencia, intercambios programados e imprevistos de personas: que nosotros podamos venir, ir a Bolivia y Bolivia pueda ir a Chile, y que podamos venir a la Argentina nuevamente (…) que podamos llegar directamente con toda confianza a cualquier de los organismos de Seguridad de cualquiera de los países, y exponer a qué venimos, que no necesitemos previamente una invitación formal”.
Y continuó“Cuarta ponencia, la necesidad de establecer un canal de comunicación. (…) A manera de ejemplo sugiero dos canales, uno formal que podría ser el Agregado de Seguridad, y uno directo entre los Servicios de Seguridad, para lo cual podríamos ocupar la red ENTEL de teléfonos con el sistema de inversores… Quinta Ponencia, la necesidad de establecer un intercambio de becas para entrenamiento en el trabajo sin necesidad de cursos… Sexta Ponencia, un álbum (de fotos)”.
En este contexto, el representante de Bolivia sugirió “que todos los elementos marxistas que están en los diversos países sean internados a cierta distancia, de tal manera que impidamos la afluencia de los mismos hacia las zonas fronterizas”. Y posteriormente llegó el turno de Castiglione, con la propuesta de la dictadura uruguaya: “Lo que yo iba a proponer ya está comprendido en lo que ha expuesto el señor general de Carabineros. Particularmente, reiteraríamos el ofrecimiento que ya hemos hecho de mantener acá en forma permanente uno o más funcionarios sobre todo en zonas críticas, como el Litoral, colaborando con la policía argentina a efectos de identificar gente”…
El subjefe de la Policía Federal de Argentina, comisario Alberto Villar, remarcó que la propuesta no tendría inconvenientes de implementarse: “No hay ningún problema. El jefe del DAE (Departamento de Asuntos Extranjeros de SSF) luego va a tomar contacto con el Inspector General Castiglione, para coordinar bien esos enlaces. Lo mismo Chile, si necesita tener gente en la zona de Mendoza, San Juan o la zona que se determine, como asimismo Bolivia en el caso de Salta, Jujuy”. “La ponencia que vamos a hacer el gobierno nacional es la fijación del lugar de residencia de los asilados, así como también la vigilancia semanal de éstos, que les impida viajar a través de ‘‘La República’’ y estar en zonas de fronteras. Con respecto a las becas, cuenten con ellas […] Los álbumes se están confeccionando”
“En la embajada, lo más seguro van a ser los Agregados Militares, dado que dentro del personal civil de las embajadas puede haber alguien que tenga ideas un poco distintas de las nuestras… Ha sido aprobado por nuestro gobierno el Agregado Policial, que será denominado Agregado Legal, para darle una cobertura […] Cuando el problema sea urgente, pueden establecer contacto con la Jefatura o Subjefatura o bien con la Superintendencia de Seguridad Federal, diciendo que viene alguien, podemos decir que viene una comisión de narcóticos, ¿qué les parece?”.
Y continuó: “una buena cobertura sería darle un pasaporte diplomático, y que se traslade de embajada en embajada Técnicamente se van a entender con la Superintendencia de Seguridad Federal, que es el organismo especializado en Inteligencia. Luego que el correo viene de la embajada y está dentro de territorio argentino, queda sujeto a la seguridad de nuestra policía, es decir que se alojaría con todo el hospedaje sin cargo y ya trabajaría directamente con ellos, ya sea en la calle, en las brigadas, ya sea llevando los nuevos sistemas del modus operandi que puedan aparecer, el movimiento de ciudadanos chilenos, bolivianos o de otros países que están moviéndose acá” (…) “No sólo tenemos que prestar atención a los ciudadanos de nuestros países, sino también a los cubanos, checoslovacos, alemanes o de cualquier nacionalidad para que el archivo sea lo más completo posible”, expresó Villar.
El círculo represivo
La investigación de Rodríguez permite determinar que esa reunión de coordinación fue la génesis de diversos operativos trasnacionales. “En cada país hubo un grupo de agentes policiales o militares entrenados en la tortura y el homicidio. Figuraban en sus embajadas como agregados militares o agentes de narcóticos y operaban con los funcionarios locales contra los opositores a sus dictaduras”, señala.
En Uruguay, estos grupos eran integrados por los efectivos del Servicio de Información y Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que participaron en diversos crímenes. El primero de esos hechos refiere a la detención de Antonio Viana Acosta. Viana, conocido como “Pantera Negra”, quien fue detenido, torturado, trasladado en forma clandestina a Uruguay en un avión de Pluna y alojado en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia policial, primero, y en dependencias de la División de Ejército IV, con asiento en Minas (Lavalleja), dónde fue torturado por el propio Gregorio “Goyo” Álvarez.
También se refiere al secuestro y desaparición de Washington Barrios y al asesinato de las “muchachas de Abril”, Diana Maidanick, Laura Raggio y Silvia Reyes. Reyes era esposa de Washington Barrios y estaba embarazada de tres meses. Según una investigación de Rodríguez, el crimen de las tres jóvenes -acribilladas en una casa ubicada de la calle Mariano Soler 3048- fue perpetrado como respuesta a la participación de Barrios en diversas actividades de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), organización que nucleaba a los grupos guerrilleros del Cono Sur. Barrios fue detenido en Córdoba (Argentina) meses después; fue interrogado por militares uruguayos en Argentina, aún permanece desaparecido.
En este marco, Rodríguez también incluye entre estos crímenes de Iván Morales Generali -quien fue detenido al regresar a Uruguay, torturado hasta la muerte en el Regimiento de Caballería N° 6 por, entre otros, el coronel Manuel Cordero -hoy procesado en Argentina por los crímenes del Plan Cóndor- y por el caso de los Fusilados de Soca.
Este último refiere al caso de cinco uruguayos detenidos en Argentina y trasladados clandestinamente a Uruguay y posteriormente ejecutados, cuyos cuerpos sin vida aparecieron en la localidad de Soca. Este crimen fue una supuesta represalia por la muerte del coronel Ramón Trabal en París (Francia), en diciembre de 1975. Amaral García, hijo de uno de los matrimonios asesinados (Floreal García y Mirtha Hernández), fue el primer menor apropiado por los represores y el primer niño en ser recuperado, diez años después.
FUENTES DE CARAS Y CARETAS
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