La Suprema Corte de Justicia dictaminó que la tortura, la violación y la desaparición forzada -delitos de lesa humanidad- cometidos durante la pasada dictadura cívico militar han perdido su imprescriptibilidad. Ante esta situación, un clima de tensión e inseguridad vuelve a instalarse en la esfera pública y muchos actores han advertido que este hecho es un claro ejemplo de la posición política que ha tomado el Poder Judicial con respecto a estos casos.
“Claramente el fallo es la decisión más dañina que se podía adoptar para la fibra social del país, el futuro y para nuestro proceso de reconciliación. En esta decisión hay una connotación política muy importante, ya que sin lugar a dudas hay un proceso de represión política por el que seguiremos pagando el precio”, declaró a LA REPÚBLICA Wilder Tayler, integrante del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Por su parte, Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, opinó que el fallo es “altamente condenable” y afirmó que es “increíble” que a más de treinta años se siga frenando la investigación de cada uno de los casos. Además, señaló que la decisión de la SCJ va en contra de los estatutos propuestos por los convenios internacionales que Uruguay se ha suscripto.
“La Justicia acaba de dar una mala señal. Pero es importante recordar que desde siempre ha sido lenta y poco efectiva en juzgar los terribles crímenes que se vivieron en dictadura. En la medida en que se vuelve a dar estas señales, aumenta el desgaste sobre quienes han aportado toda la información que tenemos (los familiares y las organizaciones sociales), van muriendo los testigos, y la sensación de que acá no pasa nada va minando las mentes y corazones de quienes luego de treinta años aún resisten”, declaró a LA REPÚBLICA la senadora Constanza Moreira.
En la misma sintonía, María Emilia Pérez, asesora legal de la senadora Constanza Moreira e integrante de Proderechos, y Tayler afirmaron que el fallo es un “gran retroceso” para el Estado uruguayo, ya que es una sentencia contraria al Derecho Internacional y a los fallos anteriores en los que se había señalado un cambio en la postura de la SCJ.
Según Pérez, para los Tratados Internacionales, estos crímenes tienen una característica esencial y es su imprescriptibilidad. Sostuvo la Suprema Corte de Justicia, en su opinión mayoritaria, desconoce con este fallo que la categoría de crimen de lesa humanidad y su característica de imprescriptibilidad existen al menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Las cifras que existen sobre las causas judiciales
Según lo presentado por el Observatorio Luz Ibaburbu, existen 307 causas presentadas sobre violación de derechos humanos del pasado reciente. De las mismas, el 62% están presumariadas, el 23% archivadas, el 7% están acumuladas a otras, el 3% en sumario y el 2% no están registradas. Por tanto, sólo el restante 3% de las denuncias ha recibido una sentencia.
Por otra parte, el registro que cuenta el Observatorio ha realizado una clasificación de las causas según tipo de delito. Allí se muestra que la mayoría de ellas se refieren a tortura, muerte, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestro y amenazas. En cuanto al año al cual las causas denuncian, el período mayormente señalado comprende desde 1972 hasta 1978.
Sin embargo, ¿qué nos están diciendo estas cifras sobre el sistema judicial de nuestro país? Según Mirtha Guianze, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, lo que se ve es que la impunidad opera sin ninguna traba.
La jerarca declaró que hay un estancamiento, una cierta parálisis, de las causas y que, además, no hay ningún registro en el Poder Judicial sobre este tema.
Por otra parte, la directora declaró que los abogados de los militares imputados presentan recursos en distintos momentos para enlentecer el juicio. Sin embargo, manifestó que no es la única causa que explica por qué los juicios no terminan en sentencias. Según sus palabras, el sistema judicial es pausado porque están sobrecargados los juzgados y ellos no pueden hacer un tratamiento especial de este tema. “Son juicios con muchísimos testigos, los militares no concurren, se lo cita más de una vez y muchas veces se expiden las cajas militares. Por tanto, es todo un trabajo que hacen las víctimas. No hay, de parte del Estado, una política pública que impulse el ritmo de estos juicios”.
El accionar de la Justicia
“El principal impedimento para que se apliquen los delitos de lesa humanidad y salga la verdad a la luz es el Poder Judicial”, declaró Patiño. Según sus palabras, el Estado se tiene que hacer responsable de los delitos cometidos en el pasado reciente.
Señaló que a pesar de que dentro del Estado están los tres poderes, el judicial es el que ha mantenido la posición “más retrograda”. “Desde que se han iniciado los juicios, la Justicia ha puesto permanentemente obstáculos. Por tanto hay una cuestión de actitud, en la cual no se pretende encajonar los casos. Por ejemplo, cuando se manda a investigar cosas que son totalmente secundarias es para atrasar la investigación, ya que un recurso como ese puede durar 6 meses o un año”.
“El Poder Judicial no está siendo ni indiferente ni inoperante, está bloqueando que se cumpla efectivamente la justicia. No es una justicia neutral, ha tomado partido para que no se lleve adelante ciertos procesos. Es una justicia que se ha comprometido con una posición que es desgraciadamente la más conservadora”, declaró Tayler.
Con respecto a la integración de la SCJ, Patiño afirmó que en este tema el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen responsabilidad. “Sin duda que hay un problema de actitud política, de visión del pasado y hay una acción premeditada de encajonar todo esto hasta que todo el mundo se muera”.
La Justicia como una fuerza contrademocrática
“La falta de resolución de la justicia significa que no hay Justicia. Y la existencia de justicia, es anterior a la democracia”, declaró Moreira.
Explicó que la población votó por un programa de gobierno que enfatizara el compromiso con el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. “Cuando la justicia se interpone e impide el cumplimiento de este objetivo, se vuelve una fuerza contrademocrática, que viola el principio de la soberanía popular. Pero como la Justicia es parte de la solución y del problema, estamos en un callejón sin salida. Esperemos que con los nuevos roles de la Fiscalía, logremos avanzar”.
Actuación de los partidos políticos
Moreira afirmó que la justicia uruguaya ha sido lenta y poco efectiva ya que faltó voluntad política por parte del sistema de partidos después de la dictadura. Afirmó que a pesar de que esa voluntad se recobró con la llegada del Frente Amplio al gobierno, la Suprema Corte falló contra la Ley que declaraba no comprendido en el plazo de prescripción el tiempo en que la ley de caducidad estuvo vigente. “El impulso y el freno. Todo lo que hemos conquistado políticamente, lo estamos perdiendo en los tribunales”.
“Costó reconocer que hubo terrorismo de Estado. Tuvo que llegar el Frente Amplio para aprobar la Ley 18.026 donde se reconocen los crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué se tuvo que esperar que el Frente Amplio tuviera mayorías parlamentarias para impulsar el reconocimiento? Porque no hay nada más político que los derechos humanos”, agregó.
La senadora explicó que usualmente se habla de los derechos humanos pero el único que los ha impulsado es el Frente Amplio, que ostentó la condición de víctima durante la dictadura. Mencionó que se ha enfrentado al asunto con la limitación de la Suprema Corte de Justicia, quien con examen de constitucionalidad de las leyes, la asignación de responsabilidades a jueces, los “premios” en la carrera judicial e inhibiciones al avance de los juicios ha limitado el accionar del Frente Amplio.
FUENTES DE DIARIO LA REPUBLICA
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