Ahora que el tema parece ser la seguridad, y porque me corre un frío por la espalda al escuchar algunas propuestas, se me ocurrió intentar llegar con este artículo a alguna gente. Aunque más no sea para poder decir, el día que me lleve la parca, que cada vez que las garras del autoritarismo y los mercaderes de la violencia intentaron robarnos la democracia, la paz y la libertad intenté aportar humildemente para frenar tanta locura.
Con ese objetivo, decidí escribir un compendio de cómo sería para mí un sistema penal que me haga sentir un poco más segura. Así que aquí va mi sueño de seguridad y convivencia. En ese sistema habría cuatro principios que deberían regular toda la actuación policial, judicial y del Ministerio Público, a fin de avanzar certeramente hacia una sociedad con mayores niveles de seguridad.
1)
La protección a las víctimas: en nuestro sistema penal anterior y en la reforma al Código del Proceso Penal (CPP) propuesta por el Ministerio del Interior, el principal valor a defender es la capacidad punitiva del Estado (o sea, el afán de castigar), quedando en un segundo o tercer plano lo que realmente debería importar, que es proteger antes que nada a las víctimas de delitos. En ese sentido es indispensable evitar la revictimización. Las víctimas de delitos no deben ser obligadas a trasladarse de sus casas, a hacer múltiples e interminables declaraciones, a revivir una y otra vez los hechos. Por ende, en un sistema serio, el procedimiento policial y judicial reducirá al máximo las instancias en que las personas deben declarar, y asegurará, so pena de sanciones, que cada oficial, técnico, perito o profesional interviniente haya revisado todos los antecedentes disponibles antes de tomar declaraciones o realizar pericias a las víctimas y a quienes ellas indiquen como testigos, de forma tal de evitar la reiteración de preguntas cuando no existe un fundamento técnico para ello.
En los casos específicos de violencia sexual, violencia basada en género, delitos sexuales o violentos cometidos contra menores, explotación sexual y trata de personas la Justicia penal no podrá suspender ninguna de las medidas de protección determinadas previamente por los juzgados civiles competentes, debiendo mantenerlas por el período de duración de las investigaciones.
2)
El segundo elemento central sería la reparación del daño material. Nuevamente, nuestro sistema penal anterior a la reforma, y desafortunadamente la nueva propuesta, se centran en el castigo del Estado, no permitiendo que las víctimas puedan ser efectivamente compensadas o reparadas en el daño material causado, aun cuando estas prefieran esto. Así, el sistema se vuelve completamente perverso, porque denunciar un delito sólo implica mayores daños materiales a las víctimas, que deben estar permanentemente gastando tiempo y dinero para satisfacer las necesidades del sistema penal, además de soportar daños psicológicos para sí mismos, sus familias y las personas que testifican sobre lo acontecido.
Para nosotros es indispensable cambiar entonces el principio rector del procedimiento en los casos de delitos contra la propiedad, siempre que estos no hayan resultado en lesiones (ya sean estas graves o no) u otro tipo de abusos al cuerpo de la víctima. En estos casos, donde no existe violencia física, el sistema penal debe permitir siempre que si la víctima está de acuerdo, el/la culpable de un delito pueda reparar el daño material compensando económicamente a la primera.
Sin embargo, como no creemos que la Justicia deba ser una para ricos y otra para pobres, sostenemos que este pago debe efectuarse con horas de tareas comunitarias en instituciones estatales, contabilizadas con un equivalente por hora al salario mínimo nacional, y descontando el 10% destinado a fortalecer los apoyos a víctimas de delitos violentos y otro 10% destinado a compensar por esta tarea a el/la funcionario/a público/a encargado de supervisar directamente las tareas encomendadas.
3)
Un tercer elemento: la promoción de la reparación moral mediante el entendimiento entre las partes. Cuando la víctima lo quiere, debe permitírsele poder entablar una mediación cuidada con la víctima, en un ambiente de protección. No es tolerable que a aquellas personas que desean el entendimiento antes que ser responsables de una denuncia que lleva a un castigo el Estado les niegue esa posibilidad. Existen técnicas aplicadas en varios países que permiten esta mediación, con profesionales adecuados para facilitarla. Tomemos quizá como ejemplo el sistema holandés, ya que en los Países Bajos la tasa de homicidios es de 0,1 por cada 100.000 habitantes, frente al triste 7,6 que alcanza hoy nuestro país, o el también terrible 4,7 de Estados Unidos. Son estos datos probablemente los que me llaman a preguntarme por qué un señor que debería saber mucho sobre este tema, como lo es el ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak, dice que hay que copiar el sistema de Estados Unidos, y no el de los Países Bajos. Si a alguien le interesa ahondar en este tema, puede comenzar por un curioso artículo de la BBC titulado “La insólita crisis de Holanda: la escasez de delincuentes”. Si se siente motivado apartir de esto, puede meterse de lleno en la literatura especializada… Pero no en la que se especializa en capturar criminales (o sea, los profesionales y técnicos de la Policía en todo el mundo), cuya fuente de trabajo depende de que haya cada vez más delincuentes, sino en la literatura especializada que escriben quienes se dedican a reducir la cantidad de crímenes y criminales… y lo logran.
4)
Cuarto elemento: combatir el narcotráfico en serio. Para ello, hay que parar de facilitarles el dinero y los jóvenes que sirven de carne de cañón. Mientras el negocio del narcotráfico ofrezca ingresos 10 o 20 veces mayores a los que ofrece el mercado de trabajo, no convenceremos a los gurises (cada vez más jóvenes) ni a las jefas de hogar con muchos hijos que viven en la pobreza (cada vez menos sumisas) de abandonar este camino. La única forma de luchar contra el narcotráfico es regular la producción, distribución y consumo de las drogas. Así, quienes vendan estas sustancias deberán garantizar que sus empleados sean mayores de edad, que lo que venden sea lo que dicen vender, que quienes lo consumen sepan realmente todas las consecuencias de hacerlo y, mediante los impuestos, tendremos millones de dólares al año para combatir a quienes quieran mantener el mercado informal, y para abrir tantos centros terapéuticos como sean necesarios para que estén realmente bien atendidos quienes quieren dejar de consumir y están mal enganchados.
Si el sistema penal fuera más parecido a esto, yo al menos me sentiría mucho más segura.
Pero bueno… Qué puede decir de esto una trabajadora social. Seguro saben más los milicos, aunque hayan fracasado rotundamente en todo el continente.
Por Valeria Rubino
Valeria Rubino es militante por la diversidad sexual e integrante de la Asociación de Asistentes Sociales del Uruguay.
TOMADO DE LA DIARIA, 8/6/2018.
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