Hoy todos saben que en Uruguay hay un gobierno corrupto, de una coalición de derecha liderada por Luis Lacalle, una verdadera asociación para delinquir imbricada con el narcotráfico, el fútbol profesional y la concertación de las máximas autoridades del país para mentir y mentir.
El caso del pasaporte exprés otorgado al narcotraficante Sebastián Marset, quien estaba preso en Emiratos Árabes Unidos, explotó con las renuncias de dos ministros, el canciller Francisco Bustillo y el de Interior, Luis Alberto Heber y otros funcionarios de menor jerarquía. Pero desató una crisis política que obligó a Lacalle a rendir cuentas ante la sociedad y la coalición gobernante que lidera.
No hay duda posible: es imposible aceptar que el presidente Luis Lacalle no sabía o, directamente, no daba las órdenes, aunque el centroizquierdista Frente Amplio no quiera activar mecanismos de juicio político cuando faltan menos de 12 meses para la próxima elección presidencial.
“El presidente está convencido de que con esto dio vuelta la página, pero para nosotros la página recién comienza”, dijo el presidente de la coalición progresista Fernando Pereira, quien cree que quedaron muchas preguntas sin responder, porque el presidente “no quiso” o “no pudo» aclarar.
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