El conflicto poselectoral en Venezuela exhibe la redición de antiguos esquemas de presión, desestabilización y ataques directos a la soberanía nacional del país sudamericano por la diplomacia de guerra de Washington. Así, mientras por un lado el Departamento de Estado ejerce una creciente presión diplomática sobre el eje conformado por Brasil, Colombia y México para llevarlos a su terreno y debilitar su posición como interlocutores y mediadores regionales autónomos, por otro, funcionarios de la administración Biden han intensificado declaraciones que aluden a una eventual reanudación del programa de sanciones contra la paraestatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Con su carga de ambigüedad estratégica y sobre la base del desconocimiento de los resultados emitidos por las autoridades electorales de Venezuela que dieron como ganador a Nicolás Maduro el 28 de julio, la Casa Blanca busca garantizar la conducción y el tutelaje de la crisis política de alcance regional en función de los intereses de seguridad nacional del imperio, donde el factor energético (petróleo/gas) es fundamental de cara a la elección presidencial de noviembre próximo entre Kamala Harris y Donald Trump.
En medio de una controversia poselectoral que se encuentra en proceso de resolución en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la escalada de presiones diplomáticas estadunidenses busca explotar las vacilaciones y contradicciones de los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, y fabricar un consenso regional que con la intervención de la moribunda Organización de Estados Americanos (OEA), permita la adopción de una postura más agresiva y hostil hacia el gobierno de Nicolás Maduro.
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