Para Guianze la amenaza al fiscal Díaz es la “frutilla de la torta”

La amenaza al fiscal de Corte Jorge Díaz por parte de un autoproclamado Grupo de Restauración Nacional pone sobre la mesa una discusión que siempre se ha mantenido patente en la opinión pública: cuál es la eficacia que presenta la Justicia ante casos como el Comando Barneix, el archivo Castiglioni, el robo en Humanidades o los delitos de lesa humanidad ocurridos en el pasado reciente.
“Como no tienen investigado lo del Comando Barneix, ni tampoco otras cosas, la amenaza a Díaz es la frutilla de la torta”, declaró a LA REPÚBLICA Mirtha Guianze, ex fiscal y directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Según sus palabras, la amenaza al fiscal es la representación de varios hechos que han venido ocurriendo en los últimos años. “No se ha investigado absolutamente nada sobre el Comando Barneix, la investigación ha sido indiferente ante este asunto. Incluso, cuando hablé con el funcionario encargado de investigar este tema y le pregunté si no iban a relacionarlo con el archivo Castiglioni, me dijo que no sabía quién era Castiglioni y que no tenía idea. A mí me llamó la atención que inteligencia no relacionara los asuntos entre sí, como lo que pasó en el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF). Me dijo que no iban a relacionar nada. Entonces, si inteligencia no relaciona un caso con otro y no busca encontrar coincidencias, la investigación no tiene mucho futuro”.
Con respecto a la posibilidad que exista una relación entre inteligencia y los militares, Guianze no la negó pero tampoco afirmó que existiera una. “No creo ni dejo de creer, no tengo elementos. Solo aspiro a que se investigue de otra manera.  En este caso, he sentido que no hay una investigación a fondo del asunto”.
“A pesar de que yo no tengo mayores elementos de los que se habla en la prensa, se habla de un comando de restauración. Me llamó la atención la coincidencia que tiene este término con las expresiones que ha utilizado el centro militar”, agregó.
Consideró que “no es un asunto aislado”, sino que se vincula con otros episodios que han sucedido y que pueden volver a suceder: el robo del GIAF, algunos comunicados y las declaraciones de los militares. “Sin embargo, aparentemente no han tenido ningún eco en las autoridades. Por tanto, lo medular es preguntarse si vamos a dejar que estas personas se manejen en la impunidad. No se ha dado la importancia que esto tiene como síntoma de que hay personas que lo organizan, que pueden amenazar impunemente y hacer declaraciones públicas en términos que no son acordes con la democracia. Ante esta situación, hay que tomar medidas, pero son las autoridades las que tienen que hacerlo”.
Por último, mencionó que la amenaza al fiscal puede tener que ver con la postura que ha mantenido Díaz de rechazo al dictamen de la Suprema Corte de Justica, la cual estableció que los delitos de lesa humanidad son prescriptibles. “No puedo afírmalo determinante pero pueden tener que ver por el supuesto nombre de este comando. No es la primera vez que hacen este tipo de cosas, las cuales pueden ser formas de llamar la atención o de tener a la gente bajo a amenaza. Más allá de que eso se ejecute o no, esto no puede pasar en un estado democrático”.
La amenaza al fiscal Díaz
Un autoproclamado Grupo de Restauración Nacional amenazó de muerte al fiscal de Corte Jorge Díaz a través de un llamado telefónico. Según reportó la agente de policía, quien hablaba del otro lado del teléfono se identificó como perteneciente a un “grupo de restauración nacional”.
Cabe mencionar que no es la primera vez que el Fiscal Díaz recibe amenazas. En febrero de este año, ya había recibido otra por el denominado “Comando Barneix”.
En las anteriores oportunidades se vinculó con la postura de Díaz en los temas de Derechos Humanos. Díaz se ha pronunciado con dictámenes en varias oportunidades acerca de que las violaciones de los Derechos Humanos no son prescriptibles; por lo que se podrían seguir investigando. En los últimos, días se hicieron públicas expresiones de integrantes de organizaciones de militares retirados criticando fuertemente la posición de Díaz en los temas de derechos humanos.
El Centro Militar cuestionó la posición asumida por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, en relación a un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y expresó su preocupación porque este haya expresado en contra de una sentencia que busca “sellar la paz y el trato igualitario ante la Justicia de todos los orientales”.
Comando Barneix “No sentí protección por parte del Estado”
“Hasta ahora, con respecto a la investigación del Comando Barneix, no siento que se haya actuado de forma adecuada. Incluso el servicio de inteligencia actuó laxamente. Solo una persona se encargó del caso.  Por tanto, no sentí que la investigación se hiciera seriamente ni tampoco sentí protección de parte del Estado”, declaró Mirtha Guianze.
Cabe mencionar que el Comando Barneix fue un mensaje que se emitió en febrero de este año, en el que se amenazaba de muerte a 13 personalidades relacionadas con los derechos humanos, entre las que estuvieron mencionados Guianze y Díaz. Además, en el mensaje se decía que por cada nuevo procesamiento iban a haber tres personas asesinadas de la lista.
Robo del GIAF “Son investigaciones frustradas”
“Con respecto al caso del robo de Humanidades, no se sabe en qué estado se está. Los expedientes están en presumario, no se tiene información y creo que no ha pasado absolutamente más nada. Por tanto, son investigaciones frustradas que le producen a uno una especie de desencanto”, declaró Mirtha Guianze a LA REPÚBLICA.
Cabe recordar que este caso consistió en un hurto que ocurrió en la sede del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF), donde se buscaban restos de desaparecidos en dictadura. Se estableció que él o los delincuentes conocían la clave de la alarma o que de alguna forma pudieron neutralizar los sensores de la misma. En la oportunidad, los actores del hecho dejaron un mapa de Montevideo donde se señalaba la residencia de las 9 personas que llevaban adelante la investigación
Ante esta situación, LA REPÚBLICA intentó contactarse con la jueza encargada del caso, quien es Silvia Urioste. Sin embargo, no se logró entrevistar a la magistrada y en su lugar la escribana Lema afirmó lo siguiente: “El caso está a estudio porque los que se quedaron con la parte del código viejo son todos jueces nuevos. La doctora Urioste recién asumió el 30 de octubre y todavía está tomando conocimiento de los expedientes que hay en este juzgado.  Vuelvo a repetir, la causa está en estudio, por lo que no hay fecha como para dar más declaraciones. El expediente se está tramitando acá”.

fuentes de LA REPÚBLICA


Militares retirados dicen que sus jubilaciones son insuficientes y por eso deben “revolverse haciendo amenazas de muerte”
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores aprobó el jueves de la semana pasada un esquema de impuestos progresivos a las jubilaciones militares. Al otro día, y en medio de su gira por México, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, defendió la propuesta asegurando que el sistema de pensiones militares va hacia un “colapso”. Fuentes del Poder Ejecutivo explicaron que si bien el mandatario está convencido de que se trata de una reforma justa, quiso dar su apoyo mientras estaba en el exterior, “por las dudas de que a los militares les parezca que tan justo no es y se les ocurra tomar nuevamente las riendas de la nación”. Es que, a pesar de los intentos del gobierno de convencer a los militares de que la reforma es indispensable, en filas castrenses siguen resistiéndola. Un oficial retirado aseguró: “Nos quieren recortar nuestras jubilaciones con el argumento de que son de privilegio, pero nada está más alejado de la realidad. De hecho, son completamente insuficientes, y hoy en día los oficiales deben revolverse haciendo amenazas de muerte a jueces, fiscales, abogados y funcionarios del gobierno encargados de investigar supuestos crímenes de lesa humanidad”.

El sábado, sobre las 20.00, un hombre que dijo integrar el “Comando de Restauración Natural” llamó a la Fiscalía General de la Nación y amenazó de muerte al fiscal de Corte, Jorge Díaz. Consultado sobre si tuvo algo que ver con el hecho, el oficial retirado no quiso confirmar ni desmentir esta posibilidad, pero aseguró: “Tengo muchos gastos, la luz está cada vez más cara, el seguro del auto es prohibitivo; si usted me pregunta si la jubilación me alcanza, le tengo que confesar que no, que no me alcanza”. Pero los militares retirados temen que en un futuro ni siquiera puedan contar con este ingreso extra. “Esta changa de las amenazas la tenemos porque, mal que bien, cada tanto se investiga algo. Pero si en 2019 ganan Luis Lacalle Pou o José Mujica y todo esto de las investigaciones va para atrás, nadie va a necesitar amenazas de muerte”, sentenció el entrevistado.

fuentes de la diaria

Mariana Mota hizo temblar a los genocidas y por ello la presionaron Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre

Oriunda de la ciudad de Colonia, esta mujer delgada de 53 años de edad ha escrito las historias más trascendentes de los estrados judiciales uruguayos. De profesión abogada, la hoy ex jueza Mariana Mota integra desde el mes de agosto el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay.
Se recibió a los 27 años de edad, cuando corría el mes de febrero del año 1991. Ese mismo año se postuló para un cargo en el Poder Judicial y comenzó su carrera en diferentes destinos en el interior de la República hasta llegar a Montevideo.
Recordada por sus fallos contra los principales genocidas de la dictadura uruguaya, la doctora Mariana Mota recibió presiones desde las distintas fuerzas políticas partidarias uruguayas. Por ejemplo, el ex presidente colorado Jorge Batlle y el ex vicepresidente blanco Gonzalo Aguirre, fueron directamente a la Suprema Corte de Justicia para que fuera sacada de su cargo.
Investigó más de 50 causas de violaciones a los derechos humanos en su juzgado en cuatro años, cuando eran pocos los jueces que se animaban a ello. Eso le generó muchos enemigos, presiones, advertencias, hasta que en el año 2013, sin dar explicaciones, la Suprema Corte de Justicia la trasladó a un Juzgado Civil por razones “de mejor servicio”. Ella apeló el falló pero el Tribunal de lo Contencioso Administrativo apoyó la decisión de la Suprema Corte.
En un espacioso y silencioso salón de la Institución Nacional de Derechos Humanos, EL ECO repasó la historia de los hechos más trascendentes que tuvieron como protagonista a la doctora Mariana Mota.

– ¿Cómo se vinculó a las causas de delitos de lesa humanidad?
-Fue particular. Mi primer destino fue en Castillos (Rocha) y una semana antes de que me trasladaran ocurrió el asesinato de Rony Scarcella, que era un ex militante del MLN, un ex preso político y ese caso parece que hubiera signado las posteriores actuaciones. Además fue un crimen que nunca fue aclarado. Yo tenía competencia de urgencia, no tenía la causa y me estaba yendo a otro destino. Recuerdo que fue una situación muy enigmática, porque estaba encapuchado con un tiro en la cabeza. Aún lo recuerdo, porque a una le queda en la memoria cada una de las muertes que ve. Es como un archivo que queda en la cabeza. Y cuando no se aclaran, permanecen con un signo de interrogación al lado.

El periplo de Mariana Mota

Desde allí la doctora Mariana Mota comenzó un periplo por distintos puntos del país: Young, San José, Paysandú, Dolores, luego Ciudad de la Costa y finalmente Montevideo.
En la capital del país le asignaron el Juzgado Penal de 7º Turno, y allí había varias causas sobre hechos ocurridos durante la dictadura, y la única que estaba en trámite en relación a delitos de lesa humanidad era la de Juan María Bordaberry. Después había otras paralizadas o semiparalizadas.
“A la causa de Bordaberry le dimos un poco más de impulso porque estaba bastante lenta y después dimos sentencia (fue en febrero de 2010). Eso generó el impulso por parte de víctimas y familiares de abrir otras causas conexas. Una por tortura, entre otras, cuando Uruguay no se había investigado por tortura hasta ese momento

– ¿De qué año estamos hablando?
-Yo entré en el 2009 y la sentencia de Bordaberry fue en febrero del 2010. A partir de ese momento se abre la causa por tortura y otra sobre la muerte de Ubagesner Cháves Sosa que había sido desaparecido y sus restos fueron ubicados en el 2005. A partir de que la Corte declara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el 2009, se promueve la inconstitucionalidad de otras dos causas: una era la de los fusilados de Soca* y la otra de Hugo de los Santos Mendoza, que era un estudiante de agronomía muerto en el Batallón de Ingeniería Nº 9, cuyo cuerpo después fue trasladado para Rocha. Recuerdo que aún en dictadura la familia pidió una segunda autopsia, y el juez y el fiscal realmente se enfrentan al régimen y le otorgan el derecho. Después pagan por ello, porque el régimen los traslada, los hostiga y son obligados a renunciar al Poder Judicial. Pero es una autopsia que determinó las verdaderas razones de la muerte.
En este caso existía una particularidad: había fotos del cuerpo, donde se veían las heridas. Porque los cadáveres de quienes habían muerto en las prisiones se los entregaban a los familiares a cajón cerrado y con la prohibición de abrirlos. Obviamente con un informe médico sobre la causa de la muerte que no era real.
Entonces, a partir de un pedido de la fiscalía de investigar otras muertes y, cuando se logra trámite mediante que se declare inconstitucional la ley de caducidad para los fusilados de Soca y para el caso de Hugo de los Santos, se abre un abanico enorme de causas. A partir del expediente de Hugo de los Santos se arma un expediente por cada muerte que allí estaba denunciada. Entre ellas estaba la del carmelitano Aldo Perrini. La familia hizo luego la denuncia, pero ya estaba pedida la inconstitucionalidad.

El efecto dominó y la multiplicación de causas

A partir de estas causas, de las sentencias, la doctora Mariana Mota se convierte en una amenaza para los genocidas, pero a la vez es punto de referencia para las víctimas o sus familiares y le comienzan a llover las causas. “Por la sencilla razón de que cuando las personas advierten que un organismo funciona, lo utilizan, como en cualquier ámbito de la vida”, dice con sencillez.
Por ello el Juzgado de Mota termina aglutinando muchas causas de derechos humanos. “Tenía dos juzgados: el normal con los casos cotidianos, de delitos comunes, y el juzgado de las causas de derechos humanos”, cuenta.

– ¿Tenía muchas presiones del sistema político?
– Sí (dice si quiera pasar desapercibida), porque cuando se comienzan a emitir los pronunciamientos judiciales, se avanza en las causas, se convoca a militares y a víctimas y familiares, eso inevitablemente genera un estado público porque importa, importa a la gente, pero ello también genera rechazo de los sectores que no querían que eso se ventilara. ¡Por algo existió la ley de caducidad! No fue porque alguien la trajo de otro mundo. Esos mismos sectores que intentaron que no se investigara, paralizar todo, después trataron de desestabilizar las investigaciones.

-¿De qué forma?
-Con una sucesión de denuncias contra mi trabajo, sobre la forma de cómo trabajaba, qué sacaba… eso estaba dentro de las reglas de juego. Porque claro, hay causas en las que uno no tiene tantas obstáculos procesales, pero en estas sí que había… Y después con la prensa también, porque había medios a los que sí les interesaba informar sobre qué pasaba con las causas de los derechos humanos, pero había otros que estaban en la vereda de enfrente.

-¿Qué decían?
-Se llegó a cuestionar mi forma de proceder, como que yo desconocía cualquier garantía judicial. Fue en la causa del general Calcagno, porque yo lo había procesado por la desaparición forzada de dos uruguayos en Paraguay: Gustavo Insaurralde y Nelson Santana. Así lo entendió también el Tribunal. Pero en ese proceso y en el pasaje del Juzgado al Tribunal, se dijo que yo había violado el principio de inocencia y me dijeron de todo un poco.

-Pero no quedó en eso…
-No, ahí fue el ex presidente Jorge Batlle (Partido Colorado, 2000-2005) y el ex vice presidente Gonzalo Aguirre (Partido Nacional, 1990-1995), a plantearle a la Suprema Corte que me sacaran del Poder Judicial. Pero eso no fue un hecho aislado, sino que todas las semanas había un hecho, un comentario, en contra mía. Después se inserta lo de la marcha, el reportaje en Página 12 (Argentina). Lo que pasa es que yo no estaba resolviendo sobre el hurto de la verdulería, sino que era pesado… Pero bueno, la opción era: o miro para el costado, o trabajo. Hice esto último.

-Situaciones como cuando la Suprema Corte la retiró del caso de Aldo Perrini.
-Me sacó el expediente, en una forma totalmente irregular. Y fue el día que yo iba a dictar sentencia.

-En este cúmulo de denuncias y hechos ¿nunca encontró denuncias o hechos que involucraran al doctor Julio Ma. Sanguinetti?
– ¿Contra él?

– Sí.
– No, nunca hubo. Es interesante -dice reflexionando-, se podría investigar qué tanto participó él en lo que supuestamente fue la Operación Zanahoria, si hubo o no remoción de cuerpos, también en lo que fue el ocultamiento de archivos. Había algunas personas que cuestionaban por qué no se ha investigado -porque todavía se puede hacer- la actuación del ex presidente en el avance o detención de las causas sobre los derechos humanos.

– ¿En esos años la justicia uruguaya respondía a un pensamiento filosófico de ocultamiento de la causas de derechos humanos?
-En realidad no era de oposición, sino de desconocimiento, que es más grave aún.

– ¿Cómo de desconocimiento?
-Salvo honrosas excepciones, como el caso de Mirtha Guianze u otros fiscales, que conocían los hechos, que conocían la jurisprudencia internacional, que conocían los procesos que se estaban llevando a cabo en otros países de América, el 90% de los jueces no parecían saber de la existencia de estas cosas y cuando aparecían las denuncias en nuestro juzgado, demostraban un desconocimiento que realmente era preocupante. Desconocimiento sobre cómo abordar a una víctima de terrorismo de Estado, como investigar un hecho, qué normativa se aplica, todo eso tiene una particularidad. Porque no olvidemos que lo normal es que el Estado proteja el derecho de las personas, no que los viole. El Estado tiene el deber de la protección a la víctima.

-¿Por eso su papel se tornó tan trascendente?
-Sí, porque los pocos que trabajamos en esto nos tornamos más visibles y más fácilmente atacables. Si hubiera sido todo el Poder Judicial que hubiera tomado esta situación como una violación a los derechos humanos y hubiera dicho acá hay que aplicar toda esta batería de normativa, todo hubiera sido diferente.

– ¿Quién fue el responsable de esta situación? ¿El Estado como tal o la Suprema Corte de Justicia?
-Es que mientras estuvo la ley de caducidad vigente no se podía investigar absolutamente nada, porque impedía a los jueces investigar estas causas. Tenían que preguntarle al Poder Ejecutivo si podían hacerlo y este decía que no. Entonces mientras esto sucedió no se tramitaba nada, y si no se tramitaba no había cuestionamientos jurídicos. No hubo la necesaria discusión jurídica que deberían hacer los operadores del derecho. Eso no se dio. Sí pasó en otros países, como en la Argentina. Ellos debatieron sobre si eran casos de lesa humanidad, si prescribían o no, la ley de obediencia debida, todo esa discusión se dio antes. Y acá no, no pasó nada…

-Pero si Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre se permitieron ir a hablar a la Suprema Corte, fue porque sabían que era permeable, que tenían llegada.
-Claro, lógico. La visita de estas personas no fue un hecho aislado, fue parte de una cadena de presiones. De esa me enteré porque ellos mismos lo dijeron, sin ningún problema. Después siguieron otros cuestionamientos. En realidad era todo ambiente en el que era difícil definir quién se oponía. Había diferentes sectores y de diferentes lados. Por eso la conclusión es que había un Estado al que no le interesaba resolver esto. Eso era lo más preocupante.

-¿Tuvo pruebas sobre si hubo un pacto entre los militares y el MLN Tupamaros para que las causas de derechos humanos no avanzaran en el gobierno de José Mujica?
– No, no tuve. Pero se habló mucho, de muchos pactos, de muchas cosas…

– Pero concretamente…
-Y los rumores me llegaban. Lo único concreto es que no se avanzó. Eso es objetivamente cierto, después… saber quién es responsable es otra historia. Porque pudo haber un pacto entre militares y MLN, pero las cosas no son aisladas. Y si hubo un pacto entre ellos dos, existe todo el resto de organismos que deberían oponerse a ello o someterse. Y ahí la decisión no es sólo de ese eventual pacto -si realmente existió- sino también de quienes obraron en consecuencia a ello.

-¿Recibió amenazas de muerte personalmente?
-No, no, personalmente no. Fueron genéricas, como aquel video que apareció de encapuchados que amenazaba a jueces y fiscales, que no me generó ninguna inquietud. Son como cíclicos, como que periódicamente aparecen. Luego sucedió el robo en la Facultad de Humanidades, apareció el Comando Barneix, y ahora se violentaron los lugares donde se buscan desaparecidos…

– ¿Son hechos aislados o hoy fuerzas que operan?
– Lo preocupante es que aparecen estos hechos porque no hay una respuesta concreta. Si el Estado y todos sus órganos tuvieran una posición clara y firme de que están interesados en esclarecer las causas de derechos humanos, de encontrar a los desaparecidos y de responsabilizar a quienes cometieron y ampararon estos delitos, creo que no habría duda de la posición del Estado y por lo tanto no cabría aceptar ningún tipo de amenaza, ni tolerarlas. Porque ¿cuánto afectan estas amenazas a las víctimas? ¿Cuánto afectan a las investigaciones? ¿A los testigos? Creo que el mensaje verdadero es atemorizar…

– ¿Qué pude decir del caso de Vladimir Roslik?
– Creo que ahí hubo un problema del propio sistema judicial, que archivó el caso porque dijo que había prescrito, y entonces no se avanzó. Cuando en realidad lo que tendría que haber ocurrido es que si el Tribunal entendía que había prescrito, amparando lo que había dicho el Juzgado de Primera Instancia, se tendría que haber planteado la casación a la Corte y si ésta mantenía la prescripción, pasar el caso a los organismos internacionales. No se puede aceptar que prescriba un delito de lesa humanidad. Y más en un caso que está totalmente individualizado. Fue al final de la dictadura, todo individualizado, muy conocido. En paralelo, fue como los primeros crímenes antes de la dictadura, cuando se discutía sobre ellos en el Parlamento. Y lo mismo pasó con Roslik, se sabe todo, cuándo, dónde y quiénes lo hicieron. Todo se sabe, fueron funcionarios públicos. Entonces la gran omisión fue no continuar.

– ¿Por qué cree que es necesario saber qué pasó y cómo en la historia reciente?
-Para que no vuelva ocurrir. Justamente por eso. La justicia no sólo es para sentenciar e investigar, sino que tiene que dar un mensaje claro de que cuando hay una conducta fuera de las reglas, se sanciona. Y en el caso de los delitos de lesa humanidad es para que no vuelvan a ocurrir. ¿Por qué ocurrieron? Puede ser por muchas circunstancias, pero seguramente hubo organismos estatales que no estuvieron lo suficientemente aptos o fuertes para evitar este tipo de vulneración. Entonces el cometido del Estado, en su función de proteger y defender a los derechos humanos, es tener políticas públicas eficientes para evitar que vuelva ocurrir. Lo que se llama garantía de no repetición. Pero para tener garantía de no repetición, tenemos que saber lo que pasó.

Entrevista de Daniel Roselli. Fue la jueza que condenó al ex presidente Juan María Bordaberry. Su nombre es Mariana Mota. Recibió todo tipo de presiones, hubo políticos que fueron a la Suprema Corte a pedir que la sacaran el Poder Judicial, y finalmente fue trasladada a un Juzgado Civil para opacarla, pero es imposible tapar el sol con un dedo.

fuentes   El Eco Digital

Tribunal confirmó el procesamiento del sobrino de Gregorio Álvarez

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 1º Turno confirmó el procesamiento con prisión del coronel Rodolfo Gregorio Álvarez, sobrino del ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez, por los apremios físicos cometidos contra un detenido político durante la dictadura. La Sala con el voto conforme de sus integrantes -los ministros Alberto Reyes, Sergio Torres y Graciela Gatti- consideró que Álvarez, en su calidad de juez militar, amparó estas prácticas, pero descartó el procesamiento por “torturas”, según el fallo al que accedió Caras y Caretas Portal.

En abril de 2017, el juez Penal de 5º Turno, José María Gómez, dispuso el procesamiento con prisión de Álvarez, como autor responsable de “un crimen de tortura, en concurso formal con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos”. En su fallo, Gómez valoró que Álvarez fue un “colaborador secundario” pero “no esencial” de las torturas sufridas por el ex preso político Gerardo Riet Bustamante, en el centro clandestino de detención La Tablada (o Base Roberto), por lo que dispuso su enjuiciamiento en calidad de cómplice, ya que “su cooperación significó un aporte o contribución de carácter subjetivo a los autores”. El fallo fue apelado por la defensa.

En este sentido, la Sala valoró “el acierto” del juez Gómez de iniciar su análisis sobre los hechos partiendo del contexto histórico en el que se produjeron (mayo de 1980), época en que “ya estaba sólidamente instalado un gobierno dictatorial que regía los destinos del país con un marcado acento en la represión de aquellos grupos -o individuos- considerados por el régimen opositores o disidente”.

Ese contexto señalado por el juez Gómez desacredita el argumento de la defensa que califica estos hechos, es decir, la la ratificación ante Álvarez de la declaración arrancada por medio de la tortura, “como un acto, aislado o cometido de manera dispersa o al azar, pues, va de suyo, ciertamente no lo fue”. Asimismo, la defensa “en ningún momento llegó a cuestionar la existencia de los tormentos a los que fue sometido Riet en el curso de su obligada estadía en los diversos centros de detención clandestinos”, los que cesaron luego de que el juez sumariante (Álvarez) validara la “confesión” bajo tortura.



En esta línea, la Sala descartó la teoría de la defensa en cuanto a que Riet procuró, en forma consciente o inconsciente, torcer los hechos para perjudicar al coronel Álvarez. “Decididamente no resulta razonable sostener que Riet imaginó o inventó cuando relató lo ocurrido en la audiencia que mantuvo con Álvarez, y lo que éste allí le manifestó”, señala el fallo. Según relató Riet, antes de hablar con el juez sumariante le informaron sobre la supuesta muerte de su hermana, tras el cual sufrió una crisis nerviosa, y allí se le acercó Álvarez a hablar para que firmara la confesión.

No sucedió lo mismo con la versión aportada por Álvarez ante la Sede, la cual “no resulta confiable por una cuestión muy básica”. “El visible estado de importante deterioro físico en el que obviamente se encontraba Riet cuando tuvo que comparecer ante él, luego de atravesar semejante vía crucis (habiendo estado entre 35 y 40 días arbitrariamente recluido e incomunicado en varios centros clandestinos de detención, siendo continuamente humillado y sometido a las más crueles y feroces prácticas de tortura imaginables), jamás pudo pasar desapercibido para un juez sumariante con grado de Capitán, que -para colmo de males- llegó al extremo de indagarlo al respecto”, señala el fallo.

“Por tanto, si ello no le pudo pasar desapercibido, es de toda evidencia que la hipótesis que propugna la Fiscalía y que acoge el A-quo (el juez Gómez) deviene ilevantable; con lo que se hace inevitable arribar a la conclusión que el denunciante no faltó a la verdad y que la audiencia en la que se recogió su testimonio y corroboró lo que poco antes se le había arrancado con la tortura, no fue más que una parodia con la que no tuvo más opción que cooperar, consintiendo aquello que le habían obligado a afirmar sus anteriores interrogadores, a riesgo de que se reiniciara el martirio”, expresa el fallo.

De la prescripción y el delito

En su fallo, la Sala desestimó la tesis de prescripción alegada por la defensa, en el entendido que ese punto “fue zanjado en el curso del presumario, a través de los recursos que en su oportunidad planteara la Defensa, que terminaron siendo rechazados por este Tribunal y por la Suprema Corte de Justicia, en Casación; por lo que se trata de una cuestión que ha quedado bajo el amparo de la cosa juzgada, y por ende, es stare decisis”. La Sala tiene una posición firme de que los delitos cometidos durante la dictadura son imprescriptibles.

“Es palmario que la arbitraria detención, el aislamiento sine die, la incomunicación compulsiva, así como los constantes y brutales suplicios a los que se sometió a Riet, por parte de cuerpos represivos del Estado, en dependencias oficiales, con un móvil político muy evidente (la eliminación de toda disidencia); son delitos de lesa humanidad y por consiguiente, imprescriptibles, tal como estableció de modo imperativo y con carácter general para nuestro país la Corte Interamericana de DD.HH. en el caso Gelman”, señaló el TAP.

“Habiendo arribado a la conclusión de que no hubo prescripción de los delitos cometidos en perjuicio de Riet, va de suyo que la posición por la que aboga la Defensa en cuanto a que no corresponde aplicar norma penal alguna es errada; pues es obvio que el comportamiento cumplido por Álvarez y los demás militares que coparticiparon en la operativa descripta (desplegando roles diversos en pos de un mismo fin), eran tan delictivos en la época en que se cometieron, como lo son hoy día”, agrega.

Sin embargo, se descartó la imputación del delito de tortura, en línea con la jurisprudencia firme de la Sala sobre la imposibilidad de aplicar una norma penal promulgada con posterioridad a los hechos denunciados. “Por tal razón, lo que procede es ajustar la calificación a aquella figura penal vigente al momento de comisión del hecho punible: artículo 286 CP (abuso de autoridad contra los detenidos), también tipificada en la recurrida, desde que los argumentos que se han esgrimido para cuestionar su imputación no son de recibo”.

“En efecto, el comportamiento de Álvarez quedó atrapado, no como autor, sino por la aplicación del dispositivo amplificador del tipo previsto en el artículo 62 CP (complicidad), que jurídicamente permite extender -o amplificar- las previsiones del tipo penal hacia otros individuos que no tienen las características exactas que describe, una vez se acredite que éstos cooperaron moral o materialmente al delito por hechos anteriores o simultáneos a la ejecución, pero extraños y previos a la consumación”, señala el fallo.

“Cuestión que resulta inobjetable, habida cuenta que en esta etapa inicial del proceso ha resultado razonablemente acreditado -con la nota de probabilidad- que el imputado estaba en pleno y cabal conocimiento de la manera como le había sido arrancada la confesión a Riet; y a pesar de ello actuó como un engranaje más de la maquinaria instaurada por el régimen, destinada a obtener confesiones y delaciones de opositores políticos por medio del suplicio y el tormento, como método de investigación y castigo”, concluyó el TAP.

Por unanimidad, el Tribunal de Apelaciones descartó la imputación de un delito de torturas, pero ratificó el procesamiento por apremios físicos contra los detenidos

POR MAURICIO PÉREZ    fuentes de caras y caretas

Fundación Mario Benedetti recuerda que El País fue vocero de la dictadura y cómplice de los crímenes de Estado

Fundación Mario Benedetti calificó de “vergonzoso” editorial de El País



El diario “El País” -en su editorial- respaldó a la escritora Mercedes Vigil, lo que desató un fuerte repudio por parte de la Fundación Mario Benedetti. Días pasados la escritora criticó la trayectoria del recientemente fallecido Daniel Viglietti.
Según publica “El País”, las declaraciones de Vigil sirven para plantear un tema más amplio que refiere al “daño inferido en su momento a las nuevas generaciones por las posturas políticas de intelectuales y artistas uruguayos. Viglietti, al igual que otras figuras locales tan notorias como Mario Benedetti y Eduardo Galeano, no solo adhirieron a posiciones de izquierda cuyo fracaso pudieron comprobar en vida, sino que hicieron algo mucho más grave: la apología de la violencia guerrillera dentro y fuera de nuestro país”.
El editorial también hace alusión al escritor colombiano Gabriel García Márquez. “Fueron decenas de jóvenes incautos los que en nuestro país pagaron con su vida, la cárcel y el fracaso personal, el crédito que le prestaron a las exhortaciones de los artistas comprometidos. Y eso es algo que no debería olvidarse a la hora de juzgarlos”.
En su defensa, y mediante un comunicado de prensa la Fundación Mario Benedetti manifestó su repudio al “vergonzoso editorial” del diario El País, “en el que denigra a Mario Benedetti, Daniel Viglietti y Eduardo Galeano, fundadores e integrantes de esta institución, intachables creadores universales”.
“No es necesario recordar que el diario El País de Uruguay fue vocero de la dictadura, ocultando y haciéndose cómplice de las torturas, asesinatos, desapariciones, apropiaciones de niños y violaciones ejercidas durante el gobierno cívico-militar”, agrega la fundación.

fuentes de  diario la republica


Fundación Mario Benedetti recuerda que El País fue vocero de la dictadura y cómplice de los crímenes de Estado

La Fundación Mario Benedetti reaccionó a un editorial del diario El País en el que critica a Daniel Viglietti, Eduardo Galeano y al mencionado autor por inspirar a “jóvenes incautos” que fueron asesinados, desaparecidos y torturaros por las fuerzas del Estado.
La Fundación Mario Benedetti emitió un comunicado en el que reacciona al editorial del diario El País del pasado martes donde se culpa al escritor uruguayo, junto al músico Daniel Viglietti y a Eduardo Galeano, de haber influido a la juventud de su época hacia posiciones izquierdistas por las que muchos de ellos fueron asesinados, detenidos y torturados.

“La Fundación Mario Benedetti manifiesta su repudio al vergonzoso editorial de ayer del diario El País en el que denigra a Mario Benedetti, Daniel Viglietti y Eduardo Galeano, fundador e integrantes de esta institución, intachables creadores universales”, señala el comunicado.

“No es necesario recordar que el diario El País de Uruguay fue vocero de la dictadura, ocultando y haciéndose cómplice de las torturas, asesinatos, desapariciones, apropiaciones de niños y violaciones ejercidas durante el gobierno cívico-militar y hasta el día de hoy”, continúa.

Naturalizando crímenes de Estado



En su editorial del pasado miércoles, El País recupera las críticas proferidas por la escritora Mercedes Vigil hacia Daniel Viglietti el mismo día de su velatorio, para subrayar “el daño inferido en su momento a las nuevas generaciones por las posturas políticas de intelectuales y artistas uruguayos”.

El texto destaca los vínculos de Viglietti y de Benedetti con el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, así como su compromiso con “posiciones de izquierda cuyo fracaso pudieron comprobar en vida”. A Eduardo Galeano se le reprocha haber cantado loas a grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), a la banda alemana Baader-Meinhof o a las Panteras Negras estadounidenses.

Puestos a criticar, el editorial del diario derechista critica al autor colombiano Gabriel García Márquez por alabar “la obra de los hermanos Castro sin levantar jamás su voz en defensa de los presos políticos cubanos”.

El texto finaliza instando a la sociedad a juzgar a estos artistas, teniendo en cuenta que “fueron decenas de jóvenes incautos los que en nuestro país pagaron con su vida, la cárcel y el fracaso personal, el crédito que le prestaron a las exhortaciones de los artistas ‘comprometidos’”.

Es decir, que, según El País, a la hora de valorar a estos artistas no habría que dejar de atribuirles parte de culpa por los casos de jóvenes que fueron ejecutados, torturados y desaparecidos por las fuerzas del Estado, ya que fue su obra la que les inspiró.

fuentes de caras y caretas

Sindicato de arroceros denunció violencia y uso indebido de agroquímicos en Comisión de Trabajo de Diputados

Richard Olivera, Julio de los Santos, Ayrton de Ávila, César Rodríguez y Marcelo Mayo, delegación de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, ayer, antes de ingresar a la Comisión de Legislación del Trabajo. Foto: Federico Gutiérrez

César Rodríguez y Marcelo Amaya, del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA), hablaron con la diaria luego de concurrir, ayer de mañana, junto con tres trabajadores arroceros de Treinta y Tres, a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Fueron a plantear dos preocupaciones del sindicato: el sometimiento de trabajadores en determinadas empresas y las condiciones de trabajo a las que están expuestos.

“La represión siempre existió, la agresión siempre existió y el tema de los problemas generados por los agroquímicos se ha agravado en los últimos 20 o 30 años, porque las cargas son más fuertes y porque las plantas adquieren resistencia”, señaló Rodríguez. Amaya contó lo mismo que en la comisión: una serie de conocidos, todos empleados de Arrozal 33, sufrieron las consecuencias de los agroquímicos. “En la misma empresa hubo un compañero que tuvo problemas motrices, perdió la voz y falleció; a otro compañero se le atrofiaron los músculos pero se salvó después de un largo período en el CTI; otro trabajaba en el área de administración y a veces dejaban los venenos en ese mismo lugar almacenados, y en el período de un año y poco también falleció por una enfermedad rara”.

Sin embargo, no sólo preocupan las enfermedades que puedan generar estos productos, sino las consecuencias ambientales. “No es sólo el tema de que es malo para la salud humana, sino también todos los daños colaterales a la población, a la comunidad; la falta de regulación de la fumigación con avionetas alrededor de los pueblos; el vertido a los cursos de agua y al suelo de restos de glifosato y otros productos; las mezclas cuyos efectos no se conocen; altas concentraciones en la fumigación” son, entre otras, algunas de las inquietudes que manifestó Rodríguez.

Otro tema que se trató en la comisión fue la persecución sindical relacionada también con los agroquímicos. Amaya recordó una serie de casos en los que se fumigó –rociando el veneno desde los aviones– directamente a trabajadores sindicalizados o a sus familiares “porque saben el temor que tienen los trabajadores a esa sustancia”.

Para finalizar, Rodríguez relató el caso de Ayrton de Ávila, quien concurrió ayer de mañana a la comisión. De Ávila defendió a un compañero que había vuelto del seguro de paro y tuvo un roce con otro trabajador. Al otro día fue agredido con un arma blanca por ese mismo trabajador –que es afín a los dueños y vive dentro del predio de la empresa–. “Lo esperó y, sin mediar palabra, lo apuñaló”, contó Rodríguez. El herido se retiró del lugar sin defenderse y efectuó la denuncia. El caso pasó a la Justicia y el agresor fue condenado y despedido de la empresa. “Cuando Ayrton regresó de la licencia por enfermedad se reintegró, y ese mismo día fue despedido por notoria mala conducta”, señaló. Este caso, sumado al de un policía que ayer realizó una denuncia por la agresión de un capataz, “muestra a las claras –dijo Rodríguez– que estos hechos no son aislados”.

fuentes de la diaria

08 • nov. • 2017 | Escribe: Julieta Núñez