Nada más peligroso que un rumor, lanzado en las redes, caiga en manos de alguien que no chequea su veracidad y lo replica sin pudor.

Por: Fernando Gil Díaz - "El Perro Gil"

Enmarañados por las redes

Uruguay sufre las consecuencias de una globalización que no mide resultados, así como tiene su lado positivo oculta otros que nos pegan fuerte y obligan a repensar todo, al tiempo de develar ciertas vulnerabilidades. Es que no todas las sociedades están preparadas para contener los cimbronazos de esa incontinente ola de globalidad que inunda el planeta. El efecto más pernicioso -sin dudas- son las redes sociales, un maravilloso instrumento que debe ir acompañado de conocimiento y si en ese ítem no estamos fuertes, entonces los riesgos se multiplican. Nada más peligroso que un rumor, lanzado en las redes, caiga en manos de alguien que no chequea su veracidad y lo replica sin pudor. Ese grado de ignorancia no se mide con las pruebas Pisa, pero -seguramente- sea parte del mismo problema. La decadencia virtual es tanto, o más dañina que la tradicional para un país que dio un salto revolucionario con sus planes Ceibal e Ibirapitá. Si no prestamos atención a ese punto y educamos en cultura de la información virtual que se difunde, seremos un cúmulo de ignorantes con la mejor tecnología en sus manos, capaces de volver letal un arma de conocimiento maravillosa como las redes sociales.

A bolazo limpio

A poco de comenzar las clases (un par de días antes) circuló en las redes un tenebroso mensaje que contenía datos locales sobre una supuesta orden impartida desde el Penal de Libertad por “los clanes mayores -primera interrogante, hablar de clanes en Uruguay no es común- de robar niños, porque ya las personas no pagan rescate por los autos, motos…y por los niños sí lo harán”. El mensaje es más largo, pero lo medular era ese punto. Me bastó copiar ese texto y buscarlo en internet para develar la falsedad del mismo. Se trata de lo que se conoce como “hoax”, término inglés del bulo o noticia falsa que intenta hacer creer a un grupo de personas que algo es real cuando no lo es. Se popularizó con los engaños masivos por medios electrónicos que se divulgan principalmente por internet (fuente: Wikipedia).

Pero este no es el único caso que padecimos los uruguayos del siglo XXI, acaso el más reciente que por la rápida acción de algunos no llegó a los medios de prensa que se hacen eco muchas veces de este tipo de noticias, aumentando su potencialidad destructiva.

Porque los efectos negativos no se limitan a simple viralización de información falsa, es información que sensibiliza y genera pánico desviando la atención de las autoridades que deben -responsablemente- atender, verificar y desmentir la información para calmar o impedir el pánico en la población. No hacerlo daría margen al mensaje para lograr su objetivo de generar miedo y quién sabe qué otros intereses ocultos. Lo cierto es que basta con estar preparados para este tipo de amenazas desactivándolas a tiempo. El antídoto es simple: cortar y pegar una frase alcanza para indagar cuantas veces el mismo texto se usó en el mundo para darnos cuenta de la presencia de estos mensajes.

Difamación virtual

Pero no solo apuntan -los bolazos- a generar miedo y pánico entre la gente (amparados en el anonimato que dan las redes), también buscan, en muchos casos, el desprestigio de una gestión o de las personas que la llevan adelante. Han circulado muchos casos de este tipo, los últimos fueron (con foto incluida) de un representante nacional suplente del Partido Nacional al que sindicaron como requerido por la estafa al Fonasa (circunstancia que no tiene asidero real por carecer de requisitoria alguna dicha persona). O la viralización de un comprobante de pago por servicios adquiridos por la Intendencia de Montevideo a una abogada del Partido Colorado a la que contrataron “por designación directa con una remuneración de sólo 155.000 pesos mensuales” (sic). Algo falso de toda falsedad ya que atribuyeron como pago mensual el total de la contratación que es por 6 meses (la retribución mensual supera apenas los $25.000). Sin hablar del adicional de afirmar que dicha abogada era “pareja” de la directora que la contrataba. Otra afirmación falsa.

No sé quién se toma el trabajo de modificar los textos para hacerlos pasar por casos locales pretendiendo hacerlos más creíbles. Quien hace eso debería ser pasible de una sanción pues sus efectos son impredecibles y genera desvíos innecesarios de recursos humanos y tecnológicos para verificarlos por parte de las autoridades.

Asimismo, quien se toma el tiempo de divulgar mensajes con contenido falso y difamante corre el riesgo de cometer un delito exponiéndose a una demanda por difamación e injurias por parte de la víctima del mensaje.

El anonimato, en el que se escudan los inescrupulosos que manipulan la información con fines de viralizarlo en las redes sociales, es posible desenmascararlo con pericias forenses que permiten llegar al autor original, a pesar de la creencia de que ello es imposible.

Anticipo electoral

Las elecciones parecen estar instaladas ya en el Uruguay a tres años de los próximos comicios. Hay quienes no toleran los cambios, se dicen demócratas pero no aceptan las reglas democráticas promoviendo el miedo y el descrédito con acciones de este tipo. Solo así puede explicarse que se tomen el trabajo de modificar un texto para hacerlo circular como si fuera un caso local. En ese momento, quien lo hace, está haciendo algo lindante con el delito o, por lo menos, algo irresponsable y debería tener alguna sanción.

Las redes sociales son un instrumento maravilloso, las aplicaciones contribuyen a mejorar nuestro confort proveyendo de la información necesaria para la toma de decisiones. Pero si esa información es tendenciosa y/o falsa, deja de ser información para ser pura y lisa manipulación.

Por ello es que debemos educar en la prevención de este tipo de acciones que son cada vez más frecuentes en el Uruguay de hoy, si no queremos quedar enmarañados por las redes…

FUENTES DE LA REPUBLICA DIARIO

Entre recuerdos y música fue colocada una placa de la memoria en la ex cárcel Cabildo

María Luz Osimani, el viernes, durante el acto de colocación de la placa recordatoria en la ex cárcel de Cabildo. Foto: Federico Gutiérrez

Desde ahora, quien pase por la esquina montevideana de Cabildo y Miguelete podrá ver una placa de bronce que da cuenta de que allí, entre 1968 y 1977, funcionó la primera cárcel de mujeres presas políticas en Uruguay. La iniciativa surgió del impulso de las ex presas políticas, que emprendieron esta acción como forma de recuperar la memoria, pero no por la historia en sí, sino por el futuro.

Por la cárcel Cabildo pasaron más de 200 presas políticas. Algunas de ellas comenzaron a juntarse hace 15 años, y hace dos que empezaron a trabajar “en un proyecto de recuperar la memoria de lo que pasaba adentro de los muros”, contó a la diaria Martha Avella, de 76 años de edad, que estuvo presa en Cabildo entre 1969 y 1975. La colocación de la placa es una de las acciones mediante las que el Estado uruguayo reconoce el período de terrorismo de Estado que vivió el país entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, y cumple con el reconocimiento y la reparación a las víctimas determinados por la Ley 18.596.

La esquina de Cabildo y Miguelete estaba llena de gente el viernes de tardecita; ahora funcionan allí la Dirección Nacional del Liberado y el Centro de Formación Penitenciaria.

“Nos parecía que no podíamos poner una placa fríamente, que teníamos que ver al pueblo, trabajar con el barrio, con los vecinos que, en última instancia, habían soportado, sufrido y vivido las mismas vicisitudes que vivíamos nosotras, porque la calle estuvo cerrada mucho tiempo. Encontramos mucho apoyo, en el Municipio B, de los vecinos, que estuvieron muy dispuestos a dar sus testimonios. Trabajamos con las escuelas del barrio, con el liceo, la comisión de género, los sindicatos, Sutel [Sindicato Único de Telecomunicaciones], asociaciones y organizaciones; tal vez eso explica que hoy hubiera un poco más de gente que la que hay habitualmente” en estas actividades, contó Martha, ya de noche.

María Luz Osimani leyó un discurso en nombre de todas las ex presas políticas. El texto daba cuenta de que había sido un “proceso sanador y reconciliador, en lo individual y en lo colectivo”. Habló de que la dictadura cívico-militar buscó la “destrucción total” de ellas como mujeres, y de las largas colas que tenían que hacer semana a semana sus familiares. “Fue necesario un período de decantación”, dijo, en relación a los 40 años que pasaron desde que Cabildo dejó de encerrar a presas políticas y los más de 30 desde el retorno de la democracia. El grupo no enumeró las enormes deudas pendientes que tiene el Estado uruguayo, pero hizo suyo el reclamo de Crysol, la asociación de ex presas y presos políticos, que el 14 de marzo, Día de la y el ex Preso Político, volvió a pedir justicia por los crímenes, torturas y abusos sexuales cometidos durante la dictadura, y que se quite a los militares sentenciados los privilegios que mantienen.

Hablaron también el alcalde del Municipio B, Carlos Varela, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y la subsecretaria de Educación, Edith Moraes. Sus discursos fueron breves y todos aludieron a la importancia de fortalecer la memoria para que no vuelva a haber terrorismo de Estado.

Recuerdos vivos

“Me acuerdo de que me pasaban por la mirilla de la puerta y yo tenía miedo de que no me fueran a pasar las orejas. Nunca fue una cárcel para mí; cuando yo llegaba era como un cumpleaños, como si fuera una fiesta con un montón de tías”, contó uno de los hijos de aquellas presas políticas en el documental Memorias, elaborado por Román Rodríguez Salgado, hijo de una ex presa de Cabildo. La puerta estaba allí, exhibida junto a la placa, por ser un símbolo muy potente.

Antes de empezar la ceremonia, Marta Pérez Hernández, de 75 años, recordó a su padre, las colas que hacía, y dijo que “cuando llegaba a la ventanilla para hablar conmigo estaba con el bastón y temblando de arriba a abajo, no podía venir muy seguido porque se enfermaba; no entendía, yo le decía que estaba ahí por [buscar] un cambio”. Ella era dirigente sindical desde los 16 años, primero del sindicato textil y luego del de la madera (Soima); la llevaron presa de su casa “por estar afiliada a un partido político que estaba proscripto, que ellos proscribieron”, aclaró.

María Inés tenía 17 e iba a visitar a su hermana, que tenía 18 cuando cayó y que estuvo cuatro años en Cabildo y después fue trasladada a Punta de Rieles. “Me acuerdo que venía una vez por semana, hacíamos la fila para entrar, te revisaban toda y estábamos un rato, pero, en realidad, dentro de todo era mejor acá que en Punta de Rieles, porque acá tenías un trato más cercano y allá era todo reja de por medio. Acá era diferente, el trato era especial, porque no estaban acostumbrados a tener presos políticos, y aquello fue construido especialmente para eso”, recordó.

En la ceremonia y en las charlas afloraban más las cosas buenas que las malas, tal vez porque, como decía María Inés, la etapa de Punta de Rieles fue mucho más dura.

Las ex presas quisieron que en la ceremonia sonaran algunas de las canciones que cantaban mientras estaban recluidas. Mediante el programa Esquinas de la Memoria, consiguieron un profesor de guitarra del Taller Uruguayo de Música Popular con el que durante todo el verano ensayaron tres canciones, que entonaron todas juntas. La primera fue “Vientos del pueblo”, poema de Miguel Hernández musicalizado por una de las ex presas. Le siguió “Pa’l que se va”, de Alfredo Zitarrosa, que cantaban cuando una presa salía en libertad, y “Sentados al cordón de la vereda”, de José Carbajal, el Sabalero, que “la cantábamos siempre”, explicó María Amalia, una de las ex presas. ¿Cómo era la vida dentro de la cárcel? “Hacíamos de todo: manualidades, estudiar, conversar, cantar. Había algunas compañeras que tocaban la guitarra, yo aprendí a tocar. Hubo distintas etapas. En el primer Cabildo estaban todas juntas. Cuando yo llegué, en la última etapa del Cabildo, eran todas celdas, había tres corredores distintos con celdas, algunas con tres compañeras, otras con cuatro”. Cantaban todas juntas cuando salían al patio. “Sentados al cordón de la vereda” fue acompañada por tambores. No era casual: parece que ellas escuchaban siempre tambores y pensaban que era una cuerda de la zona que ensayaba; al tiempo se enteraron de que tocaba especialmente para ellas.

El contacto con el barrio era “más auditivo que visual”, contó Martha. Lo mismo dijo un vecino, que prefirió no identificarse. Tiene 67 años, y desde que nació vive a media cuadra de la cárcel. “Yo tenía la edad de ellas, 20 y poco, también militaba y siempre estaba pendiente de una seña, de un sonido, de un grito, de un canto, de las visitas que entraban y salían, de cuando las trasladaban. Durante mucho tiempo tuvimos una tanqueta M 113 - que había antes, de transporte de tropas- en cada esquina; era el terror, más para los niños. Los papás tenían que llevar a los niños a la escuela con el documento en la mano. Pintaron de blanco de la mitad para abajo todos los árboles que rodeaban la cárcel para poder dispararle a alguien que estuviera atrás de un árbol”, relató. Contó que aun así, hubo dos fugas, el 8 de marzo de 1970 y el 30 de julio de 1971. “Los vecinos vivimos las fugas con mucha emoción, aplaudíamos para adentro, porque si aplaudíamos para afuera terminábamos adentro. Había vecinos que miraban para otro lado”, señaló.

Edith Moraes -no la subsecretaria de Educación, sino una ex presa política- escuchaba el relato del vecino y agregó: “Lo importante es ahora. Los barrios tienen que recuperar su historia pero además avanzar, cambiar la realidad de esta cárcel; hay muchas generaciones que no conocen lo que pasó. No es que los jóvenes no quieran saber nada, a veces nosotros, los mayores, no les hemos sabido explicar. La vida no es blanco y negro, pero hay que demostrarles para que ellos tengan herramientas para pensar por sí solos”.

Varinia, de 50 años, es hija de Élida, que estuvo presa de 1969 a 1977 en Cabildo y luego en Punta de Rieles. “Cuando ella cayó yo tenía tres años, y cuando salió tenía 17 para cumplir 18: estuvo 15 años presa”, contó. “De acá tengo muchos recuerdos”, dijo. Algunas veces se quedó a dormir. “Era como un secreto, sabían todos los del penal, pero cuando se hacía la guardia había que esconderse arriba del wáter y taparse con la cortinita, eso lo vivía con diez años. Saqué varias fotos contra la puerta, porque uno de los recuerdos que tengo es de cuando cerraban la puerta a las cinco de la tarde y yo a veces me quedaba y me iba a visitar a otras presas y salía por el agujerito ese, que es chico, pero yo era chica y flaquita. Tengo muchísimos recuerdos: de que escuchaban a [Joan Manuel] Serrat, de una vez que en el patio pusieron la televisión y de que iban a pasar una película de [Carlos] Saura y era todo un acontecimiento. Yo tengo la comparación con la cárcel de Punta de Rieles; entonces, esta cárcel para mí era una maravilla y todos los recuerdos en general son buenos. Iba de celda en celda, ellas hacían su propia comida y había cierta libertad, derechos humanos, digamos. Después, cuando se llegó a Punta de Rieles, se perdió todo eso y fue realmente un campo de concentración”. ¿Qué significa la placa para ella? “La placa, nada. No me reúno con hijos [de ex presos políticos], nunca fui a una actividad, pero hoy sentí que tenía que venir, porque para mí Cabildo es algo muy fuerte, es la mayor parte de mi niñez. Quería ver si me dejaban entrar a la cárcel y hoy me dijeron que no, pero que viniera el lunes. La placa no significa nada, pero me resultó súper emocionante ver a todas estas mujeres que todavía están ahí resistiendo, que están vivas, a los hijos; me encontré con algunos compañeritos de visitas y la verdad es que estoy explotando de emoción, de una emoción contenida desde hace muchos años, porque yo no soy de andar hablando de que soy hija de y no formo parte de [agrupaciones de] hijos, pero es muy fuerte”, expresó.

Amanda Muñoz

FUENTES DE LA DIARIA

El documental El Robo, que cuenta la historia de María Victoria Moyano, dirigido por Carlos Asseph, se estrena por internet en un nuevo aniversario del golpe genocida en Argentina.

Este documental es una investigación sobre la vigencia de la lucha por la identidad y la justicia.

Esta investigación es parte de la lucha por el juicio a los genocidas de los 70.

En el proceso de hacer este documental se metió preso a Videla, pero quedaron muchos libres, como los que mataron a los padres de María Victoria.

También, es sobre la continuidad del aparato represivo de la dictadura, pasando por el kirchnerismo.

Al finalizar este documental éramos reprimidos en la Panamericana por el Sergio Berni y CFK, en la puerta de la multinacional yanqui Lear.

A 40 años se estrenó la película en salas en todo el país, miles de personas la vieron. Ahora con este lanzamiento por internet, aspiramos a que muchas más la puedan ver, mostrarla a sus amigos, llevarla a las escuelas, universidades y lugares de trabajo.

Porque contar nuestra historia es parte de la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.

Mirá el documental completo CLIK  aquí
FUENTES DE A LA IZQUIERDA DIARIO

Eduardo Ferro fugó de Uruguay el 15 de octubre de 2016 JUSTICIA LIBRÓ UNA ORDEN DE CAPTURA EN SU CONTRA

Era investigado por su participación en la desaparición de Óscar Tassino, no se presentó a declarar y la Justicia libró una orden de captura nacional e internacional en contra.

A fines de noviembre de 2016, efectivos de policías llegaron a una finca de Pinares (Maldonado) y preguntaron por el coronel (r) Eduardo Ferro. Los efectivos pretendían entregarle una citación judicial. La jueza Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, pretendía interrogarlo por el secuestro y desaparición del militante comunista Óscar Tassino, en 1977. Ferro era citado como indagado, por lo que debía comparecer con su abogado.

Los recibió su esposa, quien les dijo que su marido no estaba en el país. Les explicó que había viajado a Europa para participar en un evento internacional de karate, en su calidad de juez, y que volvería a fin de año, para pasar las fiestas con su familia. Los efectivos se retiraron e informaron a la jueza de la situación. La magistrada fijó una nueva audiencia para principios de marzo.

La esposa de Ferro concurrió al Centro Militar y solicitó la asesoría letrada que la institución brinda a los militares investigados por crímenes de la dictadura. Carlos Bustamente, el abogado que lo había patrocinado en otras causas, estaba fuera del país, por lo que los abogados del Centro Militar asumieron su defensa en la causa Tassino. Cuando en febrero llegó la nueva citación, los abogados intentaron comunicarse con él sin éxito. Cómo era de prever, Ferro no se presentó a la audiencia y los abogados del Centro Militar presentaron renuncia a su patrocinio.

En este marco, los abogados del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) -representantes de la familia Tassino en el proceso- solicitaron a la Sede la adopción de medidas cautelares para evitar su sustracción a la Justicia. La jueza Sánchez, en línea con la fiscal Mariela Luzzi, dispuso una orden de cierre de fronteras y la conducción del militar ante la Sede, para el 13 de marzo. Sin embargo, Ferro no fue encontrado en sus lugares habituales y volvió a no presentarse a la audiencia.



Por este motivo, la jueza Sánchez libró una orden de captura nacional e internacional en su contra para ubicar su paradero. En este sentido, la Dirección Nacional de Migraciones constató que Ferro salió de Uruguay el 15 de octubre de 2016 y nunca regresó, según dijeron fuentes del Ministerio del Interior a Caras y Caretas Portal. La única versión de la Policía es que habría viajado a Europa, pero en los hechos su paradero es desconocido. Es intensamente buscado por los servicios de Interpol.

¿Quien es Eduardo Ferro?

Eduardo Augusto Ferro Bizzozero ingresó al Ejército en 1964. Lo hizo como cadete en el arma de Ingenieros. Tres años después egresó como alférez y en 1970 ascendió a teniente segundo. Por esos años, Ferro realizó un curso en la Escuela de las Américas (School of Americas), en Panamá, institución en la que cientos de militares sudamericanos se formaron en el doctrina de la Seguridad Nacional.

Según una crónica del periodista Roger Rodríguez, en 1975, ya en dictadura, Ferro comenzó a desempeñar tareas en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubersivas (OCOA) y en el centro clandestino de detención y torturas “300 Carlos”, ubicado en los fondos del Batallón Nº 13. Lo hacía bajo los alias de Oscar y Guillermo. Se trató de uno de los hombres más relevantes dentro del organigrama militar de la dictadura, con una fuerte influencia entre sus pares.

Entre 1988 y 1991, tras el retorno de la democracia, Ferro fue designado jefe del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa (DGID). Un artículo del semanario Brecha, vinculó a Ferro con el espionaje militar a partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que quedó al descubierto con la aparición del archivo en poder del coronel (r) Elmar Castiglioni (hoy fallecido) y que dio mérito a la formación de una Comisión Investigadora en el Parlamento.

Al igual que varios de sus camaradas, tras su retiro se radicó en Maldonado, en la zona de Pinares. En 2004, comenzó a trabajar del Hotel Las Dunas de Manantiales como jefe de Vigilancia, aunque posteriormente asumió un cargo gerencial. Sin embargo, mantuvo una estrecha relación con sus camaradas y una activa participación en el Centro Militar.

El triunfo electoral del Frente Amplio implicó un cambio en la política en materia de investigación de los crímenes de la dictadura y varios militares fueron investigados, juzgados y condenados por violaciones a los derechos humanos. Ferro estuvo al frente de la “resistencia” ejercida por los efectivos castrenses, con una visión crítica de esas investigaciones; fue uno de los promotores del “Foro Libertad y Concordia”.

En ese rol concedió algunas entrevistas en las que señaló la necesidad de “dar vuelta la página”: “Algunas heridas están muy sanadas y en otras hay alguien a quien le interesa abrirlas de nuevo por distintos motivos. […] Seguimos arrastrando una mochila de gente interesada en que no avancemos. Llega un momento en que hay que dar la vuelta la página, ni vencidos ni vencedores y seguir adelante. La historia es muy profusa en ese sentido, tanto en Uruguay como en el mundo”, declaró.

Ferro tenía un interés directo en que las investigaciones se cerraran. Decenas de ex presos políticos lo sindicaban como uno de los militares más activos en la represión contra los grupos “sediciosos” en dictadura. Según esas denuncias, Ferro era uno de los cabecillas del “300 Carlos” y tuvo una activa participación en la casona de Punta Gorda.

Además, se lo señaló como partícipe en diversos operativos en la República Argentina y en la detención y secuestro en Brasil de los militares del PVP, Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez, en el marco de la participación de los servicios uruguayos en el Plan Cóndor. Y también en el secuestro y desaparición de Tassino. Fue esta indagatoria judicial la que complicó su situación procesal. Y la que derivó en su fuga.

La historia de Tassino

Óscar Tassino era empleado de UTE, integraba el sindicato de la empresa (AUTE) y militaba en el Partido Comunista. En 1974 fue detenido y al ser liberado pasó a la clandestinidad. Volvió a ser detenido en julio de 1977, durante un operativo en una casa particular ubicada en Máximo Tajes 6632; Tassino vivía allí.

Según la ficha elaborada por el equipo de historiadores de la Secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente (SDH), “tres hombres de particular entraron corriendo a la finca, armados y a cara descubierta”. “Somos las Fuerzas Conjuntas, quédense quietos o los quemamos”, gritaron los hombres. Redujeron a sus ocupantes y montaron una “ratonera”. Tassino llegó una hora después. Fue dominado, tirado al piso y llevado a una pieza del fondo donde es castigado.

“Luego lo ingresan violentamente a la casa y al cabo de media hora se retiran con él en un auto Peugeot de color blanco”, señala la SDH. Tassino fue trasladado a dependencias militares. Fue recluido en el centro de detención “La Tablada”, dónde también operaba el OCOA. Hoy permanece desparecido. Los testimonios de la época apuntaron a la participación en ese operativo del ex militante comunista Ariel Ricci. También se señaló a los militares Ferro, Ernesto Ramas y Jorge “Pajarito” Silveira como participes del operativo.

En junio de 1985, tras el retorno de la democracia, la familia de Tassino presentó una denuncia penal por su secuestro y desaparición. La misma fue archivada en mayo de 1987, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Sin embargo, en setiembre de 2006, la familia de Tassino -representada por Ielsur- solicitó la reapertura de la indagatoria, amparados en “derecho a la verdad”. El juez Rolando Vomero (hoy jubilado) aceptó el planteo y dispuso el reinicio de las actuaciones.

Posteriormente, el caso fue removido del amparo de la Ley de Caducidad, por lo cual la Justicia apuntó a determinar la responsabilidad de militares en el secuestro y desaparición de Tassino. En este contexto, la Justicia dispuso la citación de varios militares, entre ellos, Ferro y Silveira. La indagatoria se paralizó ante los recursos de inconstitucionalidad y prescripción presentados por las respectivas defensas. Ninguno de estos recursos tuvo andamiento, por lo cual se reiteró la citación de los militares. Silveira fue conducido al Juzgado y declaró que no tenía conocimiento de los hechos. Ferro nunca se presentó.

FUENTES DE CARAS Y CARETAS

Observatorio Luz Ibarburu pedirá a CIDH que exija mayor eficacia del Estado en investigaciones sobre dictadura

El organismo señala omisiones e incumplimientos en materia de acciones en pos de los Derechos Humanos.


El Observatorio Luz Ibarburu (OLI), una organización de derechos humanos, dijo que solicitó una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir una mayor eficacia del Estado uruguayo en las investigaciones relacionadas con la dictadura.
El coordinador ejecutivo de OLI, Raúl Olivera, aseguró que ese organismo solicitó una audiencia a la CIDH para mayo, cuando tendrá lugar un período extraordinario de sesiones de la comisión en Buenos Aires.
La solicitud presentada por OLI está basada en acontecimientos vinculados con los derechos humanos como las amenazas que recibieron recientemente activistas.
En uno de los casos, el autodenominado "Comando Barneix" amenazó de muerte a varias figuras públicas, entre ellas el ministro de Defensa, Jorge Menéndez y el fiscal Jorge Díaz.
Olivera también se refirió a amenazas realizadas una vez que se reinstaló la democracia en el país y mencionó a los "atentados" perpetuados contra el dirigente sindical Hugo Cores (1937-2006), fundador del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), que integra el Frente Amplio (FA)
Asimismo, aludió a los "atentados" al estudio del ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, que en setiembre de 2003 fue atacado a balazos, y al robo al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF).
Dicho episodio sucedió en marzo de 2016, cuando desapareció material vinculado a la investigación sobre detenidos y desaparecidos en la dictadura.
"Todos son elementos que configuran un panorama que consideramos que la CIDH debe prestar atención", afirmó Olivera, que además consideró que los episodios aún "no han sido aclarados".
El coordinador ejecutivo del OLI mencionó el "proceso de justicia transicional que se vive en Uruguay" y afirmó que tienen "la visión, desde el punto de vista de las causas" que llevan, "que el Estado uruguayo viene incumpliendo".
Se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011 que responsabilizó al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta restituida del poeta argentino Juan Gelman.
Dicho fallo estableció "con absoluta claridad" que Uruguay debía tener una "acción rápida y eficaz" con respecto a estas investigaciones.
"Han pasado seis años desde la sentencia Gelman y el resultado no ha sido ni rápido ni eficaz", apuntó Olivera.
Aunque el presidente Tabaré Vázquez creó una serie de medidas para avanzar en las investigaciones relacionadas con la dictadura, el coordinador ejecutivo del OLI consideró que, si los instrumentos "no funcionan o son ineficaces", no habrán mayores avances.
"La muestra la tuvimos ayer, porque el presidente habló de todos los logros (...) pero ayer ni se acordó de los anuncios que hizo el 1 de marzo de 2015, cuando asumió", aseguró Olivera sobre el mensaje de Vázquez emitido este miércoles en todo el país por los dos años de su mandato.
"Ni se acordó porque seguramente no tendría nada positivo para destacar", concluyó.
(Fuente: EFE)  y montevideo portal