Atilio Borón: “El periodismo dejó de cumplir su función primordial” Venezuela en la hora de los hornos




El sociólogo argentino participó en la conferencia “Geopolítica de la batalla de las ideas”, organizada por el Sindicato de Prensa Rosario; allí analizó las características actuales del poder mediático y sus entramados con el poder político, económico y financiero.

Brasil planificó la invasión a Uruguay en 1971 a pedido del presidente Jorge Pacheco Areco

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EL GENERAL RETIRADO RUY DE PAULA COUTO HABLO  DE LA "OPERACIÓN 30 HORAS" EN LA TV BRASILEÑA

Por: ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy


El propio presidente Jorge Pacheco Areco pidió ayuda militar a Brasil, dándole la posibilidad de invadir el territorio uruguayo si el Frente Amplio llegaba a ganar las elecciones de 1971, según afirmó anoche en un programa de televisión en Porto Alegre el general retirado del Ejército brasileño Ruy de Paula Couto.

Ruy de Paula Couto fue agregado militar en la Embajada de Brasil en Montevideo (1967-1969) e íntimo amigo del ex inspector general del Ejército y ex ministro de Defensa uruguayo, general César Ramón Borba Tadeo (contraparte de la invasión), quien había sido su alumno en la Escuela Superior de Guerra de Río de Janeiro.

El militar brasileño afirmó que el gobierno del Partido Colorado estaba entonces al tanto de la denunciada “Operación 30 Horas”, como se denominó el operativo en el que el Ejército de Brasil invadiría el territorio uruguayo, sin resistencia de las Fuerzas Armadas uruguayas, para apoyar un golpe de Estado que mantendría en el poder a Pacheco Areco.

Las declaraciones de Ruy de Paula Couto fueron realizadas anoche en el programa “Historias” que conduce el periodista José Mitchell en el Canal 36 de la emisora TV Com perteneciente al Grupo RBS, del que también son parte el diario Zero Hora y varias radioemisoras gaúchas.

La afirmación de Ruy de Paula Couto coincide con documentos secretos de Itamaraty, proporcionados a LA REPUBLICA por el Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, donde la correspondencia del entonces embajador brasileño en Uruguay, Luiz Bastián Pinto, evidencia la injerencia brasileña.

También una serie de documentos secretos norteamericanos, recientemente desclasificados por el Departamento de Estado, confirman la denuncia del militar brasileño y exponen la intervención que Estados Unidos, Brasil y Argentina realizaron en Uruguay durante los comicios de 1971.



Confesiones del general

Ruy de Paula Couto es hoy un escritor especializado en los temas de la Amazonia. Además de su agregaduría diplomática en Montevideo, el general fue director de Enseñanza Preparatoria y Asistencia, comandante de la 5ª División de Ejército y del 5º Regimiento Militar y ministro del Tribunal Militar.

Su relación con el ex inspector general del Ejército y ex ministro de Defensa, general César Borba, se fortaleció durante los años en que Couto estuvo en Montevideo y cuando el militar uruguayo participó de la 8ª Conferencia de Ejércitos Americanos desarrollada en Río de Janeiro en 1968.

Según se afirma en Brasil, el mismo Ruy de Paula Couto se encontraba en la embajada brasileña en Montevideo durante las negociaciones para la liberación del cónsul Aloysio Dias Gomide, secuestrado por los tupamaros el 31 de junio de 1970 y liberado el 21 de febrero de 1971.

El general Ruy de Paul Couto llegó a ascender a la jefatura del Estado Mayor del poderoso III Ejército, hoy denominado “Comando Militar del Sur”, que abarca los Estados de Rio Grande, Santa Catarina y Paraná (fronteras con Argentina, Paraguay y Uruguay) y tiene dos tercios de los efectivos de ese país.

En la entrevista con el periodista Mitchell el militar brasileño dijo anoche que ante la situación política en Uruguay, Pacheco le pidió apoyo militar a la dictadura brasileña y ayuda en la reforma de los servicios de Inteligencia, por lo que el propio presidente Garrastazú Médici envió a Ruy de Paula Couto a Montevideo para arreglar la situación con su amigo el general uruguayo César Borba.

El acuerdo implicaba que el Ejército uruguayo comenzaría a enviar oficiales para ser capacitados en Porto Alegre y tomar contacto con la oficialidad brasileña perteneciente al poderoso III Ejército, encargado de la invasión. “No nos íbamos a pelear con el Ejército uruguayo sino que habría un entendimiento entre ambos que operarían en una acción conjunta”, dijo el militar.

Repreguntado por el periodista Mitchell sobre si todo el Ejército brasileño intervendría en la “Operación 30 Horas”, Ruy de Paula Couto explicó que para invadir Uruguay alcanzaba con sólo el III Ejército brasileño.



Contexto de los setenta

Cuando se convocó a votar en las elecciones nacionales de 1971, Uruguay vivía un momento clave de su historia: el país estaba en crisis social, política y económica. La oligarquía criolla llegaba a ocupar cargos de gobierno en sustitución de políticos que no coincidían con medidas del gobierno que había congelado precios y salarios y limitado los derechos individuales. Existía una fuerte movilización sindical y estudiantil, el guerrillero Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros estaba en ofensiva, y habían surgido grupos parapoliciales de extrema derecha.

El presidente Jorge Pacheco Areco del Partido Colorado procuraba una reforma constitucional para su reelección, el Partido Nacional estaba liderado por un popular Wilson Ferreira Aldunate quien podía ganar la votación, y había sido creado el Frente Amplio como alternativa de los partidos históricos de la izquierda y grupos e individuos progresistas, a semejante crisis.

Pacheco Areco, quien asumió la presidencia ante la muerte del general Oscar Gestido el 6 de diciembre de 1967, había marcado un endurecimiento de la represión del Estado con sucesivas aplicaciones de medidas prontas de seguridad que implicaron la detención de cientos de civiles.

En mayo de 1969, al volver de un viaje, precisamente a Brasil, y en el marco de un intento de censura al ministro Juan Peirano Facio, Pacheco llegó a amenazar con disolver las cámaras como había ocurrido en diciembre en el país vecino, donde el régimen militar había clausurado el Congreso.

Meses después, en octubre, la dictadura brasileña al tener que nombrar un sucesor del presidente Artur da Costa e Silva (segundo mandatario del régimen, que había sufrido una trombosis), se negaría a reconocer al vicemandatario Aleixo y designaría al general Ernesto Garrastazú Médici.

Garrastazú Médici conocía bien el Uruguay. Su madre había nacido en Paysandú y su abuelo fue un combatiente maragato. Antes de acceder a la presidencia de Brasil había sido el jefe del terrorífico Servicio Nacional de Información (SNI) a través del cual fortaleció sus contactos con Estados Unidos.

El general Garrastazú no sólo ejercería el poder en Brasil, sino que también se alinearía a la “Doctrina Nixon” que en Latinoamérica había sido elaborada por Nelson Rockefeller luego de una extensa gira por veinte países de la región en los que la visita del norteamericano propició protestas e incidentes.



Injerencias de embajador

La injerencia de Brasil en Uruguay y en particular a través de su embajada en Montevideo, se hace visible en una serie de documentos desclasificados en Itamaraty por el Movimiento Justicia y Derechos Humanos que en Porto Alegre preside Jair Krischke, a los que tuvo acceso LA REPUBLICA.

El 8 de abril de 1970 el embajador brasileño Luiz Bastián Pinto informa bajo absoluta reserva al canciller brasileño Mario Gibson Barbosa: “Este goberno (el uruguayo) desejaría aproveitar o encontro dos presidentes (Pacheco y Garrastazú se encontrarían en el Chuy el 11 de mayo) para que houvesse un contato pessoal, de alto nível, entre os dirigentes dos serviços de segurança dos dois países”.

El contacto uruguayo sería el jefe de la Casa Militar, general Hugo Chiappe Pose (quien tres años más tarde sería uno de los cabecillas del golpe de Estado en Uruguay), quien reclamaba que en el marco de aquel encuentro asistiera por la seguridad de Brasil un oficial con rango de general.

Días más tarde, el propio Bastián Pinto envía otro informe fechado el 17 de abril, donde ­con severas críticas al Partido Nacional­ cuenta el incidente de censura al ministro del Interior, Pedro Cersósimo, y adelanta que el general César Borba sería designado ministro de Defensa.

Bastián Pinto es el autor de otro informe, “Secreto Urgentísimo”, relativo al
secuestro del cónsul brasileño Días Gomide (raptado en forma simultánea con el agente norteamericano Dan Mitrione) en el que señala la decisión del gobierno de Pacheco Areco de no negociar con los tupamaros.

“Nao sei o que poderá acontecer nas próximas horas: muito se fala num golpe de estado, para o qual varias correntes vem pressionado o Presidente; eu mesmo, no entanto, receio que este nao conte com força para isso e que, se a isso chegar, nao disponha de poder suficiente para manter o país em ordem”, escribía el embajador brasileño

Bastián Pinto no era cualquier diplomático brasileño: había sido director político de la Cancillería cuando ocurrió un grave incidente fronterizo con Boliva en 1958, fue embajador en Cuba cuando la crisis de los misiles de 1962 y, luego de Uruguay, iría a la misión en El Cairo, cuando Angola se independizaba.



Conexión norteamericana

También en una serie de documentos desclasificados por el Departamento de Estado se manifiesta la preocupación que las elecciones de 1971 en Uruguay provocaban en el gobierno del presidente Richard Nixon, quien temía que se repitiera un triunfo de la izquierda como el de Salvador Allende en Chile.

El material desclasificado ­divulgado oportunamente en Uruguay por La Onda digital y LA REPUBLICA­ consta de 15 documentos en los que se llega a confesar que en caso de un triunfo del Frente Amplio en las elecciones habría una intervención directa de Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Entre los documentos se incluyen informes sobre la visita que el presidente de Brasil Ernesto Garrastazú Médici realizó a Washington en diciembre de 1971 cuando ya se habían realizado las elecciones en Uruguay pero todavía no se había proclamado un ganador.

Garrastazú se entrevistó entre el 7 y el 9 de diciembre con el presidente Nixon, con su asesor en seguridad Henry Kissinger, con el secretario de Estado, William Rogers, y con el asesor Vernon Walters, quien pocos meses después sería designado subjefe de la CIA. El tema uruguayo fue parte de la agenda.

Walters y Garrastazú se conocían desde tiempo atrás. Garrastazú encabezaba la Escuela Militar de las “Agujas Negras” durante el golpe de Estado que depuso a João Goulart en 1964 y luego fue agregado militar en Washington. Walters había sido agregado militar de Estados Unidos en Brasil entre 1962 y 1967.

Un documento de la misión norteamericana en Buenos Aires, firmado por el embajador John David Lodge, es explícito en cuanto a la intervención y sostiene que, aunque Argentina no planea actuar, el gobierno militar estaría dispuesto a apoyar un golpe de Estado para reinstalar a Pacheco Areco. *

Por: ROGER RODRIGUEZ - rogerrodriguez@adinet.com.uy

FUENTES DE LA RED 21

Procurador en juicio del Plan Cóndor en Roma dijo que el “objetivo es que dentro de un año y medio” Tróccoli “esté preso”

Arturo Salerni, Mario Angelelli y Jorge Ithurburu, en la mesa de actualización y síntesis del proceso judicial del Plan Cóndor, ayer, en la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Foto: Pablo Nogueira
Arturo Salerni, Mario Angelelli y Jorge Ithurburu, en la mesa de actualización y síntesis del proceso judicial del Plan Cóndor, ayer, en la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Foto: Pablo Nogueira

“Cuando acá no había justicia y no podíamos acudir a tribunales, un grupo de familiares [de desaparecidos], sobre todo de mujeres, fue a la Justicia italiana a buscar lo que no encontraba en su país”. Así empezó Mirtha Guianze, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), la conferencia de prensa –que tuvo lugar en la sede de la institución ayer de tarde– para informar sobre la actualidad del proceso judicial que empezó hace tres años en la Corte Penal III del Tribunal de Roma (III Corte de Asís de Roma), que trata las causas de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor. En este momento, el proceso está en la instancia de apelación, explicó Guianze, y por eso a la INDDHH le pareció importante que los abogados encargados de los diversos casos explicaran el estado del proceso. “Circulan diferentes versiones y nosotros no conocemos bien el procedimiento italiano”, dijo Guianze, y subrayó que los abogados no perciben honorarios, sino que “que se dedican precisamente a las causas de derechos humanos, por eso es doblemente importante su testimonio”.

“Nuestro objetivo es que dentro de un año y medio Jorge Néstor Tróccoli esté preso”, dijo Jorge Ithurburu, procurador de las familias Zaffaroni Islas, Gómez Rosano, Sobrino, Sanz, Río Casas, Moyano Artigas, Recagno y Bellizzi (Uruguay), y explicó que para afrontar el nuevo juicio –de apelación– disponen de un año y dos meses. Además, contó que los abogados querellantes están profundizando las distintas pruebas de los casos. Luego les hizo un pedido a “las autoridades uruguayas”, para que los abogados de los ciudadanos uruguayos “puedan peticionar y recibir documentación e información de parte del Estado uruguayo, porque aún es posible presentar nuevas pruebas, e incluso algún testigo nuevo, hasta dos meses antes de que empiece el juicio de apelación”, dijo Ithurburu.

Cuando le tocó el turno al abogado italiano Mario Angelelli, defensor de las familias Fernández de Sanz, Gatti y Giordano (Uruguay), dijo que la sentencia de la Corte describió “minuciosamente” el Plan Cóndor, un pacto de exterminio que condenó a personas por cómo pensaban, por ser opositoras a las dictaduras de América Latina. Agregó que en el juicio quedó descartado que personas procesadas en Uruguay no puedan ser procesadas también en Italia, y también quedó descartado que no se pueda demostrar el homicidio de personas desaparecidas si no se encuentra el cuerpo.

Angelelli se refirió a las responsabilidades de los mandos intermedios José Nino Gavazzo (en 1976) y Tróccoli (1977). Dijo que la Corte no difiere en las responsabilidades que tuvieron ambos en el secuestro y la detención ilegal de personas, pero no los pueden juzgar por esos delitos, ya que “interviene nuestro primer enemigo: el tiempo”, porque esos crímenes prescribieron, señaló Angelelli. Podrían ser juzgados por homicidio, pero fueron absueltos por esos delitos, una decisión de la sentencia que los abogados querellantes no comparten “ni desde el punto de vista jurídico ni lógico”. El abogado explicó que la Corte no los juzgó por homicidio porque no llegó a la “plena convicción” de que los imputados en el momento del secuestro supieran “absolutamente” que esas personas iban a ser asesinadas. “Una persona declaró que las decisiones que terminaban en las muertes dependían de otros”, sostuvo Angelelli, y agregó que en la apelación van a tratar de confirmar la condena por homicidio a Gavazzo y Tróccoli.

A su vez, el abogado italiano Arturo Salerni, defensor de las familias Río Casas, Moyano, Recagno y Bellizzi (Uruguay), dijo que se hizo la reconstrucción “de un largo y terrible período histórico”, de una “masacre programada por distintos estados unidos por el Plan Cóndor”, que perpetró crímenes contra la humanidad de manera “organizada y sistemática”. El abogado agregó que la Corte tiene la prueba de los secuestros y la “tortura sistemática” perpetrados por el grupo al que llaman “Gavazzo y cómplices” y “Tróccoli y cómplices”, en “diversos períodos”. No obstante, al igual que su colega, señaló que la Corte sostiene que no hay pruebas de que los imputados fueran conscientes del “paso final, trágico, terrible e irreversible”, y que no saben si en el último momento “entró otro y decidió por él”. Salerni terminó su exposición señalando que el dolor “merece justicia”, y que es importante la colaboración de todos “para conseguir pruebas”.

En el espacio dedicado a las preguntas del público, los abogados profundizaron algunos puntos. Salerni dijo que la postura de la Corte acerca de que los implicados podían no saber el paso final de los secuestros no coincide con los hechos, porque “basta con ver los números de secuestros respecto del de desaparecidos, para concluir que podían terminar de esa manera”. Angelelli acotó que la posición de la Corte con respecto a ese último punto es “incoherente”, porque las excepciones de personas que fueron secuestradas y sobrevivieron son “explicables”, y puso como ejemplo algún tipo de colaboración o intercambio.

Al preguntarles si el Estado uruguayo puede apelar el juicio, los abogados contestaron que, como todas las partes civiles, pueden apelar por el “resarcimiento de daños” pero no la condena penal, ya que esto sólo puede hacerlo la Fiscalía. Por otro lado, con respecto a la conformación del Tribunal de Apelaciones, señalaron que es la misma que la del tribunal de primera instancia.

Una señora del público le preguntó a Guianze si como directora de la INDDHH sabía cuál es “la postura del Estado uruguayo en cuanto a colaborar con la Fiscalía en el aporte de nuevas pruebas y testimonios”. Guianze contestó que no cuentan con “información oficial”, pero, de cualquier manera, todos van a trabajar “para que el juicio tenga nuevos elementos”, y agregó que se abrió una posibilidad con el estudio de los archivos del Fusna (Fusileros Navales). “Estamos pidiendo que el Estado nos dé información, pero hasta ahora no la hemos recibido”, dijo.

Luego Ithurburu afirmó que en el golpe de Estado de Chile, la guardia presidencial de Salvador Allende fue conducida a un regimiento y luego a un polígono de tiro, donde “los ametrallaron uno a uno, los tiraron a un foso y les pusieron granadas”. Ithurburu subrayó que el capitán que comandó la operación fue condenado en Roma, pero ahora “está libre en Chile”, por lo que procuran que lo procesen allí.

Ithurburu dijo que los casos de Giordano y Bellizzi no podrán ser apelados, porque “murieron las personas que estaban siendo juzgadas”. La sentencia dice que se extingue la acción penal y no se puede apelar. “Pero lo importante es que la sentencia no dice que [Gregorio] Goyo Álvarez fue absuelto, sino que es culpable, pero no se puede encarcelar porque está muerto. No ganó el juicio”, concluyó.

Ignacio Martínez

30 • mayo • 2017 Ignacio Martínez en Nacional

FUENTES DE LA DIARIA

¿Qué hay detrás de la acusación contra la fiscal Llorente?



En una columna de esta semana, el periodista de El Observador Gabriel Pereyra acusó a la fiscal Stella Llorente de actuar con desgano cuando se trata de investigar las denuncias hechas en el libro de María Urruzola contra los tupamaros, y con ensañamiento cuando se trata de perseguir al hombre que los tupamaros consideran el principal traidor de esa organización, Héctor Amodio Pérez. El señalamiento de Pereyra contra Llorente es gratuito porque no tiene un solo elemento para abonar la denuncia ni leyó los expedientes ni conoce el trabajo de la fiscal, pero cumple con el propósito de poner en duda la independencia del Ministerio Público, al menos cuando resuelve en contra de su interés u opinión. Otros periodistas, dentro de ese grupo de abanderados en la lucha contra el Movimiento de Liberación Nacional, tanto de izquierda –presunta– como de derecha, habían hecho comentarios en igual sentido. Gerardo Sotelo, por ejemplo, publicó un tuit en su cuenta cuando el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió el libro a Llorente más o menos en el mismo tono que Pereyra, pero con el agravante del apriorismo.

En este caso, la batalla de estos periodistas por mantener en el tapete la escandalosa denuncia de una tupabanda que se habría robado 25 millones de dólares para financiar al MLN y el MPP, ha concluido. El libro de Urruzola contra Huidobro podrá haberle reportado algún beneficio económico a costa de un gran desprestigio humano, pero no tendrá ninguna consecuencia política y, mucho menos, judicial. Sin embargo, no debe ignorarse que en el propósito de destruir la potencia electoral de la figura José Mujica,  terminar con la mística de los exguerrilleros y contribuir a la derrota de la izquierda, los conjurados no tienen ningún problema en horadar la confianza en la Justicia acusando a sus actores de actuar en connivencia.

No creo que haya intocables. Me parece razonable que cualquiera pueda opinar sobre el desempeño de cualquier poder del Estado y sus integrantes.  Pero, dicho esto, no se me escapa que si las principales plumas de los diarios más grandes se enfocan en dañar el prestigio de una fiscal porque no se pronuncia de acuerdo a lo que esos medios quieren, a la vez de sembrar dudas sobre una persona que no tiene ningún poder especial ni político que no emane de una función técnica para la que seguramente concursó, puede provocar en otros fiscales y actores del Poder Judicial preocupación, cuando no directamente temor.

Como los tiempos que vienen indican que la oposición –carente de un proyecto político confesable y, además, dividida, salvo en su objetivo de desplazar al Frente Amplio– va a insistir por el camino de la denuncia y la judicialización de lucha política, resulta muy importante que los operadores judiciales, sean fiscales o jueces, puedan desarrollar su trabajo sin miedo a la represalia que excede la crítica técnica o filosófica y se sitúa en la acusación de parcialidad, falta de independencia o connivencia.

¿Qué sugieren Sotelo y Pereyra? ¿Que la fiscal Llorente está protegiendo indebidamente a los líderes tupamaros? ¿Que es cómplice de esos supuestos delitos? ¿Que prevaricó en el caso Amodio? ¿Que se puso de acuerdo con Mujica? ¿Que va en un porcentaje del presunto botín?  ¿Que es una infiltrada del MLN en el Ministerio Público? ¿Tienen Sotelo y Pereyra pruebas y argumentos para sostener esto o participan de una operación enchastre nomás? Sin pruebas y ¿gratuita?

Por ejemplo, estoy convencido de que el libro de María Urruzola fue un encargo. No es nada extraordinario. Cada tanto salen cosas así. Periodismo por encargo. Funciona igual que el sicariato. No hay nada personal, aunque mejor aun si el sicario le tiene ganas al blanco. Como aquel trabajo hecho por Leonardo Haberkorn y Luciano Álvarez sobre Víctor Hugo Morales, justo cuando Víctor Hugo era la voz periodística más importante en Argentina contra el grupo Clarín. Un encargo. Pero, además, mucha envidia. El asunto de Amodio fue otro encargo. Pero salió mal. Amodio les debería pedir compensación. Porque lo embarcaron en una resurrección heroica y terminó tan execrado como antes, pero, además, preso. Las entrevistas que le hicieron, su retorno, el libro: un encargo.

Esta nueva opereta también salió mal. Sin embargo, no será la última. Quizá por eso, desde los medios del poder económico comienzan a operar sobre los integrantes del sistema judicial. Señalan fiscales. Señalan jueces. Preparan el terreno para nuevas operaciones. El objetivo, no hay que olvidarlo, es derrotar a la izquierda. Y ya de paso, si lo consiguen, meter preso a algunos de sus dirigentes. Cada uno a su tiempo, no se salvará nadie de este tipo de operaciones, salvo que se cambien de bando y obtengan la bendición del poder y les lluevan las notas en la tele o en El País, como a Gonzalo Mujica o a los que hablen contra Venezuela.
Por Leandro Grille.
FUENTES DE CARAS Y CARETAS

Felipe Michelini dijo que suelen asesoran al Gobierno en temas de lesa humanidad "pero en este caso no fueron consultados si había que concurrir o no a la audiencia con la CIDH". La CIDH lamentó su ausencia, y la catalogó como "penosa".

CIDH: "A pesar de la ausencia del Estado uruguayo, se cumplió con el objetivo de escuchar lo que ocurre en el país" . Foto: Gustavo Amador CIDH

La ausencia del Estado uruguayo en la audiencia ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) dedicada a tratar los obstáculos para que avancen los procesos por crímenes de lesa humanidad el pasado jueves, sorprendió e indignó a todos.

El coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, Raúl Olivera dijo a Sputnik que “el Estado dijo que no podía concurrir y entregó un documento, la CIDH nos dio una copia, en el que dice que acepta la convocatoria a dialogar pero no viene; como uruguayo siento vergüenza ajena de que no haya venido”.

Por su parte el coordinador del Grupo de Verdad y Justicia, creado por el Gobierno de Tabaré Vázquez para investigar casos de lesa humanidad, Felipe Michelini dijo que los miembros del Grupo de Verdad y Justicia suelen asesorar al Gobierno “pero en este caso no fueron consultados si había que concurrir o no a la audiencia con la CIDH”.

Desde la CIDH lamentaron la ausencia del Estado uruguayo y la catalogaron de penosa. En el cierre de las audiencias en Buenos Aires, celebrada este sábado los representantes de la CIDH manifestaron su “desazón” ante la ausencia del Estado uruguayo.

El comisionado Francisco Eguiguren, presidente de la comisión, lamentó la falta, pero aseguró que “el gran objetivo de la audiencia”, que es escuchar lo que ocurre en un país, “se cumplió”. En conversación con Página12 Eguiguren dijo que “es la primera vez que el país (Uruguay) se ausenta, esperamos que en transcurso de los días nos llegue una explicación más precisa de lo que ocurrió. Quizá fue un contratiempo, no lo sabemos, necesitamos más detalles”.


“Lamentamos que no haya concurrido el Estado uruguayo porque no hubo diálogo pero se remitirá toda información recibida”, manifestó el comisionado José de Jesús Orozco, quien advirtió que lo expuesto por la sociedad civil uruguaya era “grave”.

“La afrenta a los derechos humanos es grave, compartimos la preocupación ya que las amenazas atentan contra la eficacia de obtener justicia en Uruguay”, afirmó.

Orozco en ese sentido consideró que la ausencia del estado uruguayo el jueves no hace más que dificultar de manera severa con el cumplimiento del mandato de velar y proteger los Derechos Humanos.

La audiencia y las amenazas

Olivera detalló que ante la ausencia del Estado uruguayo los comisionados de la CIDH solicitaron al Observatorio mantener un diálogo abierto para seguir tratando los temas de derechos humanos en Uruguay, en ese sentido detalló: “tuvimos una reunión con los expertos de medidas cautelares por el tema de las amenazas, nos plantearon los protocolos que tienen, quedamos en analizarlos como para aplicarlos también en Uruguay”.

Mientras que el Observatorio por su parte presentó “un diagnóstico sobre las amenazas y (expuso) que las causas judiciales no avanzan; sobre esos temas teníamos que dialogar, pero con un documento donde nos hacen un relato de las cosas que supuestamente han hecho o que están haciendo, no se solucionan”.

En la audiencia, a la que faltó el Estado uruguayo, se expusieron las amenazas proferidas por un supuesto “comando Barneix” en febrero pasado a un grupo de 13 personas, entre las que estaban el ministro de Defensa, el fiscal de Corte, jueces, fiscales y representantes de organizaciones de derechos humanos, entre ellos representantes del Observatorio.

El general retirado Pedro Barneix fue director de Inteligencia Militar durante la Presidencia de Jorge Batlle (2000-2005), y en el primer Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) integró una comisión para investigar desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura. Barneix se suicidó en septiembre de 2015 cuando se enteró de que había sido procesado por la justicia penal por la muerte en torturas del militante comunista Aldo Perrini en 1974.

La amenaza del “comando Barneix” no fue la única sobre investigadores de crímenes de lesa humanidad en Uruguay. En 2016 hubo un robo al laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF), que investiga sobre detenidos-desaparecidos en el marco del convenio entre la Universidad de la República y la Presidencia de la República”, en el que además de llevarse un disco duro con información los asaltantes marcaron en un mapa los domicilios de los antropólogos forenses que llevan adelante el trabajo, lo que fue tomado como una clara señal de amenaza.

Para Olivera ese tipo de situaciones entorpecen las investigaciones en casos de lesa humanidad y puso como ejemplo el caso que a una de las colaboradoras del Observatorio, “la doctora Francesca Lessa, que la Universidad de Oxford para la que trabaja no la autoriza a quedarse en Uruguay por la amenaza”.

Lessa es una doctora en ciencia política italiana que llegó a Uruguay como consultora académica del Observatorio en un proyecto patrocinado por la Universidad de Oxford y la Comisión Europea sobre la Operación Cóndor, el plan de coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80.

La doctora italiana contó Sputnik que por las amenazas del comando Barneix recibió la recomendación de no volver a Uruguay, primero de la embajada de Italia en Uruguay y luego de la Universidad de Oxford. La Universidad tomó como propia la recomendación de la embajada “después de consultar a la representación diplomática y a asesores de seguridad que ellos tienen”, explicó Lessa.

Michelini por su parte manifestó sobre el supuesto comando Barneix que: “a nosotros no nos ha entorpecido en nada, eso fue a un conjunto de ciudadanos, pero no pasó más que de un correo electrónico, qué nivel de importancia se le da es un tema subjetivo”.

Mientras que sobre las amenazas a los antropólogos aseguró que “se tomaron todos los recaudos para que no se obstaculizaran los trabajos y logramos mantener los servicios”.

Agregó que “se les puso en un lugar adecuado con seguridad permanente, también se hizo una investigación judicial y administrativa” que, sin embargo, no arrojó ningún resultado. “No hay forma, se interrogó a todas las personas, pero no hay cámaras, no hay huellas”, justificó.

FUENTES DE LA RED 21