El diputado del MPP y vicepresidente del PARLASUR, Daniel Caggiani habló con LA REPÚBLICA sobre la situación de Brasil que vivió una agitada semana en el plano político.
Por un lado se aprobó una Reforma Laboral que para Caggiani “viola los derechos de los trabajadores” y “permite volver a condiciones de semiesclavitud”; por otro lado se condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de prisión, en un juicio donde “los fiscales dicen no tener pruebas”, criticó el diputado del MPP, y finalmente una Comisión de la Cámara de Diputados decidió rechazar la denuncia contra Michel Temer por corrupción y recomendó archivar la misma.
Concretamente sobre la Reforma Laboral el político uruguayo consideró en diálogo con LA REPÚBLCIA, que se trata de una normativa “que tiene una connotación en donde se han perdido derechos básicos que ni siquiera la dictadura brasileña se atrevió a tocar, una serie de reformas pro mercado que la verdad que a uno le llaman mucho la atención”, señaló, y destacó “el grado de salvajismo que el capital está pegando en Brasil”.
A su vez consideró que las reformas neoliberales impulsadas por el Gobierno de Temer permiten que “Brasil sea el centro de laboratorio de operaciones del neoliberalismo, algo parecido a lo que fue el Chile del 70 y 80 con la dictadura de Pinochet”, algo que sin dudas, dijo, “nos genera muchísima preocupación”.
Caggiani remarcó al mismo medio que con esta Reforma Laboral, se violan normas internacionales y aseguró que la norma “va en contraposición de lo que viene siendo determinaciones propias de la OIT, también determinaciones que han sido desarrolladas por los organismos de integración regional (en este caso del MERCOSUR), y las propias declaraciones sociolaborales que han sido ratificada tanto por los gobiernos como por empresarios y trabajadores en sindicatos”. También dijo que apunta contra del avance histórico al reconocimiento de la lucha y la conquista de los trabajadores a lo largo y ancho de nuestra América.
Para le diputado se trata de una normativa que tiene ciertas similitudes con reajustes estructurales “que vivimos en al década del 90 y que tienen como objetivo tratar de maximizar las ganancias del capital trasnacional, de la banca internacional, y sobretodo de los grandes sectores económicos de Brasil, flexibilizando la mano de obra y permitiendo volver a condiciones de semiesclavitud en materia de relaciones laborales en Brasil”, dijo y explicó que es por ese motivo que señala que Brasil “parece ser el centro de laboratorio de operaciones, así como lo fue Chile en la década de 70 con Pinochet”.
FUENTES DE LA RED 21
Otro ejemplo de que vienen por todo
Otro ejemplo de que vienen por todo
Brasil ha pasado de ser “la locomotora” de los países emergentes y del desarrollo regional de América Latina en la ultima década a convertirse en un verdadero “laboratorio de operaciones” del neoliberalismo de nuestro continente, un papel similar al que jugó el Chile de Pinochet en las décadas del 70 y el 80.
El Golpe de Estado parlamentario a la presidenta Dilma Rousseff, el congelamiento constitucional por más de 20 años del gasto público en Salud y Educación, la privatización del Presal y un conjunto de reformas estructurales intentan reincorporar a Brasil en un papel subsidiario y dependiente en las cadenas globales de valor, en función de un modelo de desarrollo que no soporta más el crecimiento con distribución del ingreso.
En este marco, Brasil se encuentra en un brutal proceso de reestructuración de la relación capital-trabajo que se encontraba regulado por el Estado, flexibilizando las relaciones laborales y disminuyendo hasta su casi extinción el papel de los sindicatos, como se ha venido haciendo en varios países del mundo occidental.
Los efectos de una desregulación laboral tan grande como la planteada en la reforma aprobada por el gobierno de Michel Temer siguen una lógica que ya se ha implementado en otros países y que apunta a una transformación completa de las relaciones laborales.
Si se observa el proceso de desmantelamiento de la legislación laboral en Francia, el paralelismo con la reforma en Brasil es evidente. Los acuerdos empresariales son vinculantes independientemente de lo que se haya acordado a nivel sectorial. La facilitación de los despidos por causales “de mejora de competitividad” y la libertad para fijar unilateralmente horarios de jornada laboral, acortando el margen de los trabajadores organizados para su homologación, son otros ejemplos.
En el caso de México, la reforma laboral aprobada a fines de 2012 por el gobierno de Felipe Calderón sirvió como prueba de ensayo para otras iniciativas de reforma neoliberal del mundo del trabajo, bajo la justificación de la crisis económica global, la irrupción de la economía digital y la necesidad de liberar a los contratos de trabajo de las trabas impuestas por la negociación con sindicatos fuertes. En el caso de México, también se pasó directamente a interpretar el derecho de huelga, creando criterios para calificar de “ilegales” algunas movilizaciones obreras. Al igual que en la reforma de Brasil, en México, se modificó sustancialmente el sistema de administración de justicia en lo laboral; se eliminaron las Juntas de Arbitraje y Conciliación –que eran tripartitas– por un régimen centralizado que opera en la órbita del Poder Judicial a nivel federal y que funciona bajo la lógica de filtros para intentar resolver conflictos entre trabajadores y empleadores sin necesidad de llegar a los tribunales.
En definitiva, si algo tienen las tres reformas en común es eso: quitarles peso a los sindicatos, dando la posibilidad a los empleadores de suscribir acuerdos específicos con trabajadores individualizados. Además, claro, de las tercerizaciones, las mayores potestades discrecionales para los despidos, la organización de la jornada laboral, los períodos de descanso, etcétera.
Hasta la aprobación de esta reforma, los derechos laborales en Brasil provenían de la normativa denominada “Consolidación de Leyes de Trabajo” de 1943, promulgada durante el gobierno de Getúlio Vargas. Ese momento histórico estaba marcado por la transición hacia una economía de base industrial. Hoy la transición está planteada en términos de los desafíos que plantea para la clase trabajadora la denominada “4ª Revolución Técnico-Científica”, la automatización, robotización, etcétera.
El gobierno de Temer inició el proceso de aprobación de la Reforma Laboral con el envío del proyecto de ley 6.787 a la Cámara de Diputados, incluyendo como principales componentes la ampliación de los contratos de tiempo parcial de 25 a 30 horas semanales y su duración (de tres a seis meses), así como otras propuestas en materia de legislación laboral. Sin embargo, en la Cámara, ese primer proyecto fue significativamente modificado, con lo cual queda como primera conclusión que (otra vez) fue la composición mayoritaria conservadora y derechista del Parlamento la que se encargó de impulsar la mayor destrucción de derechos sociolaborales de la historia en Brasil.
El proyecto aprobado se estructuró en cuatro áreas: condiciones laborales, organización sindical, negociación colectiva y administración judicial-laboral. En lo que refiere a las condiciones laborales, la reforma establece un menú de posibles contratos precarios para la elección del empleador, con el objetivo de abaratar la contratación de mano de obra. A esto se le agregan medidas que facilitan los despidos, reduciendo las posibilidades de reclamo por parte de los trabajadores.
Se modificaron además las pautas de extensión de la jornada laboral, en primer término por la vía de establecer la posibilidad de la negociación individual para fijar regímenes que incluyan las 12 horas de labor continuadas por 36 de descanso. Anteriormente este tipo de mecanismo solamente se podía incluir bajo condiciones excepcionales y mediante un acuerdo colectivo con el sindicato.
También en el plano del acuerdo individual, se instala el régimen de compensación horaria, anteriormente circunscrito a la negociación colectiva. Se facilita también la habitualidad de la jornada de diez horas diarias (ocho comunes y dos extras), se crea el contrato de trabajo intermitente y se desregulan, reducen o flexibilizan sistemas de derechos laborales en materia salarial, descanso, licencia maternal.
El texto permite la fragmentación de la licencia hasta en tres períodos (uno de los cuales no puede ser menor a 14 días), también en acuerdo individual entre trabajador y empresa.
A partir de la reforma, y de una ley específica también aprobada recientemente, se incluye bajo modalidad permitida la tercerización en cualquier etapa de la relación laboral (incluida la “actividad principal”) y se reducen a algunos aspectos específicos de las homologaciones de derechos entre trabajadores tercerizados y de planta.
Se facilita el despido masivo, definiendo que no hay necesidad de negociación colectiva con el sindicato. Se establece un nuevo dispositivo jurídico: el despido de mutuo acuerdo, que reduce el plazo de anuncio por parte del empleador del cese de la relación laboral a 15 días, mientras el trabajador puede acceder a 80% de la indemnización pero perdiendo el derecho al seguro de paro.
El fundamento de todo este paquete de cambios es la supuesta búsqueda de actualizar y modernizar los regímenes laborales. En el terreno de la organización sindical, la reforma acabó con el impuesto sindical obligatorio, dejando a voluntad de la empresa la colecta del aporte de los trabajadores (un día de trabajo al año) y de los empresarios (fijado de acuerdo al capital de giro).
El sentido de todo esto es dejar al trabajador sin la cobertura de la organización sindical a la hora de relacionarse con los empleadores. Además del ataque a la cotización sindical, se incluyó la creación de “comisiones de representantes”, sin vínculo sindical, para promover el relacionamiento directo –es decir, sin intermediación sindical– entre trabajadores y empleadores, en principio para empresas con más de 200 empleados.
Por último, se transforma la propia idea de la negociación colectiva, dando mayor valor a lo negociado por sobre lo legislado, aun si el resultado fueran condiciones laborales inferiores. Lo que puede ser objeto de negociación es un amplio conjunto de condiciones laborales, salvo los derechos consagrados en el artículo 7° de la Constitución. Sin embargo, por fuera de ello, todo puede ser objeto de la negociación directa con los empleadores, asegurando la preeminencia de estos acuerdos específicos por sobre la legislación vigente.
Sin duda, toda esta reforma laboral viola aspectos sustanciales de la normativa internacional, particularmente los convenios suscritos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de los cuales Brasil es signatario. Uno de estos aspectos es que no se puede rebajar por medio de acuerdos colectivos o individuales las protecciones establecidas por convenciones de la OIT ratificadas y en vigor en un determinado país.
En el marco de la OIT se establece como criterio que toda reforma laboral debe apuntar a proporcionar mayores garantías para establecer condiciones de trabajo más favorables de las que están previstas por ley, y no al revés. La respuesta proporcionada por los órganos de la OIT a las consultas enviadas por las centrales sindicales brasileñas remarcan precisamente ese criterio: cualquier cambio sustantivo de la legislación laboral debería ser precedido por un amplio y profundo debate con todas las partes involucradas.
Inmediatamente aprobada la norma, importantes autoridades del gobierno liderado por Mauricio Macri ya han hecho públicamente declaraciones sobre que la nueva “regulacion laboral” brasileña es un modelo a seguir.
Uruguay es una isla en el Cono Sur, que va a contracorriente de los nuevos tiempos conservadores de la región. Existe un gobierno nacional, una fuerza política y un movimiento sindical que confluyen en una mayoría política y social desde las cuales entendemos de manera diametralmente opuesta la construcción de las relaciones laborales, los derechos y el sujeto social que representan los trabajadores en la construcción de la ciudadanía.
Nuestro país ya experimentó la desregulación y flexibilización laboral, el debilitamiento de la herramienta sindical, así como la no convocatoria de los Consejos de Salarios, al tiempo que amplios sectores de ocupación no contaban con ningún tipo de protección ni regularización social.
¿Cuánto falta para empezar a escuchar, de parte de representantes empresariales y políticos, sobre las bondades y necesidades de una “modernización” de nuestra “vetusta y rígida” normativa laboral?
Quizá sea tiempo de que nos pongamos a debatir como sociedad, ¿cómo logramos consolidar constitucionalmente algunos derechos que se han conquistado en estos años? ¿No será necesario comenzar un proceso de discusión amplio y profundo para impulsar el mecanismo de la iniciativa popular que reasegure estos derechos ante nuevas mayorías políticas y sociales que se puedan dar en el futuro? Hay que empezar a calibrar la mira, porque vienen por todo.
Daniel Caggiani
Representante Nacional y Vicepresidente del Parlasur.
FUENTES DE LA DIARIA
El Senado brasileño aprobó la rechazada reforma laboral que precariza las relaciones laborales y favorece a los empleadores
Senado de Brasil aprobó finalmente la reforma laboral rechazada por los trabajadores brasileños. A su vez Temer sancionó la ley sobre la regularización de las tierras, rechazada por los movimientos y organizaciones sociales del campo.
Por 50 votos a favor, 26 en contra y una abstención, este martes el Senado brasileño aprobó la reforma laboral impulsada por el gobierno de Michel Temer, que ahora sólo necesita la sanción del presidente para pasar a ser ley pese a los intensos reclamos de la población (dos huelgas generales) para intentar frenarla.
La medida es una de las primeras impulsadas por Temer al asumir el poder tras la destitución de Dilma Rousseff y cuenta con el respaldo de los empleadores, la Confederación Nacional de la Industria y la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp).
La aprobación en el Senado, (ya había sido aprobada en diputados en abril), se da mientras Temer está un paso de pasar a juicio acusado de corrupción por la Fiscalía General, lo que podría separarlo de su cargo en poco tiempo. La reforma era para algunos actuales aliados de Temer una de las “cosas a terminar” antes de abandonar al mandatario.
La misma permitirá entre otras cosas que las empresas hagan contratos temporarios para evitar indemnizaciones y elevar la jornada laboral hasta 12 horas, cuando actualmente son de ocho (con la posibilidad de extenderla a 10, sumando dos horas extra).
El promedio de horas semanales de trabajo se mantendrá en 44 como lo es actualmente, pero se administrarán día a día de acuerdo a las necesidades de la empresa, con un tope de 12 horas laborales por día. A su vez contempla la eliminación de las negociaciones colectivas entre sindicatos y empresas, autoriza al empleador a dividir los días de vacaciones anuales en tres veces, reduce un 50% la multa por despido sin causa, crea nuevos tipos de contratos entre ellos el da la “jornada intermitente”, con el pago de salarios sobre una base horaria o por jornada, y no mensual, regula el trabajo desde el hogar y abre la posibilidad de negociar hasta el horario de almuerzo.
La reforma también acepta que embarazadas y con bebés lactantes trabajen en lugares insalubres, un apartado que tuvo un rechazo generalizado, por lo que probablemente, estiman en Brastil, será vetado por Temer.
“El objetivo del gobierno es lograr seguridad jurídica para los empresarios”, aseguró Ronaldo Nogueira, el ministro de Trabajo al presentar el proyecto de la reforma. En ese entonces también explicó que la reforma buscaba terminar con “los juicios laborales que atormentan a los empresarios”.
El conjunto de medidas adoptadas con la sanción de esta ley retrotraerá derechos conquistados en Brasil desde el gobierno de Getulio Vargas e implicará una fuerte flexibilización laboral.
Rechazo
“La aprobación de esta reforma significa la vuelta a Brasil de la esclavitud bajo una nueva forma” aseguró el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Lindbergh Farias.
La reforma precariza las relaciones laborales, acaba con los derechos de los trabajadores y solo aumenta la tasa de lucro de los empresarios, consideran quienes la rechazan.
Por su parte el ex titular del Senado Renan Calheiros, del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), como ya había manifestado también rechazó la reforma ya que considera que está “marcada por la perversidad contra los más desvalidos”, y ampliará la desigualdad y la injusticia social.
Calheiros también criticó que el Senado siga aprobando leyes mientras el presidente está siendo acusado de corrupción pasiva, mientras no se da la posibilidad de introducir siquiera una enmienda a la propuesta aprobada ya en Diputados.
Antes de la votación un grupo de cinco senadoras intentó frenar la misma al ocupar las sillas de la mesa principal. Encabezadas por Gleisi Hoffmann, la nueva presidenta del Partdo de los Trabajadores, las mujeres se plantaron ante el Senado y el presidente de la Cámara, Eunicio Oliveira, ordenó suspender entonces la sesión y mandó apagar las luces en la sala, para forzar a las senadoras a despejar la mesa. Éstas permanecieron a oscuras en el lugar y finalmente, tras seis horas de suspensión, se continuó con la sesión y los senadores aprobaron la ley.
“Estamos llevando a cabo un acto de resistencia, una protesta política legítima, porque fue la única alternativa que nos quedó para luchar contra la aprobación de una propuesta de reforma laboral que consideramos nefasta para la vida de millones de trabajadores de nuestro país”, había explicado la senadora Bezerra, en un vídeo en las redes sociales.
Entre otras demandas, las mujeres exigían la posibilidad de que líderes sindicales acompañaran la sesión. También, la garantía de que todos los senadores, y no solo los líderes, pudieran manifestarse durante la votación y, por último eliminar por lo menos el punto que garantizaría que las mujeres embarazadas y lactantes no estén obligadas a trabajar en locales insalubres.
Regulación de tierras
Por otro lado este martes Michel Temer sancionó la Medida Provisional 759, que pone en marcha medidas de regularización y el Programa Nacional de Regularización de Tierras.
La nueva ley modifica, entre otras normas, la forma en que se otorgan las tierras públicas en Brasil y es criticada por movimientos y organizaciones sociales en el campo por dar prioridad a la tierra la especulación, la deforestación y socavar la reforma agraria.
El coordinador Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) , João Pedro Stedile alertaba cuando la medida se analizaba en el congreso que la misma “entrega, legaliza toda la apropiación de tierras públicas en Amazonas, porque todos aquellos grandes latifundistas que se apropiaron ilegalmente de tierras publicas a lo largo de estos años, ahora, si se aprueba la ley, podrán regularizarla, de una manera mucho más rápida y prácticamente sin costo”.
A su vez señalaba que la medida premite “liberar, estimular a que los asentados beneficiarion de la Reforma Agraria a lo largo de estos 30 años, puedan recibir un titulo individual de su lote, lo que les permite vender las tierras con más facilidad. Y a quién se las venderán?,a los estancieron vecinos ávidos por reconcentrar la propiedad de tierras en Brasil.
Tras la sanción de Temer el MST emitió un comunicado en el que rechaza fuertemente la medida.
Após a sanção por parte do Presidente golpista da nova legislação fundiária, editada como Medida Provisória (MP) 759, o MST emitiu uma nota denunciando a legalização da grilagem e o impedimento da Reforma Agrária.
A Medida foi editada no final do ano passado por Michel Temer, atendendo a uma demanda da bancada ruralista, fiadora do Golpe parlamentar-midiático contra a presidenta Dilma e que implantou um programa de maldades contra os trabalhadores.
Confira a nota do MST:
FUENTES DE LA RED 21
