Fiscalía de Lesa Humanidad investigará 200 causas pendientes Díaz: Uruguay incumplió su obligación de investigar crímenes de la dictadura

La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad concentrará la investigación de todos los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, procedió este viernes a la instalación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. En el mismo acto, Díaz procedió a la designación del fiscal Ricardo Perciballe como titular de esta unidad. Perciballe será acompañado por las doctoras Silvana Irureta y Mariela Suárez.

En este marco, en un breve discurso, Díaz dijo ser consciente de “la magnitud y la importancia de la responsabilidad que se les asigna”, así como de “las dificultades que van a enfrentar” en su tarea. Sin embargo, el fiscal de Corte afirmó que la creación de esta Fiscalía permitirá tener una verdadera política de Estado para la persecución de estos delitos y reiteró que el Estado uruguayo está omiso en su obligación de cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Gelman.

Díaz recordó que en año 1985, tras el retorno de la democracia, Uruguay “ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, y sin estar obligado a ello, reconoció la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte IDH”. Y tras muchos años, el Estado uruguayo fue demandado ante la Corte IDH y, posteriormente, condenado por esta, en el caso Gelman vs Uruguay. “Fue condenado, entre otras cosas, a reparaciones de carácter particular y reparaciones de carácter general, muchas de las cuáles están incumplidas”, valoró Díaz.

Uno de esos incumplimientos, el más importante desde el punto de vista de la Fiscalía, refiere a la falta de investigación y persecución de los crímenes cometidos durante la última dictadura, los cuales “ya sea por cumplimiento de las normas de derecho internacional o por la propia sentencia de la Corte IDH son considerados absolutamente imprescriptibles”. “Hasta ahora hemos incumplido con esa responsabilidad y necesitamos cumplir, para cumplir con el mandato jurídico y con aquellas personas que aún hoy esperan un poco de verdad y un poco de justicia, o mucho de verdad y mucho de Justicia”, enfatizó Díaz.



En este contexto, la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad “es un intento, uno más, esperemos que sea el definitivo, para llegar a esa verdad y esa justicia y que el Estado tenga por primera vez una política pública de persecución penal de estos delitos, que hasta ahora no hemos tenido”, expresó.

Díaz afirmó que hoy día existen “más de doscientas causas dispersas a lo largo y ancho de todo el país” y puntualizó que “criterios de priorización y de investigación distintos (y) prueba dispersa, han sido los principales obstáculos, junto a las permanentes y consecuentes maniobras dilatorias de los investigados, para poder llegar a esa verdad y esa justicia”. Por eso es importante, la definición de una estrategia común en la investigación de estas causas, afirmó Díaz.

Tras asumir en su nuevo cargo, en un breve diálogo con la prensa, el fiscal Ricardo Perciballe compartió la valoración de Díaz en cuanto a la importancia de concentrar la investigación en una sola unidad, para sistematizar la información y elaborar una estrategia común de abordaje en todas las causas. Perciballe dijo que en los próximos días definirá, junto a su equipo, la estrategia para intentar avanzar en la investigación de las más de doscientas causas por delitos de la dictadura.

Perciballe afirmó que desde hace varios años, en algunos dictámenes y varios trabajos académicos, defendió la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura, en atención de los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y la normativa vigente en Uruguay en esos años.

El fiscal explicó que todas las causas se tramitarán mediante el viejo Código del Proceso Penal (CPP), por lo que la instrucción de todos estos expedientes estará bajo el control de los jueces, pero aseguró que la Fiscalía hará todo lo que esté a su alcance para impulsar una investigación rápida y eficiente de estos hechos.

fuente  caras y caretas

Fiscalía de Lesa Humanidad investigará 200 causas pendientes



En la mañana del viernes 23 de febrero se instaló la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe.
A la ceremonia, que comenzó a las 10 horas en la sede central de la Fiscalía ubicada en Paysandú 1283, concurrieron autoridades, representantes de organizaciones de derechos humanos y fiscales, entre otros.
En el acto se tomó juramento al fiscal Perciballe como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad y a las fiscales Silvana Irureta (adjunta) y Mariela Suárez (adscripta) quienes conforman el equipo.
El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, sostuvo que es consciente de la “enorme responsabilidad” que recae sobre estos fiscales en un tema tan sensible para la sociedad uruguaya, como la investigación de los crímenes cometidos en el pasado reciente.
Asimismo, indicó que sabe de las limitaciones que enfrenta el trabajo pero subrayó que confía en el equipo designado.
Expresó que de esta forma la Fiscalía está dando cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman. Sostuvo que la creación de esta Fiscalía permite “por primera vez” la especialización en la materia y la posibilidad que el Estado uruguayo tenga “un política única de persecución” de este tipo de delitos.
Señaló que existen unas 200 causas de este tipo desperdigadas por todo el país.
Fiscalía defendió los recientes traslados
En tanto, la Fiscalía General de la Nación defendió los traslados de fiscales dispuestos en los últimos días. El fiscal general adjunto, Ariel Cancela, sostuvo que se busca racionalizar el trabajo y que otros movimientos son productos de ascensos e ingresos.
Cancela negó que haya algún tipo de castigo a la fiscal Gabriela Fossatti, quien fue desplazada de una Fiscalía de Flagrancia y asignada a una sede que analiza causas penales bajo el anterior CPP.
Agregó que se trabaja en la mejora del funcionamiento de la labor de los fiscales y que se espera que se pueda reducir la carga de casos asignados.
“Los traslados inconsultos causan malestar”
La presidenta de la Asociación de Fiscales Brenda Puppo dijo a radio Carve que los traslados son inconsultos desde que asumió  la titularidad de la Fiscalía de Corte Jorge Díaz.
La fiscal Gabriela Fossati fue trasladada de Flagrancia de 12° Turno y a la Fiscalía de Montevideo de 1° Turno, que se encarga de los asuntos anteriores a la puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal.
“No se nos consulta a los fiscales de los traslados y los fiscales se sienten molestos y muchos descontentos. Eso causa rispidez y malestar es lógico”, aseguró Puppo.
“A todos los fiscales nos gustaría que se nos informara por qué se nos traslada, pero no estamos diciendo que el fiscal de Corte haga un acto irregular”, precisó.

fuente la republica diario

“Hay un torturador escondido en su barrio: Ernesto Ramas Adonde vayan los vamos a buscar”,

“¡Cuidado! A 100 metros Asesino Torturador Ernesto Ramas Talcahuano entre Sarmiento y Urquiza”. El cartel, con letras negras y fondo amarillo, señala al chalet, Rosemar, donde presuntamente viviría el coronel ® Ernesto Avelino Ramas Pereira, uno de los jefes de la represión, procesado con prisión, entre otros delitos, por el homicidio especialmente agravado de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman. “Hay un torturador escondido en su barrio: Ernesto Ramas Adonde vayan los vamos a buscar”, se lee en otro cartel, en referencia al militar que debe cumplir prisión domiciliaria y que es portador de un curioso récord: desde su arresto, doce años atrás, junto a lo más conspicuo de la represión local, no pasó ni un minuto en una celda. Ramas fue arrestado el 8 de mayo de ese año 2006 y desde entonces permaneció en el Hospital Militar por “razones de salud”, en una supuesta agonía que le ha permitido eludir el sistema penitenciario, a pesar de recibir el 26 de marzo de 2009 una condena a 25 años de cárcel por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real, cometidos en los años de la dictadura militar uruguaya (1973-1985).
En determinado momento, los vecinos temieron que el militar se hubiera fugado dado los posteos en Facebook de su esposa, Rosa Margarita Gaetán González, quien además aprovechó para reirse de las organizaciones de derechos humanos: “no me jodan”… “no vive más acá”, “si quieren búsquenlo jajajajaja”.  En efecto, Ramas había abandonado la prisión domiciliaria pero se encontraba transitoriamente en Montevideo para realizarse exámenes clínicos. El 27 de octubre de 2011 volvió a ser procesado por el homicidio particularmente agravado de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta Juan Gelman, y por la sustracción de menor y supresión de estado civil de su hija, Macarena Gelman, hoy diputada nacional; pero desde el 24 de diciembre de 2015, dado su “grave estado de salud”, se le otorgó la prisión domiciliaria en el chalet donde hasta hace una semana habitaba en la ciudad de Piriápolis.
Entre los delitos por los que aún se le indaga, se incluye la desaparición de Washington Barrios en 1974, se presume que estuvo implicado en el caso de los Fusilados de Soca ese mismo año, que participó en el secuestro y desaparición de militantes del PCU en 1975 y en la desaparición de uruguayos secuestrados en Argentina y trasladados a Uruguay donde fueron ejecutados y, probablemente, enterrados en una fosa común. El colectivo Vecinos por la Memoria de Piriápolis, que ya había denunciado que Ramas fue visto paseando por la rambla del balneario, emitió un comunicado el viernes pasado en el que informa que el represor debía ser conducido al Juzgado para declarar por las causas abiertas, pero su defensa solicitó que se suspendiera “por razones humanitarias” y que la declaración fuera tomada en su domicilio. Por tal motivo, la jueza del caso, Marcela Vargas, accedió al pedido, pero el militar se negó a declarar, “amparándose en el Pacto de San José de Costa Rica”. “Paradójicamente”, hoy Ramas “se ampara en los Derechos que les fueron negados a miles de víctimas de la dictadura cívico militar de la que fue parte”, señala este colectivo. “A pesar de esta negativa, la causa continúa y se espera que sea condenado por los delitos que se le acusa en función de cantidad de pruebas en su contra aportadas por decenas de hombres y mujeres víctimas de sus torturas. Ante estos acontecimientos, reclamamos que el Estado realice el control efectivo de la prisión domiciliaria y que se le revoque este beneficio y cumpla su condena en la cárcel”, finaliza el comunicado.
El posteo de Rosa
La esposa de Ramas, Rosa Margarita Gaetán González, publicó sendos posteos de Facebook en los que afirmaba que el torturador ya no vivía en Piriápolis: “Hoy es el día todos con el campo en Durazno muchachos se acabó lo que se daba búsquen a dónde ir a vivir y Vecinos por la Memoria de Piriápolis no me jodan más el Coronel Ramas no vive más acá jajajaja”, escribió en su muro el pasado 23 de enero a las 10.44 horas.
fuentes de la republica diario

El juicio de apelación de la causa Operación Cóndor que se desarrolló en Roma comenzará en abril e incluiría una audiencia en Uruguay

Ayer algunos abogados y familiares de las víctimas recibieron notificaciones que los convocan a la primera audiencia del juicio de apelación fijada para el 12 de abril en la Sala I de la Primera Corte de Apelación de Roma, a las 14.00. En el documento se convoca también a una audiencia en simultáneo, a las 10.00, en otro país que no está especificado. Por las cuatro horas de diferencia, y por las naciones involucradas en el juicio, se especula que podría ser Uruguay.

Iniciado en 1999 y llegado a instancia de debate en febrero de 2015, el juicio conocido como Operación Condor juzgó a 33 imputados por el homicidio y la desaparición de 42 ciudadanos de países latinoamericanos. La IIIª Corte de Asís de Roma, presidida por la jueza Evelina Canale y por los jueces letrados Paolo Colella y Vincenzo Vitalone, emitió la sentencia el 17 de enero de 2017 y de los 33 imputados –seis de los cuales fallecieron en el curso del procedimiento– sólo ocho resultaron condenados: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; los bolivianos Luis García Meza Tejada y Luis Arce Gómez; los peruanos Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa; el uruguayo Juan Carlos Blanco. Resultaron absueltos los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez, Manuel Abraham Vásquez Chauan; el peruano Martín Martínez Garay y los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, José Horacio Nino Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez.

Para Uruguay la sentencia fue un golpe muy duro, ya que sólo fue declarado culpable Juan Carlos Blanco, canciller de la dictadura cívico-militar, y fueron absueltos militares acusados de haber participado directamente en los secuestros, las torturas y en las desapariciones de las víctimas, algunos de los cuales ya fueron condenados en Uruguay. Un capítulo aparte es la situación del ex capitán de navío Tróccoli, que se fugó a Italia cuando vislumbró su posible procesamiento en Uruguay, en el marco de los crímenes cometidos durante la dictadura. Tróccoli, a quien le fue negada la extradición, actualmente vive en Italia y deberá enfrentar el juicio de apelación.

El pedido de apelación fue presentado por la Fiscalía de la República, de Roma, la Fiscalía General y la Defensa General del Estado en lo que refiere a la acusación penal, y por numerosos familiares en lo que atañe a la compensación económica.

Nadia Angelucc

 fuentes de la diaria

La ofensiva neoconservadora en Latinoamérica re-espiritualización de la política

Es extensa la historia de la iglesia católica como agente cohesionador y reproductor de la cultura colonial sobre el sentido común de la población, de su influencia en los debates políticos.
El poder adquirido por estas iglesias neo-pentecostales y su creciente influencia en las elecciones, lleva a preguntarse por las razones de su relevancia política, y también por cómo han desafiado el poder simbólico y político de la Iglesia Católica.
El 2018 presentará más de una decena de citas electorales para Latinoamérica y las iglesias neo-pentecostales (o evangélicas como se les conoce popularmente) tendrán una participación relevante en la mayoría de los países de la región, luego de algunas décadas de instalación como mediadores de la fe, de la mano de su “centro espiritual” situado en los Estados Unidos.
Aunque su accionar es relativamente nuevo, hablar de la participación política de las religiones no es una novedad. Es extensa la historia de la iglesia católica como agente cohesionador y reproductor de la cultura colonial sobre el sentido común de la población, de su influencia en los debates políticos de la formación de los Estados-Nación latinoamericanos, y de su ascendencia sobre las élites dominantes de las instituciones gubernamentales.
La primera pista para responder estos “misterios” surge de comprender el vacío dejado por los partidos políticos a partir de la crisis de representatividad de los 90, luego de décadas de frustraciones sociales, por la corrupción, por falta de voluntad organizativa y por los efectos negativos del neoliberalismo. Al desembarcar desde EEUU en los 80, los neo-pentecostales encontraron una masa de ciudadanos deslaboralizados, sin esperanzas y sin contención política.
Han tenido mayor éxito en esa relación de fe y política en aquellos países donde la crisis de los partidos devino en confusión, en empresas electorales y en severas debilidades institucionales, en especial en Centroamérica, Brasil, Colombia y Perú, donde su poder fue in crescendo al punto de ser actores principales de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Mientras que su performance electoral es baja en los países que lograron transformaciones políticas con anclajes fuertes de cultura política militante, como en Venezuela, Argentina, Uruguay o Bolivia.
La crisis de los partidos políticos en América Latina desatada 90, tuvo rasgos organizativos y de representación de intereses sociales, muchos de los cuales no se sobrepusieron y abandonaron la idea clásica de mediar las necesidades individuales y colectivas de grupos sociales (aunque sólo fuera mera retórica), para convertirse en estructuras empresariales en las cuales los votos y las adhesiones no son políticas, sino transacciones de costo-beneficio –es decir, mercantiles-, para las cuales se requieren inversiones millonarias y mediaciones comunicacionales ligadas a las estrategias de ventas, con menos anclaje en convicciones ideológicas o filosóficas. Una situación que deja el terreno expedito para que las propuestas basadas en la fe neo-pentecostal intervengan para llenar de contenidos (religiosos) el espacio vacío que dejó la política abandonada por los partidos en los años de impulso neoliberal.
La fe en el momento oportuno
La ofensiva neoconservadora en Latinoamérica incluye, como parte de su doctrina, el señalamiento negativo a la restitución de derechos y libertades civiles, ligándola al detrimento de la familia y “las buenas costumbres”. Un discurso efectivo por ser difícil de disputar, al estar basado en creencias bíblicas, concebidas como estáticas y ahistóricas establecidas, de una vez y para siempre, por una deidad.
Sus líderes o pastores, parlamentarios o candidatos presidenciales, utilizan en su discurso político pasajes bíblicos para justificar sus posturas anti-progresistas, como quedó en evidencia en el papel jugado por Eduardo Cunha en el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff en Brasil, o por las acciones de la senadora Viviane Morales y el pastor Miguel Arrázola en contra del Acuerdo de Paz en Colombia, o en las propuestas electorales de Fabricio Alvarado, candidato presidencial en Costa Rica[6].
El mejor ejemplo del giro conservador del electorado quedó evidenciado en los sondeos de cara a las presidenciales costarricenses, los cuales ubicaron al candidato del Partido Restauración Nacional, representante de la iglesia neo-pentecostal, primero en intención de voto. Su salto cualitativo de los últimos lugares en las encuestas a candidato favorito se debió a su férrea oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, en el contexto del fallo de la CIDH a favor del mismo. Alvarado se ha destacado en su labor parlamentaria por sostener posturas conservadoras, pronunciándose en contra del aborto, el matrimonio igualitario, la fertilización in vitro, entre otras.
En Brasil, la mayoría de los candidatos presidenciales buscan estrategias para congraciarse con el electorado evangélico. Los grupos adherentes a la fe pentecostal representan a casi un tercio de la población, de acuerdo a la medición de Datafolha, lo que resulta decisivo a la hora de definir la elección. Los analistas destacan que el voto evangélico adquirirá un mayor peso en las elecciones de 2018 debido al fin de la financiación privada de campañas.
Mientras tanto, se hizo evidente el aumento exponencial de pentecostales tanto en el Congreso como en el número de representantes electos en las elecciones Municipales de 2016, especialmente en la periferia de las regiones metropolitanas. Es por ello que recientemente, muchos aspirantes presidenciales como el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin y el ministro de Finanzas, Meirelles, se han acercado a las iglesias pentecostales.
El diputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) quien se encuentra segundo en las encuestas de intención de voto, también ha despertado la simpatía de creyentes.
Una fe parlamentaria
El argumento de la ideología de género también los llevó a votar en contra de retirar los beneficios penitenciarios para los condenados por violación. Si bien estuvieron a favor en la votación inicial de marzo, en junio se opusieron al señalar que el título del proyecto hacía referencia a la “violencia de género”. Junto a ellos, otros dieciocho legisladores acompañaron su voto. La participación neopentecostal en el Congreso ha variado, sin embargo el mayor número de legisladores evangélicos se registró en los 90, cuando Fujimori colocó 14 diputados y 4 senadores feligreses.
Cuando la Paz y la fe entran en controversia
El caso colombiano ejemplifica el modo en que las iglesias evangélicas ganaron terreno real y simbólico en la región. Mientras la iglesia católica se convirtió en un actor institucional con arraigo de las élites económicas y las clases medias-altas, las iglesias neo-pentecostales llevaron a cabo un trabajo más vinculado a comunidades alejadas y pobres, por su labor misionera, apoyada e impulsada desde EEUU, como forma de contención social. Esto traería aparejado un cambio estratégico de los partidos de la derecha política que históricamente gravitaban en la iglesia católica.
La crisis de institucionalidad partidaria de finales de la década del ´90 evidenció la necesidad de un acercamiento entre los partidos de la derecha política (en especial de la conservadora) y las iglesias neopentecostales que movilizaban, ya para entonces, amplios sectores despolitizados y socialmente marginados. Esta alianza logró imponer un sentido común en las clases populares de la defensa –a ultranza– de la familia, creando constructos y marcos como la ya mencionada “ideología de género” y campañas como “con mis hijos no te metas”. De esta forma, la derecha en su disputa logró culpabilizar a la izquierda o a perspectivas progresistas de todo aquello que pudiera “dañar” al núcleo central de la sociedad.
En Latinoamérica, la agenda neopentecostal es contraria a los derechos de las mujeres, a la diversidad sexual, a la educación sexual y a la educación reproductiva, siendo efectiva para lograr apoyo en sectores sociales empobrecidos. La conexión de la pobreza con las iglesias, y una agenda anti-derechos basada en preceptos morales ahistóricos encajan a la perfección en la ofensiva conservadora. Es por ello que el escenario de crecimiento de la acción política de las iglesias neopentecostales es notorio, al tiempo que la iglesia católica se esfuerza por recuperar la influencia y la adhesión mayoritaria, con un Papa sudamericano y ligado a la opción por los pobres.

Por: Javier Calderón, Bárbara Ester y Ava Gómez

SANTANA DO LIVRAMENTO / ANALIZARÁN SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA

Mujica y Lula se verán cara a cara en la frontera

El 21 de febrero, con un acto en Belo Horizonte, el ex mandatario brasileño, favorito en las encuestas, lanzará la campaña con vistas a las elecciones del mes de octubre.
Seis días después, Lula se reunirá con Mujica en la ciudad fronteriza de Santana do Livramento. En el encuentro, ambos ex presidentes analizarán la situación de América del Sur. Luego, Lula, comenzará la última etapa de la caravana que lo llevará por tres Estados y 14 ciudades brasileñas.
Con la figura de José Mujica presente, se dará en la ciudad de Livramento el inicio de la última etapa de la gira de Lula Da Silva en su país, la cual se desarrolla en diferentes partes de Brasil. El próximo 21 de febrero, con un acto en Belo Horizonte, será la fecha de lanzamiento de la campaña con vistas a las elecciones que tendrán lugar el mes de octubre de este año. Días más tarde, el 27, en la ciudad fronteriza y con “Pepe” como protagonista, Lula emprenderá la última etapa de su gira. La caravana recorrerá los tres Estados del Sur de Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, pasando por 14 ciudades.
Mujica, tras conocerse el fallo contra Lula en el pasado mes de enero, volvió a apoyar a su par por las acusaciones de corrupción en su contra, indicando que buscan detener el proyecto que trata de mitigar las desigualdades sociales que tiene Brasil, el cual es uno de los países “más injustos” del mundo. “No es un problema contra Lula, sino contra lo que representa y lo que puede intentar reproducir en una función de gobierno.
Porque no podemos separar esto de lo que ha pasado en Brasil con un golpe de Estado de carácter parlamentario, con un Congreso cuestionado”, comentó Pepe. Según el ex mandatario, “cada día que pasa, Lula se afirma más en el consenso de mucha gente. Y no creo que sea tanto por la innegable simpatía que se le tiene, que es muy fuerte, sino que, de rebote, las consecuencias de las reformas reaccionarias que están haciendo políticamente recaen como un recuerdo a favor de Lula”, afirmó.
El vicepresidente del Partido de los Trabajadores (PT) y coordinador de la caravana de Lula, Marcio Macedo, señaló que la situación de América Latina será tema de discusión entre los líderes latinoamericanos. Respecto a la situación legal del candidato del PT, señaló: “Vamos a convocar un referendo revocatorio para invalidar todos los desmanes del gobierno golpista de Michel Temer; vamos a deshacer la poca vergüenza de desmantelar y privatizar la Petrobras; a acometer la democratización de los medios de comunicación y a invertir más en educación”. A su vez, el vicepresidente indicó que Lula Da Silva “está indignado” con la situación que atraviesa el país. Apuntando a la situación de Rio de Janeiro, indicó que nunca lo vio “tan pobre, infeliz y entristecido”.
Favorito con 15 puntos de ventaja
Condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión, lo cual sucedió a fines de enero, y en proceso de apelación, Lula se mantiene como favorito para ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre próximo con una ventaja de por lo menos 15 puntos sobre cualquiera de sus rivales en cualquier escenario, de acuerdo con todas las encuestas de intención de voto. Previo al dictamen judicial, Mujica junto a los también expresidentes Rafael Correa, de Ecuador; Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, y Ernesto Samper, de Colombia, firmaron un manifiesto de apoyo al exmandatario.
En la nota, junto a otras miles de firmas, piden “elecciones libres y democráticas” y el fin de la “persecución política” contra el líder de la izquierda brasileña, informaron los portavoces de Lula en un comunicado. Previamente, el manifiesto “Unas elecciones sin Lula son un fraude” ya había sido firmado por Kirchner (2007-2015), Mujica (2010-2015) y Correa (2007-2017). El texto cuenta con los apoyos de personalidades brasileñas de todos los sectores (diputados, sindicalistas, activistas, actores, músicos) y de figuras internacionales como el director de cine Oliver Stone.
FUENTES DE LA REPUBLICA DIARIO

Perciballe tiene una postura firme en relación a la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, confirmó la información durante una reunión con integrantes del Observatorio Luz Ibarburu.
El fiscal Ricardo Perciballe será designado como titular de la nueva Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Así lo informó el fiscal de Corte, Jorge Díaz, durante una reunión con integrantes del Observatorio Luz Ibarburu. La designación de Perciballe fue planteada como una posibilidad en un editorial del colectivo Crysol y confirmada este jueves por el semanario Búsqueda.

En octubre, el Parlamento aprobó la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, con competencia para atender en todos los procesos penales por crímenes cometidos durante la dictadura. En este marco, el fiscal de Corte decidió designar en el cargo a la fiscal Ana María Tellechea. Sin embargo, la Fiscalía no llegó a crearse y, sobre fines de 2017, Tellechea decidió renunciar al Ministerio Público por motivos personales.

En este marco, representantes del Observatorio Luz Ibarburu solicitaron una reunión con Díaz para analizar las demoras en la creación de la Fiscalía. En esa instancia, el fiscal de Corte informó que la Fiscalía estará operativa en breve y confirmó que estará encabezada por el fiscal Ricardo Perciballe, que trabajará junto a una fiscal adjunta y una fiscal adscripta.

El objetivo de la Fiscalía General de la Nación, según expresó Díaz, es que exista una “estrategia” y una “política única de persecución penal” en relación a las violaciones a los derechos humanos

ocurridas durante la última dictadura, según informó el portal web de Fiscalía. Según pudo saber Caras y Caretas Portal, el fiscal de Corte manejó el nombre de dos candidatos para ocupar el cargo: Perciballe y el fiscal adjunto de la Fiscalía, Ariel Cancela.
Perciballe tiene postura a favor de la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura. En abril de 2009, emitió un dictamen histórico: solicitó el procesamiento con prisión de cuatro integrantes del Escuadrón de la Muerte (o Comando Caza Tupamaros), por un delito de “asociación para delinquir en concurrencia real fuera de la reiteración”, un “delito de desaparición forzada”, por el caso de Héctor Castagnetto, y “dos delitos de homicidio muy especialmente agravados”, en los casos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez. Entre los imputados estaba el empresario Miguel Sofía -hoy prófugo de la Justicia uruguaya- y tres policías de la DNII. Asimismo, solicitó la extradición del ex policía Nelson Bardesio.

En esa instancia, Perciballe valoró que el Escuadrón de la Muerte se trató de “una gavilla, que pese a ser integrada principalmente por agentes del Estado, operaban flagrantemente al margen del control jurisdiccional, luego del control del poder punitivo de aquél, contando a su vez con el asesoramiento y respaldo de los servicios de seguridad e inteligencia extranjeros que se encontraban operando en Uruguay, así como de los servicios de igual índole de los países limítrofes”. Y afirmó que estos hechos debían imputarse como crímenes de lesa humanidad.

INSTRUCCIONES GENERALES E INDEPENDENCIA TÉCNICA
Perciballe: una voz disonante

Cuatro años después de su polémico traslado, el fiscal Ricardo Perciballe volvió a ser designado al frente de una Fiscalía Penal.
En mayo de 2012, el fiscal Ricardo Perciballe recibió una de las noticias más duras de su carrera en el Ministerio Público: su traslado desde una Fiscalía Especializada en Crimen Organizado a una Fiscalía Civil. Se enteró de la decisión en forma “extraoficial” a través de un artículo publicado en el semanario Búsqueda; en las horas siguientes recibió la notificación oficial. El fiscal de Corte, Jorge Díaz –que había asumido días antes–, fundó la decisión en “razones de servicio” en virtud de la necesaria rotación de fiscales en cargos de alta complejidad.

La decisión no pasó inadvertida en los corrillos del Ministerio Público (MP) y del sistema judicial. Se trataba del traslado al área civil de un fiscal con veinte años de experiencia en el fuero penal y cuyo nombre, incluso, había sido manejado como posible fiscal de Corte. También porque Perciballe tenía varias causas relevantes a estudio, en las que se disponía a presentar su dictamen. Casos que en su mayoría terminaron archivados. Perciballe presentó un recurso revocatorio ante el Poder Ejecutivo, en el que cuestionó su traslado; alegó que se hizo con “desviación de poder” y con “ánimo vindicativo”, pero el mismo fue rechazado.

Sobre principios de 2016, tras un cambio sustancial en el organigrama de la Fiscalía General de la Nación, con la eliminación de casi la totalidad de las Fiscalías Civiles y la creación de nuevas sedes penales, Perciballe volvió a ser trasladado. Su destino fue una Fiscalía de Hacienda y Aduanas, resolución que también recurrió en la vía administrativa por considerarlo un demérito.
Sin embargo, a mediados de julio, cuatro años después de aquel polémico traslado, volvió a ser designado al frente de una Fiscalía Penal, la materia que nunca quiso abandonar. Días después de asumir el cargo, y mientras aún se pone al corriente de los expedientes en trámite, afirma que recibió la noticia con sensaciones “ambiguas”: con “alegría”, pero también con “tristeza”, ya que fue producto de la sanción de un colega (Ricardo Chiecchi), que considera injusta y no ajustada a derecho, ya que no se le permitió ejercer su defensa y se lo sometió al escarnio público por parte del jerarca del servicio.

Su vuelta se produce en un momento clave en la historia del MP: la preparación de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que consagra un sistema acusatorio, oral y público, en el que los fiscales estarán al frente de la investigación de los delitos. Se trata de un período fermental en la interna de la organización, con intensos debates sobre asuntos sustanciales que pautarán los marcos de actuación de la futura investigación penal.

Uno de esos asuntos es el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público –a estudio del Parlamento– que, entre otras cosas, habilita al fiscal de Corte a dictar instrucciones generales de actuación para los fiscales. Perciballe no escapa a esa polémica. Dijo que estas directivas limitarán el principio de independencia técnica de los fiscales, por lo que sería “saludable” que sean producto de un amplio consenso y no de la decisión de una persona. Y afirmó que sólo aceptará las directivas que respeten los principios de legalidad y de objetividad.

Cuestión de principios
El proyecto de reforma de la Ley Orgánica establece que los fiscales “gozarán de independencia técnica en el ejercicio de sus funciones” y no podrán recibir órdenes “de ningún jerarca de la institución ni autoridad ajena a la misma para proceder de determinada manera en el caso concreto”. Pero al mismo tiempo, consagra los principios de unidad de acción y jerarquía. En este contexto, se habilita al fiscal de Corte a dictar “instrucciones generales” de forma de uniformizar los criterios de la persecución penal por parte de los agentes del Estado. Los fiscales no podrán apartarse de estas directivas.

La propuesta generó reacciones diversas en la interna de la Fiscalía, entre aquellos que defienden la potestad del fiscal de Corte de dictar estas instrucciones y otros que las rechazan de plano. En este contexto, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) planteó en el Parlamento su opinión favorable a las instrucciones generales, siempre y cuando se establezca un “equilibrio” con el principio de independencia técnica.

Perciballe también se pronunció en forma crítica. Dijo que la propuesta de las instrucciones generales “entra en contradicción con el principio de independencia técnica que ha regido la actuación el MP durante estos 100 años”. “Hoy, en base a proyectos de organización del MP que se traen desde afuera, se intenta imponer un criterio distinto [el de unidad de acción], a través de directivas”, dijo.

Uno de los argumentos de quienes defienden la existencia de instrucciones generales es que estas son necesarias para uniformizar los criterios de actuación de los fiscales ante la entrada en vigencia del sistema acusatorio. Perciballe cuestionó ese razonamiento: “El sistema acusatorio refiere a otra cosa,
refiere a un rol del fiscal y del juez en el proceso penal, pero no implica necesariamente que tenga que haber directivas. Pueden tener relación, pero no es lo mismo; están relacionados, pero no están imbricados totalmente”.

Perciballe valoró que esa idea de uniformizar criterios “se puede llegar a compartir” e incluso tener aspectos positivos, pero “en la medida que se tiende a uniformizar criterios se pierde identidad en los dictámenes [porque] uno está obligado a cumplir las directivas aun cuando piense distinto”. “Hasta el momento cada fiscal era un fiscal en sí y, por ende, actuaba de acuerdo a su leal saber y entender. A partir de ahora, tendrá que estar contemplando lo que se establece en forma general”, señaló.

El criterio de independencia técnica permite a los fiscales valorar el caso a caso, en atención de los justiciables. “La independencia técnica está relacionado con las personas de carne y hueso, uno puede dar las mayores directivas para tener uniformidad de criterios, pero después se enfrenta a una persona de carne y hueso que perfectamente puede evadir los parámetros de la actuación que se está planteando en forma uniforme. Por eso la necesidad de rescatar la independencia técnica, porque no todos los casos son iguales, los casos son generalmente distintos”, dijo Perciballe.

En este marco, consideró que el problema central es por encima de las instrucciones, los fiscales deben cumplir con los principios de legalidad y de objetividad en su actuación funcional. Y adelantó cuál será su postura: “Voy a aceptar las directivas si no están en contra del principio de legalidad”.

Asuntos de poder
Pero un asunto más relevante es cómo se definen esas instrucciones generales. El proyecto establece que serán dictadas por el fiscal de Corte, con el asesoramiento de un Consejo Consultivo Asesor, cuya integración es motivo de intensos debates. En ese sentido, Perciballe afirmó que lo más importante es que la decisión no puede quedar en manos de una sola persona “porque la concentración de poder tan grande no es conveniente”.

“No puede haber directivas que partan de una sola persona. Es peligroso que en manos de una sola persona esté la dirección de toda la política criminal del Estado, porque una persona es falible. Distinto es si hay un cúmulo de personas capacitadas [que avalen las directivas]. Los fiscales tenemos más de veinte años cada uno en la función, algo nos tiene que haber entrado en la cabeza”, expresó Perciballe.

“Lo que se hace habitualmente es que las directivas surgen a partir de un consenso de fiscales, se ponen de acuerdo en que determinados casos se deben investigar de determinada forma, que para determinados delitos se pueden imponer determinadas preventivas, pero a partir de la conjunción de diversas personas”, añadió. También se podría convocar a fiscales antiguos que ya no integren la institución.

Actualmente, la Fiscalía cuenta con un Consejo Consultivo Asesor creado por decisión del fiscal de Corte. El mismo está integrado por representantes de la Fiscalía y la academia –la Universidad de la República, el Colegio de Abogados del Uruguay y el Ielsur–, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo. Perciballe cuestionó la intervención de representantes políticos en este ámbito. Dijo que la Fiscalía “tiene que ser abierta a otras miradas y si aportan para un mejor servicio de justicia está bien, pero no a cambio de pérdida de la independencia técnica, un principio básico del Estado de Derecho”.
“No puede haber gente del poder político que esté resolviendo las directivas, los ascensos y traslados de los fiscales”. “Cuestiono el hecho de que desde el poder político se esté resolviendo sobre la vida de los fiscales, porque se pierde independencia. Uno de los principios básicos de los magistrados, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía, es que tengan independencia de todos los poderes, del poder político, del poder económico y del poder religioso”, expresó Perciballe.

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La Justicia especializada

Ricardo Perciballe fue uno de los primeros cuatro operadores del sistema de justicia en integrar los Juzgados y Fiscalías Especializados en Crimen Organizado. En esa época, Perciballe era un firme defensor de la especialización como un aspecto positivo para la investigación de los delitos de corrupción y del crimen organizado. Pero actualmente, tras sufrir un “traslado en forma inopinada” y contra su voluntad, tiene una opinión diferente.

“Entiendo que es difícil mantener la posición de la especialización cuando los magistrados que están en el lugar, tanto jueces como fiscales, no tienen un estatuto protectivo tendiente a su permanencia en el lugar, o por lo menos que no sean trasladados contra su voluntad en el marco de investigaciones en curso”. “Hoy tengo mis dudas sobre la necesidad o lo bueno para el país que se mantenga una Justicia especializada”, expresó Perciballe a Caras y Caretas.
Dijo que la idea de la rotación en esos cargos “es buena”, con el objetivo de que “la gente no se eternice en los cargos de esa magnitud por la eventualidad de temas de corrupción y por no entrar en determinadas prácticas de mal funcionamiento”. “Pero la rotación tiene que ser en el marco de un plan estipulado, no puede ser en violación del principio de juez o de fiscal natural, no puede ser que existan traslados que no se avengan a un principio de buena administración”, expresó Perciballe.

FUENTES DE  Caras y Caretas.