DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ADES MONTEVIDEO SOBRE LA REPRESIÓN POLICIAL A UN ESTUDIANTE EN LA PUERTA DEL LICEO N° 39

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Declaración Pública

Asamblea General del 6 de abril de 2019

 

El día 5 de Abril de 2019, en la puerta del Liceo Nº 39, ubicado en la periferia noreste de Montevideo, específicamente en Matilde Pacheco y Av. José Belloni (Piedras Blancas), durante el desarrollo del turno nocturno, se suceden los siguientes hechos. Un grupo de estudiantes que fumaban en la vereda de este liceo es requerido por la guardia republicana. A uno de ellos, menor de edad, que estaba fumando marihuana, lo interrogan y simultáneamente  le dan un cachetazo, pisan el cigarro y lo declaran en desacato. Una docente de la Institución Educativa, con cargo de comisaria del Ministerio del Interior además, observa e informa al liceo estos hechos que incumplen el proceder establecido. Los policías no dan ninguna importancia a esta consideración.

Acto seguido, lo llevan hacia la reja, que separa al liceo de la vereda, y lo golpean contra la misma en reiteradas ocasiones; estos últimos hechos ya en presencia de adscriptas/os, quienes intentan dialogar con los policías sobre la situación generada y piden constantemente que paren de violentar al estudiante. Ante esto, los policías  las/os amenazan diciendo que estaban interfiriendo y que incurrirían en el mismo desacato. Paralelamente, siguen golpeando al estudiante contra la reja, se suman motos y otros vehículos y más policías.

Todos los policías repiten la misma versión: “fueron atacados y deben responder”. No se identifican con nombre ni rango, Las/os docentes no encuentran quien es el superior. Siguen pidiendo que no golpeen al estudiante e igual continúan. Cuando inicialmente lo suben a la camioneta, según ellos hacia el Prado para revisarlo y luego a la Comisaría Nº 17, lo vuelven a golpear, ya esposado con las manos hacia atrás. Este hecho ya fue presenciado por más docentes, inclusive de la Dirección del liceo, automáticamente todos los funcionarios policiales niegan lo sucedido.

Una de las jóvenes estudiantes se hace cargo de la mochila del estudiante agredido, los policías se dirigen a ella con una total falta de respeto, nombrándola como “la rubia”. Algunas/os de quienes estaban allí, al estar cerca del policía que con más violencia actuaba, perciben un olor a alcohol, más allá del chicle que masticaba.

Cuando los padres del estudiante concurren en primera instancia a la comisaría, les dicen saber del hecho, pero el menor todavía no estaba ahí. En una segunda instancia, los padres siguen reclamando saber dónde está y su liberación. Estaba esposado en una camioneta policial.

ADES Montevideo declara su absoluto repudio a estos hechos de represión, que además se basan en la estigmatización del estudiante, y se enmarcan en una política de criminalización de la juventud y de la pobreza. Denunciamos el accionar de la guardia republicana particularmente en los barrios de esta zona de Montevideo, donde se reprime y no se brinda lo necesario para que la población tenga condiciones de vida dignas: vivienda, trabajo, salario, alimentación, salud y educación. De cerca vemos esa realidad quienes trabajamos en la educación y luchamos en defensa de la Educación Pública, por nuestros derechos y los de nuestros/as estudiantes.

Exigimos que estos hechos no queden en la impunidad, como muchas veces ocurre.

Asamblea General de ADES Montevideo

FeNaPES – PIT-CNT

 

A las 17:40 del 19 de marzo de 1984, el general Líber Seregni salía de la Jefatura de Policía de Montevideo, en la calle San José, y recobraba la libertad luego de diez años de cautiverio. Era el final de un periplo doloroso que se inició durante la huelga general del 9 de julio de 1973.


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"SALGO CON LA CONCIENCIA TAN TRANQUILA COMO ENTRÉ. SALGO MÁS FIRME. SALGO MÁS CONVENCIDO DE NUESTROS IDEALES. SALGO MÁS DECIDIDO QUE NUNCA"
Hace 35 años, el General Líber Seregni era liberado tras diez años de prisión

Tras dirigirse a su apartamento en Bulevar Artigas, comenzaron a concentrarse grupos de personas que dedicaron varios cantos a la liberación del fundador del Frente Amplio. Cerca de las 19 horas, ya eran unas 2.000 personas, lo que motivó que Seregni saliera al balcón varias veces y pronunciara un recordado discurso.

El 19, en horas de la tarde, los hechos se precipitaron. Poco después de las 16, llegaron a la Cárcel Central los abogados de Seregni. Un parte de de la inteligencia policial de la época decía que a las 16.50, once reporteros gráficos se encontraban apostados frente a la puerta del garage del edificio policial. Según las estimaciones, unas 50 personas estaban reunidas, cuando a las 17.40 salió un auto Brasilia blanco, con Seregni en su interior. Lo conducía su hija Bethel.

El vehículo tardó menos de 10 minutos en llegar al edificio de los Seregni, en bulevar Artigas, donde se empezaron a concentrar grupos de personas, muchos portando banderas del Frente Amplio, que coreaban: “Seregni/amigo/el pueblo está contigo”, “El pueblo/unido/jamás será vencido”, “se va a acabar/se va a acabar/la dictadura militar”. Un informe de la Policía estimó que a las 18.40 eran alrededor de 2 mil las personas reunidas. Un clima de desbordante alegría reinaba entre todos.

Seregni salió tres veces al balcón. Primero a saludar; después, lo hizo junto a sus dos abogados (Clavijo y Batalla), y el doctor Juan José Crottogini (su compañero de fórmula en 1971, que asumió la responsabilidad de presidir la Mesa Política clandestina, durante el ciclo dictatorial); finalmente, se dirigió a la multitud y pronunció su célebre discurso acompañado casi desde el comienzo por un megáfono. “Salgo con la conciencia tan tranquila como entré. Salgo más firme. Salgo más convencido de nuestros ideales. Salgo más decidido que nunca”, subrayó, enfático.

El líder del FA, reclamó “la más amplia de las amnistías, la libertad de todos los presos políticos, el regreso de todos los exiliados, la desproscripción de los partidos y las personas”.

Reclamó que se omitieran consignas negativas y cada uno retornara en calma a su casa, evitando toda provocación. “Fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, afirmó. Obreros de la construcción de la patria, del futuro Uruguay democrático”. La multitud se desconcentró a los pocos minutos, y no hubo ningún incidente.

PROCESARON AL ABOGADO PABLO CORREA Coimas de Odebrecht: Luis Lacalle Pou aparece en el acta como referencia El nombre del senador Luis Lacalle Pou aparece en el acta de procesamiento de Jorge Corcho Rodríguez, exnovio de Susana Giménez, y tres uruguayos, en la Justicia argentina.


Jorge Rodríguez era el dueño oculto de la sociedad offshore uruguaya Sabrimol Trading que manejaban los uruguayos Carlos Dentone Loinaz, Pablo Antonio Correa Calcagno y el contador Martín Molinolo.

Pablo Antonio Correa Calcagno fue el abogado del Partido Nacional en las denuncias contra Ancap y luego renunció. Además defendió a Jorge Corcho Rodríguez en un juicio de Susana Giménez contra la revista Caras y Caretas por una denuncia del periodista Ricardo Gabito Acevedo en agosto de 2009.

El juicio se llevó a cabo en abril de 2010 en Montevideo, por el cual el abogado Pablo Correa habría recibido honorarios por US$ 25.000.

Por Víctor Carrato

En relación a las supuestas vinculaciones de la conductora de televisión con transferencias de futbolistas y a nexos con personas con antecedentes por narcotráfico, Caras y Caretas reconoció “la injusticia de dichas opiniones vertidas” y Susana Giménez se comprometió a desistir de la querella penal iniciada en Buenos Aires contra Gabito. Ambas partes acordaron no realizar declaraciones públicas, trasladando a la División de Comunicación Institucional de la Suprema Corte de Justicia la responsabilidad de informar en relación a las resultancias de los mencionados procedimientos.

En la audiencia quedó establecido que Susana Giménez “no participó de forma alguna en esa operación”, en relación a la compra de cuatro jugadores juveniles del Club Nacional de Football. Se deja claro también que “no tuvo, ni tiene vínculo societario alguno con el Sr. Jorge Rama”, ni con Gerardo Arias y el asesinado Washington Risotto, “a quienes ni siquiera conoce”, expresó el fallo.

Sin embargo ahora el abogado Pablo Correa, figura del Partido Nacional, fue procesado por el manejo de una sociedad offshore uruguaya, cuentas en el Banco ITAÚ y coima de la empresa brasileña Odebrecht.

Pablo Correa puso como referencia a Luis Lacalle Pou, cuando abrió la cuenta de Sabrimol en el banco ITAÚ, donde el gerente era Oscar Caviglia Lacalle, primo de Luis Lacalle Pou. En la actualidad está cesado en sus funciones, aunque fuentes cercanas al Banco ITAÚ dijeron a  Montevideo Portal que su desvinculación de la empresa no tiene relación con la causa Odebrecht y que la entidad notificó a las autoridades sobre el caso mencionado hace ya más de un año.



El Corcho y las coimas

Según el acta de procesamiento de Jorge Corcho Rodríguez, exnovio de Susana Giménez, dos abogados uruguayos y un contador en Argentina, se los acusa del “delito de cohecho en el marco de una obra pública en la que participó la firma brasilera Odebrecht: la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, ubicada en la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires”.

Los tres uruguayos son los abogados Carlos Dentone Loinaz, Pablo Antonio Correa Calcagno y el contador Martín Molinolo Menafra.

El 18 de setiembre de 2018 Telenoche 4 informó que “el contador Molinolo manifestó que sabía del vínculo de Corcho Rodríguez y Odebrecht y que tenían proyectos en común”. De hecho, Molinolo reconoció que Rodríguez le presentó al entonces director de Infraestructura de Odebrecht en Argentina, Rodney Rodrigues de Carvalho.

Según información que Uruguay envió a la Justicia del vecino país, Rodney Rodrigues de Carvalho compartía con Molinolo y Dentone una caja de ahorro en dólares en en el banco ITAÚ en Uruguay.

Rodrigues de Carvalho es un amante apasionado de la NBA e hincha de Denver y Miami, cuyo estadio fue levantado por Odebrecht. Carvalho es uno de los directivos investigados por la Justicia argentina por sus vínculos con José López, exsecretario de Obras Públicas de los Kirchner, más conocido como el hombre que tiró bolsas con dinero en un convento y allí se introdujo.

Los hechos delictivos tuvieron su origen en la adjudicación a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Constructora Norberto Odebrecht SA, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA por coimas y cuyos pagos espurios continuarían al menos hasta fines del año 2014.

A partir del año 2011 este oscuro entramado tuvo a Jorge Ernesto Corcho Rodríguez, y a personas de su entorno, como intermediarios de los sobornos de una de la firmas integrantes de la UTE Odebrecht y distintos funcionarios públicos.

La causa se origina por una denuncia anónima ante la Fiscalía Federal Nº4 de Argentina en la que se mencionan posibles ilícitos vinculados al manejo de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA (AYSA) y principalmente con la gestión al frente del organismo del ingeniero Carlos Ben.

El esquema de pago de sobornos

El complejo sistema de pagos de sobornos montado por Odebrecht implicó al menos tres niveles de maniobras mediante empresas offshore para ocultar el dinero que llegaría a manos de los beneficiarios finales en distintas partes del mundo en las que la constructora realizaba sus obras.

Así, el dinero para el pago de sobornos a funcionarios nacionales e internacionales partía de la División de Operaciones Estructuradas y era registrado en el sistema MyWebDay, utilizado para hacer pedidos de pagos, procesos de transferencias y generar hojas de cálculo que controlaran el presupuesto oculto de la empresa. Asimismo se utilizaba el sistema Drousys, que permitía las comunicaciones de los miembros de la red.

Si bien la propia Odebrecht controlaba cuentas y sociedades offshore para realizar los pagos espurios (Smith &Nasch; Arcadex, Golac, Havinsur, etc.), no es menos cierto que se valió de “doleiros” o cambistas que creaban cuentas y sociedades que eran utilizadas con los mismos fines.

Uno de esos cambistas fue Olivio Rodrigues Junior (que actuaba con su hermano Marcelo) y manejaba una gran cantidad de sociedades offshore de fachada y cuentas bancarias en distintos países en las que era depositado el dinero negro y luego transferido a cuentas vinculadas a los beneficiarios finales de los pagos.

El nombre de Olivio Rodrigues tiene especial relevancia en esta presentación, atento a que cinco sociedades offshore que él operaba para Odebrecht (Klienfeld Services Ltd, Trident Inter Trading Ltd, Innovation Research Engineering Development Ltd, Select Engineering Consulting and Services y Magna International Corp.) fueron las que realizaron las transferencias a la firma uruguaya Sabrimol Trading SA que, como se verá, pertenecía en la época de los hechos a Jorge Rodríguez.

En realidad, lo que hay que retener es que la empresa eje a través de la cual Odebrecht pagaba sus sobrnos en diferentes países era Klienfeld Services Ltd, ubicada en Panamá.

“Además de emplearse en la maniobra las sociedades mencionadas, los bancos que se utilizaron para realizar las transferencias a Sabrimol fueron el Meinl Bank y el Credicorp Bank de Panamá.

El primer banco fue comprado por Odebrecht atento a que el anterior banco donde se canalizaban la mayoría de los sobornos (Antigua Overseas Bank de Antigua) ya no podía ser utilizado por el volumen de dinero negro circulante. En el caso del banco Panameño -Credicorp- se lo empleó en múltiples operaciones de pago de sobornos de la firma brasilera y en especial aquellas que involucraban sociedades y cuentas de Olivio Rodrigues.

Lo narrado hasta aquí deriva de múltiples fuentes, entre ellas el acuerdo de Odebrecht ante la Securities and Exchange Commission (SEC) en los Estados Unidos de Norte  América (EEUU)”.

Sabrimol Trading operaba cuentas en pesos, dólares y euros en el Banco ITAÚ de Montevideo. Esas cuentas, que fueron congeladas a pedido de la Justicia argentina, recibieron transferencias por al menos US$ 10 millones y 700.000 euros desde abril de 2012 a setiembre de 2014 por parte de las cinco offshore que Odebrecht usó para pagar sobornos.



Las irregularidades

El juez calificó a ambas licitaciones como “puestas en escena para disfrazar negocios que habían sido acordados previamente”, pagos de sumas superiores a las previstas para cada licitación, extensión de los plazos originales, aumentos de presupuestos, modificación de pliegos, publicación irregular del llamado, aclaraciones emitidas por AYSA que modificaron las condiciones de licitación, las aclaraciones de los oferentes que permitieron la modificación de la oferta técnica y económica, las concesiones a los oferentes para completar requisitos de las ofertas formuladas, múltiples adendas, etc.

Todo ello desnudó un esquema de favores y aumento injustificado de sumas finalmente abonadas a las adjudicatarias con clara connivencia en la maniobra de funcionarios de AYSA y de la Agencia de Planificación (APLA), funcionarios que violaron los deberes a su cargo para beneficiar ilegítimamente a la UTE.

En cuanto al pago de los sobornos queda en claro que los mismos se prolongaron en el tiempo, ya sea como derivación del pacto venal original que permitió a la UTE ganar la licitación, o para que la misma conserve o aumente los beneficios obtenidos o asegure el cobro de sus acreencias.



Sabrimol y la ruta de los sobornos

Según los dichos de Luiz Eduardo Mameri (vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola), el pago de los sobornos se dio en dos etapas: una de 2007 a 2010 y otra desde 2011 a 2014. En la primera etapa habría sido Carlos Wagner quien se presentó como interlocutor de los funcionarios del Ministerio de Planificación para pago de sobornos por la obra “Paraná de las Palmas”, indicando que dichos pagos (que habrían ascendido a 7,6 millones de dólares) debían canalizarse a través del ingeniero Raúl Biancuzzo de AYSA.

​​En el segundo tramo, el intermediario fue Jorge Corcho Rodríguez, quien se presentaba como interlocutor de Roberto Baratta (mano derecha de Julio De Vido). En este tramo Odebrecht pagó sobornos por un total de 5,6 millones de dólares (desde enero de 2011 a enero de 2014) y USS 850.000 (de febrero a diciembre de 2014). Asimismo, hizo referencia a la declaración de Marcio Faría (otro ejecutivo de Odebrecht) quien también identificó a Wagner y Jorge Rodríguez como intermediarios en el pago de coimas en la obra de redes troncales de gas en Argentina.

Detalló los pagos millonarios realizados por Odebrecht a la sociedad uruguaya Sabrimol en la cuenta en dólares 1.223.640 del Banco ITAÚ y la cuenta en euros 8.376.842 del mismo banco, en las que entre abril de 2012 y setiembre de 2014 se depositaron al menos 8,7 millones de dólares a través de sociedades offshore (Klienfeld, Innovation, Select y Trident).

Sobre Sabrimol agregó que sólo aparecía como vinculada al abogado uruguayo Carlos Dentone y que por tanto se comunicó telefónicamente con él y este le confirmó que la sociedad era de Jorge Rodríguez, quien la operaba conjuntamente con su contador Osvaldo Gandini; que en la cuenta bancaria aludida recibían dinero de Odebrecht y que parte de ese dinero era utilizado para la chacra de Rodríguez y el resto se transfería a Buenos Aires.

Finalmente refirió que, según relato de Mameri, los contactos de los intermediarios para el pago de sobornos (Wagner-Rodríguez) eran con las autoridades locales de Odebrecht: los ejecutivos Rodney Rodrigues y Mauricio Couri Ribeiro y a partir de 2014 Ricardo Viera. De esos ejecutivos partían luego los pedidos de sobornos a funcionarios de la casa central de Odebrecht en Brasil y se canalizaban a través de la división de operaciones estructuradas de la firma.

En una comunicación telefónica mantenida con el Sr. Carlos Dentone, refirió que Sabrimol era de Jorge Rodríguez y que él entró a la empresa para efectuar un plan de negocios y convertir la sociedad en “usuario directo” de zona franca.

Dijo que dicha sociedad se utilizaría como “centro logístico” y que le constaba que hubo negociaciones con una empresa holandesa y con Odebrecht para brindar servicio de lobby donde se cobraría un 3% del monto de la licitación adjudicada a cambio de la prestación.

Dentone refirió que vino con su socio (Martín Molinolo) a Buenos Aires y se reunió con directivos de Odebrecht. Asimismo ratificó la existencia de la cuenta de la empresa en el banco ITAÚ de Montevideo (en pesos y dólares) y aseveró que todas las indicaciones respecto al manejo de esa cuenta y la utilización del dinero se las daba el contador de Rodríguez: Osvaldo Gandini.

En su relato Dentone introdujo algunos elementos novedosos respecto a que parte del dinero depositado era para solventar gastos de la chacra de Rodríguez “Yellow Rose” (pago de honorarios de arquitectos, ampliaciones, una cancha de polo, una bodega, etc.) y el resto era retirado en efectivo por Gandini; le sumó el hecho que el dinero destinado a la chacra se transfería a una cuenta del Banco Santander Río de Montevideo.

También mencionó a Marcos Sankowicz -un contador socio de Gandini- como persona que a su entender estaba habilitada a ingresar a Zona Franca, el lugar en el que se ubicaba físicamente Sabrimol y al que sólo se accedía con autorización expresa.

En un mail recibido en la Fiscalía remitido por Dentone reitera que la sociedad Sabrimol es de Jorge Rodríguez y que Gandini también tenía plenos poderes. Que en el año 2013 vino a Buenos Aires a las Oficinas de Odebrecht de la calle Alem y que Rodríguez tenía una oficina contigua. Que allí el directivo de Odebrecht le dijo que habían contratado a Rodríguez como asesor para emprendimientos en la zona. Y que si bien Odebrecht no había depositado en la cuenta del ITAÚ, sí lo hacían empresas del exterior, siendo Rodríguez y Gandini quienes le avisaban de la llegada de los fondos y disponían su destino.

Ese mail junto con informes crediticios dan cuenta que Rodríguez, Gandini y Sankowicz eran socios en Argentina de “Grupo la Roca Capital SA” y que Gandini y Sankowicz eran a su vez socios en “Consultora Cono Sur SA”. Los múltiples viajes realizados por estas personas desde el aeropuerto de San Fernando a Uruguay llevaron al fiscal a solicitar distintos allanamientos orientados a la búsqueda de información relacionada a la operatoria y los depósitos efectuados en la cuenta de Sabrimol por parte de sociedades de fachada utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos a funcionarios locales.

Nuevos exhortos solicitados a Uruguay, Perú, España y Andorra no fueron respondidos a la fecha.

El 20 de marzo de 2018, el fiscal requiere a la AFIP el listado de clientes y proveedores de distintas empresas de Rodríguez, Gandini y Sankowicz, entendiendo que las mismas pudieron utilizarse para encubrir el pago de sobornos en el país, y después de analizar distintos elementos de prueba colectados termina concluyendo que “la hipótesis delictiva vincula a Jorge Rodríguez como “lobbista” de la multinacional Odebrecht en Argentina, quien, a través de su empresa Sabrimol Trading SA radicada en la República Oriental del Uruguay, receptaba el dinero del a constructora, el cual era destinado al pago de coimas en nuestro país”.

También destaca el rol de Olivio Rodrigues como la persona que envió el dinero a Sabrimol desde empresas offshore radicadas en paraísos fiscales.

Se lamenta finalmente el fiscal que no se haya podido detectar la triangulación de dinero en virtud de la falta de contestación de los exhortos librados a Uruguay.

Uruguay finalmente respondió al exhorto remitido en fecha 25 de agosto de 2017 por el juez Casanello. De allí surge que el contrato de apertura de la cuenta bancaria de fecha 20/3/12 revela que la misma se abrió a nombre de Sabrimol Trading SA (RUT 215997030012) cuya actividad principal era la de consultora.

Los representantes de dicha empresa eran los Sres. Molinolo Menafra Martín (CI 2.650.957-5) y Dentone Loinaz Carlos Luis (CI 847.948-9) y el domicilio especial y real, Avenida del Sol 2310 en Montevideo y Rambla 25 de agosto 508 piso 3, también de esa ciudad uruguaya.

Se solicitó entonces una cuenta corriente en dólares que llevaría el número 1.223.640 y otra en pesos uruguayos bajo el número 1.198.254.

Posteriormente con fecha 28/8/2014 se solicitaría además una caja de ahorros en euros que llevaría el número 8.376.842.

En la constancia del registro de firmas aparecen nuevamente los datos y las rúbricas de Molinolo y Dentone pero, además, se suma la de Osvaldo Roberto Gandini DNI 12.491.973.

Se adjuntó la copia escritural de la constitución de la sociedad Sabrimol  de fecha 6 de noviembre de 2007 en donde las Sras. Graciela Murias Mediaaldea, Verónica Araujo Pérez y María Teresa Bairo Cozzi -todas de nacionalidad uruguaya- constituyen la sociedad con el único objeto de actuar como usuarias de Zona Franca.

Una nueva escritura de fecha 7 de octubre de 2011 consigna que por asamblea extraordinaria de accionistas celebrada el 3 de octubre de 2011 se designó a Carlos Luis Dentone Loinaz como presidente de Sabrimol y Martín Molinolo Menafra como “vicepresidente de Bralex Sociedad Anónima” y se decidió fijar la sede social en Rambla 25 de agosto 1825 apartamento 508 piso 3.

Bralex SA tuvo un rol de importancia en la trama, ya que permitió, junto a otros elementos, relacionar a Jorge Corcho Rodríguez con Sabrimol.

Un “Acta de Asamblea Extraordinaria” de fecha 7 de abril de 2014 designa a Osvaldo Gandini como vicepresidente de Sabrimol y a Carlos Dentone como presidente.

En esta Acta se hace expresa mención a que el contador Gandini concurre como apoderado del accionista, quien representa la totalidad del capital integrado “que asciende a la fecha a la suma de $ 735.000 con derecho a 735.000 votos, según surge del libro respectivo”.

Finalmente se encuentra una “Carta poder para cuenta” fechada el 20 de marzo de 2014 dirigida al Sr. gerente de Banco ITAÚ Uruguay SA, donde Carlos Dentone en representación de Sabrimol le otorga poder a Osvaldo Gandini para que actuando individualmente (a sola firma) pueda operar en las cuentas 1.198.254 y 1.223.640 con las siguientes facultades: cobrar, endosar y firmar cheques,  solicitar retiros y transferencias de fondos, etc.

El banco consignó que: “Entre sus principales clientes se encuentran la empresa brasilera Odebrecht a la cual están asesorando en la obra relacionada al soterramiento del tren Sarmiento en Argentina, recibiendo fondos de subsidiarias de esta empresa en forma habitual”.

Finalmente se alude que: “También son clientes los argentinos Susana Giménez y Jorge Rodríguez a quienes les administran propiedades e inversiones en Uruguay”.

Es decir, que en el informe elaborado por el banco, queda en claro que la firma Sabrimol recibía fondos de Odebrecht en forma habitual y se cataloga a las offshore que transferían esos fondos como subsidiarias de la firma brasilera.

Finalmente son consignados como beneficiarios finales de la empresa los Sres. Dentone, Molinolo, Correa y Gandini.

Es evidente que la referencia consignada por la autoridad bancaria no fue una invención, sino que obviamente provino de quienes eran los responsables de la cuenta.

Todo lo descripto desnuda el verdadero objeto de Sabrimol y da cuenta que ninguna de las personas aludidas ut supra podían desconocer que se trataba de una empresa de fachada cuyo único objeto habría sido recibir transferencias de la firma Odebrecht, en virtud del rol cumplido por Jorge Rodríguez  en relación a los funcionarios públicos argentinos.



Luis Lacalle Pou

Respecto de la información personal aportada al Banco ITAÚ por cada uno de los miembros del directorio de Sabrimol, tanto Dentone como Molinolo colocan referencias personales o comerciales de los titulares de DMP Asesores y del estudio Correa, en tanto que Pablo Correa pone como referencia a Luis Lacalle Pou. Finalmente, Osvaldo Gandini no consigna ninguna referencia personal y comercial y denuncia como domicilio particular el de la sociedad Sabrimol (que además coincidiría con el domicilio del estudio contable uruguayo DMP).

Todo lo denunciado en los formularios bancarios tiende a ocultar al verdadero hombre detrás de Sabrimol: Jorge Rodríguez. Y si bien el Sr. Dentone ha intentado públicamente desligarse de su responsabilidad en Sabrimol y en la operatoria de la misma como canal para el pago de sobornos, la evidencia de los documentos bancarios echa por tierra sus argumentos y, en principio, su pretendido desconocimiento. En la misma situación entendemos que se encuentran el resto de las personas que integraron la sociedad uruguaya.



El retiro del dinero

Odebrecht transfirió sumas millonarias a la cuenta Sabrimol y Jorge Rodríguez, presunto lobbista / intermediario ante los funcionarios argentinos, se habría valido de una sociedad de fachada y una cuenta bancaria en Uruguay de donde habría salido dinero para pagos corruptos.

¿De qué manera salió el dinero de la cuenta de Sabrimol para reunir el posible pago corrupto con sus destinatarios finales?

Carlos Dentone a través de sus declaraciones, tanto en los medios de comunicación como en las que se encuentran agregadas en la causa, es quien dio la pauta de cómo salió el dinero.

Para el año 2008 el presidente del directorio era el Sr. Pablo Antonio Correa Calcagno y para el 9/7/14 Calcagno ocuparía el cargo de director vocal.

Asimismo en la modificación societaria del 28/4/14 el domicilio registrado de la sociedad pasó a ser el de Edif. 100 local 120-106 Zonamerica Ruta 8 km 17,500.

Sabrimol, a través de transferencias, recibió dinero de cinco sociedades offshore que utilizaba Odebrecht a través de su doleiro, Olivio Rodrigues. Ellas son:

1.- Klienfeld Services LTD, quince transferencias por un total de US$ 4.946.148,84 y otra por € 224.046.

2.- Trident Inter Trading LTDA, una transferencia por un total de US$ 314.965.

3.- Innovation Research Eng Development LTD, ocho transferencias por un total de de US$ 1.210.040.

4.- Select Engineering Consulting and Services INC, siete transferencias por un total de US$ 250.965.

5.- Magna International Corp, dos transferencias por un total de US$ 250.965.

Las transferencias 1, 2, 3 y 4 se realizaron desde Meinl Bank de Antigua, entidad que reconoció Odebrecht en sus acuerdos. A su vez este banco hizo cuatro transferencias más por US$ 1.316.060 y dos de € 464.237,5.

La vinculación entre Odebrecht/ Sabrimol /Argentina surge inequívocamente de la propia información bancaria: Sabrimol asesora a Odebrecht en obras del Soterramiento del Sarmiento en Argentina.

FUENTE  DE  CARAS Y CARETAS




El homicidio de Plef no obedece a un error de apreciación de un vecino paranoico y temerario, es el tipo de desenlace más probable de una campaña permanente de atemorización de la sociedad, de exaltación del fascismo

Felipe Cabral, Plef, Un crimen de odio
Si Felipe hubiese sido un ladrón, un joven adicto a la pasta base, un pibe con antecedentes penales, un criminal huyendo, un delincuente planificando un robo, un malviviente, un vecino díscolo o el más sospechoso de los seres humanos, igual nadie en este mundo tenía derecho a pegarle un tiro. Pero Felipe Cabral, Plef, no era nada de eso. Era un artista popular que embellecía los muros de la ciudad con grafitis preciosos, llenos de contenido, militantes, honestos, mejores que el conjunto de esta sociedad, sin dudas. Lo mataron por mirar un muro en Punta Gorda, una obra suya en una casa abandonada, un trabajo artístico que, además, después de asesinarlo, taparon con cal. Le dieron un tiro en la cabeza porque dicen que lo confundieron con un ladrón. Pero el que lo mató es un asesino inconfundible. El asesino que anida el corazón inmisericorde de esa “gente de bien” que antepone la propiedad a la vida, la sensación precaria de seguridad al derecho a existir de los otros, los que no son como ellos, los que no viven, ni se visten, ni hablan, ni sienten ni piensan como ellos. El homicidio de Plef no obedece a un error de apreciación de un vecino paranoico y temerario, es el tipo de desenlace más probable de una campaña permanente de atemorización de la sociedad, de exaltación del fascismo cotidiano de la gente corriente, de justificación de linchamientos, de eso que se hace llamar justicia por mano propia, pero que ni es justicia ni es propia o sólo lo es en el momento de la ejecución concreta, pero cuya urdimbre intelectual es más compleja, más encumbrada y más abarcativa.

A Felipe lo mató el hombre que le disparó. Pero antes lo mató el relato de que todos los jóvenes son sospechosos, de que la urbe es una jungla donde hay que andar alerta y cualquier chiquilín que no conozcas es un potencial agresor. A Felipe lo mató el relato del miedo, las horas diarias de televisión dedicadas a los problemas de seguridad, las prédicas psicotizantes, el otrora fiscal que se ufana de andar armado con un “matagatos” que era su ángel de la guarda. A Felipe lo mató esa diatriba del temor antes que la bala del homicida, lo fue matando de a poquito como en la crónica de una muerte anunciada. Es una muerte política en el sentido más hondo de la cosa pública, porque no es un hecho privado que se origina en un litigio entre personas concretas, es una bala habilitada por la política que se dispara contra una figuración del mal, una conjetura en la cabeza de un tipo que, narcotizado por un discurso, cultiva la presunción y la vuelve condena.

Este fue un crimen de odio. Pero de un odio que se abona día a día desde la prensa y las redes sociales, desde sectores importantes de la clase política que están todo el tiempo insistiendo con que vivimos en el paroxismo de la indefensión, que no se puede salir a la calle, que nada funciona, que estamos permanentemente cercados por una jauría de malandros que nos quieren robar, matar, violar y que la única solución es la represión pura y dura, la militarización de la vida social y el gatillo fácil a lo que se aproxime. Mientras tanto, se milita de forma subrepticia un derecho a linchar, a organizar patotas de vecinos y a castigar gente sin debido proceso, sin condena, invocando un derecho a vivir sin miedo, como si el miedo fuera la carta blanca que te autoriza a cualquier cosa, incluso a cegar la vida de una persona sin otra certeza que el prejuicio.

No debe quedar impune el homicidio de Felipe, pero sobre todo no deben quedar sin su señalamiento los promotores de esta filosofía de la pena de muerte privada, los difusores de esta monodia de la inseguridad que quiere modelar la sociedad a hachazos primitivos, con una demagogia plena de irresponsabilidad que se utiliza para obtener un rédito político rápido a la vez que opera en el fondo de las miserias humanas, y las desata y las amplifica y las sacraliza y las aplaude. Hay que parar con la propaganda de la brutalidad, especialmente contra los jóvenes, los adolescentes, y entre ellos los de procedencia humilde, que son los más estigmatizados de todos. Hay que parar con esto antes de que otros chiquilines sean asesinados por vecinos nerviosos, por gente atemorizada, por ciudadanos que se sienten amenazados y habilitados para matar ante la duda.

Un crimen de odio

Por Leandro Grille.

fuente  caras y caretas