Cuando se habla de dictadura fascista, se hace justamente para categorizar con justeza lo que ocurrió en este país. Fue un golpe y un régimen sustentado por la oligarquía nacional, en especial por los representantes del capital financiero, el latifundio, los grandes capitales trasnacionales y los más retrógrados de los profesionales e intelectuales.
Eso se expresó en el apoyo al golpe de la Asociación Rural, la Asociación de Bancos, una parte no menor de las gremiales empresariales, por supuesto que la embajada de EEUU y los sectores más conservadores del Partido Colorado y el Partido Nacional.
EL POPULAR publica (1) un listado, incompleto por cierto, de 421 civiles que ocuparon cargos de confianza durante la dictadura: 74 en el Poder Ejecutivo, 113 del Consejo de Estado, 24 en el Poder Judicial, 16 en las Intendencias, 6 en la Corte Electoral, 35 en los Entes y los Servicios, 16 en los Bancos Estatales, 13 en la Enseñanza, 49 en la Universidad, 28 en el Cuerpo Diplomático y 47 en otras áreas del Estado.
Se reproduce casi textualmente un informe publicado en LA REPUBLICA el 28 de junio de 2000, que recogía a su vez, datos de investigaciones de Brecha, Zeta y Jaque.
Cabe señalar que, mediante la lucha de nuestro pueblo, la acción de la Justicia y la política desplegada por los dos gobiernos del Frente Amplio, hoy hay presos varios militares acusados de violaciones a los DDHH. Sin embargo, solo dos civiles fueron presos, por su participación en la dictadura: Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco. Solamente el Sindicato Médico del Uruguay y la Udelar, realizaron cuestionamientos éticos y una depura-ción interna de los cuadros de la dictadura.
La mayoría de los civiles que se citan a continuación pertenecían o al Partido Colorado o al Partido Nacional, en ningún caso fueron expulsados de estas colectividades.
Son sintomáticos los casos de Etchegoyen, miembro del Directorio del Partido Nacional que pasó a presidir el primer Consejo de Estado de la Dictadura. O de Narancio, referente del diario El País, que pasó a ser el interventor de la Universidad. O de Danilo Arbilla, ex director de Búsqueda y hoy paladín de la libertad de prensa en nombre de las patronales de medios y de la SIP que fue director de información de la dictadura.
Nos pareció trascendente recordar o dar a conocer, para muchas uruguayos y uruguayos, estamos seguros que así será, la cara civil de la dictadura. De los que actuaron por convicción ideológica golpista y antidemocrática y de los oportunistas y arribistas, que nunca hubieran llegado por concurso a los cargos que detentaron, por el único mérito de ser serviles a una dictadura.
El Poder Ejecutivo
La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Alvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.
También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura.
Ocuparon la Secretaria de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza.
Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaria de Estado por secretaria de Estado.
El Ministerio del Interior, tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo, era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.
Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.
En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.
Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.
En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).
En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.
En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.
En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.
En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).
En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson.
En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.
Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.
En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lázar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jogen Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.
El Parlamento decorativo
En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.
Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.
El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.
El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Alvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctro Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profesora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doctor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas.
Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero sólo logro acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.
Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.
El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.
Cuando el teniente general Gregorio Alvarez asume como dictador se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi . Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Alvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.
Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y el Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado.
La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Alvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilsno Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani.
En total fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.
La Justicia secuestrada
Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.
Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Adieggo Bruno, quién dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).
Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no sólo a la Constitución.
En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.
En 1977 integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverry, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Victor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.
Los intendentes de la dictadura
La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.
Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuolaga.
Corte Electoral, ¿para qué?
Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre
LOS CIVILES DE LA DICTADURA
(1) – Esta nota fue publicada en el Semanario El Popular N° 230.-
Golpe y Terrorismo de Estado - Uruguay. Lista de reproducción (10 videos)VER CLIK ACA.
Sus historias, nuestra historia (Documental sobre la dictadura uruguaya)VER CLIK ACA.
TURIANSKY: “SUPONER QUE LA HUELGA GENERAL FUE ESPONTÁNEA ES UNA LOCURA”
Compartimos con ustedes una entrevista que le realizara a Vladimir Turiansky en el año 2013, el semanario El Popular, con motivo de cumplirse los 40 años de la Huelga general. Hoy a 4 años, recordamos aquel momento y al compañero Vladimir, cuando se cumplen 44 años de la heroica Huelga del 73.
- Muchos dirigentes sindicales de la época de la Huelga General, entre ellos usted, afirman que la necesidad de responder con esa medida ante el golpe fue algo definido muy anteriormente a 1973, ¿cómo fuel el proceso de esa discusión en el movimiento obrero?
- La decisión inicial de responder a un golpe de Estado con una huelga general y ocupación de los lugares de trabajo fue en el año 64.
En ese año la CNT estaba aún en etapa de coordinación, no se había constituido, eso pasó unos meses después. Sí existía la Central de Trabajadores del Uruguay, la CTU, que fue una suerte de paso inicial para la central única. La iniciativa surgió de ahí. Se tomó en el 64 porque fue el año del golpe militar en Brasil, que fue un golpe militar contra un gobierno elegido por normas democráticas y que tenía un contenido progresista y antiimperialista. El grupo militar que dio el golpe eran los sectores más reaccionaros del Ejército con el apoyo de Estados Unidos. Eso que pasaba en el gran vecino, tenía repercusiones en el Uruguay. En ese período, aquí existía lo que se llamaba “rumores de sables”, quiere decir que había movimientos militares que temían, dentro de los fenómenos continentales que se daban, el avance del comunismo en Latinoamérica. Eran los tiempos de la Guerra Fría.
De manera que el tema surgió luego del golpe en Brasil, pero que se analizaba en el contexto del surgimiento de dictaduras y gobiernos sumisos a la política hegemónica de los Estados Unidos, en América Latina. Estábamos viendo un proceso de fascistización de la región. Entonces, en el movimiento sindical uruguayo empezamos a discutir qué hacer nosotros, cómo responder, nos pareció que debíamos responder.
La resolución fue que las asambleas sindicales discutieran la propuesta, de modo que la definición no fuera de una cúpula sindical sino se discutiera en todos los lugares.
La CNT se constituye como central única en el 66, con su programa que era el del Congreso del Pueblo, y ese congreso de unificación sindical hace suya aquella resolución. O sea que desde los orígenes de la CNT la respuesta con huelga general al golpe de estado ya estaba planteada. Y se reiteró permanentemente, en el primer congreso del 69, en el segundo congreso del 71, pero no solamente ahí, esa reiteración implicó la discusión en los sindicatos, en las asambleas.
Ya en los años previos, comienza la organización práctica de la huelga. El tema del golpe de Estado estaba planteado en la realidad nacional. Comenzó por parte de la CNT, la parte de la organización concreta de eso. Así que no fue una simple resolución de una consigna, sino que fue un trabajo sistemático, una resolución ampliamente discutida, adoptada; hubo un consenso muy generalizado en cuanto a responder de esa manera.
Eso es lo único que puede explicar la inmediatez de la respuesta, no hay otra explicación posible, no hay manera de que espontáneamente en centenares de lugares dispersos por toda la ciudad y en muchos lugares del interior se produzca exactamente lo mismo. Porque, además, cómo circula la información, el que ocupaba una fábrica no tenía idea si la fábrica de la otra cuadra se estaba ocupando, cumplía con la obligación y ocupaba. En el interior, donde se pudo, se hizo igual. Suponer que una medida de tal amplitud, de tal grado de riesgo, en todo el país y simultáneamente, sin años de preparación, es una locura pensar que esto fue una obra del espontaneísmo, solo alguien que no vivió ese proceso o que se lo imagina.
- ¿Cómo recuerda los días en que se avecina el Golpe de Estado y la implementación de la huelga?
- La proximidad del golpe estaba planteada hace varios días, el rumor corría en el Parlamento, en la prensa. Naturalmente, cada sindicato comenzó a tomar las medidas para poner en marcha lo que se había planificado previamente. Cada sindicato necesitaba tener materiales para llegar a los trabajadores con información, un lugar donde reunirse que no podía ser el local habitual. Para comunicarnos teníamos los teléfonos comunes y silvestres, contábamos con la impresión a través de los mimeógrafos, había que tener stock de papel, las matrices, las máquinas de escribir; todo eso para elaborar los boletines. También había que tener suplentes a las directivas, pero además había que asegurarle a los compañeros que pasaban a ocupar sus fábricas la alimentación, cosas que les permitieran sostenerse durante la ocupación con las ollas que se hacían en las fábricas.
Todo eso se estuvo elaborando en ese tiempo. Como dirección de la CNT, nos tocó realizar más o menos las mismas actividades. Nos empezamos a reunir en el local de la Federación del Vidrio, en La Teja; ahí elaboramos el texto de la declaración que salió apenas empezaron las marchas militares, comenzó a circular ese boletín informativo hacia los sindicatos para que se distribuyera en los lugares de trabajo.
- ¿Cuáles son los momentos que se destacan de esos 15 días del transcurso de la Huelga General?
- Se me vienen a la mente tres episodios. Al segundo día de la huelga, la convocatoria de Bolentini para negociar una salida. Otra fue el 9 de julio, esa demostración enorme. Se puede mencionar también la llama de La Teja como elemento simbólico. Pero hubo muchos momentos, cada compañero con el cual hables te va a nombrar un hecho distinto.
Yo, como Secretario de Propaganda, tenía la preocupación fundamental de tener información y que llegara a la mayor cantidad posible de trabajadores. Contaba con un equipo de compañeros, que son los héroes de la jornada, que se encargaban de armar los paquetitos y llevarlos a cada lugar.
Me parece muy destacable el trabajo que hizo Aurelio González con su cámara fotográfica, porque no solamente iba a sacar fotos, de alguna manera, era el vínculo con el exterior, porque la gente dentro del lugar ocupado estaba ansiosa por información sobre qué estaba pasando alrededor.
Decir también que las Fuerzas Conjuntas, el dispositivo militar que se encargaba de desocupar la fábrica, estaban convencidos de que una vez que sacaban de la troya a la dirección subversiva que tenía la CNT, los trabajadores “adquirían su independencia” y eso se terminaba. Pero se iban y resulta que después se enteraban que la fábrica volvía a ser ocupada. No tenían noción del grado de democratización del movimiento sindical, pensaban que funcionaba como funcionan ellos, con una cúpula que ordena y manda.
El otro sacudón que tuvieron fue la entrevista con Bolentini. El gobierno pensó que ofreciendo un aumento salarial el tema se resolvía, entonces llamó a una delegación de la CNT para presentar un proyecto de aumento salarial –creo que era un 25%-. La carta de respuesta de la CNT establecía cinco puntos para negociar, el principal de los cuales era el restablecimiento de las libertades sindicales, democráticas y políticas en el país y la normalización de la vida institucional. Como eso estuvo planteado como principio para cualquier inicio de negociación, ahí mismo se terminó la ilusión de que pudieran contar con alguna ruptura dentro de la estructura del movimiento sindical.
Además de esa reunión con Bolentini, ¿tuvieron alguna más con otros partidos políticos?
-Hubo una entrevista con los dirigentes del Frente Amplio, previa a la manifestación del 9 de julio; con el Partido Nacional, no que yo recuerde, pero puede haber habido.
Lo que a nosotros nos preocupó es que la Huelga General no tenía respuesta política. Por alguna razón, el sistema político no reaccionó al Golpe de estado con el grado de enfrentamiento que debía. Eso luego se tradujo en que los partidos políticos no tuvieran respuestas a la altura de la hora, exceptúo al FA por dos razones: primero, el Frente acababa de constituirse, recién inauguraba su primer período de vida parlamentaria y buena parte de su militancia estaba ya militando en la vida sindical, en la huelga.
De manera, que el Frente no tenía incidencia en el plano político, donde se pudieran tomar las decisiones, eso le correspondía al Partido Colorado y al Partido Nacional, y esos partidos se partieron, particularmente una parte del Partido Colorado fue cómplice de la dictadura, empezando por el gobierno, que era de ellos. Lo mismo la minoría del Partido Nacional que había ayudado a sostener el gobierno de Bordaberry hasta ese momento, lo que Wilson Ferreira Aldunate calificaba de “blancos baratos”, que era el grupo herrerista del Partido Nacional que permitía que Bordaberry tuviera una mayoría en el Parlamento. Pero Ferreira Aldunate tenía sus vacilaciones, porque él fue responsable de que el Parlamento tuviera mayoría para votar el estado de guerra interno primero, la suspensión de las garantías individuales y la ley de seguridad del Estado.
Entonces, no hubo de parte de los partidos tradicionales una respuesta, aunque la hubo después, pero el problema es que en el transcurso de la Huelga General nos encontramos bastante solos los trabajadores.
La movilización del 9 de julio ya agarró muy debilitada la huelga, estábamos viendo hasta que momento podíamos seguir sosteniendo una huelga de esas características. En algunos lugares con poca organización ya existía cierta vuelta al trabajo. Ahí comenzamos a discutir la eventualidad de tener que levantar la huelga, que tenía el sentido de resistir, de dar un primer impacto y crear condiciones para generar otro tipo de resistencia al golpe que abarcara otros sectores sociales y políticos, y eventualmente militares, que podían surgir. Desgraciadamente, quedó reducido al ámbito sindical.
- Para terminar, a 40 años de la Huelga General, ¿qué reflexión puede dejar aquella gesta para el presente del movimiento popular?
-Se me ocurren varias cosas. Lo primero es reafirmar algunos principios básicos del movimiento sindical uruguayo. Uno de ellos es la construcción de la unidad, una unidad sin distinciones, capaz de abarcar todos los modos de pensar que imperan en el movimiento sindical, todas las corrientes ideológicas y políticas que lo componen. Lo segundo, su carácter no corporativista, contra lo que se afirma muchas veces por parte de los medios. El movimiento sindical, a la vez que construyó la unidad, construyó también una visión de país, elaboró una alternativa que tuvo su expresión programática en el Congreso del Pueblo, que fue tomado como el programa de la CNT, de manera que no era solo el programa de los trabajadores, abarcaba los intereses del conjunto del pueblo uruguayo.
También la necesidad de tener una visión clara de los problemas políticos nacionales, no estuvo ausente el movimiento sindical de eso. Es más, a partir del pachecato, el país giró permanentemente en el enfrentamiento o en el apoyo a la postura, la visión que tenía el movimiento sindical.
La unidad, la visión de país, y un principio de alianza, que me parece que es lo que hoy corre riesgo, el riesgo más importante, si me preguntan. Porque esa especie de alianza que se fue construyendo en aquellos años, incluía en primer lugar a la Universidad y los estudiantes.
En el origen de todo este proceso están los estudiantes y está la Universidad. Si contamos el 58 como punto de partida, es el año de la ley orgánica de la Universidad, de las luchas estudiantiles, de la consigna “Obreros y estudiantes, unidos y adelante”; y el papel de la Universidad como forjadora de pensamiento de izquierda, avanzado.
También la fuerza política de izquierda en el Uruguay, que termina por consolidarse en lo que es el Frente Amplio.
Había una especie de núcleo duro del bloque social del cambio, cuyos integrantes eran el movimiento obrero, la Universidad, y la fuerza política. Preservar eso, consolidarlo, es fundamental si queremos avanzar, porque es en ese núcleo duro donde se va aglutinando el pueblo en caminos de solución, de profundización, de un programa de cambios.
En definitiva, el acceso del Frente Amplio al gobierno también es fruto de esa confluencia. Me da la impresión que la coyuntura de hoy pone en riesgo todo ese proceso, es como si abandonáramos el proceso de acumulación de fuerzas y empezáramos a desacumular.
Entonces, me parece que es necesario pensar, sobre todo la fuerza política, porque el papel protagónico de ese proceso tiene que ser la fuerza política. En aquellos años fue el movimiento sindical, pero hoy le corresponde a la fuerza política que ya existe.
Esta nota fue publicada en el Semanario El Popular N° 230.-
