Una vez más la búsqueda de los detenidos desaparecidos se ve ostensiblemente hostigada por provocadores.

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Comunicado
MADRES Y FAMILIARES DE URUGUAYOS DETENIDOS DESAPARECIDOS - FAMIDESA·MIÉRCOLES, 18 DE OCTUBRE DE 2017
Montevideo, 18 de octubre de 2017.
Comunicado
Una vez más la búsqueda de los detenidos desaparecidos se ve ostensiblemente hostigada por provocadores.
Antes habían violentado el despacho del GIAF (Equipo de Antropólogos) y amenazado a los integrantes del mismo. Luego el autodenominado “Comando Barneix”, plantea el chantaje de elegir entre cesar los procesamientos de militares o la vida de connotados luchadores por los Derechos Humanos.
El día domingo 15 de octubre, según versión de la guardia del predio, 3 personas ingresaron en horas de la noche en el Batallón 13, en la zona donde se están realizando excavaciones en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos. Ingresaron con un dron que sobrevoló la zona por 20 minutos.
La semana anterior sucedió algo similar en el predio del Grupo de Artillería Antiaérea N° 1 -La Montañesa- Ruta 34, donde también se están realizando excavaciones buscando a nuestros familiares. De ahí roban estacas de madera y rompen el candado del contenedor donde están las herramientas.
Aunque los lugares parecen no haber sido alterados vemos una intencionalidad en estos hechos que nos debe tener alerta.
Las anteriores denuncias, (ataque al GIAF, comando Barneix), todavía sin aclarar, dejaron al descubierto muchas más acciones intimidatorias a abogados e integrantes de equipos que trabajan en el tema.
Nuestra lucha ha estado salpicada de este tipo de hechos, que tienen el claro objetivo de amedrentar a quienes aportan elementos -desde distintos lugares- para la búsqueda de restos y el esclarecimiento de la verdad, y al mismo tiempo intimidar a aquellos que trabajan directamente en el tema.
Estas acciones que repudiamos, llevadas adelante por quienes con uniforme o sin él, sin duda están emparentados con los criminales del pasado, aquellos que aplicaron el Terrorismo de Estado en nuestro país, tienen impulso en la impunidad de la que gozan.
Exigimos de todos los Poderes del Estado una clara, decidida y enérgica respuesta ante estos hechos.
La falta de ella, no haría sino apuntalar su repetición y a quienes, amparados en la impunidad, están dispuestos a seguir operando.
Por Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más Terrorismo de Estado.

Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Otro trabajador rural fue agredido, esta vez en el Arrozal 33 El hombre resultó con heridas en la espalda y fue despedido por la empresa luego de que denunciara el hecho.




Arrozal 33Un trabajador de una arrocera denunció agresión y fue despedido por la empresa

Un trabajador de una arrocera denunció agresión y fue despedido por la empresa

El pasado 30 de setiembre otro trabajador rural fue agredido
El día anterior un funcionario le pateó al trabajador su mochila que estaba en el suelo y en la jornada siguiente, el mismo funcionario, le agredió con un cortaplumas, según informó César Rodríguez, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra).
En declaraciones al portal de Caras y Caretas, Rodríguez relató que el trabajador rural recibió 13 cortes en la espalda y algunos en el vientre. El agresor fue procesado y el trabajador despedido “por notoria mala conducta”, de acuerdo con la empresa.
El agredido tiene 22 años y hace tres años trabajaba en la arrocera. El funcionario agresor vive en el terreno de la empresa.
El dirigente de la Unatra indicó que la denuncia se hizo inmediatamente y que a la audiencia en la Dirección Nacional de Trabajo, prevista para este martes, la empresa no se presentó. Esta sostiene que el despido respondió a una “notoria mala conducta”. LA REPÚBLICA intentó sin éxito conocer la versión de la arrocera.
Este hecho se conoce casi un mes después de que en Salto el trabajador rural Hugo Leites denunciara haber recibido una golpiza por el capataz de la estancia en la que trabajaba, luego de que reclamara el pago de horas extra.
La arrocera, de 7 mil hectáreas sembradas y que emplea alrededor de 400 trabajadores, ha sido denunciada en reiteradas oportunidades por incumplir normas de seguridad laboral.
A fines del pasado mes de abril la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) le impuso una multa por 50 unidades reajustables (unos 50.000 pesos) por no haber cumplido una intimación previa que obligaba a la empresa a trasladar su personal en vehículos que cumplan con la normativa vigente.
En esa ocasión la diaria informó que Arrozal 33 tenía intimaciones pendientes respecto a la entrega de agua potable a los trabajadores, la capacitación en primeros auxilios y planes de evacuación y la presentación y aplicación de un plan de mantenimiento de la maquinaria.
La IGTSS también mantenía una intimación por el estado de las viviendas en la que viven parte de los trabajadores, agrupadas en un pequeño pueblo en tierras de la empresa.

FUENTES DE LA REPÚBLICA



MTSS multa a Arrozal 33 e intima a cumplir normas de seguridad laboral
08 • mayo • 2017 | Escribe: Cecilia Álvarez 
La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS), tiene tres expedientes abiertos sobre la empresa Arrozal 33, del departamento de Treinta y Tres. Los trabajadores -a quienes el jueves les incendiaron el campamento sindical- han denunciado en reiteradas oportunidades a la arrocera por incumplir normas de seguridad laboral. A fines de abril, la IGTSS impuso una multa por 50 unidades reajustables (unos 50.000 pesos) por no haber cumplido una intimación previa que obligaba a la empresa a realizar el traslado del personal en vehículos que cumplan con la normativa vigente, informó a la diaria el inspector general del Trabajo, Gerardo Rey. Según denunciaron los trabajadores en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, los traslados se hacen en la caja de camionetas doble cabina, “sin ningún tipo de agarradera”, lo que ha generado varios accidentes. Richard Olivera, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA) y delegado sindical en Arrozal 33, contó en la comisión que durante uno de los traslados una trabajadora, de 18 años, “cayó y se lastimó toda. Y el ingeniero en jefe -ahora no está- , le dijo: ‘No te voy a llevar nada al doctor; quedate ahí’. Tuvo que venir el padre de la muchacha de su casa para llevarla al doctor. No pasó nada y todo quedó impune. Un compañero también cayó desde una camioneta y [el ingeniero] le dijo: ‘Vos te caíste de la camioneta por venir de mano suelta’, pero no es así. Vamos unos agarrados de los otros para poder llegar al trabajo. Se está incumpliendo todo”. Según contó Rey, se intimó a la empresa a corregir las condiciones de traslado del personal, la empresa pidió una prórroga para cumplir, que se le dio, “se concurrió nuevamente y se verificó que no había cumplido, y se colocó la multa”. La intimación a regularizar la situación sigue pendiente.

Otras de las intimaciones que tiene pendiente la empresa refieren a la entrega de agua potable a los trabajadores, a la capacitación en primeros auxilios y planes de evacuación, al estado de las viviendas (en tierras de la empresa hay un pueblo conformado donde viven parte de los trabajadores) y a la presentación y aplicación de un plan de mantenimiento de la maquinaria. Este último punto es uno de los reclamos de los trabajadores que se hicieron carne recientemente: el jueves 27 de abril una máquina cosechadora se incendió cuando estaba en pleno funcionamiento. “El operario se salvó porque se tiró”, contó a la diaria César Rodríguez, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores y Rurales y Afines (UNATRA). El accidente también fue denunciado ante la IGTSS, pero no hubo una nueva visita, lamentó Rodríguez.

En la comisión, Rodríguez había contado que de un lote de diez u 11 equipos de maquinaria, se constató que sólo uno de ellos “cumplía más o menos” con las condiciones de seguridad. “Los nueve o diez restantes no tenían ningún tipo de protección en toma de fuerza de tractor, en cardán, en transmisiones con cadena; así están operando. Los trabajadores trabajan en descarga de arroz en altura, con polvillo, sin ningún tipo de protección personal: sin lentes, sin máscara, sin casco. Venimos denunciando esta situación en la Dinatra [Dirección Nacional de Trabajo] hace más de dos años y medio. Tenemos problemas en todo el sector arrocero, pero esta empresa tiene un comportamiento crónico en cuanto a irregularidades”.

Además, Olivera dio detalles en la comisión sobre otros accidentes laborales que ocurrieron en la empresa. “Al Beto, un compañero mío, lo agarró un cardán -hasta ahora me duele- y le arrancó el brazo. El hombre decía: ‘No es nada, gurises; estoy bien. Ustedes quédense tranquilos que estoy bien’. Tenía 20 y pocos años el muchacho. Decía: ‘No pasó nada; yo estoy bien’, y le llevaban a un lado el brazo y la mano. A las pocas horas, falleció”. Además, Olivera narró los hechos en otras empresas del rubro: “A un primo hermano mío también lo agarró un cardán y lo lastimó todo; le molió toda la parte superior del cuerpo. Fue exprimido contra el fierrerío de los cardanes”. “A un compañero lo agarró un sinfín de la cosechadora y lo ahorcó; estaba solo en la chacra”.

Marcelo Amaya, dirigente del SUTAA y UNATRA, explicó ante los legisladores el impacto que pueden tener los cardanes en accidentes: “A nosotros se nos erizan los pelos porque sabemos lo que sucede cuando algún cardán manotea a una persona. Eso trabaja a 540 revoluciones por minuto y no hay forma de que un trabajador se salve si el cardán le manotea la ropa. Puede arrancarle el brazo, una pierna o, en el primer golpe, matarlo. Es más grave aun que esto siga ocurriendo en la empresa, según comentan los trabajadores, por la cantidad de accidentes que ha habido”.

Sin tarjeta

En la Comisión de Legislación del Trabajo los dirigentes sindicales también denunciaron otros hechos. Por un lado, que los trabajadores reclaman la instalación de un tarjetero electrónico para marcar la hora de entrada y salida, pero la empresa se niega. Lo reclaman porque actualmente apuntan sus horarios en papel, lo que puede ser borrado por “mandos medios” de la firma. “La empresa se niega a ponerlo, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS] acepta su fundamento y no le exige su colocación. La empresa dice que no tiene lugar donde poner el tarjetero, pero estamos hablando de una ciudad; hasta se puede elegir dónde colocarlo. Hay porteros y hasta un destacamento policial dentro de la empresa. Se han hecho varias inspecciones y se ha podido constatar que hay lugar donde instalar el tarjetero”, explicó Amaya en la comisión.

El otro hecho reciente que denuncian los trabajadores es el despido del padre de uno de los delegados sindicales de la empresa. De hecho, reclaman su reintegro, porque el trabajador hacía 15 días que había vuelto de una licencia médica por una afección cardíaca compleja, lo que configura un hecho “arbitrario, y por fuera de los plazos”, informó Rodríguez. Estos temas estarán sobre la mesa de negociación que tendrán los trabajadores y la empresa el miércoles en la Dinatra. En este contexto, también influye el incendio que sufrió la carpa sindical que los trabajadores habían dejado instalada tras 14 días de paro. Si bien se hizo la denuncia policial, los sindicalistas no han tenido novedades de la investigación, ni han sido llamados a declarar.

El diputado Daniel Placeres (Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio), presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, concurrió a Arrozal 33 y en diálogo con la empresa llegaron a un preacuerdo que permitió que los trabajadores levantaran un paro que llevaba 14 días. En aquel entonces, a mediados de abril, se acordó el reintegro de dos delegadas sindicales y el levantamiento de una sanción que habían tenido por concurrir a una asamblea de la UNATRA, y la instalación de una mesa de negociación para discutir cuestiones salariales y condiciones de trabajo. El 19 de abril, ante las denuncias de los trabajadores, los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo acordaron hacer una visita a la empresa, que se coordinará esta semana. “El gran problema que hay es que el MTSS debería tener más presencia en la parte de seguridad laboral. Son zonas muy alejadas, muy aisladas, y una presencia asidua del MTSS ayudaría cuando se hacen acuerdos o denuncias”, opinó Placeres. Rey aseguró que en los últimos dos años y medio hubo “varias inspecciones” en la empresa, y que ha recibido varias intimaciones y multas, aunque todavía no se llegó a la clausura preventiva, otra de las potestades de la IGTSS. En general, es “una empresa de incumplimiento”, opinó.

FUENTES DE LA DIARIA

LULA DA SILVA EN DIALOGO CON EL CINEASTA OLIVER STONE “No van a querer permitir que yo vuelva”


El ex mandatario de Brasil dijo que en su país “hay una guerra” contra su agrupación, el Partido de los Trabajadores, tras la destitución de Rousseff. Y denuncia planes opositores para que él no sea candidato en 2018.
 Por Darío Pignotti

Página/12 En Brasil
Desde Brasilia
Democracia herida de muerte. “Hay una guerra en Brasil, estamos frente a un proceso violento contra la democracia, han construido una teoría para justificar la salida de Dilma y la criminalización del PT (..) la prensa, la policía federal y el ministerio público están perfectamente articulados para construir mentiras” denunció Luiz Inácio Lula da Silva, entrevistado por el director norteamericano Oliver Stone.
La divulgación del reportaje realizado en San Pablo, al que le concedieron espacio mínimo las empresas periodísticas, prácticamente coincidió con un mensaje de Michel Temer sobre sus seis meses como presidente, éste sí repetido (publicitado) durante el fin de semana por las redes privadas.
El 12 de mayo el Senado autorizó el inicio del impeachment y la automática suspensión de Dilma Rousseff, quien fue reemplazada provisoriamente por el hasta entonces vicepresidente Michel Temer.
Finalmente el 31 de agosto Temer juró como presidente efectivo cuando más de dos tercios de la Cámara alta (entre ellos unos 30 senadores procesados o denunciados por corrupción) votó por la destitución de la presidenta electa, pese a que no se logró demostrar la comisión de ningún delito.
A fines de septiembre el juez Sergio Moro, al que ya se baraja como eventual candidato presidencial “outsider” abrió un proceso contra Lula por su presunta vinculación en la telaraña de corrupción tejida en perjuicio de Petrobras.
“Ellos trabajan para evitar que yo pueda participar en las elecciones de 2018 (es obvio) que una vez que ellos dieron el golpe parlamentario no van a querer permitir que yo vuelva”.
Al frente de todas las encuestas Lula, cuya popularidad fue en parte esmerilada por las noticias destinadas a desprestigiarlo, sigue siendo un candidato que le quita el sueño a las derechas política, judicial y empresarial.
“Dado que ellos no pueden impedir la decisión electoral del pueblo, ellos están intentando (proscribirme) a través del poder judicial, atribuyéndome cosas absurdas que no son creíbles ni para un chico del jardín de infantes”.
Moro hizo lugar a la denuncia presentada por el fiscal, y militante evangélico, Deltan Dallagnol, quien reconoció carecer de pruebas pero compensó esa falencia material con “la convicción” de que el imputado es el “comandante máximo del esquema de corrupción”.
“Hoy en Brasil hay un juez de primera instancia (Moro) acompañado por un grupo de fiscales, todos mesiánicos, que se creen ungidos por la voluntad de Dios (..) yo los he desafiado ( al juez y fiscales) a probar que algún empresario me dio dinero, hasta voy a pedir ayuda a la CIA (risas) para ver si logran descubrirme una cuenta en el exterior”.
Para denunciar la violación del derecho de defensa y la parcialidad del magistrado “iniciamos un proceso ante Naciones Unidas, apoyados por el movimiento sindical internacional”, y el mes pasado el Comité de Derechos Humanos finalmente aceptó analizar el tema.

Sin Kirchner ni Chávez

Lula sitúa al putch que volteó a Dilma Rousseff dentro la regresión conservadora en que está sumergida América Latina luego del ascenso de la década pasada que entre sus puntos altos incluyó la creación de Unasur aprobada durante una cumbre presidencial celebrada en 2007 en Venezuela.
“Era un momento de mucho optimismo en América Latina, nosotros creíamos que estábamos construyendo una estructura política más prolongada, pero después vinieron las muertes de Chávez, de Kirchner, yo salí de la presidencia y allí dejó de existir el trío que trataba de organizar América del Sur, fue una pena, ahora necesitamos comenzar de vuelta, yo sé que usted (Stone) también tenía mucha esperanza “.
La conversación con Oliver Stone, director de Nacido el 4 de Julio, Platoon y JFK, (publicada en el sitio Nocaute) vuelve a la hostilidad mediática para enlodar la imagen del extornero mecánico y dos veces presidente Lula.
“De marzo a agosto el principal canal, Globo, en su noticiero más visto dedicó 14 horas de noticias negativas en contra mío, o sea en cinco meses de noticias”, se indigna el líder del PT de camisa y pantalón azules, y la voz ronca de los buenos tiempos.
“No tengo aliados en los medios, cuando fui presidente goberné de forma republicana, la red Globo estaba casi quebrada y nosotros ayudamos a salvarla.... y después cometimos el error de no regular los medios”, afirma Lula con tono autocrítico.
“¡Qué gran error¡” rubrica Stone, a lo que Lula agrega, “ahora Globo y Netflix están trabajando sobre un documental sobre Lava Jato, si fuera por Globo yo sería un Pablo Escobar”.

Francisco con el MST

Joao Pedro Stédile, líder de Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) contó ayer que junto a varios miembros de esa organización desplegaron un pasacalles con la consigna “Fuera Temer” en la plaza San Pedro, del Vaticano, antes de ser recibidos por el papa Francisco cuyo viaje a Brasil, previsto para 2017, fue suspendido en lo que fue entendido como una respuesta a la destitución de Dilma Rousseff.
En uno de los debates en los que participaron los campesinos sin tierra, sobre asuntos ligados a la actualidad latinoamericana, Jorge Bergoglio “nos asombró cuando dijo que estamos frente a un Estado más que excluyente, un estado terrorista, que usa el dinero y el miedo para manipular la voluntad de las mayorías”.
“Salimos convencidos de que además de San Francisco de Assis ahora tenemos otro revolucionario en la Iglesia, que es el Papa , un hombre abierto y generoso”, declaró ayer Stédile a su regreso de Italia.
Dos semanas atrás la Policía Militarizada había invadido la escuela Florestan Fernandes, del MST, en el interior de San Pablo en paralelo con la represión a los estudiantes que ocupan centenas de escuelas secundarias y universidades.
Ayer comenzaron a llegar a Brasilia delegaciones estudiantiles que militan contra la reforma constitucional, redactada por el Palacio del Planalto y reivindicada este fin de semana por Temer, que congela por 20 años, es decir durante cinco gobiernos electos, los recursos para educación y salud.
Por Darío Pignotti


Fiscal de Flores pide procesamiento de dos militares por violación a los derechos humanos



La fiscal Letrada de Flores, Gabriela Rusiñol Ferrari, solicitó el procesamiento de dos militares por presuntas violaciones a los Derechos Humanos en el grupo de artillería nº2 de Trinidad.
Esto surge de las actuaciones judiciales que se llevan a cabo a partir de denuncias efectuadas en el año 1986 por la Federación Médica del Interior (FEMI), basadas en testimonios de por personas que estuvieron presas allí y sufrieron apremios físicos y psicológicos. Entre ellos estaban Saturnino Burgos, Miguel Longo, Jorge Zabalza y Henry Engler.
La defensa de los acusados presentó un recurso de inconstitucionalidad que deberá ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia.

Escuchar informe de Marcelo Repetto

Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFotos  fuentes de radio uruguay


TORTURAS
Fiscal de Flores pide procesamientos de dos militares por presuntas violaciones a los DD.HH en dictadura

La fiscal Letrada de Flores, Gabriela Rusiñol Ferrari, solicitó el procesamiento de dos militares por denuncias de violación de los Derechos Humanos ocurridas en el grupo de artillería Nº 2 de Trinidad, contra presos políticos, durante la pasada dictadura cívico-militar (1973-1985).
marcha-1

La fiscal Ferrari remitió al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Flores el pedido de procesamiento del médico militar Nelson Fornos y del coronel retirado Mario Simón Ramos por denuncias de violación de los derechos humanos en dictadura.

Según informó radio Uruguay, la defensa de los acusados “presentó un recurso de inconstitucionalidad” el cual deberá ser analizado por la Suprema Corte de Justicia.

En el año 1986 la Federación Médica del Interior (FEMI) denunció la violación de los derechos humanos cometidas en el cuartel de Trinidad, contra ciudadanos presos políticos, en dictadura.

La FEMI estaba presidida en el año 1986 por el doctor Gregorio Martirena. En aquella instancia fue cuando se realizaron las denuncias contra médicos militares que cometieron delitos de lesa humanidad en dependencias castrenses, en las cuales se recluía a militantes políticos en el marco del proceso dictatorial.

Denuncias

Las denuncias que realizó la Federación Médica del Interior se sustentaron en testimonios que presentaron las personas que fueron detenidas en dicho cuartel y que sufrieron torturas físicas y psicológicas.

Entre ellos, se encontraban los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T)  Jorge Zabalza y Henry Engler; Miguel Longo militante del Partido Comunista, y el también dirigente de izquierda Saturnino Burgos.

Por otro lado, en diversas oportunidades el ex soldado Fermín Rossi denunció violaciones y torturas a detenidas y detenidos políticas en los años previos y durante la dictadura.

Rossi ingresó al Ejército en Florida en junio de 1969 con 19 años y abandonó las Fuerzas Armadas en 1974 al presenciar las torturas que se les ocasionaba a las personas, según así lo denunció.
fuentes de la red 21

Chela Fontora es una referente sindical de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) y de Crysol, que constituyen su historia de vida.

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La extranjeridad, a veces, lejos de distanciarnos, nos acerca. Multiplica los puntos de vista y las miradas sobre los acontecimientos. Conocí a Chela Fontora en una presentación pública. Intervino de modo claro y contundente como la portavoz, en esa oportunidad, de varios de sus compañeros y compañeras de militancia, ex presos políticos. Desde ese momento la imaginé ruda y pensé que entrevistarla implicaría sortear ciertos obstáculos relacionados con esa característica. Afortunadamente, me equivoqué.

Chela Fontora vive en Montevideo. Pasó parte de su vida en Salto –donde nació–, en Bella Unión y en diferentes cárceles. Rápidamente, apenas comienza su relato, hace este resumen. Proviene de una familia de cañeros; su padre trabajaba como obrero y su madre se encargaba de la crianza. “Otro trabajo, también”, apunta Chela. De ahí nació la rama de su historia que la convirtió en referente sindicalista azucarera. Su trayectoria como militante dio un giro a partir de su detención. Primero, entre 1970 y 1971; luego, desde 1972 hasta 1985. Largos años de su vida transcurrieron en el encierro. Desde que salió de la cárcel comenzó la lucha con otros, esta vez dirigida a que se hiciera justicia con respecto a las vejaciones de derechos humanos del último período dictatorial. Actualmente es reconocida por ser una de las referentes de Crysol, la Asociación de ex presos y presas políticas de Uruguay.

La caña, la organización

Con una mesa de por medio, en una de las salas de la asociación, Chela comienza a compartir los caminos recorridos en su historia de vida. Relata que aunque su madre no estuvo muy de acuerdo, a los 14 años acompañó a su padre a una huelga. Dice que algo en ella cambió. Comenzó a darse cuenta de que los derechos no se cumplían igual para todos. Para los trabajadores del azúcar y los pescadores no se respetaban el derecho a la salud ni a la educación. Tampoco las jornadas de ocho horas. Incluso los niños y las niñas trabajaban.

Con esa mirada atenta a las injusticias, se casó y se fue a vivir a Bella Unión; tenía sólo 15 años. Ella cuenta que trabajaban sin descanso. Que a todas esas injusticias les ponían lucha y organización. Así, entre compañeros y compañeras fundaron la UTAA. Siendo muy joven aún, a los 17 años, se convirtió en referente sindical de los trabajadores de la caña. Reflexiona sobre esa experiencia: “La lucha de las mujeres era doble, no sólo contra el patrón, sino también con nuestros propios compañeros. Ellos estaban siempre para las reuniones y la militancia, pero nunca para otras cosas”.

Chela comenzó a militar “políticamente”, como dice ella, y a los dos años policías y militares la detuvieron por primera vez. Me pide que deje claro que los militares no aparecieron recién al inicio de la dictadura, en 1973, sino que la alianza de las fuerzas de seguridad y el marco represivo venía desde antes: “Cada vez que hacíamos una huelga, que salíamos a las calles, nos reprimían, y a las mujeres nos manoseaban. Eso pasó siempre”.

En 1970 la detuvieron; “me tenían fichada”, dice, y añade un dato de actualidad: “Hace poco fui a retirar la documentación que tenían sobre mí. Estaba registrado lo que decía en las asambleas en Bella Unión, y desde ahí para adelante. No sé hasta cuándo [tienen registrado], ese es otro tema”.

En 1971 continuaba presa, pero, asesorada por un abogado, consiguió la libertad. Con la documentación de su liberación ya firmada, le dijeron que no podían dejarla ir, que hacerlo sería traicionar su ideología. Mantenerla presa era ilegal, y aún no transcurría 1973; sin embargo, decidieron no liberarla y, al poco tiempo, escapó.

No fue mucho el tiempo que permaneció libre, porque en 1972 volvieron a detenerla. Chela cuenta que desde entonces fueron 13 los años que vivió de prisión en prisión. Sostiene, además, que desde el primer día comenzaron las torturas, sin discriminación. “Sólo los que colaboraban con ellos recibían otro trato. Si no, hombres y mujeres éramos tratados por igual”, dice. Comienza a desandar estas historias; decirlas y recordarlas, de algún modo, es volver a vivirlas en el presente. Mira hacia abajo, hacia arriba, se concentra y continúa. Me cuenta que en este contexto de encierro y torturas perdió un embarazo. Tenía, además, a su pequeña hija afuera.

Dice que cuando salió, una de las cosas que más le costaron fue aprender a medir las distancias: “Durante tanto tiempo midiendo todo de cerca, cuando salí miraba los ómnibus en la calle y sentía que se me venían encima”, explica. Su compañero de vida también estuvo detenido durante 13 años. Después de haber salido, dice, a ella y a su pareja les llevó diez años volver a sentirse reinsertos en la sociedad.

Mientras Chela comparte pensamientos y sentires sobre esos años de su vida, mis preguntas se agolpan. Una, insistentemente, me inquieta: ¿cómo es reencontrarse con una hija 13 años después?

La lucha continúa

Me preocupa saber cómo se siente la entrevistada. Poner en palabras momentos tan dolorosos frente a una desconocida no parece ser una tarea fácil. Le pregunto, y Chela me dice que está bien, que podemos seguir. Tal vez es aquí, en este modo de posicionarse para compartir su historia, que su tesón se evidencia, pienso. Continuamos el recorrido.

Cuenta que, una vez fuera de la cárcel, comenzaron a trabajar para la reinserción laboral de las personas que habían estado presas por razones políticas. Intentaron dar respuestas mediante una organización cooperativa. Sin embargo, dice, fue muy difícil conseguir resultados. Pero además, en este proceso percibieron algo mucho más profundo: comenzaron a darse cuenta de lo mal que estaban sus compañeras y compañeros. Colectivamente empezaron a percibir cómo el tiempo de privación de la libertad, de interrogatorios, traslados y torturas, había corroído la vida de todos. Observaron que las secuelas son físicas, psicológicas, económicas, sociales. Puntualiza: “Nadie que haya pasado por eso se olvida. Es algo que está siempre, que aparece en tu memoria”.

En la búsqueda por rearmar sus vidas comenzaron una nueva lucha por reconocimiento y reparación para quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado. Así, fundaron Crysol, el espacio que nuclea a personas que fueron detenidas por razones políticas durante la dictadura. También lucharon por conseguir la sanción de la Ley 18.033, que establece una Pensión Especial Reparatoria para los ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre 1973 y 1985. “No es una reparación integral, pero ya es algo”, aclara Fontora. Comparte esas palabras y recuerdo que aquella primera vez que la escuché hablando en público estaba, justamente, manifestando todas las carencias y fisuras que sigue habiendo en relación con una reparación completa.

¿Dónde están?

Desde su participación en Crysol, así como en otras redes y espacios, Chela sigue luchando por la verdad, la justicia y la memoria. “Queremos saber dónde están, qué pasó con nuestros compañeros y compañeras”, me dice, y señala la bandera que ocupa una pared completa en la sala de la asociación. La bandera tiene muchos rostros; la mira y me dice: “Todos ellos siguen desaparecidos, queremos saber qué les pasó”. Entonces agrega: “Hasta que me muera voy a seguir luchando por mis compañeros desaparecidos”.

Logro comprender que habla de una sed que parecería no tener fin. La incansable búsqueda de verdad, de justicia, de memoria. Imprescindibles para no repetir la historia. Por eso es necesario contar, transmitir, que los jóvenes sepan. Concentrada en mis pensamientos, Chela me interrumpe: “¿Sabés qué otra historia hay que contar?”. “¿Cuál?”, pregunto, y ella responde: “La de los hijos, nuestros hijos, que vivieron todo esto sin ser conscientes de lo que pasaba entonces”.

Me despido, pensando en la valentía de atreverse a nombrar un pasado tan doloroso. En los relatos aún sin contar, en las verdades guardadas, en las preguntas no hechas. En que, afortunadamente, hay personas como Chela, que continúan peleando por compartir esos retazos de vida para que la justicia aparezca como protagonista de esta historia.
FUENTES Y FOTO DE LA DIARIA