Hace ya 21 años que un puñado de valientes, por primera vez, se animó a poner el cuerpo, cargar una pancarta y desafiar la mirada inquisidora y el rumor lapidario. Fue una pequeña concentración de gays y lesbianas un 28 de junio de 1992 en la plaza Cagancha. Dos décadas más tarde, las cosas cambiaron mucho. Al principio en estas manifestaciones participaban apenas 200 personas, hoy son casi 25 mil. La masividad se logró con la llegada al gobierno del Frente Amplio que consolidó una gran oportunidad para la movilización social. Además, en el terreno de las organizaciones de la diversidad sexual también se produjeron cambios importantes: hubo un recambio generacional, así como una nueva forma de ver el problema de la discriminación, al pasarse a hacer hincapié en las mutuas influencias existentes entre las desigualdades que generan tanto el género, como la clase, la raza-etnia y la orientación sexual. Esta visión interseccional de la discriminación, implicó que la lucha se focalizara en combatir a nivel simbólico los efectos de una sociedad sancionadora de la diferencia, alentando a que las particularidades hasta ahora escondidas vieran la luz pública. Esta forma de convocar a la visibilidad, junto a la crítica de las injusticias sociales generadas por estas formas de dominación social, terminaron cargando de contenidos progresistas el movimiento de la diversidad sexual. A su vez, con los años, la articulación que se inauguró con organizaciones feministas, el movimiento estudiantil y el PIT-CNT, se volvió relativamente estable y conformó un bloque político estratégico informal con un proyecto político amplio referido a los derechos humanos y las libertades.
Creciente capacidad de movilización y logros
Esta creciente capacidad de movilización incidió en el sistema político, y se lograron importantes conquistas legislativas en los últimos años (cambio de nombre y sexo registral, adopción, unión concubinaria). Tan es así, que ya comienza a plantearse el reto de lograr, una vez aprobados todos los proyectos de ley aún pendientes a nivel parlamentario (matrimonio igualitario y del autocultivo de marihuana), una nueva agenda política consensuada para los próximos años.
Asimismo, a nivel social, todas estas innovaciones comenzaron a producir movimientos y transformaciones en la subjetividad. En el presente la adhesión al proyecto político de luchar contra la discriminación, cada vez más, se desprende de la identidad individual de las personas. La participación en manifestaciones y actividades contra la discriminación dejó de ser un tema exclusivamente de gays, lesbianas o trans, y pasó a no ser relevante la identidad sexual o social del individuo sino antes que nada si adhiere o no a un proyecto político que lucha contra la cultura discriminatoria.
Mucho se ha avanzado en estos años, es cierto, pero las conquistas legales si bien son importantes no alcanzan para transformar nuestra cultura, y reparar las situaciones de desigualdad y discriminación cotidiana. La violencia sigue estando presente en Montevideo, y mucho más aún en el Interior: los golpes, la exclusión, el insulto, la muerte sigue siendo un problema recurrente. Durante el año pasado cinco mujeres trans fueron asesinadas en Uruguay y aún no se sabe nada sobre sus perpetradores. En los centros educativos el acoso escolar sigue siendo moneda corriente ya que no existen protocolos para enfrentar estos problemas en el aula. En la salud, han existido algunos avances tímidos a impulso de la sociedad civil, pero todavía nuestro sistema sanitario sigue sin aplicar una política verdaderamente integradora de la diversidad sexual, que respete su dignidad y derecho a la salud.
Cada una de estas tristes misceláneas confirma la enorme contemporaneidad de esta lucha y la gran brecha que aún existe entre los avances legales y la vida cotidiana. Pero, ¿cómo se explican estos destiempos?
Sí, sí. Pero no.
Las conquistas legislativas son el piso mínimo, y lejos de cerrar un tema, lo abren dejando en evidencia, la necesidad de desarrollar políticas públicas que permitan transformar el sentido común y la desinformación que más de un siglo de mensajes discriminatorios han plasmado. El desafío es enorme ya que el prejuicio se vuelve callo cuando nos acercamos a temas coma la infancia y la crianza, núcleo duro de la reproducción social y cultural. La cantata conservadora se plasma sin tapujos en casi la totalidad del Partido Nacional, debido a su estrecha alianza con el Opus Deis y el resto de la Iglesia Católica.
Pero lo más importante, es que el grueso de los/ as políticos/as de izquierda no son la excepción en este tema, ya que habitan al igual que una parte de la sociedad uruguaya –que lejos estamos de aquella vieja idea de vanguardia- visiones conservadoras y homofóbicas. Es cierto que la aprobación de las normas se ha logrado gracias al compromiso de algunos/as legisladores/as de izquierda sensibilizados con el tema, pero también gracias a un lacónico dejar hacer del resto de los integrantes de sus sectores, lo que en los hechos se ha traducido en una falta importante de debate interno, que permita avanzar cualitativa y no sólo formalmente.
A su vez, para toda una generación de políticos de izquierda, los problemas de discriminación siguen siendo temas secundarios, que distraen de la contradicción central que es la de las clases sociales, generadora de todas las injusticias, desconociendo así la complejidad de los mecanismos de dominación que permiten al hombre blanco heterosexual de clase alta tener legitimidad y poder de dominio en nuestra sociedad. Más aún, se desconoce el potencial que tiene la sexualidad para combatir la desigualdad, y su peso en una transformación radical de la democracia y de las naturalizaciones de las que somos esclavos. La izquierda política sigue mirando de reojo a la izquierda social, sin levantar puentes de diálogo reales que contribuyan a llevar adelante un debate cultural verdaderamente transformador. Hay una veta radical a explorar en las políticas que estabilizan la identidad de género, y un enorme potencial allí para lograr nuevas pautas de convivencia ciudadana. Los cambios ideológicos y estratégicos que hicieron desistir al FA de la vía revolucionaria y de cuestionar la propiedad privada, no han dejado paso a algo nuevo, sino a una agenda vieja ahora sólo recortada, que impide pensar nuevas estrategias de transformación social en donde se supere, entre otras cosas, el falso y antiguo dualismo entre reconocimiento y redistribución.
La dignidad del ser humano
La dignidad de los hombres forma parte de la economía política, como los procesos de organización capitalista del trabajo inciden en el desarrollo de las fuerzas productivas. La economía no es un universo autónomo y autorregulado, y las diferencias entre las relaciones de producción y las relaciones en la producción nos llevan a la necesidad de pelear por la hegemonía para lograr los cambios que queremos implementar. Los partidos tradicionales lo saben, y por ello ahora más que nunca están dispuestos a llevar todos sus debates al terreno cultural. La juntada de firmas para lograr derogar la ley que despenaliza el aborto en situaciones hospitalarias, o para aprobar la baja de la imputabilidad, avizoran el despertar de una derecha social, que anuncia la existencia de una “crisis de valores” y la necesidad de restablecer el orden y la seguridad, situación que genera enormes desafíos para la democracia en curso, y advierte sobre la necesidad de dinamizar la alicaída relación entre el Frente Amplio, en tanto fuerza política y los movimientos sociales para llevar adelante un gran debate cultural y político que tenga como eje la integralidad de los derechos humanos.
Diego Sempol (Investigador e integrante del colectivo Ovejas Negras)
Tomado de: Cuadernos de Compañero
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