Por Roberto Savio
Es asombroso como cada semana se presentan acciones judiciales en varias partes del mundo contra el sector financiero por delitos e irregularidades,sin que se registre una reacción considerable por parte de la opinión pública.
Es sorprendente, porque esto pasa en medio de una crisis muy grave, con altos índices de desempleo, trabajo precario y un aumento sin precedentes de las desigualdades, lo que en buena medida puede atribuirse a las finanzas especulativas.
Todo comenzó en 2008 con la crisis hipotecaria y el estallido de la burbuja de los derivados financieros en Estados Unidos, seguido por la explosión de la crisis de la deuda soberana en Europa.
Cabe destacar que hasta ahora, las multas acumuladas impuestas desde 2008
por el gobierno de Estados Unidos tan solo a cinco grandes bancos, ascienden a
250.000 millones de dólares. Pero ningún banquero ha ido a la cárcel, las multas
han sido pagadas y el problema ha sido sepultado. Cabe preguntarse si todo
esto se debe a la mala conducta de algunos administradores codiciosos, o a la
nueva “ética” del sector financiero.
Se calcula que habrá que esperar al menos hasta 2020 para regresar a los
niveles económicos existentes en 2008. Eso significa una década perdida.
Para rescatar a los bancos, el mundo ha gastado en conjunto alrededor de
cuatro billones (millones de millones) de dólares sustraídos a los contribuyentes.
A modo de ejemplo, para rescatar al sector bancario, España ha destinado más
dinero que el dedicado a su presupuesto anual en educación y salud. Y la
historia continúa.
El 20 de mayo, cinco grandes bancos aceptaron pagar una multa de 5.700
millones de dólares a las autoridades de Estados Unidos por sus manipulaciones
en el mercado de divisas. Los bancos son muy conocidos: los estadounidenses
JP Morgan Chase y Citigroup, los británicos Barclays y Royal Bank of Scotland y
el suizo UBS.
En el caso de UBS, el Departamento (ministerio) de Justicia de Estados Unidos
adoptó la inusual medida de anular un acuerdo de no acusación que había
pactado anteriormente, justificando este paso debido a los reiterados escándalos
del banco.
“El UBS tiene un prontuario que no puede ser ignorado”, dijo la fiscal general
adjunta, Leslie Caldwell.
Se trata de una desviación significativa de las directrices que el Departamento
de Justicia emitió en 2008, según las cuales las consecuencias colaterales
deben ser tomadas en cuenta en las acusaciones a las instituciones financieras.
“La consideración de consecuencias colaterales está concebida para encarar el
riesgo de que una acusación particular cause un daño desproporcionado a los
accionistas, los titulares de pensiones y los empleados que no son ni siquiera
presuntos culpables,” dijo Mark Filip, el funcionario del Departamento de Justicia que redactó el memorando de 2008.
Respecto al caso de la gigantesca compañía de auditoría Arthur Andersen, que
avaló las falsificadas cuentas de la corporación de energía Enron, que
posteriormente se declaró en quiebra, Filip dijo que “en última instancia, Arthur
Andersen nunca fue condenada como culpable de nada, pero el mero hecho de
acusarla, la destruyó.”
Bajo el revelador título de “Demasiado grande para caer”, esta fue de hecho una
garantía de impunidad que no escapó a los administradores del sistema
financiero.
El 11 de este mes, Denise L. Cote, jueza de la Corte Federal del distrito de
Manhattan, condenó a dos grandes bancos, el japonés Nomura Holdings y el
británico Royal Bank of Scotland, por estafar a dos instituciones públicas de
hipotecas, conocidas como FannieMae y Freddie Mac, mediante la venta de
bonos hipotecarios que contenían innumerables errores y tergiversaciones.
Nomura Holdings y Royal Bank of Scotland fueron solo dos de los 18 bancos
acusados de manipular el mercado inmobiliario. Los otros 16 llegaron a un
acuerdo extrajudicial para pagar casi 18.000 millones de dólares en sanciones y evitar así que sus fechorías fuesen ventiladas públicamente.
El Royal Bank of Scotland y Nomura Holdings rechazaron un arreglo similar y demandaron al gobierno de Estados Unidos en los tribunales, argumentando que fue la crisis inmobiliaria lo que provocó el colapso de sus bonos hipotecarios. Sin embargo, la jueza Cote sentenció que fue precisamente el comportamiento delictivo de los bancos lo que había acentuado el derrumbe del mercado hipotecario.
Cabe destacar que hasta ahora, las multas acumuladas impuestas desde 2008
por el gobierno de Estados Unidos tan solo a cinco grandes bancos, ascienden a
250.000 millones de dólares. Pero ningún banquero ha ido a la cárcel, las multas
han sido pagadas y el problema ha sido sepultado.
Cabe preguntarse si todo esto se debe a la mala conducta de algunos administradores codiciosos, o a la nueva “ética” del sector financiero. Es necesario recordar que recientemente fue revelado que 25 administradores de fondos de cobertura (hedge funds) cobraron el año pasado cerca de 14.000 millones de dólares y que el gestor mejor pagado entre ellos se adjudicó a sí mismo la astronómica cifra de 1.300 millones de dólares, equivalente a la suma de los salarios promedio de 200.000 profesionales estadounidenses.
La respetada Universidad de Notre Dame divulgó el 20 de mayo un informe alarmante, basado en una encuesta a más de 1.200 ejecutivos de fondos de cobertura, banca de inversión y otras áreas del negocio financiero de Estados Unidos y Gran Bretaña, en el que cerca de un tercio de los que ganan más de 500.000 dólares al año admitieron que “han sido testigos o tienen conocimiento directo sobre irregularidades en su lugar de trabajo.”
El informe de la universidad estadounidense incluso sostiene que “casi uno de
cada cinco encuestados sienten que a veces los profesionales de servicios
financieros deben involucrarse en actividades poco éticas o ilegales para tener
éxito en el entorno financiero actual”.
A este respecto, casi la mitad de los profesionales de altos ingresos encuestados
consideran que las autoridades son “ineficaces en la detección, investigación y
enjuiciamiento de infracciones relativas a las ganancias”.
Una cuarta parte de los entrevistados afirmó que, si consideraban que no había
ninguna posibilidad de ser arrestados por tráfico de información privilegiada para ganar unos 10 millones de dólares, pasarían esa información.
Casi un tercio “cree que las estructuras de remuneración o planes de
bonificación en vigor en sus empresas podrían incentivar a los empleados a
quebrantar la ética o violar la ley”.
También cabe señalar que la mayoría muestra temor ante su empleador, que
probablemente optaría por “aplicar represalias contra los que informen sobre
irregularidades en su empresa”.
Por lo tanto, el bono otorgado cada año a los funcionarios del sector financiero
equivale prácticamente a un soborno por el silencio sobre la mala conducta.
Los ejemplos de Wall Street y de la City de Londres serán cada vez más
comunes a medida que se proyecten en el sistema financiero.
Una nueva “ética” se está instaurando y se propagará si no se interrumpe … y
no es esto lo que está sucediendo.
Una nota final. En la misma tercera semana de mayo (¡cuántas cosas han
sucedido en un corto espacio de tiempo!), la estadounidense Comisión Federal
de Comercio presentó cargos a cuatro respetadas asociaciones estadounidenses dedicadas al combate del cáncer, por el uso indebido de millones de dólares de donaciones.
Una de ellas, el Fondo para el Cáncer de Estados Unidos, declaró que gastó
cien por ciento de los fondos recaudados en atención médica, transporte de
pacientes a sesiones de quimioterapia y compra de medicamentos para niños.
La Comisión descubrió que en realidad, menos de tres por ciento de las
donaciones se destinó a enfermos de cáncer.
La “nueva ética” es en realidad un cáncer de muy rápida metástasis.
(Tomado de IPS. Editado por Pablo Piacentini)
FUENTE CUBADEBATE
En este artículo: Bancos, Corrupción, crisis, Economía, Finanzas
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