"Las presas políticas de la dictadura denunciaron que fueron violentadas sexualmente en una práctica sistemática del terrorismo de Estado y señalaron como victimarios a conocidos criminales de lesa humanidad. Algunos, que se encuentran presos, podrían quedar bajo arresto domiciliario si prosperara una iniciativa que beneficie a los mayores de setenta años. El testimonio de las víctimas sacudió a la teleaudiencia uruguaya. La justicia actúa ante masivas denuncias por torturas y la defensa de los represores prepara recursos de inconstitucionalidad.
El Goyo Álvarez, Gavazzo, Arab, Ramas, Cordero, Calcagno, Chialanza y Araújo Umpiérrez, serían algunos de los criminales que se beneficiarían con una ley que admita la prisión domiciliaria para los “viejitos” (mayores de 70 años) que se encuentran hoy procesados por violaciones a los derechos humanos en los años de la dictadura y que permanecen recluidos en la cárcel exclusiva de la calle Domingo Arenas, en celdas acondicionadas de la Guardia de Coraceros o en salas especiales del Hospital Militar.
Precisamente, esta semana, los propios Álvarez, Gavazzo, Arab, Cordero, Chialanza, y otros militares también encarcelados, como Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Miguel Dalmao y Luis Maurente, han sido denunciados, junto a todos los oficiales y suboficiales que operaba en determinadas unidades militares de la dictadura, por practicar en forma sistemática la violencia sexual -como una herramienta de tortura- sobre una treintena de ex presas en el Penal de Libertad y otros centros de reclusión de todo el país.
La causa colectiva de las mujeres se suma a las que ya han presentado otras víctimas de la tortura. Primero fueron los detenidos en la unidad aérea de Boisso Lanza, y a ellos se agregaron los que sufrieron reclusión en Artillería Nº 1 de La Paloma, el grupo de jóvenes torturados en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), las estudiantes abusadas en Treinta y Tres, los sobrevivientes de la Operación Morgan contra el Partido Comunista y los que cayeron en La Tablada a principios de los años ochenta.
Todas las causas –como otras que se elaboran contra cada unidad militar- plantean a la tortura como un crimen de lesa humanidad imprescriptible. Todas las causas serán recurridas por los abogados de los indagados, quienes ya redactan los recursos de inconstitucionalidad con que -cuando sus defendidos sean convocados- derivarán el tema a una Suprema Corte de Justicia que ya ha obligado a tipificar como homicidio casos de desaparición, pero que no se expidió aún sobre si los delitos de la dictadura son o no de lesa humanidad.
Este cuerpo es mío
La denuncia por violencia sexual, realizada ante el juzgado Penal de 7º turno, conmovió esta semana a la opinión pública uruguaya luego de que cuatro de las víctimas se presentaron en el programa “Esta boca es mía” que en Canal 12 conduce Victoria Rodríguez junto a un equipo de panelistas. El inédito testimonio vertido el lunes en ese programa vespertino, colocó por primera vez -y como nunca antes- el tema de los derechos humanos en el living de una audiencia habituada a otros contendidos.
Aunque ningún noticiero o programa de televisión se hizo eco del impacto de los desgarradores relatos de esas mujeres, quienes contaron en detalle los vejámenes a los que las sometieron en distintas unidades militares y policiales durante la dictadura, lo ocurrido se convirtió en motivo de conversación en peluquerías y cafeterías de Montevideo, a la vez que se multiplicaban las visitas y el registro de internautas a la página web de Teledoce con el objetivo de volver a ver el programa, que retransmitió el canal de cable Nuevo Siglo.
Ante las cámaras de televisión, la ex tupamara Beatriz Benzano subrayó el carácter de género de las violaciones que sufrieron y la ex comunista Mirta Macedo relató en forma descarnada el proceso de tortura al que eran sometidas, mientras otras dos víctimas que se encontraban en la tribuna del programa, terminaron por aportar el testimonios de sus terribles vivencias como mujeres vejadas y cuyas secuelas les persiguen a más de treinta años de lo ocurrido. “Lo que sufrimos afecta la dignidad de la humanidad toda”, dijeron.
La denuncia judicial presentada, abarca a todos los oficiales y suboficiales que en el período entre 1972 y 1985 se encontraban en el Penal de Punta de Rieles, el “300 Carlos”, Caballería Nº 9, el cuartel del Km. 14 de camino Maldonado, el establecimiento La Tablada, la Casa de Punta Gorda, la Cárcel de Pueblo (Parque Rodó), Caballería Nº 4, el Hospital Militar, Artillería Nº 1 (La Paloma), el Batallón de Ingenieros Nº 1, Infantería Nº 5 de Mercedes, el 5º. de Artillería, Infantería Nº. 7 de Salto y los cuarteles Nº. 13 y Nº. 6 de Caballería.
Como “botín de guerra”
“La conducta desarrollada por los denunciados formó parte de un plan sistemático orquestado por quienes detentaban el poder en forma ilegítima, cuya finalidad era la destrucción física, moral y psicológica de las detenidas con particular énfasis en su condición de mujeres, menoscabando su integridad física y mental y su dignidad con prácticas tales como la desnudez, la introducción de objetos en la vagina y ano, tocamientos, así como insultos degradantes y amenazas por la sola condición de ser mujeres llegando en muchos casos a la consumación de la violación”, dice el escrito judicial.
“Las detenidas eran doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujer, utilizándose su cuerpo como un botín de guerra. Todas estas prácticas realizadas no sólo buscaban destruir a las detenidas sino que también procuraban morbosamente el placer de los torturadores en sus distintas manifestaciones, ya sea tocándolas, impidiéndoles el aseo por tiempo prolongado y cuando lo permitían observándoles permanentemente y apuntándoles con un arma, realizándoles plantones totalmente desnudas, no dejándolas dormir, soltándoles perros, no brindándoles agua ni alimentos, impidiéndoles realizar sus necesidades básicas e incluso colocándole ratas en los genitales habiendo sido previamente untadas con grasa”, se narra.
“Dado que se procura denunciar a los responsables directos e indirectos sobre el presupuesto de estar frente a una violación de los DDHH realizada en forma sistemática y orquestada, es del caso resumir más allá de lo ya expresado que se cometieron las siguientes torturas: plantón, golpes en todo el cuerpo, picana en la vagina, desnudez, manoseo constante, amenazas de violación y violación consumada, estando encapuchadas, no recibiendo alimentos ni agua y que como consecuencia de tales apremios algunas de ellas terminan siendo internadas en la sala 8 del Hospital Militar, submarino húmedo y seco, quemaduras con cigarros, picana en los brazos, cuello y genitales, entre otra.”
“La denuncia judicial agrega que “algunas de ellas eran acosadas e insultadas por su ascendencia racial. Las detenidas sufrieron: colgamientos con los brazos atados hacia atrás, les colocaban un arma en la boca y recibían golpes en el estómago y en las costillas quedando fisuras como consecuencia de ello, empalamiento con tolete, caballete con electricidad, exhibicionismo. También tortura de caballete y picana hasta sangrar y perder control de esfínteres. Imposibilidad de ir al baño y cuando lo hacían era en presencia de la guardia quien les apuntaba con el arma”, se expresa en la denuncia.
“Viejitos” depravados
En el año 2005, tras la asunción del presidente Tabaré Vázquez, el ministro del interior, José Díaz, propició la aprobación de la Ley 17.897, conocida como la ley de humanización de cárceles, que para mejorar la situación de los presidios, preveía el otorgamiento de la prisión domiciliaria para mayores de setenta años (Artículo 9º), pero expresamente se excluía del beneficio a quienes habían cometido homicidios con agravantes, el delito de violación o crímenes previstos en el Estatuto de Roma, ratificado el 27 de junio de 2002.
Un año antes de que fuera procesado algún militar en Uruguay (las primeras detenciones se produjeron el 11 de setiembre de 2006), el Poder Legislativo había excluido específicamente del amparo a un arresto domiciliario a los detenidos mayores de setenta años, fueran civiles o militares, que hubieran cometido, precisamente, los mismos delitos que practicaron los “viejitos” represores de la dictadura: la violación, el homicidio agravado y otros crímenes que internacionalmente son calificados como delitos de lesa humanidad.
El dictador Gregorio Álvarez (1925), quien sería el primer beneficiario de una ley a los “viejitos” ya fue encarcelado por la desaparición de uruguayos en 1978 y por el homicidio de Roberto Luzardo y, ahora, también se le acusa por el abuso de un grupo de estudiantes en una unidad militar de Treinta y Tres bajo su mando. Otro tanto ocurre con Ernesto Ramas (1936), José Gavazzo (1939), Ricardo Arab (1940) y Carlos Calcagno (1941), quienes pese a su participación en la desaparición masiva de persona en el marco del Plan Cóndor y ser ahora acusados por violencia sexual, podría obtener la prisión domiciliaria.
Una ley de excarcelación también beneficiaría al miembro del escuadrón de la muerte Nelson Bardesio (1931), al torturador de la Fuerza Aérea José Araújo Umpiérrez (1932), al ex canciller Juan Carlos Blanco (1934), al homicida del Nibia Sabalsagaray, coronel José Chialanza (1935), al aún prófugo Manuel Cordero (1938), quien ya goza de prisión domiciliaria en Argentina y a dos de los militares acusados por la fiscalía en el caso de la desaparición de Horacio Helós Bonilla: Juan Tucci (1938) y Aquiles Moraes (1934)
… Si se concretara la ley mencionada por voceros del gobierno, en pocos años todos los criminales estarían en sus domicilios, aunque sean culpados y condenados.
DIEZ A DOMICILIO
Álvarez, Bardesio, Araújo, Blanco, Chialanza, Ramas, Cordero, Gavazzo, Arab y Calcagno, nacidos antes de 1941, quedarían bajo arresto domiciliario si se concretara una ley que saque de prisión a los represores mayores de 70 años. En menos de una década todos los criminales de lesa humanidad quedarían fuera de las rejas…"
VIEJITOS... DE MIERDA
Por Roger Rodríguez , 08/11/11
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