(foto Juan Angel Urruzola)
Artículo de la Revista Compañero N.7
En septiembre la Comisión Especial de Defensa Nacional del Frente Amplio emitió un documento con lineamientos políticos a seguir en cuanto a la Defensa y las Fuerzas Armadas. Respecto a su inclusión social afirma que lo pendiente “luego de casi trece años de gobierno es todavía mucho”. Para aumentar salarios e inversión entiende necesario “reducir en forma racional y sustancial el personal en actividad” así como “transferir todas aquellas actividades que no son de carácter militar a otras dependencias estatales”, esto incluye tareas policiales como las guardias perimetrales en cárceles. Como característica general entiende que la estructura del Ejército Nacional debe “ser versátil y flexible, avanzada profesionalmente y capaz de evolucionar en forma permanente, para adaptarse rápidamente a nuevas exigencias”. En definitiva propone una racionalización y modernización de las mismas. Para alejar un poco la lupa e integrar el contexto es que conversamos con el diputado Carlos Coitiño.
Hace dos años que se recompuso una comisión encargada de analizar aspectos de las Fuerzas Armadas (FFAA) en el Frente Amplio, ¿cuál es la situación hoy en este tema?
–La Comisión de Defensa es un instrumento organizativo del Frente que en el pasado tenía mucha actividad, hasta el momento en que ganamos el primer gobierno nacional. La presidencia de esa comisión era del compañero –hoy fallecido– Víctor Licandro. Cuando empieza la acción de gobierno, el Frente instala la conducción del Ministerio de Defensa, que engloba el aspecto organizativo de las FFAA, y ahí empieza a desarrollarse una contradicción: cómo encarar las disputas de poder con una parte del funcionamiento institucional del Estado que tiene la administración de las armas. Esto pesa en las relaciones de poder con el resto de la institucionalidad, y en el debate pesan las concepciones ideológicas y la historia, y no se logra un debate democrático como el que aspiramos.
Eso crea las primeras dificultades para esa Comisión de Defensa que presidía el compañero Licandro, ya que el papel de las FFAA no podía ser el mismo con un gobierno de progresista, por razones de concepciones ideológicas. Licandro es la expresión de un pensamiento de izquierda construido maduramente y lo intenta trasladar al gobierno. ¿Qué le pasa a esa concepción cuando la intenta trasladar a la acción concreta del gobierno? Se expresan las contradicciones y la representación civil por medio del Frente Amplio tiene una dificultad nunca explícita que va aislando esas concepciones que terminan con la renuncia de Licandro de la presidencia de dicha Comisión.
Esto sucedió en los primeros años del primer gobierno, cerca de diez años después se entiende necesario desde la fuerza política un ámbito de reflexión, sino lo otro es dejarle al Poder Ejecutivo definir políticas sin procesar debates. Carencia que se tiene en muchos temas. Entonces se vuelve a armar la Comisión y se designa a un compañero frenteamplista también militar retirado que retoma el pensamiento de Licandro actualizándolo y vuelve a plantear cómo deberían ser las FFAA. Esto provoca una reacción por parte del actual ministro de defensa, Menéndez, que protesta. La Comisión se forma con la antigua presidencia del FA y conectada a ella, como una comisión asesora. En esa comisión el PVP reiteradas veces pidió participar con voz y sin voto. La razón es que en todos los países la relación con las FFAA, y más con pasado antidemocrático, hay que estar cerca para analizar. Porque aún hoy permanece en algunos sectores la concepción de seguridad nacional, y se trasmiten a través de la educación militar elementos de formación ideológica. En vez de ser una formación humanista, común a todos los uruguayos, se hace por separado. El PVP siempre ha sostenido que la formación debe ser común e integrada a la sociedad en general, y que luego que aparte se realice la capacitación técnica del manejo de armas, aviación o lo que sea específico.
¿Cómo le fue al PVP con esa solicitud para estar en la Comisión?
–Nunca quisieron dejarnos integrarla. La presidenta argumentó que al no ser integrante de la Mesa Política no podíamos. Luego hubo una nueva elección, el PVP entró en dicha Mesa y volvió a plantear el interés de colaborar e intercambiar propuestas en un tema tan trascendente y estratégico pero el actual presidente tampoco lo autorizó. Al día de hoy un documento de setiembre de esta Comisión no fue analizado, dejando al gobierno llevar autónomamente las políticas que entienda conveniente. Lo hará con las mejores intenciones pero no son de la fuerza política. Seguimos esperando tener el derecho de aportar en estos temas, y así aportar con una óptica distinta a la histórica de las FFAA.
Si el gobierno no se asesora a través de la fuerza política, ¿dónde lo hace?
–Me gustaría algún día poder darte respuesta. Pero todavía en Uruguay, con un proceso de democratización desde 1985 con la caída de la dictadura, siguen pesando en los valores, la línea de acción y el poder, ese pensamiento que justificó el accionar de la dictadura, y no estamos construyendo un nuevo papel para las FFAA. No estamos diciendo que no deben existir. Pero el país está manteniendo una serie de beneficios comparando con el resto de la sociedad y que son fruto no de sus méritos sino del manejo de las armas y el significado que tiene. El ejemplo más claro es la Caja Militar donde la fuerza política se ha movido con una lentitud pasmosa, a pesar de que esta nos genera un gasto de 400 millones de dólares anuales a todos los uruguayos, esto le quita recursos a otros proyectos para la sociedad, porque esta caja los sigue absorbiendo. Son montos inapropiados para el papel que las FFAA está cumpliendo. El año que viene se cumplirían 100 años del nacimiento de Licandro, y es una buena oportunidad para volver a estudiar, con ojos críticos como siempre, sus líneas sobre el tema y transformarlas en acción de gobierno.
La actual Comisión Especial de Defensa Nacional, más allá de sus características e integración, plantea cambios en un sentido de racionalización de las FFAA.
¿En qué situación están esos contenidos en relación al Poder Ejecutivo?
–Lamentablemente no sabemos cuál es la línea del Poder Ejecutivo en el tema. Y el Frente Amplio tampoco la tiene hoy. Uno de los temas que analiza y que se está discutiendo en el Parlamento es el de la Inteligencia. Debemos recordar que a iniciativa del PVP por la aparición del llamado archivo Castiglioni se descubrió que han habido tareas de espionaje a nivel de organizaciones sociales y políticas en momentos de apertura democrática. O sea que mientras la sociedad se encaminaba hacia la democracia las FFAA seguían con definiciones institucionales no democráticas. Por eso el PVP impulsó una comisión investigadora y que ahora prorrogó hasta el 2018 el tiempo de investigación. Al día de hoy estamos en condiciones de decir que desde las FFAA y también la policía se atacaron derechos que la sociedad tiene.
¿Hasta qué fecha?
–Hasta 2015, que son los últimos elementos que hemos encontrado. Esperamos avanzar con el trabajo de este 2017 donde hemos convocado a jerarcas que tienen que ver con la acción de inteligencia que debiera haberse suspendido. Esto constituye un delito. Con esta acción de la investigadora deberá pasarse la información al ámbito judicial porque hay un delito comprobado.
¿O sea que hubo espionaje hasta que se encontraron los archivos?
–Exacto, y no se puede decir que no continuó… hasta por costumbre. Los derechos fueron avasallados y nadie hoy tiene dudas de que eso ocurrió.
Estos hechos de espionaje, la labor de un documento por una comisión, ¿pueden generar movimientos y reformas o una nueva Ley de Defensa Nacional?
–El problema de fondo es lo ya dicho, una pugna entre el poder civil y el militar que se mantiene. La etapa dictatorial fue la forma más expresiva de cómo el poder militar avasalló al poder civil y se abrogaron el derecho de mandar. Hoy los militares no tienen condiciones para reiterar los procedimientos que los llevaron al poder. Pero hay por parte del poder civil debilidades y temores, no podemos negarlo. ¿Por qué no hacemos lo que podríamos hacer? Es difícil hacer hipótesis. Por todo esto es bien importante que la fuerza política discuta y haga estos planteos. Este documento no es el principio de la historia, ese está en 1971 para adelante, con un montón de propuestas desarrolladas que murieron en algún cajón. Y este documente se convierte en un saludo a la bandera si no logramos que la fuerza política discuta. Pero ni siquiera logra eso. Este documento firmado por el compañero Villamil fue objetado por el Ministro de Defensa cuando retiró a un compañero que asistía a la comisión en su representación.
¿Qué otras dimensiones refuerzan este estancamiento?
–No podemos omitir el fallo de la Suprema Corte de Justicia que tiene que ver con la anulación de la ley 18.831 donde los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles. La SCJ por mayoría de 3 a 2 define que es inconstitucional, y anula la posibilidad de más de 38 juicios. Después de que una ley percibió el problema –de que prescriban delitos terribles– y legisló para que el tiempo no sea un obstáculo. Hay que vincular esto también, porque el Poder Judicial que actúa lo hace desde un contexto general, donde los poderes del Estado no fueron un apoyo en este tema, pese a que la sociedad todos los 20 de mayo lo reaviva. Lo que pasa en el Poder Judicial y las FFAA tiene que ver con una debilidad del Poder Ejecutivo.
FUENTES DE COMPAÑEROS LA REVISTA 567 EL ESPACIO
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