El fiscal de Corte, Jorge Díaz, confirmó la información durante una reunión con integrantes del Observatorio Luz Ibarburu.
El fiscal Ricardo Perciballe será designado como titular de la nueva Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Así lo informó el fiscal de Corte, Jorge Díaz, durante una reunión con integrantes del Observatorio Luz Ibarburu. La designación de Perciballe fue planteada como una posibilidad en un editorial del colectivo Crysol y confirmada este jueves por el semanario Búsqueda.
En octubre, el Parlamento aprobó la creación de una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, con competencia para atender en todos los procesos penales por crímenes cometidos durante la dictadura. En este marco, el fiscal de Corte decidió designar en el cargo a la fiscal Ana María Tellechea. Sin embargo, la Fiscalía no llegó a crearse y, sobre fines de 2017, Tellechea decidió renunciar al Ministerio Público por motivos personales.
En este marco, representantes del Observatorio Luz Ibarburu solicitaron una reunión con Díaz para analizar las demoras en la creación de la Fiscalía. En esa instancia, el fiscal de Corte informó que la Fiscalía estará operativa en breve y confirmó que estará encabezada por el fiscal Ricardo Perciballe, que trabajará junto a una fiscal adjunta y una fiscal adscripta.
El objetivo de la Fiscalía General de la Nación, según expresó Díaz, es que exista una “estrategia” y una “política única de persecución penal” en relación a las violaciones a los derechos humanos
ocurridas durante la última dictadura, según informó el portal web de Fiscalía. Según pudo saber Caras y Caretas Portal, el fiscal de Corte manejó el nombre de dos candidatos para ocupar el cargo: Perciballe y el fiscal adjunto de la Fiscalía, Ariel Cancela.
Perciballe tiene postura a favor de la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura. En abril de 2009, emitió un dictamen histórico: solicitó el procesamiento con prisión de cuatro integrantes del Escuadrón de la Muerte (o Comando Caza Tupamaros), por un delito de “asociación para delinquir en concurrencia real fuera de la reiteración”, un “delito de desaparición forzada”, por el caso de Héctor Castagnetto, y “dos delitos de homicidio muy especialmente agravados”, en los casos de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez. Entre los imputados estaba el empresario Miguel Sofía -hoy prófugo de la Justicia uruguaya- y tres policías de la DNII. Asimismo, solicitó la extradición del ex policía Nelson Bardesio.
En esa instancia, Perciballe valoró que el Escuadrón de la Muerte se trató de “una gavilla, que pese a ser integrada principalmente por agentes del Estado, operaban flagrantemente al margen del control jurisdiccional, luego del control del poder punitivo de aquél, contando a su vez con el asesoramiento y respaldo de los servicios de seguridad e inteligencia extranjeros que se encontraban operando en Uruguay, así como de los servicios de igual índole de los países limítrofes”. Y afirmó que estos hechos debían imputarse como crímenes de lesa humanidad.
INSTRUCCIONES GENERALES E INDEPENDENCIA TÉCNICA
Perciballe: una voz disonante
Cuatro años después de su polémico traslado, el fiscal Ricardo Perciballe volvió a ser designado al frente de una Fiscalía Penal.
En mayo de 2012, el fiscal Ricardo Perciballe recibió una de las noticias más duras de su carrera en el Ministerio Público: su traslado desde una Fiscalía Especializada en Crimen Organizado a una Fiscalía Civil. Se enteró de la decisión en forma “extraoficial” a través de un artículo publicado en el semanario Búsqueda; en las horas siguientes recibió la notificación oficial. El fiscal de Corte, Jorge Díaz –que había asumido días antes–, fundó la decisión en “razones de servicio” en virtud de la necesaria rotación de fiscales en cargos de alta complejidad.
La decisión no pasó inadvertida en los corrillos del Ministerio Público (MP) y del sistema judicial. Se trataba del traslado al área civil de un fiscal con veinte años de experiencia en el fuero penal y cuyo nombre, incluso, había sido manejado como posible fiscal de Corte. También porque Perciballe tenía varias causas relevantes a estudio, en las que se disponía a presentar su dictamen. Casos que en su mayoría terminaron archivados. Perciballe presentó un recurso revocatorio ante el Poder Ejecutivo, en el que cuestionó su traslado; alegó que se hizo con “desviación de poder” y con “ánimo vindicativo”, pero el mismo fue rechazado.
Sobre principios de 2016, tras un cambio sustancial en el organigrama de la Fiscalía General de la Nación, con la eliminación de casi la totalidad de las Fiscalías Civiles y la creación de nuevas sedes penales, Perciballe volvió a ser trasladado. Su destino fue una Fiscalía de Hacienda y Aduanas, resolución que también recurrió en la vía administrativa por considerarlo un demérito.
Sin embargo, a mediados de julio, cuatro años después de aquel polémico traslado, volvió a ser designado al frente de una Fiscalía Penal, la materia que nunca quiso abandonar. Días después de asumir el cargo, y mientras aún se pone al corriente de los expedientes en trámite, afirma que recibió la noticia con sensaciones “ambiguas”: con “alegría”, pero también con “tristeza”, ya que fue producto de la sanción de un colega (Ricardo Chiecchi), que considera injusta y no ajustada a derecho, ya que no se le permitió ejercer su defensa y se lo sometió al escarnio público por parte del jerarca del servicio.
Su vuelta se produce en un momento clave en la historia del MP: la preparación de la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que consagra un sistema acusatorio, oral y público, en el que los fiscales estarán al frente de la investigación de los delitos. Se trata de un período fermental en la interna de la organización, con intensos debates sobre asuntos sustanciales que pautarán los marcos de actuación de la futura investigación penal.
Uno de esos asuntos es el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público –a estudio del Parlamento– que, entre otras cosas, habilita al fiscal de Corte a dictar instrucciones generales de actuación para los fiscales. Perciballe no escapa a esa polémica. Dijo que estas directivas limitarán el principio de independencia técnica de los fiscales, por lo que sería “saludable” que sean producto de un amplio consenso y no de la decisión de una persona. Y afirmó que sólo aceptará las directivas que respeten los principios de legalidad y de objetividad.
Cuestión de principios
El proyecto de reforma de la Ley Orgánica establece que los fiscales “gozarán de independencia técnica en el ejercicio de sus funciones” y no podrán recibir órdenes “de ningún jerarca de la institución ni autoridad ajena a la misma para proceder de determinada manera en el caso concreto”. Pero al mismo tiempo, consagra los principios de unidad de acción y jerarquía. En este contexto, se habilita al fiscal de Corte a dictar “instrucciones generales” de forma de uniformizar los criterios de la persecución penal por parte de los agentes del Estado. Los fiscales no podrán apartarse de estas directivas.
La propuesta generó reacciones diversas en la interna de la Fiscalía, entre aquellos que defienden la potestad del fiscal de Corte de dictar estas instrucciones y otros que las rechazan de plano. En este contexto, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) planteó en el Parlamento su opinión favorable a las instrucciones generales, siempre y cuando se establezca un “equilibrio” con el principio de independencia técnica.
Perciballe también se pronunció en forma crítica. Dijo que la propuesta de las instrucciones generales “entra en contradicción con el principio de independencia técnica que ha regido la actuación el MP durante estos 100 años”. “Hoy, en base a proyectos de organización del MP que se traen desde afuera, se intenta imponer un criterio distinto [el de unidad de acción], a través de directivas”, dijo.
Uno de los argumentos de quienes defienden la existencia de instrucciones generales es que estas son necesarias para uniformizar los criterios de actuación de los fiscales ante la entrada en vigencia del sistema acusatorio. Perciballe cuestionó ese razonamiento: “El sistema acusatorio refiere a otra cosa,
refiere a un rol del fiscal y del juez en el proceso penal, pero no implica necesariamente que tenga que haber directivas. Pueden tener relación, pero no es lo mismo; están relacionados, pero no están imbricados totalmente”.
Perciballe valoró que esa idea de uniformizar criterios “se puede llegar a compartir” e incluso tener aspectos positivos, pero “en la medida que se tiende a uniformizar criterios se pierde identidad en los dictámenes [porque] uno está obligado a cumplir las directivas aun cuando piense distinto”. “Hasta el momento cada fiscal era un fiscal en sí y, por ende, actuaba de acuerdo a su leal saber y entender. A partir de ahora, tendrá que estar contemplando lo que se establece en forma general”, señaló.
El criterio de independencia técnica permite a los fiscales valorar el caso a caso, en atención de los justiciables. “La independencia técnica está relacionado con las personas de carne y hueso, uno puede dar las mayores directivas para tener uniformidad de criterios, pero después se enfrenta a una persona de carne y hueso que perfectamente puede evadir los parámetros de la actuación que se está planteando en forma uniforme. Por eso la necesidad de rescatar la independencia técnica, porque no todos los casos son iguales, los casos son generalmente distintos”, dijo Perciballe.
En este marco, consideró que el problema central es por encima de las instrucciones, los fiscales deben cumplir con los principios de legalidad y de objetividad en su actuación funcional. Y adelantó cuál será su postura: “Voy a aceptar las directivas si no están en contra del principio de legalidad”.
Asuntos de poder
Pero un asunto más relevante es cómo se definen esas instrucciones generales. El proyecto establece que serán dictadas por el fiscal de Corte, con el asesoramiento de un Consejo Consultivo Asesor, cuya integración es motivo de intensos debates. En ese sentido, Perciballe afirmó que lo más importante es que la decisión no puede quedar en manos de una sola persona “porque la concentración de poder tan grande no es conveniente”.
“No puede haber directivas que partan de una sola persona. Es peligroso que en manos de una sola persona esté la dirección de toda la política criminal del Estado, porque una persona es falible. Distinto es si hay un cúmulo de personas capacitadas [que avalen las directivas]. Los fiscales tenemos más de veinte años cada uno en la función, algo nos tiene que haber entrado en la cabeza”, expresó Perciballe.
“Lo que se hace habitualmente es que las directivas surgen a partir de un consenso de fiscales, se ponen de acuerdo en que determinados casos se deben investigar de determinada forma, que para determinados delitos se pueden imponer determinadas preventivas, pero a partir de la conjunción de diversas personas”, añadió. También se podría convocar a fiscales antiguos que ya no integren la institución.
Actualmente, la Fiscalía cuenta con un Consejo Consultivo Asesor creado por decisión del fiscal de Corte. El mismo está integrado por representantes de la Fiscalía y la academia –la Universidad de la República, el Colegio de Abogados del Uruguay y el Ielsur–, así como por un representante del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo. Perciballe cuestionó la intervención de representantes políticos en este ámbito. Dijo que la Fiscalía “tiene que ser abierta a otras miradas y si aportan para un mejor servicio de justicia está bien, pero no a cambio de pérdida de la independencia técnica, un principio básico del Estado de Derecho”.
“No puede haber gente del poder político que esté resolviendo las directivas, los ascensos y traslados de los fiscales”. “Cuestiono el hecho de que desde el poder político se esté resolviendo sobre la vida de los fiscales, porque se pierde independencia. Uno de los principios básicos de los magistrados, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía, es que tengan independencia de todos los poderes, del poder político, del poder económico y del poder religioso”, expresó Perciballe.
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La Justicia especializada
Ricardo Perciballe fue uno de los primeros cuatro operadores del sistema de justicia en integrar los Juzgados y Fiscalías Especializados en Crimen Organizado. En esa época, Perciballe era un firme defensor de la especialización como un aspecto positivo para la investigación de los delitos de corrupción y del crimen organizado. Pero actualmente, tras sufrir un “traslado en forma inopinada” y contra su voluntad, tiene una opinión diferente.
“Entiendo que es difícil mantener la posición de la especialización cuando los magistrados que están en el lugar, tanto jueces como fiscales, no tienen un estatuto protectivo tendiente a su permanencia en el lugar, o por lo menos que no sean trasladados contra su voluntad en el marco de investigaciones en curso”. “Hoy tengo mis dudas sobre la necesidad o lo bueno para el país que se mantenga una Justicia especializada”, expresó Perciballe a Caras y Caretas.
Dijo que la idea de la rotación en esos cargos “es buena”, con el objetivo de que “la gente no se eternice en los cargos de esa magnitud por la eventualidad de temas de corrupción y por no entrar en determinadas prácticas de mal funcionamiento”. “Pero la rotación tiene que ser en el marco de un plan estipulado, no puede ser en violación del principio de juez o de fiscal natural, no puede ser que existan traslados que no se avengan a un principio de buena administración”, expresó Perciballe.
FUENTES DE Caras y Caretas.
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