Bienvenido sea este y otros simulacros, para superar las fracturas de la memoria y construir un relato acorde con la verdad histórica y no con la falacia de la ignominia.

La realización de un simulacro de secuestro por parte de un grupo de estudiantes liceales del bachillerato artístico del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, en vísperas de la Marcha del Silencio que conmemoró un nuevo aniversario de la trágica jornada del 20 de mayo de 1976, suscitó previsibles reacciones políticas.

Las expresiones de mayor exacerbación partieron desde la oposición de derecha, concretamente de la inefable diputada nacionalista Graciela Bianchi y de su colega colorada Susana Montaner, quienes demandaron a las autoridades educativas que el episodio fuera investigado.

Según Bianchi, “sin duda hubo una violación de los derechos humanos de los estudiantes”, porque, a su juicio, “no se respetó la integridad de los jóvenes al tratarse de un hecho realmente violento”.

Ya no sorprende la actitud destemplada de la conversa legisladora, que, desde que se integró al ultra-conservador sector “Todos” del senador Luis Lacalle Pou, tiene reiteradas salidas de tono que revelan su indudable talante reaccionario.

El agravante es que, pese a ser profesora de historia, Bianchi fustiga la actitud de un grupo de jóvenes cuyo único propósito fue recrear la lacerante memoria de las abominaciones perpetradas por la dictadura.

Esa postura es consistente con su participación en una reciente discusión parlamentaria que abordó el proyecto de ley que propone la creación de sitios de la memoria del pasado reciente.

En ese contexto, la legisladora avaló al gobierno autoritario de Jorge Pacheco Areco, alegando que en 1968 había una democracia con todas las garantías constitucionales.

Durante ese período, hubo detenciones arbitrarias, torturas, encarcelamiento de sindicalistas, militarización de funcionarios de entes estatales, ilegalización de partidos políticos y flagrante censura de prensa.

Mal podemos considerar democrático a un gobierno que cometió tales tropelías y -en su obsesión por reprimir y criminalizar la protesta- ignoró al propio Poder Legislativo.

Tampoco parece congruente que una docente que se precie de tal soslaye la inconstitucional intervención de la educación pública perpetrada por el pachecato en 1970 y el deleznable asesinato de los estudiantes Líber Arce, Hugo de los Santos y Susana Pintos.

Empero, tal vez más grave sea la actitud del consejero del CODICEN en representación de los docentes Robert Silva, quien instó al Consejo de Educación Secundaria a que investigue las circunstancias del simulacro de secuestro, insinuando que la representación fue proselitista y que pudo haber violado el principio de laicidad.

Silva parece ignorar que esta actividad está legitimada por el artículo 17 de la ley General de Educación 18.437 de 2008, que establece textualmente lo siguiente: “El principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias”.

Si bien el consejero Silva pertenece al Partido Colorado que no votó la norma, es evidente que el texto consagra el ejercicio de la democracia en toda su plenitud, al habilitar un amplio y plural abordaje y debate de todos los temas sin restricciones.

Aunque se pueda discrepar con el espíritu de la ley en función de eventuales posiciones políticas, es evidente que esta, a diferencia de otras normas, otorga derechos y no los restringe.

Este es un nuevo testimonio que el episodio molestó a la derecha más recalcitrante, que tiene, como en el caso de Sanguinetti, flagrantes culpas históricas.

En la dramatización de los estudiante no hubo un propósito proselitista sino de interpelación de un pasado sin dudas traumático, acorde con la necesidad de que se conozca la verdad en torno al destino de los detenidos desaparecidos.

Se trata, naturalmente, de un tema de superlativo valor histórico y que trasciende a lo meramente partidario. Por ende, el reclamo de verdad y justicia debería ser una demanda de todo el arco político, de las organizaciones sociales y de la sociedad en su conjunto.

No en vano la Marcha del Silencio, que este año volvió a ser multitudinaria, evoca los despiadados asesinatos, en Buenos Aires, del senador del Frente Amplio Zelmar Michelini, del diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw.

Los cuatro fueron encontrados acribillados el 20 de mayo de 1976, luego de ser secuestrados por un grupo de operaciones de coordinación represiva binacional, en el marco del Plan Cóndor.

En noviembre de 2006, fueron procesados con prisión el ex dictador Juan María Bordaberry y el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco, como autores intelectuales de estos homicidios.

Hasta entonces, ambos criminales permanecían impunes, pese a que la Ley de Caducidad 15.848 que perdonó los delitos de lesa humanidad, no ampara a los civiles.

Durante los gobiernos de derecha y en aplicación de esta norma abiertamente inconstitucional, las causas judiciales por violaciones a los derechos humanas fueron clausuradas.

Obviamente, esta ley- que es contraria al derecho internacional y fue defenestrada por los organismos de derechos humanos- ha sido defendida a capa y espalda, durante más de treinta años, por los blancos y los colorados que la engendraron, la votaron, la sostuvieron y aun la sostienen.

En ese contexto, resulta gratificante que un grupo de estudiantes de un centro educativo históricamente combativo como el IAVA, tenga la iniciativa de resignificar el emotivo sentido del 20 de mayo, que es y será un día de militancia hasta que se agoten las instancias judiciales para el esclarecimiento de los crímenes perpetrados por el monstruo dictatorial.

La educación en su más amplia acepción, no debe ser una mera herramienta de transmisión de saberes y conocimientos y desarrollo de competencias teóricas y prácticas, sino también un instrumento removedor de conciencias libres.

Aunque el bloque conservador insista en que la enseñanza sea únicamente funcional al mercado, el imperativo es promover la maduración intelectual y la conformación del espíritu crítico de los jóvenes, como sujetos de derecho y potenciales protagonistas de las grandes transformaciones sociales.

Por ende, bienvenido sea este y otros simulacros, para superar las fracturas de la memoria y construir un relato acorde con la verdad histórica y no con la falacia de la ignominia.

La educación removedora y liberadora
Escrito por Hugo Acevedo, Analista

FUENTE LA REPUBLICA  DIARIO