Las dudas que crecen en la oposición y entre miembros de la coalición derechista gobernante son por qué se entregó un pasaporte a un uruguayo a sabiendas de que estaba preso y era un «narco peligroso», por qué se montó una operación de ocultamiento al Parlamento y a la población y con qué intención. Fue el proceder de las autoridades el que ha provocado la mayor crisis de este gobierno.
Mientras que el gobierno quiere dejar en el pasado lo más pronto posible el asunto de la documentación otorgada al narcotraficante Sebastián Marset, la Fiscalía designó A Alejandro Machado como fiscal a cargo de las pesquisas sobre las declaraciones de la exvicecanciller Carolina Ache sobre la orden de “perder” su teléfono móvil para ocultar un chat en el que se advertía sobre la peligrosidad de Marset.
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